Juan Manuel Ponce Aguilar
Expediente 770/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 770/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Manuel Ponce Aguilar
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la resolución dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veinte. Glósese al expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable, al que acompaña un anexo consistente en copia certificada del proveído de once de noviembre del año actual, dictado en el juicio laboral 603/2004. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, téngase como su delegada a la persona que indica. Ahora bien, visto el informe y anexo de mérito, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Junta Especial número treinta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, el acto que hizo consistir en: La omisión de acordar el escrito de dieciocho de marzo del presente año, en el juicio laboral 603/2004. Ahora bien, de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley, a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno, se advierte que el acto reclamado fue subsanado, pues la responsable con fecha once de noviembre del año en curso, dictó la determinación correspondiente, en la que acordó de conformidad la promoción de referencia, presentada el dieciocho de marzo de dos mil veinte, por el aquí quejoso. Lo anterior constituye una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la autoridad responsable, y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veinte. Glósese al expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable, al que acompaña un anexo consistente en copia certificada del proveído de once de noviembre del año actual, dictado en el juicio laboral 603/2004. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, téngase como su delegada a la persona que indica. Ahora bien, visto el informe y anexo de mérito, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Junta Especial número treinta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, el acto que hizo consistir en: La omisión de acordar el escrito de dieciocho de marzo del presente año, en el juicio laboral 603/2004. Ahora bien, de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley, a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno, se advierte que el acto reclamado fue subsanado, pues la responsable con fecha once de noviembre del año en curso, dictó la determinación correspondiente, en la que acordó de conformidad la promoción de referencia, presentada el dieciocho de marzo de dos mil veinte, por el aquí quejoso. Lo anterior constituye una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la autoridad responsable, y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que promueve Juan Manuel Ponce Aguilar, contra actos de la Junta Especial número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con dos copias y un anexo que acompaña; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de mérito; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el progresivo 770/2020-VIII, y fórmese el expediente respectivo. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba(n) el oficio en el que se le(s) solicita, remitiéndole(s) para tal efecto copia simple de la demanda. Requiérase a la(s) responsable(s) para que en caso de que sea cierto el acto que se le(s) atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad; con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a la(s) autoridad(es) responsable(s) que preferentemente deberán remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba, o en su defecto al correo electrónico oficial de este juzgado, que es: 8jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia de que, tomando en consideración la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 y el esquema de trabajo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, las partes únicamente podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, previo a la celebración de la aludida audiencia, así lo deberán informar por escrito a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo respectivo para que aquélla se suscite mediante videoconferencia en términos del numeral 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64, de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de su parte la documental que exhibe, misma que podrá ser tomada en consideración al momento de resolver, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. También hágaseles saber que este juzgado podrá brindar atención e información a los justiciables a través del correo institucional que quedó precisado en párrafos anteriores o en el teléfono 4448389300 (extensión 1611) o en el celular 4442380496. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese.
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