Juan Mauel Barrera Parra
Expediente 2/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Mauel Barrera Parra
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal de diez días señalado en el numeral 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, incisos a) y c), del citado acuerdo, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se sobreseyó en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión se negaron las medidas cautelares provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) de la disposición administrativa en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Por otra parte, toda vez que obran documentos que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 21, prevéngase a la parte agraviada para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin por los medios electrónicos correspondientes; apercibida que de no hacerlo estos podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido de que para la entrega de dichas documentales, deberá realizar una cita a través de la página electrónica correspondiente, ello en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, cuyo resolutivo es: "ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, precisados en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en último considerando de la presente sentencia."
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 2/2020-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado ese día a este Juzgado Octavo de Distrito, xxxxxxxx por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se indican: "IV.- Acto de autoridad que se reclama a las autoridades responsables: 1).- La omisión de promover, el inicio del expediente de expropiación respecto de una fracción de la parcela ejidal de mi titularidad número 10Z-1P1/1, a pesar de haber transcurrido más de 9 años de que este se comprometió a realizar dicho trámite, contraviniendo lo dispuesto por los artículos constitucionales antes invocados que garantizan en favor de los gobernados, el disfrute de diversos derechos sobre nuestras tierras y su indemnización, así como el derecho a la obtención de justicia pronta y expedita, dentro de los plazos y términos que fijan las leyes para acceder con celeridad a la obtención de una respuesta a mi pretensión, en el que se respeten las formalidades de los artículos 17 y 27 Constitucional, y en sí las omisiones que se derivan de la tramitación y desahogo de las etapas del procedimiento de expropiación, al no iniciar u/o (sic)dar el seguimiento correspondiente y requerir a las diversas dependencias el cumplimiento de sus obligaciones en el procedimiento de expropiación, lo que deriva en que dicho procedimiento tenga más de 9 años sin que se concluya." "III. Autoridad o autoridades responsables: Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la ciudad de Guanajuato, como autoridad ejecutora, con domicilio en (.)". En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los reconocidos por los artículos 1, 14, 16, 17, 27 y 107 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de derechos fundamentales a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Mediante proveído de tres de enero de dos mil veinte (fojas 11 a 16), esta potestad la registró bajo el número 2/2020; así también, desechó la demanda de mérito por carecer de firma a ruego -solo presentó huella digital de la parte agraviada-. TERCERO. Recurso de queja contra auto que desechó. La parte agraviada interpuso recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda; de tal medio de impugnación, por cuestión de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, quien por resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte, determinó revocar el auto impugnado (fojas 33 a 44). CUARTO. Admisión de la demanda. Así, este juzgado por auto de diez de marzo de dos mil veinte, admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; de igual modo, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. La competencia territorial se surte, pues los actos reclamados carecen de ejecución, con lo cual se actualiza la tercer regla de competencia prevista en el artículo 37 de la ley de la materia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de método, se procede a la fijación del acto reclamado, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado es: i) La omisión de iniciar el procedimiento de expropiación correspondiente, con motivo del convenio de ocupación previa -celebrado entre el hoy quejoso y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del director general del Centro SCT Guanajuato-, a una fracción relativa al predio identificado como parcela número 10Z-1P-1/1; con