Juan Manuel Escobedo Salazar

Expediente 1636/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1636/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
18/09/2015

Partes del expediente

  • Juan Manuel Escobedo Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    En dieciocho de septiembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, ha transcurrido del nueve al quince del presente mes y año, con exclusión de dos días por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de uno de septiembre del año que transcurre, dentro del juicio de amparo 1636/2015. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación y cuenta que anteceden de las que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de uno de septiembre del año que transcurre, que desechó de plano la demanda de garantías promovida por JUAN MANUEL ESCOBEDO SALAZAR; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluído, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia

  2. Principal

    En uno de septiembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por JUAN MANUEL ESCOBEDO SALAZAR, registrada con el número 17277, a la que se acompaña cinco copias de la misma.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a uno de septiembre de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por JUAN MANUEL ESCOBEDO SALAZAR, contra actos del Juez Segundo del ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, los que considera violatorios en su perjuicio de las garantías individuales contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1636/2015 que por su orden le corresponde, y en atención a su contenido, este Juez de Distrito emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, en la demanda que motivó este expediente, la parte quejosa señaló como antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1.- En principio, ante el Juzgado Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, se tramitó el juicio mercantil ejecutivo número 1132/2011, promovido por Carlos Alberto Mendoza Huerta endosatario en propiedad de Noé Limón González contra Juan Manuel Escobedo Salazar, reclamando el pago de pesos. 2.- El diecisiete de febrero de dos mil doce, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, trabándose formal embargo sobre un bien inmueble. 3.- En veinte de septiembre de dos mil doce, se dictó sentencia definitiva en el referido juicio, ordenándose el trance y remate del bien embargado. 4.- Seguido el procedimiento en sus etapas legales, por resolución de veintiuno de abril de dos mil quince, se autorizó el remate y adjudicación de lo embargado. Actuación que constituye el primer acto reclamado en este juicio. 5.- Finalmente, en proveído de once de agosto de dos mil quince, se otorgó la firma de la escritura pública a favor de la parte actora, ordenándose el envío de los autos para su protocolización; actuación de la que se tuvo conocimiento el doce de agosto del año en curso. Determinación que constituye el segundo acto reclamado en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, el suscrito considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, en lo referente al primer acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de aprobación de remate y adjudicación de veintiuno de abril de dos mil quince, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV ambos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Luego, el contenido de dichos preceptos, reafirma que el presente enjuiciamiento resulta improcedente respecto del acto reclamado en primer término, que lo es la resolución de veintiuno de abril de dos mil quince, que autorizó el remate y adjudicación de los bienes embargados, a través de la diligencia de quince de abril de dos mil quince, dentro de los autos del juicio mercantil ejecutivo número 1132/2011, pues no se trata de una resolución que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, ni tampoco el auto que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Asimismo, tampoco se trata de aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sino que se trata de la resolución que autorizó la adjudicación directa; por tanto, el juicio de amparo indirecto que se intenta en contra del mismo resulta a todas luces improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIII, relativa al mes de abril de dos mil uno, visible en la página treinta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y también bajo el número de registro 190035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Como puede verse, la citada resolución reclamada por la parte quejosa, fue pronunciada dentro de la etapa de remate del juicio ejecutivo mercantil 1132/2011, promovido por Carlos Alberto Mendoza Huerta endosatario en propiedad de Noé Limón González contra Juan Manuel Escobedo Salazar, ante el Juzgado Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, por tanto, es de indicarse que tales actos deben reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en la etapa de ejecución de ese procedimiento, pues no se está en presencia de aquél proveído en el que la autoridad apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, máxime que en los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, lo que en el caso a estudio no ocurre, por lo que sólo es factible promover el amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencias Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. ÚNICAMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO LA ULTIMA DETERMINACIÓN DICTADA EN EL, AUN CUANDO SEA REGULADO POR UN PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL.- Si en el convenio que celebraron las partes y que se pretende ejecutar, éstas señalaron un procedimiento convencional, ello en nada puede variar las reglas fijadas por la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de garantías, pues independientemente de que el procedimiento convencional difiere en forma y términos al procedimiento de ejecución señalado en la ley aplicable, de cualquier manera culminará con una resolución que le pondrá fin y, en contra de ésta, se podrá interponer el amparo, previo el recurso ordinario que se promueva; por lo tanto, el hecho de que la ejecución del convenio se lleve a cabo conforme al procedimiento convencional, no excluye la aplicación de la regla establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues si esa pretensión fuera legalmente correcta, conduciría al extremo inadmisible de que por un simple acuerdo entre particulares el amparo indirecto sería procedente en contra de cualquier determinación que se dictara en el procedimiento pactado al efecto, lo cual resulta contrario al espíritu de la citada Ley Reglamentaria, que es de orden público." Asimismo, tiene aplicación al respecto, la Jurisprudencia III.5o.C. J/5, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 1454, libro 7, Tomo II, de Junio de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a continuación se transcribe: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución." Así como la Jurisprudencia PC.I.C. J/2 K, sustentada por el Pleno en materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de fecha de publicación viernes cinco de septiembre de dos mil catorce, con número de registro 2007355, que a la letra dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." En las condiciones apuntadas, y al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por JUAN MANUEL ESCOBEDO SALAZAR. Asimismo, el suscrito resolutor considera que en lo relativo al segundo de los actos reclamados consistente en el auto de once de agosto de dos mil quince, que autorizó el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ordenando enviar los autos al notario para su protocolización, también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Se exceptúa de lo anterior:" "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;" "b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;" "c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." "Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" (.) En este apartado, debemos precisar que el acto reclamado se hace consistir auto de once de agosto de dos mil quince, que autorizó el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ordenando enviar los autos al notario para su protocolización, dentro del juicio mercantil ejecutivo número 1132/2011. Atento a lo anterior, se obtiene que dada la naturaleza de la determinación reclamada, es inconcuso que el promovente se encontraba en aptitud de impugnarla a través del recurso ordinario que para tal efecto establece el artículo 1334 del Código de Comercio, como en la especie lo es el recurso de revocación, conforme a las reglas que para tal efecto señala el diverso numeral 1335 de ese propio ordenamiento legal. El mencionado artículo 1334, del Código de Comercio, dispone lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Se afirma lo anterior, en razón de que la resolución reclamada en esta instancia constitucional puede ser modificada, revocada o nulificada, por lo que al no haber hecho valer el recurso respectivo previamente a la interposición del juicio constitucional, deviene improcedente su demanda de garantías, en virtud de que no se agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose en el caso a estudio, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo vigente. En efecto, cuando la ley establece un recurso, como en la especie acontece, implícitamente reconoce que con su interposición podrá revisarse el acto que se impugna, por constituir un medio legal a través del cual se combaten las resoluciones judiciales que las partes en un juicio estiman les causan agravios, con independencia de la denominación que tenga el recurso de que se trate. Además, generalmente, salvo disposición expresa de la propia ley, el referido medio legal de defensa lleva implícita la posibilidad de que la determinación judicial impugnada quede sin efecto, pues de otra manera no podría justificarse la existencia del mismo; de tal suerte que, con la resolución que se dicte en el recurso de revocación se podrá revocar total o parcialmente el acto impugnado. En consecuencia, cuando la ley consigna que en contra de un determinado acto judicial existe un medio de defensa legal mediante el cual pueda obtenerse alguno de los resultados antes indicados, ello será suficiente para que la parte que se considera agraviada tenga la obligación de agotar el recurso previsto en la ley ordinaria, como en el caso lo es el recurso de revocación, antes de acudir a esta instancia constitucional, en atención al invocado principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, mismo que establece la procedencia de este medio extraordinario de defensa únicamente respecto de actos definitivos; es decir, contra aquellos que no admitan recurso ordinario alguno por el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En la especie, auto de once de agosto de dos mil quince, que autorizó el otorgamiento de la escritura de adjudicación, no es susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación, habida cuenta que el artículo 1340 del Código de Comercio, en lo conducente establece que el recurso de apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto sea inferior a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.), luego, si la suerte principal del juicio de origen asciende a la cantidad de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), según se desprende de los antecedentes relatados en la demanda de amparo, por lo que, se concluye que resulta improcedente el recurso de apelación previsto en la legislación mercantil, contra la resolución que autorizó el otorgamiento de la escritura de adjudicación. Por lo tanto, la resolución que autorizó el otorgamiento de la escritura de adjudicación, es impugnable a través del recurso de revocación en términos del artículo 1334 del Código de Comercio, que en lo conducente dispone que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó. Sin que por otra parte, se actualice el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o; o en su caso, algunos de los que se encuentran prohibidos por el numeral 22 Constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual forma, tampoco se actualiza la hipótesis prevista por el inciso b), del numeral citado, pues el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Asimismo, de ningún modo se está en presencia de persona extraña al procedimiento, en términos de lo previsto por el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo en estudio. En consecuencia, al no haber hecho uso en su oportunidad el peticionario de garantías del recurso ordinario que se encuentra contemplado en el artículo 1334 del Código de Comercio, no observó el principio de definitividad que impera en materia de amparo y por tanto, la demanda que se plantea resulta improcedente, toda vez que antes de acudir ante esta instancia constitucional debió haber agotado el medio de defensa legal a que se ha hecho mérito; empero, al no hacerlo dejó de acatar el contenido de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, lo que procede es DESECHAR la demanda de garantías promovida por JUAN MANUEL ESCOBEDO SALAZAR. Es aplicable a este proceder, la Tesis de Jurisprudencia número I.6°.C. J/37, localizable en la página número 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, del contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a./J. 59/2010, consultable en la página 157, tomo XXXII, Septiembre de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Finalmente, se tiene como autorizada de la parte quejosa a la licenciada Francelia Eslendy Guerrero Reyes, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo vigente, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado, y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Miguel Alemán número 406, de la colonia Sierra de Álica de esta ciudad. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Secretario que autoriza licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En uno de septiembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por JUAN MANUEL ESCOBEDO SALAZAR, registrada con el número 17277, a la que se acompaña cinco copias de la misma.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a uno de septiembre de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por JUAN MANUEL ESCOBEDO SALAZAR, contra actos del Juez Segundo del ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, los que considera violatorios en su perjuicio de las garantías individuales contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1636/2015 que por su orden le corresponde, y en atención a su contenido, este Juez de Distrito emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, en la demanda que motivó este expediente, la parte quejosa señaló como antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1.- En principio, ante el Juzgado Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, se tramitó el juicio mercantil ejecutivo número 1132/2011, promovido por Carlos Alberto Mendoza Huerta endosatario en propiedad de Noé Limón González contra Juan Manuel Escobedo Salazar, reclamando el pago de pesos. 2.- El diecisiete de febrero de dos mil doce, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, trabándose formal embargo sobre un bien inmueble. 3.- En veinte de septiembre de dos mil doce, se dictó sentencia definitiva en el referido juicio, ordenándose el trance y remate del bien embargado. 4.- Seguido el procedimiento en sus etapas legales, por resolución de veintiuno de abril de dos mil quince, se autorizó el remate y adjudicación de lo embargado. Actuación que constituye el primer acto reclamado en este juicio. 5.