Juan Manuel Valencia Vera
Expediente 377/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Manuel Valencia Vera
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de febrero del año en curso, se tuvo a las autoridades responsables Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí y Director General de la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí, informando las gestiones que se encuentran realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que obre en autos el resultado de dichas gestiones. Requerimiento de cumplimiento de sentencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables de referencia, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que reciban la notificación del presente auto, informen a este Juzgado el cabal cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria o bien, remitan copia certificada de las constancias que acrediten las acciones que se encuentren realizando a fin de dar cumplimiento a la misma. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. De conformidad con el artículo 19 de la ley de amparo. Recepción de documento Agréguese a los autos el escrito de cuenta remitido vía electrónica por la autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por el que refiere dar cumplimiento a la prevención formulada en autos. Prevención no cumplida Indíquese a la compareciente que resulta improcedente tener por cumplida dicha prevención, en virtud de que si bien se encuentra autorizada en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia, también es verdad que dicho carácter no le faculta para desahogar el requerimiento que este juzgado formuló respecto de la demanda de amparo instada por la directamente agraviada, sino que ésta únicamente puede ser subsanada por la propia promovente. Ello es así, toda vez que en el auto preventivo de dos de marzo del año actual, se le requirió en los siguientes términos: "Precise si también es su deseo impugnar y señalar como diverso acto reclamado, el artículo 12 párrafo segundo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en cuyo caso, deberá indicar las autoridades a quienes les reclame dicho acto y cumplir con los requisitos que señala el artículo 108 de la ley de la materia." Y en el ocurso con que se da cuenta, la aludida promovente refiere ampliar el escrito de demanda, respecto de la aplicación del artículo 12, en los términos que indica y además, formula diversas manifestaciones bajo protesta de decir verdad; siendo que la directamente quejosa es la única a la que corresponde realizar dicha ampliación; más aún cuando en el escrito de que se trata, como se anotó, la promovente formula diversas manifestaciones bajo protesta de decir verdad, lo que es facultad únicamente de la parte quejosa, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Se invoca como apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título y contenido siguientes: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional."2 Asimismo, resulta aplicable, por identidad de razón jurídica, la Jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes."3 Asimismo, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 201 de la mencionada Segunda Sala, que indica: "DEMANDA, ACLARACIÓN DE LA. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTA FACULTADO PARA HACERLA. El segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, antes de su 2 Registro digital: 161909. Instancia: Primera Sala. Novena Época. Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68. 3 Publicada en la página 348 del tomo XXIV, julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época reforma llevada a cabo por Decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, prescribía: "El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, pero no para substituir dichas facultades en un tercero". Por otra parte, en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en materias diversas de la penal, el ejercicio de la acción constitucional corresponde al quejoso o a su representante, y, como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, sólo puede ser realizado por el quejoso o su representante. Además, de una recta interpretación del artículo 27, en comento, se concluye que la enumeración de las facultades de recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, es limitativa y no enunciativa. Por tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por el promovente del juicio de garantías o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por el autorizado para oír notificaciones en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe precisar que el autorizado sí puede presentar las copias de la demanda que sean necesarias, pues ello no implica el ejercicio de la acción de amparo, sino la realización de un acto material."4 Efectivo apercibimiento De la certificación que antecede se desprende que el término de cinco días concedido a la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención de que se trata, inició el nueve de marzo y concluyó el quince del presente mes y año, sin que a la fecha se hubiese cumplido con ello a cabalidad. No pasa desapercibido para este tribunal federal, el hecho de que la citada autorizada presentó el escrito de cuenta, por el que pretendió dar cumplimiento a la prevención ordenada en autos, precisamente el quince de marzo del año en curso, esto es, el último día del término concedido. 4 Consultable en la página 138 del tomo VI, parte SCJN, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación. 06/10/23 10:15:29 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d1.9b PERLA BEATRIZ GONZÁLEZ CHAN Sin embargo, debe destacarse que existen diversos criterios jurisprudenciales en los que tanto la Primera Sala como la Segunda Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretaron el contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo abrogada, y establecieron que el escrito por el cual se pretende dar cumplimiento a una prevención, debe atenderse, dentro del término legal, en los dos primeros días del término (de tres días) otorgado para ello, y no en el último día. En el caso, tal interpretación debe hacerse acorde a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, en el que se estableció ahora un término de cinco (y no de tres) para cumplir con las prevenciones que se hubiesen declarado prudentes. Ello se entiende, toda vez que dentro de los dos primeros días (según la ley de anterior vigencia) o dentro de los primeros cuatro días (de la ley que rige actualmente), existe la posibilidad de que, de no cumplir con las precisiones ordenadas, la parte procesal respectiva subsane las irregularidades, sin detrimento al derecho