Juan Manuel Escobedo Salazar

Expediente 1223/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1223/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
10/08/2015

Partes del expediente

  • Juan Manuel Escobedo Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de agosto de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de catorce de julio de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida por Juan Manuel Escobedo Salazar; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 300/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, BERTHA CASTAÑEDA LUCIO, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra el Director del Registro Civil en el Estado de Zacatecas y otra autoridad; por los actos que se precisan a continuación: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la primera reclamo el procedimiento administrativo de rectificación de acta de matrimonio número 208, del libro 1 de la foja 268 de fecha 01/01/1972, mediante la cual se presentó la C. MARIA ELENA SEDILLO GUERRERO, en representación de JOSE FRANCISCO SEDILLO CORONADO y ELENA GUERRERO MARTINEZ, lo cual no justifico (sic), y se cambió dicha acta en su esencia en su parte medular realizando los cambios pues en el nombre del contrayente fue cambiado drásticamente de MANUEL a JOSE FRANCISCO y el de la contrayente de MARIA ELENA al de ELENA, siendo los originarios MANUEL y MARIA ELENA, dicho procedimiento administrativo identificado como D 03741/14 de fecha 09 de Junio del 2014, resuelta y firmada por el DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO." 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el dos de marzo de dos mil quince, en que ordenó: su admisión y su registro bajo el expediente 300/2015; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: El procedimiento administrativo de rectificación de acta de matrimonio identificado como D 03741/14 de nueve de junio de dos mil catorce, promovido por MARIA ELENA SEDILLO GUERRERO, en representación de JOSE FRANCISCO SEDILLO CORONADO y ELENA GUERRERO MARTINEZ. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 2. Certeza: Las autoridades responsables Director del Registro Civil, con sede en esta ciudad, y el Oficial Primero del Registro Civil en el Municipio de Mazapil, Zacatecas, al momento de rendir sus informes justificados no precisan si son o no ciertos los actos que se le reclama, sin embargo, en relación a la primera de las autoridades, esto es, el Director del Registro Civil con sede en esta ciudad remitió a este Juzgado Federal copia de la resolución administrativa D 3741/14, y por su parte la Oficial del Registro Civil con sede en Mazapil, Zacatecas, ejecutó el acto reclamado al realizar las anotaciones correspondientes, por tanto, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." III. Procedencia del juicio de amparo. La parte tercero interesada manifestó que la quejosa no tiene interés jurídico para promover el presente juicio de garantías. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe "IMPROCEDENCIA.". En el caso, este Juzgado de Distrito considera que tal y como lo refiere la tercero interesada -quien si bien no expuso el fundamento de la causal de improcedencia que dice se actualiza-, en el caso se encuentra actualizada la prevista por el artículo 61, fracción XII en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme a tales preceptos, debe precisarse que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en un juicio de amparo algún acto que es violatorio de garantías individuales que afecta sus derechos sustantivos protegidos por las normas legales. Por ello, quien resiente esa lesión, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante los Tribunales Federales. Sobre el tema, es de invocarse la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.- De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así como la diversa jurisprudencia siguiente del texto literal: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así pues, el interés jurídico para promover el juicio debe derivar directamente de los efectos que produce, en la esfera jurídica del gobernado, la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del quejoso, la faculta a impugnar las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de la misma; por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el solo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Por consiguiente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Ahora bien, procede evidenciar, por qué los actos reclamados, a saber, el procedimiento administrativo de rectificación de acta de matrimonio número 208, del libro 1 de la foja 268 de fecha 01/01/1972, promovido por MARIA ELENA SEDILLO GUERRERO, en representación de JOSE FRANCISCO SEDILLO CORONADO y ELENA GUERRERO MARTINEZ, ante el Director del Registro Civil