superficie de 1-42-74.77 hectáreas, del ejido Panales Jamaica, en el municipio de Tarimoro, Guanajuato, asignada a Juan Manuel Barrera Parra; ello con motivo de la de la obra pública consistente en ampliación del tramo carretero Celaya-Salvatierra; ii) Las consecuencias de la omisión indicada en el inciso que antecede, entre otras, calcular el monto total por concepto de indemnización y, en su caso, el pago por dicho concepto. La autoridad señalada como responsable, es: 1. Director del Centro SCT Guanajuato, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes -denominación correcta de la indicada por la parte quejosa como "Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la ciudad de Guanajuato"-. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al director general del Centro SCT Guanajuato, a pesar de que en su informe de ley los haya negado (fojas 63 a 74). El director general del Centro SCT Guanajuato al rendir el informe justificado, por medio su representante legal, negó los actos que le atribuyen; sin embargo, hizo manifestaciones que revelan la existencia de tales actos. En efecto, expresó que por causa de utilidad pública, desde dos mil nueve, se adquirió la superficie que reclama la parte quejosa, a fin de realizar la obra identificada como ampliación del tramo carretero Celaya-Salvatierra, subtramo del km, 15+000 al km. 22+000 de la Carretera Celaya-Morelia; que se hizo el pago por concepto de indemnización correspondiente. Además de lo anterior, la autoridad en comento exhibió, como complemento de su informe justificado, distintas probanzas de las que se desprende que la parte quejosa celebró con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal -representada por director general del Centro SCT en Guanajuato-, un convenio de ocupación previa, a fin de que dicha entidad gubernativa ocupara una fracción de la parcela que ahora defiende la parte quejosa, con el propósito de llevar a cabo la construcción de la obra pública indicada; así como copias certificadas de diversos recibos de pago con motivo de esa ocupación (fojas 68 a 74). Lo que precede, hace patente que sí existen los actos reclamados a la autoridad responsable, pues reconoce la existencia de la obra pública y la ocupación a una fracción de terreno de la parcela que la parte agraviada indica que es de su titularidad; adicionalmente, también se obtiene que esa obra está a cargo del ejecutivo federal en específico, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En sustento a lo expuesto, se invoca la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos noventa y uno, del tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." Como cuestión previa, cabe precisar que la autoridad responsable director general del Centro SCT Guanajuato, por conducto del jefe del Departamento de lo Contencioso de esa dependencia (foja 132 cuaderno principal), indicó que no son ciertos los actos reclamados, en razón de haber pagado a la parte quejosa el total de la indemnización derivada del convenio de ocupación previa de tierras ejidales, celebrado entre la propia parte agraviada y la entidad gubernativa en comento. Para corroborar su informe, la entidad de gobierno exhibió al sumario, entre otras documentales, copia certificada de un convenio de ocupación previa (fojas 71 vuelta a 72 vuelta). Este acuerdo de voluntades está relacionado con la ocupación previa de la fracción territorial afectada a la agraviada, cuya omisión de sustanciar el procedimiento de expropiación, constituye la materia del reclamo. Ahora bien, del análisis integral a las constancias que informan el juicio de amparo en que se actúa, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados, no pueden considerarse como autoridad para efectos del juicio constitucional. Para justificar el anterior aserto, es necesario precisar el contenido de los artículos citados, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." De la interpretación teleológica de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que violen o vulneren los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de ahí que no cualquier acto puede ser sometido al control jurisdiccional por la vía del amparo, sino únicamente aquellos, que provengan o se equiparen a los emitidos por una autoridad. En ese sentido, el juicio de amparo será improcedente cuando el acto que se reclama provenga de quien no cuente con el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional. En ese contexto, una autoridad para efectos del juicio de amparo, será la que teniendo las características de orden público, otorgadas por la norma jurídica tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales, crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado a un en contra de ella. De modo que un acto de autoridad será aquel que entrañe una actuación o abstención de un órgano del Estado frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Lo anterior de acuerdo al concepto de "autoridad" contenido en la tesis XXVII/97 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Entonces, para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, a partir del supuesto de que el promovente tiene el carácter de gobernado, en que el particular se encuentra en un plano desigual frente al ente de gobierno, o en su caso, al particular que ejerce funciones propias de gobernante, protegido por los derechos fundamentales que le deben ser respetados de los cuales es titular por el solo hecho de existir. De ahí que sea preciso considerar las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, que son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado, o del particular con funciones equivalentes, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado o al particular de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones anteriores, encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Por otra parte, antes de plasmar las consideraciones por las cuales este juzgador federal estima que se actualiza la citada causal de improcedencia, es relevante señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó al resolver la contradicción tesis 426/2019 entre las sustentadas por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que los convenios de ocupación previa a los procedimientos expropiatorios de tierras ejidales, constituyen actos jurídicos realizados en un plano de coordinación o igualdad, toda vez que se encuentran sujetos a la voluntad de las partes y a la satisfacción de diversos requisitos legales; además, que tales convenios no constituyen requisito indispensable para el procedimiento expropiatorio, sino que es opcional. Ciertamente, de la lectura a la ejecutoria que dirimió esa contradicción de tesis, se obtiene que la Segunda Sala ponderó, entre otros aspectos, lo siguiente: -Que es factible que una autoridad promueva juicio de amparo solo si el acto cuestionado implica afectación patrimonial, y que ese menoscabo se genere en torno a una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. -Que el convenio de ocupación previa está previsto en el capítulo IV de la Ley Agraria, relativo a la expropiación de bienes ejidales y comunales, cuyas disposiciones prevén que esos bienes podrán ser expropiados por causas de utilidad pública y mediante indemnización; que ese procedimiento de expropiación se sustanciará ante la Secretaría de la Reforma Agraria -ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. -Que los predios materia de la expropiación solo podrán ser ocupados mediante pago de la indemnización, por lo que se prohíbe autorizar la ocupación previa de tierras, salvo que los ejidatarios afectados aprueben la ocupación, para lo cual deberá mediar convenio correspondiente en el que se estipulen los acuerdos y compromisos a que habrán de obligar ambas partes. -Que el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, dispone que antes o durante la sustanciación del procedimiento expropiatorio, la dependencia o entidad que promueva ese procedimiento podrá celebrar un convenio de ocupación previa con los ejidatarios titulares de los derechos parcelarios, a fin de ocupar las tierras por el lapso que dure ese dicho procedimiento, o en su caso, hasta que la secretaría determine su cancelación. Que también estatuye los requisitos mínimos que el convenio debe contener, entre otros, las causas por las que puede rescindirse el convenio y el procedimiento para el pago de daños y perjuicios derivados de la ocupación previa de la superficie; los documentos en los que conste que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras de uso común, otorgan su consentimiento para la ocupación previa; y los señalamientos relativos, en su caso, al tiempo en que la dependencia o entidad se compromete a promover el procedimiento expropiatorio ante la secretaría. -Que el convenio de ocupación previa es un acuerdo de voluntades entre el titular de un bien parcelario y una dependencia o entidad del Estado, a través del cual el primero otorga al ente estatal la posesión de las tierras, ya sea a título gratuito u oneroso, en tanto se tramita el procedimiento expropiatorio respectivo. -Que la celebración del convenio de ocupación previa se da en un plano de coordinación o igualdad, toda vez que se encuentra sujeto a la voluntad de las partes y a la satisfacción de diversos requisitos legales, como es la previsión de las causas de rescisión y del procedimiento a seguir para el pago de una indemnización por daños y perjuicios, así como la contraprestación, en su caso, que deberá percibir el titular de la tierras ejidales o comunales durante la ocupación hasta que se decrete la expropiación o se cancele el procedimiento. -Que la naturaleza del convenio de ocupación previa es derecho privado, toda vez que no es requisito indispensable para el procedimiento expropiatorio, sino que es opcional. Para mejor entendimiento se transcribe, en lo conducente, la porción de la ejecutoria en consulta. "(.) 