humano de administración pronta de justicia y sin perjuicio de persona alguna. Además, asentó que de aceptarse el desahogo de la prevención al tercer día (bajo la ley anterior), en el caso, al quinto día (ley vigente), se correría el riesgo de que el término de la prevención se prolongue en demasía, en la medida en que siempre podrían presentar diversos escritos el último día, interrumpiendo el término inicialmente otorgado, prolongándolo de más por los días en que haya que notificarse de forma personal el acuerdo respectivo y el día en que surta efectos dicha notificación, transformando, por ejemplo, un término legal de cinco días, en ocho o más días hábiles. En ese sentido en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consideró: "Así, atendiendo a las nuevas tendencias de este Alto Tribunal, de facilitar y garantizar al quejoso el debido acceso a la protección de la Justicia Federal, prescindiendo de tecnicismos y requisitos infructuosos para alcanzar tales propósitos, es que a juicio de esta Primera Sala, cuando la parte quejosa presenta su escrito de aclaración en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo a que se refiere el artículo 146 de la Ley de Amparo, y no logra cumplir con las prevenciones que le fueron impuestas, el Juez de Distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió, para darle oportunidad de subsanarlas, pero dentro de ese mismo término, que debe estimarse interrumpido con la presentación de su ocurso aclaratorio, y reanudado el día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, en donde habrán de precisarse tales fechas, a fin de que el interesado conozca con exactitud su oportunidad para satisfacer cabalmente las exigencias del resolutor. [.] Así, de los términos previstos en la legislación aplicable, debe considerarse que la presentación del escrito aclaratorio - que no logra cumplir a satisfacción la prevención hecha dentro del primero o segundo días, interrumpe el plazo de tres días a que se refiere el artículo 146 de la Ley de Amparo, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación del auto que emita el Juez de Distrito en el sentido de que no las acató y señale, en su caso, las omisiones, para dar oportunidad al promovente de subsanarlas, pero dentro de aquel término, pues de no estimarlo así, se correría el riesgo de que cuando la parte quejosa conociera que no logró satisfacer el requerimiento hecho, hubiese fenecido el plazo de tres días que le fue otorgado por disposición de la ley. Lo anterior es así, toda vez que por disposición del artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles el Juez está facultado para acordar la promoción a más tardar al día siguiente (esto es el segundo o tercer día del plazo concedido, dependiendo si el escrito aclaratorio se presentó el primero o el segundo día del plazo), empero, la notificación correspondiente puede efectuarse a más tardar dentro del día siguiente al en que se hubiesen pronunciado; es decir, se notificaría al tercero o cuarto día, según fuera el caso y surtiría efectos al día siguiente al de la notificación personal, es decir, una vez transcurrido el plazo de tres días concedido, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo." La jurisprudencia de mérito 1a./J. 39/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparece en la página 400 del libro VIII, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de mayo de 2012, con registro digital 2000702, y dispone: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." De lo anterior se obtiene que el invocado precepto 114 de la Ley de Amparo, estipula que el término concedido a la parte promovente para que aclare el escrito inicial de demanda, es de cinco días; esto es, el legislador fue claro en precisar que el término que se consideró apto y suficiente para subsanar las irregularidades o deficiencias de cualquier escrito inicial de demanda, es el de cinco días. Por lo que, de aceptar o dicho en otras palabras, de ampliar dicho término, conduciría a actuar en contravención con las disposiciones normativas de la materia, con lo que inclusive podrían violentarse derechos humanos de las diversas partes procesales, al otorgar ventajas prohibidas por mandato legal. De ahí que, al pretender dar cumplimiento en el último día del término otorgado, sin haberse logrado, conforme quedó expuesto, lo procedente es tener a la parte quejosa por no cumpliendo con la prevención formulada en autos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto aclaratorio de dos de marzo del año actual y se procede a acordar respecto de la admisión de la demanda instada, teniendo como único acto reclamado el contenido del oficio DPSH 024.300.302.6 0560/2022 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Admisión de demanda Por tanto, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por Carmen Patricia Castañeda Torres, contra actos del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de San Luis Potosí, exclusivamente por lo que se refiere al contenido del oficio **** de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Incidente de suspensión Tramítese por separado el incidente de suspensión que se solicita. Requerimiento de informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita. Requiérase a la responsable para que en caso de que sea cierto el acto que se le atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad; con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a la autoridad responsable que preferentemente deberá remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba. Vista al agente del Ministerio Público Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Audiencia constitucional Se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MIUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Alegatos En la inteligencia de que las partes podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, deberán presentarse minutos previos a la celebración de la aludida audiencia. Causas de sobreseimiento Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. Pruebas De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que se adjuntó al escrito inicial de demanda, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza y podrá ser considerada al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Diferimientos En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notificación a las autoridades responsables Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Juicio en línea Finalmente, se exhorta a las partes, lo que incluye a la autoridad responsable, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente.
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