del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, en la que se cambió en el nombre del contrayente de MANUEL por el de JOSE FRANCISCO y el de la contrayente de MARIA ELENA al de ELENA, y su ejecución, no afectan la esfera de interés jurídico de la parte quejosa. Así, para una mejor intelección al asunto, y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales emanan del citado procedimiento administrativo, y en esencia son: Mediante escrito en formato membretado de Gobierno del Estado de Zacatecas, de nueve de junio de dos mil catorce, María Elena Sedillo Guerrero, en representación de JOSE FRANCISCO SEDILLO CORONADO y ELENA GUERRERO MARTINEZ, promovió rectificación de acta de matrimonio (foja 125) Mediante resolución de esa propia fecha nueve de junio del dos mil catorce, el Director del Registro Civil, emitió resolución en la cual determinó que se asiente el nombre de los contrayentes JOSE FRANCISCO Y ELENA; de la madre del contrayente MARÍA SIMONA; el lugar de nacimiento del contrayente EL COLORADO, SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, el primer apellido del contrayente, primero del padre del mismo SEDILLO (foja 212). Hecha esa precisión, es importante destacar que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda, lo siguiente: Escrito signado por Bertha Castañeda Lucio y/o Lic. Paulino Martínez Valdez y/o Norma Julia Fuentes Martínez, dirigido al oficial del registro civil de Mazapil, Zacatecas, por el cual solicitaron copias certificadas de un acta de matrimonio (foja 7). Escrito signado por Bertha Castañeda Lucio y/o Lic. Paulino Martínez Valdez y/o Norma Julia Fuentes Martínez, dirigido al Director del Registro Civil del Estado de Zacatecas, por el cual solicitaron copias certificadas de un acta de matrimonio (foja 8). Copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre MANUEL CEDILLO CORONADO Y MA. ELENA GUERRERO MARTÍNEZ (foja 9). Copia fotostática certificada de acta de matrimonio (fojas 10 a 12). Copia simple de la resolución de nueve de junio del dos mil catorce, dictada por el Director del Registro Civil del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad (foja 13). Copia simple de una solicitud de aclaración de acta de matrimonio (foja 14). Copia fotostática simple de un acta de nacimiento a nombre de José Francisco Sedillo Coronado (foja 16). Copia fotostática simple de un acta de nacimiento a nombre de Elena Guerrero Martínez (foja 17). En lo relativo a dichas probanzas, debe decirse que resultan insuficientes para acreditar que a la quejosa se le vaya a ocasionar un perjuicio con motivo de la rectificación del acta de matrimonio celebrada entre JOSÉ FRANCISCO SEDILLO CORONADO Y ELENA GUERRERO MARTÍNEZ. Lo anterior se afirma, en virtud de que, la quejosa en momento alguno ofreció pruebas aptas y suficientes para poder acreditar su concubinato con JOSÉ FRANCISCO SEDILLO CORONADO o MANUEL CEDILLO CORONADO, tales como lo pudiera ser el testimonio de dos personas con las cuales demostrara que la quejosa y el antes mencionado, no tenían impedimento alguno para contraer matrimonio, hayan vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones, toda vez que el concubinato constituye esencialmente una institución de derecho análoga al matrimonio, al relacionarse con la vida en común de forma constante y permanente entre la concubina y el concubinario, esto es, que demostrara la existencia de: a) La unidad; lo cual implica que sólo puede establecerse entre un hombre y una mujer en lo individual; b) Consentimiento; se fundamenta en el acuerdo de voluntades en convivir juntos como pareja, bajo el mismo techo, sin impedimento alguno para contraer nupcias; c) Permanencia; lo cual significa la existencia de un tiempo prolongado de la unión, como mínimo dos años, en el caso de no tener hijos; d) Cohabitación o vida en común; lo cual implica que las personas que adoptan este régimen como su estatus de vida ante la sociedad, deben vivir juntos y de manera pública frente a los demás, como si se tratara de esposos unidos en matrimonio civil; y, e) Un lugar común de convivencia; en el cual se desarrollen las relaciones interpersonales, de amistad, sociales, etcétera. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "CONCUBINATO. EL ELEMENTO RELATIVO A LA VIDA EN COMÚN DE LOS CONCUBINARIOS, REQUIERE LA DEMOSTRACIÓN PLENA SOBRE LA EXISTENCIA DE UN DOMICILIO. El artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, en su primer párrafo, establece que la concubina y el concubinario tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que, sin impedimentos legales para contraer matrimonio, hayan vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude el capítulo correspondiente; de lo cual puede observarse que, por disposición expresa del legislador local, el concubinato constituye esencialmente una institución de derecho análoga al matrimonio, al relacionarse con la vida en común de forma constante y permanente entre la concubina y el concubinario, por lo que, como elementos integrantes, se deducen los siguientes: a) La unidad; implica que sólo puede establecerse entre un hombre y una mujer en lo individual; b) Consentimiento; se fundamenta en el acuerdo de voluntades en convivir juntos como pareja, bajo el mismo techo, sin impedimento alguno para contraer nupcias; c) Permanencia; lo cual significa la existencia de un tiempo prolongado de la unión, como mínimo dos años, en el caso de no tener hijos; d) Cohabitación o vida en común; lo cual implica que las personas que adoptan este régimen como su estatus de vida ante la sociedad, deben vivir juntos y de manera pública frente a los demás, como si se tratara de esposos unidos en matrimonio civil; y, e) Un lugar común de convivencia; en el cual se desarrollen las relaciones interpersonales, de amistad, sociales, etcétera. De este modo, si bien es cierto que la lectura literal del artículo relativo al concubinato, no permite advertir como un elemento textual la fijación de un lugar para su desarrollo, pues el precepto, como se observa, no exige concretamente el establecimiento de un domicilio; también lo es que tal requisito se obtiene de la interpretación del numeral, dado que ese estilo de vida está referido a la convivencia en común entre dos personas de distinto sexo en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años, luego, se colige necesariamente que ello sólo puede acontecer en un lugar o sitio establecido para ese propósito, como si se tratara de un domicilio conyugal; de ahí que la demostración plena de ese hecho, también es indispensable a fin de acreditar su plena configuración." Aunado a lo anterior, la quejosa tampoco allegó al sumario la documental consistente en la constancia de concubinato de diecinueve de junio de dos mil catorce, que dice, le fue expedida por el síndico municipal del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para con ello demostrar de manera indiciaria su concubinato con JOSÉ FRANCISCO SEDILLO CORONADO pues lo único que ofreció como pruebas fueron las copias certificadas de las actas de nacimiento a nombre de Juan Carlos, Martha Cecilia Ma. Guadalupe y Bertha Alicia, todos de apellidos Cardona Castañeda, cuyos nombres de sus padres son Eduardo Cardona Manríquez y Bertha Castañeda Lucio, de ahí que, las documentales mencionadas son insuficientes para tener por demostrado el concubinato que dice la quejosa tuvo con JOSÉ FRANCISCO SEDILLO CORONADO, así como para desvirtuar la existencia del contrato de matrimonio celebrado entre JOSÉ FRANCISCO SEDILLO CORONADO Y ELENA GUERRERO MARTÍNEZ. De lo que se concluye que, al no haber demostrado la quejosa que vivió en concubinato con JOSÉ FRANCISCO SEDILLO CORONADO por más de veintitrés años, es evidente que no se le está afectando algún derecho sustantivo protegido por alguna norma legal, lo que provoca que se actualice la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, es procedente decretar el sobreseimiento del juicio conforme con la fracción V del artículo 63 del cuerpo normativo invocado. Es aplicable a lo anterior, las tesis del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO.- La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama." En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto al acto reclamado a la autoridad ejecutora Oficial del Registro Civil de Mazapil, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por BERTHA CASTAÑEDA LUCIO, por su propio derecho, contra las autoridades responsables y en cuanto a los actos precisados en el considerando segundo, inciso 2, de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo, hoy catorce de julio de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En catorce de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por JUAN MANUEL ESCOBEDO SALAZAR; registrada con el folio 13827; con anexos y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de julio de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por JUAN MANUEL ESCOBEDO SALAZAR, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1223/2015, que por su orden progresivo le corresponde. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Ahora bien, del contenido integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados consisten en la sentencia interlocutoria de aprobación de remate y adjudicación de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1132/2011, así como el auto de fecha veintinueve de junio del año en curso, dictados por el Juez Segundo del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital, mediante los cuales, en la indicada resolución se aprueba el remate del bien inmueble ubicado en Calle Crucero de Tampico número 116, Colonia Centro, en Zacatecas, Zacatecas, en favor de Carlos Alberto Mendoza Huerta, en su carácter de endosatario en propiedad de Noé Limones González; y, por lo que respecta al segundo acto reclamado, se ordena requerir al quejoso para que en un término de tres días otorgue la firma de la escritura pública del inmueble antes citado. De lo apuntado en párrafos precedentes se obtiene que las resoluciones reclamadas fueron dictadas dentro del procedimiento de remate, por lo que no se está en el supuesto de que se trate del último acto dictado en esta fase, pues por última resolución -que sería en todo caso contra la cual procedería el juicio de amparo indirecto-, debe entenderse aquella en la que de forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; y al respecto, debe acotarse que tanto la interlocutoria de veintiuno de abril de dos mil quince, como el auto de veintinueve de julio del año en curso, dictados en el juicio mercantil ejecutivo 1132/2011, que constituyen los actos reclamados en los que se aprueba el remate en favor de Carlos Alberto Mendoza Huerta, en su carácter de endosatario en propiedad de Noé Limones González; y se ordena requerir al quejoso para que en un término de tres días otorgue la firma de la escritura pública del inmueble antes citado, forman parte de la etapa de ejecución de sentencia dictada dentro del procedimiento de remate; lo que significa que tales actos no dan lugar a que se actualice el contenido del último párrafo de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo. En otras palabras, las determinaciones que reclama el promovente al Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, forma parte de un proceso de ejecución que tiene como finalidad dar cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio de origen, y si tales actos forman parte de un procedimiento de ejecución, no es sino hasta que la citada autoridad responsable, ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien materia del litigio, cuando puedan impugnar las violaciones que se cometan en esa fase ejecutiva, junto con la última resolución que en la misma se emita. Asimismo, cabe destacar que la finalidad que persigue el legislador respecto del último párrafo de la aludida fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es evitar que dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia se abuse de la promoción del juicio de garantías; motivo por el cual dicha instancia constitucional solamente procede cuando se trata de la última resolución en la que la autoridad responsable se pronuncia en relación al otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien materia del litigio. En relación con el tema de que se trata, conviene traer a colación -por identidad de razones- la Jurisprudencia número P./ J.32/2001, resultado de la contradicción de Tesis 27/99, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril del 2001, Novena Época; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION ULTIMA RESOLUCION, A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así como el criterio sustentado por el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la Tesis número XX. 291 K, visible en la Página 545, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo título y contenido a la letra dicen: "ULTIMA RESOLUCION DICTADA EN LA FASE DE EJECUCION DEL JUICIO RESPECTIVO. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA. Si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución del juicio respectivo, tal circunstancia hace improcedente el amparo indirecto, pues si bien es cierto que tal precepto dispone que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de Tribunales judiciales ejecutados fuera de juicio o después de concluido, también lo es, que debe entenderse que se refiere a la última resolución dictada en esa fase de ejecución, por lo que si esta hipótesis no se actualiza, el amparo promovido en esos términos resulta improcedente en términos de la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo en relación con la fracción III, del artículo 114 de la ley en comento." En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, el acto que en esta instancia constitucional se reclama no constituye la última resolución dictada en la etapa de remate; por lo que se concluye que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto deviene notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; y, en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por JUAN MANUEL ESCOBEDO SALAZAR. En otro aspecto, se tiene como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos en términos del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, a la licenciada Francelia Eslendy Guerrero Reyes, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Miguel Alemán número 406, colonia Sierra de Álica, en esta ciudad de Zacatecas, Zacatecas. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis."

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