39. Consecuentemente, a juicio de esta Sala es factible concluir que la Ley de Amparo permite que una autoridad promueva juicio de amparo sólo si el acto reclamado conlleva una afectación patrimonial, y que esa afectación debe darse dentro de una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que le impone el acto de forma unilateral, y siempre que la pretensión de la autoridad enjuiciada en el procedimiento sea la tutela de derechos y no la defensa de un acto emitido en ejercicio de sus facultades. 40. Establecidas las premisas para considerar cuándo tiene legitimación una persona moral oficial para promover juicio de amparo, a efecto de dar solución a la contradicción de tesis resulta necesario establecer la naturaleza del convenio de ocupación previa a que refiere la Ley Agraria, ya que para uno de los órganos contendientes tal naturaleza es administrativa y, ante ello, estimó que no se satisfacía el requisito de que la afectación patrimonial al ente estatal derivara de una relación de coordinación, sino de supra a subordinación, por lo que a su consideración el juicio de amparo resultaba improcedente. 41. El convenio de ocupación previa se encuentra previsto dentro del capítulo IV (7) de la Ley Agraria relativo a la expropiación de bienes ejidales y comunales, cuyas disposiciones en lo conducente prevén que los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por causas de utilidad pública y mediante indemnización, así como que el procedimiento correspondiente se tramitará ante la Secretaría de la Reforma Agraria actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 42. Asimismo, que los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, por lo que se prohíbe autorizar la ocupación previa de tierras, salvo que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben la ocupación, para lo cual deberá mediar convenio en el que se plasmen los acuerdos y compromisos a que habrán de obligarse ambas partes. 43. Por su parte, el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural (8) establece que antes o durante la tramitación del procedimiento expropiatorio de bienes ejidales y comunales, la dependencia o entidad que promueva el procedimiento expropiatorio podrá celebrar un convenio de ocupación previa con un núcleo agrario, o con los ejidatarios o comuneros titulares de derechos parcelarios, a efecto de ocupar las tierras por el tiempo que dure la tramitación de ese procedimiento o, en su caso, hasta que la secretaría determine su cancelación. 44. También, prevé (9) los requisitos mínimos que el convenio de ocupación previa debe contener, dentro de los que destaca, si la ocupación será a título gratuito u oneroso; las causas por las que puede rescindirse el convenio y el procedimiento para el pago de daños y perjuicios derivados de la ocupación previa de la superficie; los documentos en los que conste que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras de uso común, otorgan su consentimiento para la ocupación previa; y los señalamientos relativos, en su caso, al tiempo en que la dependencia o entidad se compromete a promover el procedimiento expropiatorio ante la secretaría, y de que la vigencia de la ocupación previa será por el tiempo que dure la tramitación del procedimiento. 45. Además, que si el procedimiento expropiatorio se cancela, se dará por terminado el convenio de ocupación previa, estando obligadas las partes al cumplimiento de las contraprestaciones establecidas en el propio convenio (10). 46. De lo expuesto, se desprende que el convenio de ocupación previa es un acuerdo de voluntades entre el titular de un bien parcelario y una dependencia o entidad del Estado mediante el cual aquél otorga al ente estatal la posesión de las tierras ejidales o comunales, ya sea título gratuito u oneroso, en tanto se tramita el procedimiento expropiatorio respectivo. 47. Asimismo, se tiene que el convenio debe cumplir con ciertos requisitos como es prever las causas por las que se puede rescindir y el procedimiento a seguir para el pago de una indemnización por daños y perjuicios derivados de la ocupación previa de las tierras de que se trate. 