Juan Manuel Sánchez Flores

Expediente 1315/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1315/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/01/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Sánchez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha,este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta presentado a nombre de Agustín Gustavo Vales Balderas, apoderado legal de la parte quejosa, se advierte una firma cuyos rasgos son diferentes a la signatura del escrito inicial de demanda, por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que manifieste si reconoce como suya y ratifica la firma que calza el ocurso de cuenta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado a desahogar el requerimiento de que se trata, el compareciente deberá programar una cita dentro de los tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea1 Cabe señalar que la facultad de requerir al promovente para que se presente a ratificar la firma del aludido escrito, tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue éste, máxime que, como se anotó, dicha firma discrepa con la que obra en el escrito inicial de demanda. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la parte promovente haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que, en caso de que no sea así, aquélla podría hacerse acreedora a las sanciones establecidas en la legislación penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a. 24 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385 del tomo III, primera parte, enero-junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFIC APOR LISTA ALA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda promovida por Juan Manuel Sánchez Flores, contra actos del Juez Segundo Civil de esta ciudad y otra autoridad, por violación que estima a los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 1315/2021-VIII. Ahora bien, examinada la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. El acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la resolución dictada en el recurso de revocación que el aquí quejoso interpuso contra la determinación de quince de octubre del presente año, dictada en el juicio extraordinario civil 355/2021, a través del cual se tuvo no presentado el dictamen que emitió el perito de su parte. Pues bien, la suscrita considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu.Ahora bien cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquéllos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Luego, el acto reclamado no es de ejecución irreparable para los efectos del juicio de amparo que se intenta, pues sólo surte efectos intraprocesales, pero no afecta derechos sustantivos del impetrante; de ahí, la improcedencia del juicio que se promueve en su contra, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 antes transcrito, el juicio constitucional que se promueva ante el Juez de Distrito será improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y, de existir éste, tenga el carácter de reparable, lo que ocurre en la especie, pues el hecho de que se haya tenido no presentado el dictamen que emitió el perito del demandado en el juicio de origen -aquí quejoso-, no es un acto de imposible reparación y a lo más, consiste en una violación procesal, que sólo tendría trascendencia en el supuesto de que la sentencia definitiva resulte contraria a los intereses del quejoso, sin embargo tal violación debe impugnarse conjuntamente al promover juicio de amparo directo contra tal fallo y, siendo ello así, es innegable que no constituye un acto de imposible reparación, ya que dicha determinación, se reitera, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa. Esto es así, pues la determinación reclamada únicamente trasciende a aspectos intraprocesales, relativos al desahogo de una prueba pericial. En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos del quejoso y, por tanto, no son de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causal de improcedencia anteriormente referida, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Cabe precisar que el análisis de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo.Sobre la base de todo lo hasta aquí expuesto, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese personalmente.

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