Juan Manuel Jiménez Zarza

Expediente 1281/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1281/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Jiménez Zarza y Otros.
  • Juan Manuel Jiménez Zarza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de uno de marzo de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21 inciso a) de dicho Acuerdo. De igual forma, dado que en el presente asunto obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 21 del citado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca para recoger el mismo; apercibida que de no hacerlo así se procederá a su destrucción; en la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias y tomar las providencias atinentes para tal efecto, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Apoderado Legal de la Secretaría de Salud del Estado de México, refiere que la menor quejosa de iniciales E.J.D., fue citada para que acudiera a recibir la segunda dosis de la vacuna para la prevención de la COVID-19 llevada cabo el diecisiete de febrero del presente año, en el domicilio de Paseo Colon s/n Colonia Isidro Fabela 1ra. Sección, Avenida las Torres en la Explanada del "Hospital para el niño", Toluca de Lerdo, México, sin que la menor quejosa de iniciales E.J.D., acudiera a recibirla. Atento a lo anterior, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda, en virtud de que mediante auto de uno de marzo de este año, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente expediente.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual Juan Manuel Jiménez Zarza en su carácter de representante del menor quejoso de iniciales E.J.D., manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el menor fue vacunado con la segunda dosis del biológico PfizerBioNTech; sin embargo, no se soslaya que adjunte las constancias respectivas, como lo son la carta de consentimiento y constancias de aplicación del biológico, sin embargo al ser el representante legal del menor quejoso de iniciales E.J.D., se acuerda en los términos siguientes: Este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal y se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De ahí, que este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que Juan Manuel Jiménez Zarza, con carácter de representante de su menor hijo de iniciales E.J.D., reclamó la omisión por parte de las autoridades responsables en aplicar la vacuna BioNTech- Pfizer -en sus dos dosis- al menor. Ahora bien, de las constancias anexadas al oficio de veintiocho de enero del presente año, remitidas por el Apoderado Legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud de que la autoridad responsable el dieciocho de enero del presente año aplicó la primera dosis de la vacuna lo cual acreditó con las constancias respectivas, mismas que fueron remitidas ante esta autoridad y el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARScoV-2 para la prevención de la COVID-19 del Biológico Pfizer BioNTech, al menor quejoso de iniciales E.J.D., misma que se hace constatar mediante escrito bajo protesta de decir verdad, remitido por el representante del menor de iniciales E.J.D., por lo que se evidencia que fue completado el esquema de vacunación en favor de éste. Por tanto, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós, se deja insubsistente. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante auto de diez de febrero del año en curso, entre otras cosas, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda y señalar como autoridades responsables a la Dirección General de Promoción de Salud y a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; sin embargo, dado lo acordado en líneas precedentes, se deja sin efectos la referida vista.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa mediante auto de diez de febrero actual, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda y señalar como autoridades responsables a la Dirección General de Promoción de Salud y a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Ello es así dado que de las constancias que obran agregadas al presente expediente, se aprecia que la referida determinación le fue notificada personalmente el once de febrero del año en curso, por lo que el citado plazo fenece el siete de marzo siguiente. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior e integrar debidamente el presente juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para esta data se difiere, y para su verificativo se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós. Por otro lado, se aprecia que mediante auto de diez de febrero pasado, se tuvo por recibido el oficio sin número, remitido por el Apoderado Legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, mediante el cual, éste informo que los días dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se aplicaría la segunda dosis de la vacuna Pfizer BioNTech al menor de identidad reservada con iniciales E.J.D. En ese sentido, entre otras cosas, se requirió al Director General del Instituto de Salud del Estado de México, para que en un término de veinticuatro horas legalmente computado después de haber vacunado al directo quejoso, remitiera a este órgano jurisdiccional constancia que acreditara el cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente juicio constitucional, es decir, la aplicación de la primer y segunda dosis de la vacuna en comentario; sin embargo, al día de la fecha no se ha recibido respuesta al respecto. Por tanto, mediante oficio, requiérase a la referida autoridad para que en el plazo de veinticuatro horas, dé cumplimiento a lo descrito en el párrafo precedente, en el entendido que de no hacerlo o no informar el impedimento que tenga para ello, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de diciembre del año próximo pasado, es decir, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

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