48. Estos aspectos revelan que la naturaleza del convenio de ocupación previa es de derecho privado, ya que si bien se relaciona con el procedimiento expropiatorio de las tierras objeto del acuerdo, cuya finalidad se vincula con el cumplimiento de las atribuciones públicas del Estado y, por lo mismo, con la satisfacción de las necesidades colectivas, lo cierto es que la realización de tal convenio no es un requisito indispensable para el trámite de ese procedimiento, sino que es opcional en tanto se decreta la expropiación. 49. Además, la celebración del convenio de ocupación previa se da en un plano de coordinación o igualdad, toda vez que se encuentra sujeto a la voluntad de las partes y a la satisfacción de diversos requisitos legales, como es la previsión de las causas de rescisión y del procedimiento a seguir para el pago de una indemnización por daños y perjuicios, así como la contraprestación, en su caso, que deberá percibir el titular de las tierras ejidales o comunales durante la ocupación y hasta que se decrete la expropiación o se cancele el procedimiento. 50. En ese sentido, si el titular de los bienes ejidales afectados por el convenio de ocupación previa, o la asamblea cuando las tierras son de uso común, demandan en un juicio agrario la rescisión de dicho convenio y, por ende, el pago de indemnización por daños y perjuicios correspondiente, es evidente que la entidad estatal demandada que acude al procedimiento no busca defender un acto de autoridad emitido en ejercicio de sus facultades, sino evitar una merma económica en su patrimonio ante la posibilidad de que quede insubsistente un acuerdo que suscribió en un plano de coordinación, sin atributos de autoridad. (.)". De tal ejecutoria derivó la jurisprudencia 2ª./J. 3/2020, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página ochocientos cuarenta y tres, libro setenta y cinco, febrero de dos mil veinte, tomo I, de rubro y texto: "LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA TIENEN LAS PERSONAS MORALES OFICIALES PARA PROMOVERLO CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL AGRARIO EN LAS QUE SE LES CONDENE AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN DE UN CONVENIO DE OCUPACIÓN PREVIA DE TIERRAS EJIDALES O COMUNALES. De acuerdo con el artículo 7º. De la Ley de Amparo, las personas morales de derecho público pueden ejercitar, excepcionalmente, la acción constitucional en los casos en que la ley o el acto que reclamen afecten sus intereses patrimoniales, en relaciones en que se ubiquen en un plano de igualdad con los particulares. Esta situación obliga a advertir una condición de supra a subordinación de una autoridad frente a otra, en atención a la imposición unilateral de un acto, motivo por el cual, de acuerdo con la naturaleza vertical del juicio de amparo y con su objeto protector de derechos fundamentales que permite reclamar actos emitidos por una autoridad que actúe de manera unilateral y obligatoria, debe considerarse que la posibilidad de que una autoridad acuda a dicho juicio se da cuando sufre una afectación en su patrimonio derivada de un acto impuesto por otra que actúa de manera unilateral, con imperio, por lo que su pretensión es defender sus derechos en esa situación de subordinación. Esto es, lo que delimita la procedencia del juicio de amparo no es solamente la participación que se tenga dentro de un procedimiento, sino también la pretensión que se relaciona con éste, la cual necesariamente debe ser la tutela de derechos patrimoniales y no la defensa de un acto emitido en ejercicio de las facultades conferidas. Consecuentemente, una persona moral oficial se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo directo contra la resolución del tribunal agrario en la que se le condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios con motivo de la rescisión de un convenio de ocupación previa de tierras ejidales o comunales, en tanto tiene el carácter de demandada en el juicio agrario y, por lo mismo, está subordinada a ese órgano jurisdiccional, aunado a que su pretensión en el procedimiento no es defender un acto de autoridad, sino proteger sus derechos patrimoniales". Por las razones que preceden, este órgano jurisdiccional considera que el convenio de ocupación previa de tierras ejidales o comunales, entre una entidad de gobierno y un particular, constituye un acto realizado en un plano de coordinación o igualdad, de manera que no puede considerase acto de autoridad toda vez que el ente de gobierno actúa desprovisto de imperio en dicho acuerdo de voluntades. Ahora bien, con base en el anterior contexto, se colige que los actos reclamados derivan directamente del convenio de ocupación previa de tierras ejidales sujetas a procedimiento de expropiación, que el agraviado Juan Manuel Barrera Parra celebró con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representada por el director general del Centro SCT en Guanajuato. Para justificar este aserto, se reitera que la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional en reclamo de la omisión de sustanciar el procedimiento de expropiación relativo a la fracción territorial de su parcela afectada con motivo de una obra pública; afectación acordada mediante el convenio de ocupación de tierras ejidales entre el agraviado y la entidad de gobierno señalada como autoridad responsable. A este juicio constitucional se exhibieron, por parte del director general del Centro Guanajuato, como anexo a su informe justificado, entre otras constancias, las siguientes: 1. Un convenio de ocupación previa de tierras ejidales sujetas, donde aparecen como partes contratantes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, representada por el director general del Centro SCT en Guanajuato y Juan Manuel Barrera Parra. Este convenio cuenta con fecha siete de agosto de dos mil nueve (foja 72). El objeto de este consenso fue una fracción de 701.75 metros cuadrados, de la parcela 10 Z-1 P1/1, ubicada en el ejido Panales Jamaica, municipio de Tarimoro, Guanajuato; como contraprestación económica a cuenta de anticipo de la indemnización la suma de $274,854.42. En la cláusula tercera, se estableció que en diez días posteriores a ese acto se entregaría la cantidad equivalente al 40% de la suma indicada; y que el 60% restante en cuanto existiera disponibilidad de recursos (fojas 72). En el reseñado convenio de ocupación previa de tierras ejidales, se asentaron, entre otros, los siguientes datos: "(.) CONVENIO POR OCUPACIÓ DE UNA SUPERFICIE EJIDAL QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY AGRARIA CELEBRAN POR UNA PARTE EL C. JUAN MANUEL BARRERA PARRA INTEGRANTE DEL EJIDO "PANALES JAMAICA" MUNICIPIO DE TRIMORO, ESTADO DE GUANAJUATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL EJIDATARIO; Y POR LA OTRA PARTE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO FEDERAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL CIUDADANO ING. FELICIANO LÓPEZ IBAÑEZ DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT EN GUANAJUATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA"; BAJO EL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. DECLARACIÓNES (.) I.- DECLARA EL EJIDATARIO: A) QUE POR RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL SE ADQUIRIÓ LA PRCELA NÚMERO 10 Z-1 P1/1, DEL EJIDO "PANALES JAMAICA", MUNICIPIO DE TARIMORO, GUANAJUATO. B) QUE ACREDITA LA PROPIEDAD CON EL CERTIFICADO DE DERECHOS PARCELARIOS NÚMERO 0000000083913, DE FECHA 26 DE MARZO DE 1997. II.- DECLARA LA SECRETARÍA: A) QUE POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA, SE REQUIRIÓ ADQUIRIR UNA SUPERFICIE DE 701.75 M2 DE TERRENO UBICADA EN EL KM 19+406.22 AL KM 16+850 DE LA PARCELA DEL EJIDATARIO, NECESARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL TRAMO CELAYA-SALVATIERRA, SUBTRAMO DE KM. 15+000 AL KM. 22+000, DE LA CARRETERA CELAYA-MORELIA, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. B) QUE LOS TRAMITES DE EXPROPIACIÓN PARA LA OCUPACIÓN DEFINITIVA DE LA SUPERFICE REQUERIDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA CITADA OBRA DE BENEFICENCIA SOCIAL, SE LLEVARÁN A CABO ANTE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA. C) QUE ES INDISPENSABLE LA FORMULACIÓN DE ESTE DOCUMENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. (.) CLÁUSULAS: PRIMERA.- "EL EJIDATARIO" ESTÁ DE ACUERDO EN QUE "LA SECRETARÍA" UTILICE LA SUPERFICIE SEÑALADA EN EL INCISO A) DEL CAPÍTULO II DE DECLARACIONES (.) REALICE LA OBRA INDICADA EN LAS DECLARACIONES SEÑALADAS EN EL PRESENTE CONVENIO. (.)" (.) TERCERA.