Juan Manuel Rivera Pérez
Expediente 994/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Manuel Rivera Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Actuaria Judicial del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, en atención a su contenido, se provee: Téngasele informando que por ejecutoria de dieciocho de agosto del año en curso, dictada en los autos del conflicto competencia 41/2022, dicho Tribunal Federal determinó que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es el competente para conocer de la demanda promovida por ********************por su propio derecho y en representación de sus hijos e hija, contra actos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras autoridades. Acúsese recibo. En consecuencia, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito vía electrónica por el Actuario adscrito al Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Ciudad de México, mediante el cual transcribe el proveído de dieciocho de agosto del año en curso, del que se advierte que admite a trámite el conflicto competencial entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este juzgado, registrándolo bajo el progresivo 41/2022. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite vía electrónica por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual transcribe el proveído de diez de agosto del año en curso, dictado dentro del juicio de amparo 1323/2022, del que se advierte que remitió lo autos del citado juicio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, a fin de que resuelva el conflicto competencial planteado por la autoridad federal oficiante; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de agosto de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargada del Despacho por vacaciones del Titular, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 1323/2022, de su índice, promovido por Juan Manuel Rivera Pérez, por propio derecho y en representación de sus hijos Emilio Iñaki y Camila Aimee Rivera Victoria, así como del menor G.R.V., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Determinación Con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, no acepta la competencia declinada, conforme a las consideraciones que enseguida se señalan. En principio, es conveniente precisar las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, mismas que se contienen en el artículo 37 de la ley de la materia, que previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación literal del precepto anterior, permite determinar que la competencia de los jueces de Distrito se surte en razón de la ejecución del acto reclamado, de manera que será competente el Juez con jurisdicción: a) En el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal virtud, es necesario fijar de manera clara y precisa cuáles son los actos reclamados por la parte quejosa y si son susceptibles de ejecución, por lo que de la lectura del escrito inicial de demanda, se desprende que se señaló con tal carácter de manera destacada el oficio CBSCISLP/107/2022, a través del cual se hizo del conocimiento del quejoso su cambio de adscripción, con la asignación de nuevas funciones de su cargo como elemento de la Guardia Nacional, aduciendo de que se encuentra adscrito a la Coordinación Estatal San Luis Potosí. Ahora bien, para establecer la competencia por territorio, resulta necesario precisar la naturaleza de la acción intentada y de los actos reclamados, para lo cual este órgano jurisdiccional estima pertinente determinar si estos tienen como consecuencia alguna ejecución material o no. En ese sentido, para determinar la competencia territorial del Juez de Distrito, debe atenderse no sólo al señalamiento de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, a los actos reclamados y a los preceptos constitucionales invocados, sino también a los antecedentes del caso y preponderantemente a si los actos se ejecutaron o trataron de ejecutarse de acuerdo con lo manifestado bajo protesta de decir verdad del quejoso; dato que resulta de suma importancia, en tanto que es la ejecución del acto en cualquiera de sus etapas, la que debe tomarse en consideración para fijar la competencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 206167, Tomo IX, mayo de 1992, materia común, página 94, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Conforme a lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que si los actos reclamados tienen que ver con el oficio donde se hizo de su conocimiento la nueva asignación de funciones que deberá desempeñar, así como su cambio de adscripción de San Luis Potosí, para ser asignado a diversa sede; la ejecución de los actos reclamados tendría lugar en la sede a la que fue adscrito mediante la comunicación oficial reclamada, sin que este órgano jurisdiccional tenga plano conocimiento de dicha sede, toda vez que el quejoso no lo especificó en el escrito inicial de demanda y tampoco se advierte de los anexos que exhibió. Así, las resaltadas circunstancias conllevan a discrepar lo expuesto por la oficiante en cuanto a la competencia de este circuito, pues aunque se comparte que el acto combatido conlleva una ejecución material, este órgano jurisdiccional estima que el juez competente para conocer de la demanda de amparo, es el que radica en donde debe tener ejecución el acto reclamado, esto es, en el lugar de readscripción del quejoso, empero, al desconocer éste y al prevenir el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en su conocimiento del escrito inicial de demanda, es por lo que este juzgado considera no aceptar la competencia declinada. Aunado a lo anteriormente expuesto, la suscrita estima que a la fecha, no obra dato indefectible del que se advierta el lugar en el que tendrá lugar la ejecución de los actos reclamados. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.),1 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37, párrafo segundo y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, no acepta la competencia planteada, por las razones antes expuestas. Se hace del conocimiento del juzgado declinante que en cuanto al tema competencial sostenido en este acuerdo, similares criterios al que se adopta en esta determinación, se sustentaron en los conflictos competenciales 18/2022 y 24/2022 del respectivo índice de los Decimoséptimo y Decimocuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se analizaron asuntos similares; los cuales, se invocan como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia XXI.3o.J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. Por consiguiente, devuélvase el juicio de amparo remitido por la juez declinante, para que esté en aptitud de proveer lo conducente; solicitándole tenga a bien acusar recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes relativo, con las constancias que resulten necesarias para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, no se provee respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones, ni los autorizados para tal efecto, en virtud de que este órgano jurisdiccional no aceptó el conocimiento de la demanda en cuestión, por tanto, la notificación que se haga al promovente practíquese por lista que se fije en los estrados de este tribunal federal, acorde a lo reseñado por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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