- Finalmente, en proveído de once de agosto de dos mil quince, se otorgó la firma de la escritura pública a favor de la parte actora, ordenándose el envío de los autos para su protocolización; actuación de la que se tuvo conocimiento el doce de agosto del año en curso. Determinación que constituye el segundo acto reclamado en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, el suscrito considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, en lo referente al primer acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de aprobación de remate y adjudicación de veintiuno de abril de dos mil quince, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV ambos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Luego, el contenido de dichos preceptos, reafirma que el presente enjuiciamiento resulta improcedente respecto del acto reclamado en primer término, que lo es la resolución de veintiuno de abril de dos mil quince, que autorizó el remate y adjudicación de los bienes embargados, a través de la diligencia de quince de abril de dos mil quince, dentro de los autos del juicio mercantil ejecutivo número 1132/2011, pues no se trata de una resolución que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, ni tampoco el auto que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Asimismo, tampoco se trata de aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sino que se trata de la resolución que autorizó la adjudicación directa; por tanto, el juicio de amparo indirecto que se intenta en contra del mismo resulta a todas luces improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIII, relativa al mes de abril de dos mil uno, visible en la página treinta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y también bajo el número de registro 190035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Como puede verse, la citada resolución reclamada por la parte quejosa, fue pronunciada dentro de la etapa de remate del juicio ejecutivo mercantil 1132/2011, promovido por Carlos Alberto Mendoza Huerta endosatario en propiedad de Noé Limón González contra Juan Manuel Escobedo Salazar, ante el Juzgado Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, por tanto, es de indicarse que tales actos deben reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en la etapa de ejecución de ese procedimiento, pues no se está en presencia de aquél proveído en el que la autoridad apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, máxime que en los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, lo que en el caso a estudio no ocurre, por lo que sólo es factible promover el amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencias Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. ÚNICAMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO LA ULTIMA DETERMINACIÓN DICTADA EN EL, AUN CUANDO SEA REGULADO POR UN PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL.- Si en el convenio que celebraron las partes y que se pretende ejecutar, éstas señalaron un procedimiento convencional, ello en nada puede variar las reglas fijadas por la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de garantías, pues independientemente de que el procedimiento convencional difiere en forma y términos al procedimiento de ejecución señalado en la ley aplicable, de cualquier manera culminará con una resolución que le pondrá fin y, en contra de ésta, se podrá interponer el amparo, previo el recurso ordinario que se promueva; por lo tanto, el hecho de que la ejecución del convenio se lleve a cabo conforme al procedimiento convencional, no excluye la aplicación de la regla establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues si esa pretensión fuera legalmente correcta, conduciría al extremo inadmisible de que por un simple acuerdo entre particulares el amparo indirecto sería procedente en contra de cualquier determinación que se dictara en el procedimiento pactado al efecto, lo cual resulta contrario al espíritu de la citada Ley Reglamentaria, que es de orden público." Asimismo, tiene aplicación al respecto, la Jurisprudencia III.5o.C. J/5, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 1454, libro 7, Tomo II, de Junio de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a continuación se transcribe: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución." Así como la Jurisprudencia PC.I.C. J/2 K, sustentada por el Pleno en materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de fecha de publicación viernes cinco de septiembre de dos mil catorce, con número de registro 2007355, que a la letra dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." En las condiciones apuntadas, y al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por JUAN MANUEL ESCOBEDO SALAZAR. Asimismo, el suscrito resolutor considera que en lo relativo al segundo de los actos reclamados consistente en el auto de once de agosto de dos mil quince, que autorizó el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ordenando enviar los autos al notario para su protocolización, también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Se exceptúa de lo anterior:" "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;" "b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;" "c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." "Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" (.) En este apartado, debemos precisar que el acto reclamado se hace consistir auto de once de agosto de dos mil quince, que autorizó el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ordenando enviar los autos al notario para su protocolización, dentro del juicio mercantil ejecutivo número 1132/2011. Atento a lo anterior, se obtiene que dada la naturaleza de la determinación reclamada, es inconcuso que el promovente se encontraba en aptitud de impugnarla a través del recurso ordinario que para tal efecto establece el artículo 1334 del Código de Comercio, como en la especie lo es el recurso de revocación, conforme