- "LA SECRETARIA" INDEMNIZARÁ "AL EJIDATARIO" POR EL MONTO QUE SE FIJE EN EL DECRETO RELATIVO, EL CUAL SERÁ CUBIERTO AL EJIDATARIO AFECTADO, ATENDIENDO A SUS DERECHOS, CONVINIENDO CON "LA SECRETARÍA" PARA QUE DENTRO DE 10 DÍAS A PARTIR DEL MOMENTO DE LA FIRMA DE ESTE CONVENIO, SE OTORGUE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE UN TOTAL DE $274,854.42 DE LA AFECTACIÓN DE TERRERO DE LA SUPERFICIE QUE SE SEÑALA EN ANTECEDENTES, SIENDO EL PRECIO DE LA PRESENTE OPERACIÓN LA CANTIDAD DE $109,941.77 (CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.), QUEDANDO PENDIENTE UN IMPORTE DE $164, 912.65 EQUIVALENTE AL 60%, EL CUAL SERÁ ENTREGADA EN CUANTO ESTE CENTRO CUENTE CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL"; ( fojas 71 a 72); y, 2. Tres recibos de pago a nombre de Juan Manuel Barrera Parra. El primero de doce de julio de dos mil diez, por la cantidad de $109,941.77 equivalente al 40% de un total de $274,854.42; por concepto de adquisición de una fracción de terreno con una superficie de 701.75 M, con su respectiva póliza de cheque (foja 68 y vuelta tomo I cuaderno principal). El segundo de tres de diciembre de dos mil nueve, por la cantidad de $54,970.88 equivalente al 20% de un total de $274,854.42; por concepto de adquisición de una fracción de terreno con una superficie de 701.75 M, con su respectiva póliza de cheque (foja 69 y vuelta tomo I cuaderno principal); y El tercero de seis de agosto de dos mil nueve, por la cantidad de $109,941.77 equivalente al 40% de un total de $274,854.42; por concepto de adquisición de una fracción de terreno con una superficie de 701.75 M, con su respectiva póliza de cheque (foja 70 y vuelta tomo I cuaderno principal). Par mejor claridad, se citan algunos de los datos comunes que se asentaron en los documentos recién reseñados: "(.) RECIBI: DEL CENTRO SCT GUANAJUATO LA CANTIDAD DE (.) CORRESPONDIENTE (.) AL PAGO EQUIVALENTE AL (.) % DE UN TOTAL DE $ 274, 854.42 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN (.), --- EL PREDIO MATERIA DEL PRESENTE PAGO SE DERIVA DE LA AMPLIACIÓN ACTUAL DE 2 A 4 CARRILES DE CIRCULACIÓN DEL SUBTRAMO DEL KM.15+000 AL KM. 15+300, TRAMO CELAYA-SALVATIERRA DE LA CARRETERA MORELIA-CELAYA, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO (.)". Cabe reiterar que en los documentos reseñados aparece el nombre de Juan Manuel Barrera Parra -con una huella digital por encima de este nombre, así como dos firmas legibles-. Los relacionados elementos de convicción, con eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, permiten colegir fundadamente que la parte quejosa Manuel Barrera Parra, celebró con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal -representada por director general del Centro SCT en Guanajuato-, un acuerdo de voluntades a fin de que dicha entidad gubernativa ocupara una porción de la parcela del agraviado, con el objeto de llevar a cabo la construcción de la obra pública identificada como ampliación del tramo corretero Celaya-Salvatierra. Que ese acuerdo constituye un acto jurídico realizado en un plano de coordinación o igualdad, toda vez que se encuentra sujetos a la voluntad de las partes y a la satisfacción de diversos requisitos legales; tanto más, que tal convenio no es elemento indispensable para el procedimiento expropiatorio, sino que es opcional. Ello acorde a la ejecutoria que generó jurisprudencia 2ª./J. 3/2020 invocada en párrafos que anteceden. Que en ese pacto volitivo, se acordó una contraprestación económica a cargo de la entidad de gobierno a título de indemnización, por lo cual se expidieron cheques a nombre del quejoso quien procedió recepción. Asimismo, que los actos de afectación sobre el predio defendido por la parte agraviada, fueron ejecutados por la autoridad responsable en el contexto del reseñado convenio de ocupación previa de tierras ejidales sujetas a procedimiento de expropiación. Sin embargo, a pesar de que hubo acuerdo de voluntades entre la entidad de gobierno y la parte quejosa para la ocupación de una porción de su predio, existe una controversia sobre cumplimiento del consenso de voluntades, lo que incluye la omisión de iniciar y concluir el procedimiento de expropiación correspondiente, así como el pago total por concepto de indemnización, en tanto que en el clausurado se especificó que se indemnizaría por el monto que se fije en el decreto expropiatorio -cláusula tercera (foja 72)-. Ahora, dicho conflicto surgido del incumplimiento de lo pactado entre la parte quejosa y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no puede decidirse mediante un juicio constitucional, sin que antes sea resuelto por las autoridades jurisdiccionales del orden común, lo que significa que en el juicio de derechos fundamentales no puede determinarse a cuál de las partes en conflicto asiste la razón jurídica; si se realizaron -la totalidad- los pagos pactados o se incumplió con estos, si hubo omisión o no en iniciar y concluir el procedimiento de expropiación; incluso, si el acuerdo de voluntades adolece de vicios de validez o de existencia, si se cumplieron o no a cabalidad los requisitos de ley para que surtan plenos efectos entre las partes contratantes. Es así porque, se insiste, los actos reclamados derivan del relacionado acuerdo de