Juan Manuel Mireles Mauricio
Expediente 423/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Manuel Mireles Mauricio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, trece de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido la resolución de veinte de mayo del presente año, que sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y en atención a que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 423/2016-5; y, RESULTANDO: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el diez de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JUAN MANUEL MIRELES MAURICIO, formuló demanda de amparo indirecto, contra actos del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que a continuación se precisan: "IV. ACTO RECLAMADO.- reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora el auto fecha 11 de febrero de 2016 que ordena girar oficio a la Secretaría de Finanzas para que en términos del artículo 285 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, descuente de las participaciones de la parte demandada y cubra la cantidad que me corresponde ($280,481.65) más las que se sigan generando hasta que se dé total cumplimiento, y a que fue condenada la entidad pública, y que se obligó la entidad pública, dentro del expediente laboral número 96/2012, y de la responsable ejecutora la omisión o abstención de dar cumplimiento a dicha orden mediante oficio TCA/203/2016 de fecha 11 de febrero de 2016 y no hacer dicho pago de forma inmediata de enterar las cantidades que le fueran solicitadas y debidamente actualizadas a la fecha del pago ya que se le indica que deberá depositar la cantidad solicitada más las que se sigan generando hasta el total cumplimiento." 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el once de marzo de dos mil dieciséis, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 423/2016-5; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: 1°. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor y 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. 2°. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dar cumplimiento al proveído de once de febrero de dos mil dieciséis, que ordenó a la Secretaría de Finanzas pagar al quejoso JUAN MANUEL MIRELES MAURICIO, la cantidad establecida en el laudo emitido en el juicio laboral 096/2012. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Certeza: El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que sí es cierto que por auto de once de febrero de dos mil quince, se giró el oficio TCA/203/2016 al Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el que se ordenó descontar de las partidas presupuestales correspondientes a la Secretaría de Educación de Zacatecas, la cantidad establecida en el laudo emitido el veinte de febrero de dos mil quince. Por su parte, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, al rendir su informe de ley, manifestó que mediante oficio TCA/203/16, se le requirió para que descontara de las partidas presupuestales de la Secretaría de Educación de Zacatecas, las cantidades a que fue condenada a pagar al actor Juan Manuel Mireles Mauricio, en acatamiento al laudo dictado dentro del juicio laboral burocrático número 96/2012. En el mismo sentido, informa que en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por medio del oficio PF/0634/16, exhibió ante la autoridad laboral los cheques números 0001524, 0001525, 0001526, 0001527, 0001528, 0001529, 0001530 y 0001531, con cargo a la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la cantidad de $35,112.67 (Treinta y seis mil ciento doce pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional), cada uno, a nombre de Juan Manuel Mireles Mauricio, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en diverso oficio TCA/203/2016, emitido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, títulos de crédito que se dejaron a disposición del quejoso. Para acreditar lo anterior, se toman en consideración las copias certificadas de diversas constancias que obran en el expediente 96/1/2012, de su índice, mismas que tienen plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En la especie, el suscrito juzgador advierte que ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ello es así, pues el contenido de las constancias aludidas, ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, informó que por oficio TCA/203/2016 dirigido al Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, ordenó a dicha autoridad descontar de las partidas presupuestales correspondientes a la Secretaría de Educación de Zacatecas, la cantidad establecida en el laudo dictado el veinte de febrero de dos mil quince, en el juicio laboral 96/2012. Por su parte, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, al rendir su comunicado, informó que por oficio PF/0634/16, de treinta de marzo de dos mil dieciséis, remitió a la autoridad laboral los cheques números 0001524, 0001525, 0001526, 0001527, 0001528, 0001529, 0001530 y 0001531, con cargo a la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la cantidad de $35,112.67 (Treinta y seis mil ciento doce pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional), cada uno, a nombre de Juan Manuel Mireles Mauricio y se dejaron a disposición del peticionario de garantías, asimismo, anexó copia certificada de los cheques antes descritos. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, ante la autoridad laboral fueron exhibidos los cheques números 0001524, 0001525, 0001526, 0001527, 0001528, 0001529, 0001530 y 0001531, con cargo a la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la cantidad de $35,112.67 (Treinta y seis mil ciento doce pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional), cada uno, a nombre de Juan Manuel Mireles Mauricio, ello en cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral 96/2012. En consecuencia, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Por lo que tales hechos, ponen sin duda que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la referida causal prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de garantías es improcedente: "Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.", lo que significa que se actualiza cuando mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, el acto reclamado se revoca o destruye, así como los efectos que haya producido. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JUAN MANUEL MIRELES MAURICIO, por su propio derecho, contra el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos asentados en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza, hasta hoy veinte de mayo de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe. SISE
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 423/2016-5; y, RESULTANDO: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el diez de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JUAN MANUEL MIRELES MAURICIO, formuló demanda de amparo indirecto, contra actos del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que a continuación se precisan: "IV. ACTO RECLAMADO.- reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora el auto fecha 11 de febrero de 2016 que ordena girar oficio a la Secretaría de Finanzas para que en términos del artículo 285 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, descuente de las participaciones de la parte demandada y cubra la cantidad que me corresponde ($280,481.65) más las que se sigan generando hasta que se dé total cumplimiento, y a que fue condenada la entidad pública, y que se obligó la entidad pública, dentro del expediente laboral número 96/2012, y de la responsable ejecutora la omisión o abstención de dar cumplimiento a dicha orden mediante oficio TCA/203/2016 de fecha 11 de febrero de 2016 y no hacer dicho pago de forma inmediata de enterar las cantidades que le fueran solicitadas y debidamente actualizadas a la fecha del pago ya que se le indica que deberá depositar la cantidad solicitada más las que se sigan generando hasta el total cumplimiento." 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el once de marzo de dos mil dieciséis, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 423/2016-5; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: 1°. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor y 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. 2°. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dar cumplimiento al proveído de once de febrero de dos mil dieciséis, que ordenó a la Secretaría de Finanzas pagar al quejoso JUAN MANUEL MIRELES MAURICIO, la cantidad establecida en el laudo emitido en el juicio laboral 096/2012. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Certeza: El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que sí es cierto que por auto de once de febrero de dos mil quince, se giró el oficio TCA/203/2016 al Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el que se ordenó descontar de las partidas presupuestales correspondientes a la Secretaría de Educación de Zacatecas, la cantidad establecida en el laudo emitido el veinte de febrero de dos mil quince. Por su parte, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, al rendir su informe de ley, manifestó que mediante oficio TCA/203/16, se le requirió para que descontara de las partidas presupuestales de la Secretaría de Educación de Zacatecas, las cantidades a que fue condenada a pagar al actor Juan Manuel Mireles Mauricio, en acatamiento al laudo dictado dentro del juicio laboral burocrático número 96/2012. En el mismo sentido, informa que en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por medio del oficio PF/0634/16, exhibió ante la autoridad laboral los cheques números 0001524, 0001525, 0001526, 0001527, 0001528, 0001529, 0001530 y 0001531, con cargo a la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la cantidad de $35,112.67 (Treinta y seis mil ciento doce pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional), cada uno, a nombre de Juan Manuel Mireles Mauricio, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en diverso oficio TCA/203/2016, emitido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, títulos de crédito que se dejaron a disposición del quejoso. Para acreditar lo anterior, se toman en consideración las copias certificadas de diversas constancias que obran en el expediente 96/1/2012, de su índice, mismas que tienen plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En la especie, el suscrito juzgador advierte que ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ello es así, pues el contenido de las constancias aludidas, ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, informó que por oficio TCA/203/2016 dirigido al Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, ordenó a dicha autoridad descontar de las partidas presupuestales correspondientes a la Secretaría de Educación de Zacatecas, la cantidad establecida en el laudo dictado el veinte de febrero de dos mil quince, en el juicio laboral 96/2012. Por su parte, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, al rendir su comunicado, informó que por oficio PF/0634/16, de treinta de marzo de dos mil dieciséis, remitió a la autoridad laboral los cheques números 0001524, 0001525, 0001526, 0001527, 0001528, 0001529, 0001530 y 0001531, con cargo a la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la cantidad de $35,112.67 (Treinta y seis mil ciento doce pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional), cada uno, a nombre de Juan Manuel Mireles Mauricio y se dejaron a disposición del peticionario de garantías, asimismo, anexó copia certificada de los cheques antes descritos. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, ante la autoridad laboral fueron exhibidos los cheques números 0001524, 0001525, 0001526, 0001527, 0001528, 0001529, 0001530 y 0001531, con cargo a la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la cantidad de $35,112.67 (Treinta y seis mil ciento doce pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional), cada uno, a nombre de Juan Manuel Mireles Mauricio, ello en cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral 96/2012. En consecuencia, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Por lo que tales hechos, ponen sin duda que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la referida causal prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de garantías es improcedente: "Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.", lo que significa que se actualiza cuando mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, el acto reclamado se revoca o destruye, así como los efectos que haya producido. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JUAN MANUEL MIRELES MAURICIO, por su propio derecho, contra el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos asentados en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza, hasta hoy veinte de mayo de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe. SISE"
- Principal
En ocho de abril de dos mil dieciséis, el Secretario da cuenta a la Jueza con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de cinco del mes y año que transcurre, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad; por tanto, a fin de dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dicho informe y no se les deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y TERCERO INTERESADO Y POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *Amci
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Juan Manuel Martínez Pelayo352/2023
- Juan Manuel Martínez Riesta938/2021
- Juan Manuel Mier Montellano1013/2015
- Juan Manuel Mier Montellano126/2014
- Juan Manuel Miranda García1912/2018
- Juan Manuel Mireles Mauricio4003/2014
- Juan Manuel Mireles Mauricio556/2019
- Juan Manuel Mireles Mauricio92/2020
- Juan Manuel Mireles Mauricio1674/2018
- Juan Manuel Morales Mauricio310/2018
- Juan Manuel Moreno Curiel1310/2016
- Juan Manuel Muñoz Páez920/2021