a las reglas que para tal efecto señala el diverso numeral 1335 de ese propio ordenamiento legal. El mencionado artículo 1334, del Código de Comercio, dispone lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Se afirma lo anterior, en razón de que la resolución reclamada en esta instancia constitucional puede ser modificada, revocada o nulificada, por lo que al no haber hecho valer el recurso respectivo previamente a la interposición del juicio constitucional, deviene improcedente su demanda de garantías, en virtud de que no se agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose en el caso a estudio, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo vigente. En efecto, cuando la ley establece un recurso, como en la especie acontece, implícitamente reconoce que con su interposición podrá revisarse el acto que se impugna, por constituir un medio legal a través del cual se combaten las resoluciones judiciales que las partes en un juicio estiman les causan agravios, con independencia de la denominación que tenga el recurso de que se trate. Además, generalmente, salvo disposición expresa de la propia ley, el referido medio legal de defensa lleva implícita la posibilidad de que la determinación judicial impugnada quede sin efecto, pues de otra manera no podría justificarse la existencia del mismo; de tal suerte que, con la resolución que se dicte en el recurso de revocación se podrá revocar total o parcialmente el acto impugnado. En consecuencia, cuando la ley consigna que en contra de un determinado acto judicial existe un medio de defensa legal mediante el cual pueda obtenerse alguno de los resultados antes indicados, ello será suficiente para que la parte que se considera agraviada tenga la obligación de agotar el recurso previsto en la ley ordinaria, como en el caso lo es el recurso de revocación, antes de acudir a esta instancia constitucional, en atención al invocado principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, mismo que establece la procedencia de este medio extraordinario de defensa únicamente respecto de actos definitivos; es decir, contra aquellos que no admitan recurso ordinario alguno por el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En la especie, auto de once de agosto de dos mil quince, que autorizó el otorgamiento de la escritura de adjudicación, no es susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación, habida cuenta que el artículo 1340 del Código de Comercio, en lo conducente establece que el recurso de apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto sea inferior a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.), luego, si la suerte principal del juicio de origen asciende a la cantidad de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), según se desprende de los antecedentes relatados en la demanda de amparo, por lo que, se concluye que resulta improcedente el recurso de apelación previsto en la legislación mercantil, contra la resolución que autorizó el otorgamiento de la escritura de adjudicación. Por lo tanto, la resolución que autorizó el otorgamiento de la escritura de adjudicación, es impugnable a través del recurso de revocación en términos del artículo 1334 del Código de Comercio, que en lo conducente dispone que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó. Sin que por otra parte, se actualice el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o; o en su caso, algunos de los que se encuentran prohibidos por el numeral 22 Constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual forma, tampoco se actualiza la hipótesis prevista por el inciso b), del numeral citado, pues el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Asimismo, de ningún modo se está en presencia de persona extraña al procedimiento, en términos de lo previsto por el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo en estudio. En consecuencia, al no haber hecho uso en su oportunidad el peticionario de garantías del recurso ordinario que se encuentra contemplado en el artículo 1334 del Código de Comercio, no observó el principio de definitividad que impera en materia de amparo y por tanto, la demanda que se plantea resulta improcedente, toda vez que antes de acudir ante esta instancia constitucional debió haber agotado el medio de defensa legal a que se ha hecho mérito; empero, al no hacerlo dejó de acatar el contenido de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, lo que procede es DESECHAR la demanda de garantías promovida por JUAN MANUEL ESCOBEDO SALAZAR. Es aplicable a este proceder, la Tesis de Jurisprudencia número I.6°.C. J/37, localizable en la página número 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, del contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a./J. 59/2010, consultable en la página 157, tomo XXXII, Septiembre de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Finalmente, se tiene como autorizada de la parte quejosa a la licenciada Francelia Eslendy Guerrero Reyes, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo vigente, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado, y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Miguel Alemán número 406, de la colonia Sierra de Álica de esta ciudad. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Secretario que autoriza licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE."

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