voluntades que celebró la parte agraviada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por tanto, no se está en el caso de que tales actos puedan ser considerados como de autoridad para efectos de este juicio, pues de acoger las pretensiones de la parte agraviada implicaría realizar una declaración judicial sobre actos realizados por un ente de gobierno en un plano de coordinación -desprovistos de imperio- con el quejoso, lo que escapa al ámbito de estudio y operatividad del juicio de amparo, pues de hacerlo, este juzgador constitucional se erigiría en tribunal de instancia, invadiendo la esfera de competencia de las autoridades jurisdiccionales del orden común a quienes les corresponde, en principio, resolver sobre conflictos entre entes ubicados en un plano de igualdad o coordinación, como acontece en la especie, no de supra a subordinación. En términos de estas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Constitución, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones entre autoridades actuando en un plano de coordinación con particulares no pueden reclamarse a través del juicio constitucional. Es aplicable al caso por identidad de razón jurídica y en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, visible en la página doscientos sesenta y cinco, de rubro y texto siguientes: "PROPIEDAD. Las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por el juez del conocimiento del negocio, quedando a salvo los derechos de quien alegue esa propiedad, para que los ejerza en la vía y forma que corresponda, ante las autoridades del orden común". De igual modo, debe reiterarse que la Segunda Sala del máximo tribunal en este país en la ejecutoria que generó la jurisprudencia 2a./J. 3/2020, estableció que acorde al Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en los convenios de ocupación deben especificarse los requisitos mínimos que debe contener, entre otros, las causas por las que puede rescindirse el convenio y el procedimiento para el pago de daños y perjuicios derivados de la ocupación previa de la superficie; los documentos en los que conste que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras de uso común, otorgan su consentimiento para la ocupación previa; y los señalamientos relativos, en su caso, al tiempo en que la dependencia o entidad se compromete a promover el procedimiento expropiatorio ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Desde esta perspectiva, es inconcuso que de analizar los argumentos de la parte inconforme en torno a la omisión de iniciar y concluir el procedimiento expropiatorio correspondiente, es tanto como dirimir cuestiones legales inherentes al convenio de ocupación, lo cual, como se expuso, es jurídicamente improcedente porque se examinarían actos -acuerdos de voluntades en un plano de coordinación- que no pueden considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo. En las relatadas condiciones, es que se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en las fracciones XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que en términos de su numeral 63, fracción V, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio constitucional. Es conveniente señalar que al haberse actualizado la causal de improcedencia en comento, por cuestión de técnica jurídica se genera un impedimento legal para entrar al examen del fondo de la cuestión planteada; asimismo, deviene innecesario el análisis sobre diversos motivos de improcedencia, porque el que operen o no, en nada cambiaría el sentido de esta resolución. Es de invocarse en respaldo a lo que precede el criterio del Pleno del máximo tribunal de este país, inmerso en la tesis de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por algunas de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Así como la jurisprudencia 2ª/J.54/98, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, precisados en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en último considerando de la presente sentencia.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de septiembre pasado se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el director general del Centro SCT Guanajuato dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del jefe del Departamento de lo Contencioso de esa dependencia, el que se notificó por lista el veintitrés siguiente, por lo que aún no transcurre el plazo de ocho días previsto en el párrafo segundo del artículo 117 de la ley de la materia. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las catorce horas con cincuenta minutos del diecinueve de octubre dos mil veinte.
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