Juan Manuel Espinosa Guardado
Expediente 702/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 27 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 01/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Manuel Espinosa Guardado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a uno de octubre de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA lo siguiente: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. b) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió para las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de Robo de Vehículos en Zacatecas y Comandante de Transito del seis al veinte de septiembre de dos mil dieciocho, al Agente del Ministerio Público de Villa de Cos, Zacatecas del doce al veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho y al Responsable del Módulo de Verificación Vehicular de Villa de Cos, Zacatecas del trece al veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de septiembre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 702/2018. c) Dicho término transcurrió para las demás partes del siete al veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, sin que tampoco hayan interpuesto recurso de revisión contra la indicada sentencia. d) Que dentro de dicho juicio sí se tramitó incidente de suspensión. e) No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó el juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo general, remítase el presente expediente previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del mencionado acuerdo se determina que el original del incidente de suspensión; relativo al expediente principal en que se actúa es susceptible de destrucción, en razón de que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por su parte, el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del citado Acuerdo General, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que en su oportunidad se lleve a cabo su destrucción. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en virtud de que obra agregado documento exhibido por el quejoso; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ponen a disposición del quejoso dicho documento por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que lo recoja, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Marín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. SDelgado
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JUAN MANUEL ESPINOSA GUARDADO, LA DETERMINACIÓN DE UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, a uno de octubre de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA lo siguiente: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. b) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió para las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de Robo de Vehículos en Zacatecas y Comandante de Transito del seis al veinte de septiembre de dos mil dieciocho, al Agente del Ministerio Público de Villa de Cos, Zacatecas del doce al veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho y al Responsable del Módulo de Verificación Vehicular de Villa de Cos, Zacatecas del trece al veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de septiembre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 702/2018. c) Dicho término transcurrió para las demás partes del siete al veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, sin que tampoco hayan interpuesto recurso de revisión contra la indicada sentencia. d) Que dentro de dicho juicio sí se tramitó incidente de suspensión. e) No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó el juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo general, remítase el presente expediente previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del mencionado acuerdo se determina que el original del incidente de suspensión; relativo al expediente principal en que se actúa es susceptible de destrucción, en razón de que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por su parte, el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del citado Acuerdo General, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que en su oportunidad se lleve a cabo su destrucción. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en virtud de que obra agregado documento exhibido por el quejoso; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ponen a disposición del quejoso dicho documento por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que lo recoja, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ..."
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 702/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendidos los informes justificados de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede esta ciudad, Comandante Gustavo Pichardo Arellano, Delegado en el Municipio de Villa de Cos, Zacatecas de la Dirección de Policía de Seguridad Vial del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y Agente del Ministerio Público de Villa de Cos, Zacatecas (fojas 19, 33-34 y 91, respectivamente) En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por el quejoso (fojas 11-12), con las remitidas por el Comandante Gustavo Pichardo Arellano, Delegado en el Municipio de Villa de Cos, Zacatecas de la Dirección de Policía de Seguridad Vial del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad (fojas 35-40), con las documentales allegadas por el agente del Ministerio Público de Villa de Cos, Zacatecas (fojas 92-136), así como con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, que hizo valer el mencionado en primer término en su informe justificado. A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario relaciona los formulados por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado mediante los pedimentos registrados con los folios 8289 y 8297 (fojas 51 al 53); a lo que el juez acuerda: ténganse formulados los alegatos referidos y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 702/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Juan Manuel Espinosa Guardado, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra de las autoridades y por el acto que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. El titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, admitió la demanda por auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, y ordenó su registro con el número 702/2018 (foja 13 a 16 del juicio de amparo). TERCERO. Previo al cumplimiento de diversas prevenciones, el quejoso amplió su demanda de amparo respecto de las siguientes autoridades y acto: Del Comandante Gustavo Pichardo Arellano, Delegado en el Municipio de Villa de Cos, Zacatecas de la Dirección de Policía de Seguridad Vial del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y del Agente del Ministerio Público de Villa de Cos, Zacatecas: Acto reclamado: -La detención ilegal de un vehículo marca Chevrolet, modelo 1999, tipo pick up, color blanco, placas de circulación 0GEZA-31-850, de procedencia extranjera con número de serie 1GCEC14W3XZ178864, que refirió es de su propiedad. Ampliaciones acordadas de conformidad mediante proveídos de veintitrés de marzo y veintisiete de junio, ambos de la presente anualidad (fojas 26-27 y 82 del juicio de amparo), en las que se admitieron a trámite por las autoridades descritas. Seguido el trámite del juicio, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional inició al tenor de la presente acta; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que el quejoso reclama: Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede esta ciudad, del Comandante Gustavo Pichardo Arellano, Delegado en el Municipio de Villa de Cos, Zacatecas de la Dirección de Policía de Seguridad Vial del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y del Agente del Ministerio Público de Villa de Cos, Zacatecas: La desposesión y retención de un vehículo marca Chevrolet, modelo 1999, tipo pick up, color blanco, placas de circulación 0GEZA-31-850, de procedencia extranjera con número de serie 1GCEC14W3XZ178864, que refirió es de su propiedad. Actos que, a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Oportunidad en la presentación de la demanda. El ejercicio de la acción de amparo resulta oportuno, en tanto la demanda se presentó dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es así, puesto que el quejoso manifestó en su demanda -bajo protesta de decir verdad- que el catorce de febrero de dos mil dieciocho, fue despojado de su vehículo de motor, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 de la ley de la materia, el término para su presentación inició el dieciséis de febrero del año en curso y concluyó el ocho de marzo de la presente anualidad, con descuento de los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de febrero, así como tres y cuatro de marzo del año en cita; por haber sido inhábiles y si la demanda la presentaron el diecinueve de febrero de los actuales, es inconcuso que se encuentra presentada en tiempo. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede esta ciudad (foja 19 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado consistente la orden de detención de un vehículo marca Chevrolet, modelo 1999, tipo pick up, color blanco, placas de circulación 0GEZA-31-850, de procedencia extranjera con número de serie 1GCEC14W3XZ178864, que refiere el quejoso es de su propiedad. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a la citada responsable, y sin prueba en contrario eficiente e idónea aportada por el impetrante del amparo que desvirtúe dicha negativa; consecuentemente, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que hace a esa autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley que rige el juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2°.J/20, que es del siguiente tenor literal: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". QUINTO. Existencia de los actos reclamados. El Comandante Gustavo Pichardo Arellano, Delegado en el Municipio de Villa de Cos, Zacatecas de la Dirección de Policía de Seguridad Vial del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y el Agente del Ministerio Público de Villa de Cos, Zacatecas, al rendir sus informes con justificación aceptaron la existencia del acto reclamado (fojas 33-34 y 91, respectivamente). Certeza que se acredita con las copias certificadas que obran a fojas 35 a 40 y 96 a 136 del juicio de amparo; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Por su parte, el responsable del Módulo de Verificación Vehicular con residencia en Villa de Cos, Zacatecas, no rindió informe justificado no obstante estar debidamente notificado para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja treinta y dos de autos; por tal motivo, con apoyo en el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que se le reclama. SEXTO. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, este juzgado de Distrito estima que en la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la ley en cita, cuyo texto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". En principio, debe tenerse en cuenta que de acuerdo al artículo 6 de la ley de la materia, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, facultando a su titular para acudir al órgano jurisdiccional demandando el cese de esa transgresión y, tal derecho constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, interés que desde luego debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 321, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 216, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Conforme a lo expuesto, el interés jurídico que asiste al quejoso en un juicio de amparo, requiere por una parte, de la existencia de un derecho legítimamente tutelado, y por la otra, el perjuicio que el acto reclamado le ocasione. De ahí que, cuando un acto autoritario no afecte los intereses jurídicos, el amparo que en su contra se promueva será improcedente, según lo previene la fracción XII que se analiza. En el caso, el peticionario del amparo reclama la desposesión y retención de un vehículo marca Chevrolet, modelo 1999, tipo pick up, color blanco, placas de circulación 0GEZA-31-850, de procedencia extranjera con número de serie 1GCEC14W3XZ178864, asegurado el quince de febrero de dos mil dieciocho, con motivo de la comparecencia voluntaria del impetrante al módulo para registrar o censar el vehículo en relación con el programa "Auto Seguro". En efecto, el impetrante del amparo, a fin de demostrar la titularidad del derecho que adujo infringido por el aseguramiento del vehículo de su propiedad, aportó a juicio: - Original de un documento titulado VEHICLE TITLES AND REGISTRATION DIVISION, número 40817902, en cuyo reverso aparecen dos endosos a favor de diversas personas que ninguna corresponde al nombre del impetrante de amparo (folio 12). En ese orden de ideas, respecto al documento señalado, se le niega valor probatorio, por carecer de traducción, en términos del artículo 132 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde al diverso 2o., de la Ley de Amparo. Es así, toda vez que quien exhibe un documento redactado en idioma extranjero, debe acompañar la correspondiente traducción, no sólo porque así lo prescribe el artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles en relación con el diverso 132, sino además, porque ello permitirá que la contraparte del oferente de la prueba no quede en estado de indefensión. Cobra aplicación al respecto las tesis que acto seguido se transcriben: "DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Los documentos redactados en idioma extranjero, y presentados como prueba en el juicio de amparo, no deben ser tomados en consideración cuando carezcan de la traducción que ordena el artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Civiles." "DOCUMENTAL EXHIBIDA EN IDIOMA EXTRANJERO. DEBE APORTARSE SU TRADUCCIÓN. La interpretación del artículo 132 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, conforme al artículo 2o. de la Ley de la Materia, permite sostener que es imprescindible que al exhibir un documento en idioma extranjero, se presente también su traducción al idioma oficial en nuestro país, que es el español, porque tal traducción requiere de conocimientos técnicos que la ley no exige al juzgador. De otra manera se impide a éste la adecuada apreciación de la documental." En esa medida, si el ahora impetrante desatendió la obligación referida, al limitarse a aportar al juicio un documento original en idioma extranjero, sin acompañarlo de su debida traducción, es jurídicamente correcta la determinación de negarle todo valor probatorio a dicho documento; por lo que en esa medida no resulta factible adminicularlo con otro medios de convicción, ya que en el presente asunto no adjuntó alguno otro con el que se pudiera concatenar. Máxime que, incluso traducido, para adquirir pleno valor demostrativo, debe analizarse también si se trata de un documento público o privado, pues de ello depende si resulta necesaria o no la legalización de la firma de quien lo autoriza o expide, en su caso; además, que en el documento presentado no aparece por ningún lado el nombre del quejoso. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en analizada, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso Juan Manuel Espinosa Guardado, contra los actos reclamados y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones anotadas en los diversos cuarto y sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas. Certifica: Que se encuentran fijadas las once horas con diez minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de Villa de Cos, Zacatecas. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos del presente asunto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las once horas con diez minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; así como que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de Villa de Cos, Zacatecas; por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DIEZ HORAS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Luisa, MC*
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