Juan Martín Rodríguez Prieto

Expediente 620/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
620/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • Juan Martín Rodríguez Prieto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por recibido el oficio del secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual envía copia certificada del testimonio dictado en el recurso de queja civil 131/2019, que en su punto resolutivo determinó: "PRIMERO. Es infundado el presente recurso de queja. Acúsese recibo vía electrónica y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno de este Juzgado.*** ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO.

  2. Principal

    A sus autos el oficio firmado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por el cual acusa recibo e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa, en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, el cual se registró con el número 131/2019-III de su índice.

  3. Principal

    Vistos los ocursos signados por la parte quejosa ********, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101 de la Ley en cita, ríndase por separado el informe justificado y remítase el escrito de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno. Adjúntese copia certificada de las constancias que sirvieron de base para la emisión del acuerdo que se recurre.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa **********, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve.  Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107 fracción III inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo , se desecha de plano la demanda. Se explica: En la especie se reclama la resolución de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, por la cual el juez Primero Civil de Partido en esta ciudad, confirmó el proveído de treinta de mayo de la presente anualidad, en el que determinó desechar el incidente de tachas de testigos, respecto del recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso dentro del expediente C113/2019 del índice del juzgado Primero Civil de Partido en esta ciudad. Es así como se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: ".cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: a) Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; b) Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; c) Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; d) De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y e) Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Ahora, de los elementos objetivos que derivan del libelo de demanda, vertidos por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: a) Ante el Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, se tramitó el juicio ordinario civil C113/2019 sobre la rescisión del contrato de arrendamiento en el que el quejoso es demandado. b) El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se verificó la prueba testimonial ofrecida por la parte actora ********** c) Luego, el aquí quejoso interpuso incidente de tachas de testigos el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, el cual fue desechado en auto de treinta de mayo de la presente anualidad. d) Inconforme con lo anterior, ********** interpuso recurso de revocación. e) El dieciocho de junio de la presente anualidad, el juez responsable, confirmó el proveído anterior. (Este es el acto reclamado). En esta condición, el acto reclamado descrito con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, puesto que la negativa del juez que se reclama no implica afectación a derechos sustantivos en la medida en que la propia legislación prevé mecanismos para lograr el llamamiento de los demandados a juicio, y esto se traduce únicamente en cuestiones procedimentales. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Ahora bien, en términos del artículo 74, fracción I de la ley de amparo -también aplicable a este tipo de resoluciones- se desprende del escrito de demanda que la parte quejosa reclama también en esta instancia: i).- El artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato; acto que reclama de las autoridades Congreso del Estado, Gobernador del Estado y juez Primero Civil de Partido en esta ciudad. ii).- Como primer acto de aplicación de tal disposición normativa, el auto impugnado dictado el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente C113/2019 del índice del juzgado Primero Civil de Partido en esta ciudad, donde confirmó el proveído de treinta de mayo de la presente anualidad. En primer término debe precisarse que existen dos tipos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o cualquier tipo de ordenamientos de observancia general: aquellos que por su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado (autoaplicativos), y aquellos que necesitan un acto concreto de aplicación para actualizar tal gravamen (heteroaplicativos). En la especie, el numeral 190 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato, se reclama en virtud del acto de aplicación que la parte quejosa hizo consistir en el indicado en el inciso ii); esto es, la determinación -dictada por la autoridad judicial responsable-, en data dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dentro de los autos del expediente C113/2019 del índice del juzgado Primero Civil de Partido en esta ciudad, donde confirmó el proveído de treinta de mayo de la presente anualidad. En efecto, de los términos en que fue planteada la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, no queda duda de que la parte agraviada impugnó la disposición normativa que tilda de inconstitucional, a través de lo que considera su primer acto de aplicación. Sobre ese tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció determinadas reglas para el estudio del amparo contra leyes cuando son reclamadas a través de un acto de aplicación. En principio, el Juzgado de Distrito debe analizar si el juicio de amparo es procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, pero si en relación con él se actualiza una causal de improcedencia, también será improcedente el juicio contra la norma tildada de inconstitucional. Esto se debe a que el análisis de una norma general impugnada implica, por necesidad lógica y jurídica la imposibilidad de desvincularla del acto de aplicación: norma general y acto de aplicación son concomitantes cuando la primera se reclama en su carácter heteroaplicativo. Y sólo en el caso de que el juicio constitucional sea procedente respecto al acto concreto, podrá analizarse la constitucional de la ley. Orienta lo afirmado, la jurisprudencia 2ª./J 71/2000 publicada en la página 235 del tomo XII de Agosto de 2000 del Semanario Judicial de la Federación, obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo que es del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.- Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En esa medida si, como se vio, el juicio de amparo es improcedente respecto del acto, el sentido del fallo se extiende a la norma tildada de inconstitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, y en concordancia con el diverso 217 y la jurisprudencia trascrita se desecha de plano la demanda planteada, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano