Juan Manuel Gallardo Hernández
Expediente 751/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Manuel Gallardo Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICO: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del cuatro al quince de diciembre de dos mil diecisiete, sin contar los días nueve y diez del citado mes, por ser sábado y domingo, respectivamente; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre del año en curso, dentro del juicio de amparo número 751/2017-1. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No existen documentos por devolver a las autoridades responsables. No se tramito incidente de suspensión Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para las partes el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA. En razón de que la sentencia antes mencionada no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 751/2017, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició la audiencia referida, sin contar con la asistencia personal de las partes. Enseguida, el secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias y leído su contenido; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de las autoridades responsables Presidenta Municipal de Zacatecas, a través del Director Jurídico de dicho municipio y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ambas con residencia en esta ciudad (fojas 39 y 40). A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por el quejoso que anexó a su escrito de demanda (fojas 14-23), así como con las diversas que remitieron las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del oficio 0921/2017, de la orden de visita de inspección 0155, acta circunstanciada de inspección 0155 y oficio con número de referencia 875/08/2017 (fojas 41 a 45), recibidas en auto de nueve de octubre del año en curso (fojas 50 vuelta). A lo que el juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las pruebas referidas. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos. El secretario da cuenta con los vertidos por el quejoso en su escrito registrado con el folio 13466 (fojas 46 a 49), asimismo, se tienen a la vista los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional en los pedimentos números 1205/2017 y 1206/2017, glosados a fojas 61 a 62 y 63 a 64. El juez tiene por reproducidos los alegatos y se cierra esta etapa. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo mas diligencias por desahogar, se levanta la presente acta y se procede a dictar la sentencia respectiva. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 751/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Juan Manuel Gallardo Hernández, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades siguientes: Autoridades responsables: Presidenta Municipal del Estado de Zacatecas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Acto reclamado: - La omisión de emitir respuesta a su petición de veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Acto que considera violatorio del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose en auto de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete (fojas 24 a 27), bajo el expediente 751/2017; previniéndosele al quejoso para que bajo protesta de decir verdad indicara: "1. Precise que acto le reclama al Síndico Municipal y a cada uno de las personas que refiere como Regidores. Señale el contenido del escrito de seis de agosto de dos mil doce, el cuál menciona en el capítulo "IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA." Exhiba copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes; salvo en el caso que el cumplimiento de la prevención se realice en forma electrónica, en términos del artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia". Apercibimiento que en caso de no atenderlo se proveería únicamente por lo que atañe al acto reclamado y autoridades responsables precisados. Por lo que el ocho de septiembre siguiente (fojas 32 y 33), el quejoso presento un escrito en el que bajo protesta de decir verdad, indicó: "Primero.- Que en el ocurso a través del cual presente mi demanda de garantías por un error involuntario señalé como responsable al síndico municipal y a los regidores que integran el H. Ayuntamiento, pero en este momento me permito aclarar, que el acto que reclamo lo es únicamente respecto de la C. Presidenta Municipal de la capital del estado de Zacatecas, y la Secretaria de desarrollo urbano. Ya que mi petición la dirigí precisamente en ese sentido y el acto que le reclamo lo es LA NO CONTESTACIÓN A MI PETICIÓN DE FECHA 25 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO (2017), que exhibí al momento de presentar mi demanda de garantías". Por tanto, en proveído de once de ese mismo mes y año (fojas 34 a 36), se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo en auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, se requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la respuesta que le fue otorgada por la autoridad responsable, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se continuaría el procedimiento en ese juicio únicamente por las autoridades y actos señalados en su escrito inicial de demanda (fojas 50 y 51), por lo que en auto de nueve de noviembre de ese mismo año se tuvo por trascurrido el término mencionado, razón por la cual se continuó el juicio únicamente por las autoridades y actos precisados en el escrito inicial de demanda (foja 65). Seguido el juicio por sus trámites legales, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede, misma que forma parte integral de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, constitucionales; 1°, fracción I, 33, 107, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión se atribuye a autoridades que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado". "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, se tiene que el solicitante del amparo reclama: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, en el que solicitó se realizara una inspección y notificación a la Unidad Académica de Derecho (UAZ) toda vez que la misma se ha adueñado de una área de la calle boulevard del patrocinio, fraccionamiento, lomas del patrocinio, obstruyendo el acceso a los lotes 1, 22, 23 de propiedad del quejoso y servicios municipales. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Presidenta Municipal y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ambas con residencia en esta ciudad, el cual quedó detallado en el considerando que antecede; pues así lo manifestaron tales autoridades al rendir su respectivo informe justificado. Además, su certeza se corrobora con las constancias remitidas por las autoridades responsables, las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la legislación última invocada. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto tal y como lo sostiene la Agente del Ministerio Público adscrita se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se impugna; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la quejosa en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la impetrante, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de aquél, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la responsable a que actúe en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquélla exija. Así las cosas, la causal de improcedencia que hace valer la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado establecida en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ninguna huella. En el caso concreto, como se dijo, el acto reclamado es la omisión de dar respuesta al escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, en el que se solicitó se realizara una inspección y notificación a la Unidad Académica de Derecho (UAZ) toda vez que la misma se ha adueñado de una área de la calle boulevard del Patrocinio, fraccionamiento, Lomas del Patrocinio, obstruyendo el acceso a los lotes 1,22, 23, propiedad del quejoso y servicios municipales. Ahora bien, las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado, anexaron las pruebas documentales correspondientes consistentes en copias certificadas de la orden de vista de inspección 0155, acta circunstanciada de inspección 0155 y oficio número 0921/2017 dirigido al quejoso de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, del cual se aprecia que fue recibido por una persona de nombre Silva Yesenia Hernández Álvarez, el cinco siguiente, con lo cual se da respuesta a las peticiones hechas por el impetrante en fecha veinticinco de abril de la citada anualidad, pues el último es del contenido siguiente: "Por medio del presente, y en atención al escrito que fuera presentado el pasado veinticinco (25) de abril del año en curso, con atención a la suscrita, mediante el cual solicitó se realizara inspección y notificación de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (U.A.Z), argumentando que la Unidad se había adueñado de un área que funge como calle, obstruyendo el acceso a los lotes de los cuales se ostenta como supuesto propietario. De igual forma, pide le informemos si hay negativa u oposición por parte de esta municipalidad a efecto de que promueva juicio para tramitar la acción confesoria respecto a dichos inmuebles. Por lo que tras una búsqueda en los archivo de esta Municipalidad, nos permitimos informarle que el pasado diecisiete (17) de Mayo del año en curso, mediante la inspección 0155, se ordenó visita de inspección en el domicilio ubicado en el boulevard del patrocinio sin número, correspondientes a los lotes 22 y 28 de la colonia Lomas del Patrocinio, mediante el cual se designo al Ing. Arturo Ruvalcaba Márquez, inspector debidamente acreditado que realizó inspección numero 0155, notificando al Doctor Juan Carlos Guerrero Fuentes en su calidad de Director de la Unidad Académica de referencia, requiriendo la presencia del Ingeniero Arturo Maldonado Romero, en su calidad de Director de la Unidad de Construcción de la U.A.Z. Nombrándose los testigos correspondientes, es que se notificó al Director de dicha Unidad la invasión de la vía pública con muro de mampostería de piedra, braza circulando con reja y puerta también a base de herrería en una área aproximada de 300 m2 entendiéndose como vía publica la calle, obstruyendo además el acceso a los lotes 28 y 22 y a la calle con nombre San Mateo, infringiendo lo establecido en el Reglamento y Normas Técnicas para la Construcción, artículos 8 fracciones I,II y III, articulo 9 fracciones I, II, III, V y VI, para lo cual anexo al presente copia debidamente certificada de orden de visita de inspección numero 0155 y acta circunstanciada de la misma, que va en dos fojas útiles por un solo lado. Posterior a la inspección y notificación que se realizó a la Unidad Académica de Derecho, es que emití el oficio con numero de referencia 875/08/2017, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año en curso, mediante el cual se notifico al rector Dr. Antoni Guzmán Fernández de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con atención a la Abogada General Dra. Marbin Madariaga Ávila, en su carácter de Abogada General, informándoles respecto a la invasión de la vía pública ubicada en Boulevard del Patrocinio, Fraccionamiento Lomas del Patrocinio, esto para estar en condiciones de dirimir sobre tal afectación, se adjunta copia certificada del oficio que va por una foja útil por un solo lado. (.) " De lo anterior, se aprecia que se le otorgó contestación a la solicitud de veinticinco de abril dos mil diecisiete, a fin de que se realizara una inspección y notificación a la Unidad Académica de Derecho (UAZ) toda vez que la misma se ha adueñado de una área de la calle boulevard del Patrocinio, fraccionamiento, Lomas del Patrocinio, obstruyendo el acceso a los lotes 1,22, 23 de propiedad del quejoso. Documentales antes reseñadas, respecto de las cuales se le dio vista al peticionario mediante auto de nueve de octubre de este año, y además fueron relacionadas en la audiencia constitucional; sin que el impetrante de garantías hubiera manifestado algo al respecto. Por tanto, de lo relatado se obtiene que las responsables subsanaron la omisión que reclama el promovente del amparo dentro del presente juicio, pues al realizar y notificar la respuesta a su petición, se concluye que todos los efectos de dicha omisión han desaparecido o se han destruido en forma total e incondicional, de manera que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, tal y como si se hubiera otorgado el amparo. Resultan aplicables a los razonamientos que preceden los criterios jurisprudenciales siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, se sobresee de conformidad con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado en este juicio de derechos. En virtud de lo resuelto no es posible jurídicamente abordar el análisis de los motivos de inconformidad que plantea el peticionario de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Finalmente, no pasa inadvertido para este juzgador, los alegatos formulados por el quejoso y la Ministerio Público; sin embargo, no se realizará el análisis de los expuestos por el peticionario de derechos, pues éstos no forman parte de la litis en el juicio de amparo y su estudio sólo resulta obligado cuando se hacen valer causales de improcedencia, lo cual ya fue estudiado. A ese respecto es aplicable la tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61 a 63, 73 a 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Manuel Gallardo Hernández, contra el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a su petición de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, atribuida al Presidenta Municipal del Estado de Zacatecas y Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; en los términos precisados en el último considerando de este fallo y para los efectos legales ahí precisados. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. Alicia/Vicky
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. ...entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61 a 63, 73 a 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Manuel Gallardo Hernández, contra el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a su petición de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, atribuida al Presidenta Municipal del Estado de Zacatecas y Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; en los términos precisados en el último considerando de este fallo y para los efectos legales ahí precisados. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. Alicia/Vicky
- Principal
En nueve de noviembre de dos mil diecisiete, Juan García Trejo, Secretario de Juzgado, CERTIFICA Que: a) Se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. b) Que del nueve al treinta y uno de octubre del año en curso, transcurrió el término de quince días de que disponía el quejoso para ampliar su demanda, respecto de la contestación a su petición, lo cual le fue notificado el cinco del mismo mes y año (f. 41 a 45). Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Juan García Trejo. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede; el estado de autos y con las promociones con registro 14852 y 14853. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio, asimismo, del nueve al treinta y uno de octubre del año en curso, transcurrió el término de quince días de que disponía el quejoso para ampliar su demanda sin que lo hubiese hecho, por lo que continúese el presente juicio respecto de las autoridades y actos precisados en el escrito inicial de demanda. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que por proveído de seis de noviembre del año en curso, al acordar el escrito registrado con el folio 14571 (58), suscrito por el quejoso, se le dijo, que toda vez que no era claro en señalar si ampliaba o no su demanda de amparo, se dejaron expeditos sus derechos para que la ampliara dentro del término legal concedido, la cual tendría que cumplir con los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a que el quejoso se imponga del contenido del presente auto y no se le deje en estado de indefensión SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Finalmente, téngase por recibidos los pedimentos de cuenta signados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente sumario; dígasele que una vez que se pronuncie dicho fallo, se le expedirá la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
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