Juan Manuel Bernal Ruiz

Expediente 81/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
81/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Manuel Bernal Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexos) de cuenta, a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento al requerimiento formulado el veintiséis de noviembre del año en curso, remite el original del expediente J.29/0277/2011; en consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito. Atento a lo anterior, del estado procesal del presente juicio, así como de las constancias remitidas por la Junta responsable, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. E." Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. ." En ese orden, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito advierte que contra el auto emitido el tres de julio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente ordinario laboral 277/2011, que tuvo por cumplido en su totalidad el laudo y ordenó el archivo como concluido, la parte quejosa debió agotar previamente, antes de acudir a esta instancia constitucional, el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, que refiere: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Luego, en término del artículo 850, fracción I, de la legislación invocada, la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente (integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto), conocerá del recurso de revisión, el cual tiene por finalidad que, de así estimarlo procedente la autoridad revisora, modifique el acto que la originó en los términos que procedan y aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes, en términos del artículo 852, último párrafo de la referida legislación. En tal virtud, debe agotarse el recurso de revisión previamente a acudir a la instancia constitucional, pues de no hacerlo se surte la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como ocurre en el presente caso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2J. 52/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1681, que establece lo siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. ." También es conveniente destacar, que en el caso concreto no opera alguna de las excepciones a que se refiere la precitada fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, puesto que el auto que reclama la parte quejosa, no implica para la accionante del amparo, algunas de las afectaciones por parte de la autoridad, enumeradas como casos de excepción a la regla de definitividad. Al respecto, cobra aplicación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, a página 902, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En consecuencia, procede sobreseer este juicio de amparo, conforme con lo establecido en el artículo 63, fracción V, adminiculado con el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de enero de dos mil veinte, se deja insubsistente en razón a la determinación anterior. Finalmente, respecto del anexo remitido por el Juez responsable, dado que es un expediente original, previa carátula de identificación manéjense por separado.

  2. Principal

    MESA IV.- SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, EL AUTO DE DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DICHO PROVEÍDO, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DEL PLAZO QUE PARA TAL EFECTO SEÑALA LA LEY DE AMPARO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexos) de cuenta, a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento al requerimiento formulado el veintiséis de noviembre del año en curso, remite el original del expediente J.29/0277/2011; en consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito. Atento a lo anterior, del estado procesal del presente juicio, así como de las constancias remitidas por la Junta responsable, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. E." Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. ." En ese orden, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito advierte que contra el auto emitido el tres de julio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente ordinario laboral 277/2011, que tuvo por cumplido en su totalidad el laudo y ordenó el archivo como concluido, la parte quejosa debió agotar previamente, antes de acudir a esta instancia constitucional, el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, que refiere: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Luego, en término del artículo 850, fracción I, de la legislación invocada, la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente (integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto), conocerá del recurso de revisión, el cual tiene por finalidad que, de así estimarlo procedente la autoridad revisora, modifique el acto que la originó en los términos que procedan y aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes, en términos del artículo 852, último párrafo de la referida legislación. En tal virtud, debe agotarse el recurso de revisión previamente a acudir a la instancia constitucional, pues de no hacerlo se surte la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como ocurre en el presente caso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2J. 52/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1681, que establece lo siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. ." También es conveniente destacar, que en el caso concreto no opera alguna de las excepciones a que se refiere la precitada fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, puesto que el auto que reclama la parte quejosa, no implica para la accionante del amparo, algunas de las afectaciones por parte de la autoridad, enumeradas como casos de excepción a la regla de definitividad. Al respecto, cobra aplicación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, a página 902, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En consecuencia, procede sobreseer este juicio de amparo, conforme con lo establecido en el artículo 63, fracción V, adminiculado con el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de enero de dos mil veinte, se deja insubsistente en razón a la determinación anterior. Finalmente, respecto del anexo remitido por el Juez responsable, dado que es un expediente original, previa carátula de identificación manéjense por separado.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos del presente juicio, del que se desprende que el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no ha remitido las copias certificadas de las constancias que tomó en consideración para la emisión del acto reclamado, toda vez que mediante proveído de cinco de diciembre del año en curso, informó a este órgano jurisdiccional que solicitó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, la devolución del expediente laboral para estar en posibilidad de dar cumplimiento al requerimiento realizado, sin que a la fecha se hayan recibido las mismas, las cuales resultan necesarias para la resolución del presente juicio. En consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional prevista para este día, por lo que se difiere y para su verificativo se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de enero de dos mil veinte.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informa que mediante oficio 9249/2019 solicitó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, la devolución del expediente laboral para estar en posibilidad de dar cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional, el veintiséis de noviembre del año en curso; de lo que este Juzgado de Distrito toma conocimiento.

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