Juan López Talavera
Expediente 1064/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/10/2023
Partes del expediente
- Juan López Talavera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, la Presidenta en funciones, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario, remite copia certificada del proveído de diez de octubre del año en curso, emitido en el juicio laboral burocrático ********************de su índice, correspondiente a la promoción presentada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés y ordenó la notificación personal de las partes. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante informando las gestiones que se encuentra realizando con la finalidad de cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, no obstante en virtud de que los efectos de la ejecutoria de amparo lo fueron para que se pronunciara respecto a la promoción presentada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, y se pronunciara en el ámbito de su competencia con relación a su solicitud de requerimiento de pago y embargo relativo al expediente ********************, de su estadística, y le notifique la misma al solicitante, ahora quejoso; por lo tanto, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, informe el cumplimiento total a la sentencia emitida en este juicio biinstancial; asimismo, se hace énfasis a la autoridad oficiante que sigue subsistente el apercibimiento al que fue conminada en fecha once de septiembre del año en curso.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes del presente juicio de amparo no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esa virtud, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten; apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 192 y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1064/2023-I, promovido por ********************, contra actos del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Toluca, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el diez de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORA V EJECUTORA: LO ES EL PRESIDENTE DEL H TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON DOMICILIO EN CALLE RAFAEL M. HIDALGO NÚMERO 301 ESQUINA LÓPEZ RAYÓN SUR, COLONIA CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO" "ACTO RECLAMADO.- LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE ACORDAR LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE FECHA 17 DE ABRIL AÑO 2023, EN EL JUICIO LABORAL NÚMERO 1110/2004". Acto reclamado que el quejoso señaló violaba los derechos fundamentales protegidos por los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite. Por acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede, misma que forma parte de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, porque se reclama un acto omisivo y la demanda se presentó dentro del ámbito jurisdiccional de este órgano federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de acordar el escrito de solicitud de requerimiento de pago presentado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 1110/2004, del índice de la responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Consecuentemente, debe tenerse por cierto el acto que se reclama a dicha autoridad; siendo aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, visible a página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se constata del contenido de la constancia que remitió la responsable, como complemento a su informe justificado, relativa a copia certificada del escrito de solicitud de requerimiento de pago presentado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, por la parte quejosa en el expediente laboral 1110/2004; a la cual, por tratarse de documental pública y ser emitida por servidor público en uso de sus facultades, se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al estudio del fondo del asunto, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen o no cualquiera de las partes. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, toda vez que las partes no las hicieron valer, y este juzgado no advierte de oficio alguna causa de improcedencia, se procede al estudio del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Se procede al estudio de los conceptos de violación que hace valer el impetrante del amparo, mismos que se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones; lo que se efectúa con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Página: 830, con número de registro 164618, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Sin embargo, con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada, se estima pertinente precisar que el promovente del amparo hace valer como conceptos de violación, en síntesis, el que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no administrarse la justicia en los plazos y términos que fijan las leyes al no dar contestación a la petición del quejoso de dictar auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral intentado por éste. SEXTO. Estudio de fondo. Resultan fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, aunque para ello deba suplirse en su deficiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo: En efecto, en la especie, se reclama la dilación procesal de la autoridad responsable al no respetar los términos establecidos para pronunciarse respecto de la promoción presentada por la parte quejosa el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, y en consecuencia de ello, la omisión de acordar el escrito de solicitud de requerimiento de pago presentado en el juicio laboral 1110/2004, del índice de la responsable. Bajo ese contexto, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Federal establece: "Artículo 17 (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del artículo antes transcrito se desprende el derecho de acceso a la impartición de justicia, la cual implica que todo justiciable tiene derecho a que las controversias que sean sometidas a la potestad judicial serán tramitadas por tribunales, que están obligados a impartir la justicia en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, los encargados de impartir justicia tienen la obligación de hacerlo de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, pues no basta que el justiciable acuda ante el órgano jurisdiccional a instar la solución de una controversia, sino que dicho acceso a la justicia debe ser eficaz, lo cual se traduce en obtención de una resolución dictada conforme a la ley aplicable al hecho y decida si al peticionario le asiste o no la razón. Ahora bien, es pertinente precisar a qué se refieren los principios que integran el derecho constitucional de acceso a la justicia, los cuales se traducen en lo siguiente: a) Justicia pronta: se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; b) Justicia completa: consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; c) Justicia imparcial: significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, d) Justicia gratuita: que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En síntesis, se satisface el derecho contenido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la solución de una controversia es emitida dentro de los plazos y términos que establecen las leyes aplicables, en la cual se resuelve si asiste o no la razón sobre los derechos solicitados, resolución que será apegada a derecho y sin que los órganos encargados de la impartición cobren a los justiciables por la prestación de ese servicio público. El derecho de referencia puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales. Es aplicable a lo anterior, la tesis 1, Novena Época, con registro digital 922523, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice (actualización 2002), tomo VI, común, P.R. SCJN, materia común, página 95, que indica: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZA ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En ese sentido, dado que del informe y la constancia remitida como complemento a su informe con justificación, se advierte que en diecisiete de abril de dos mil veintitrés, la parte quejosa presentó un escrito mediante el cual solicitó que se programara una fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo, y que se apercibiera a la parte demandada a fin de que para el caso de no hacer pago o se niegue a realizarlo, se le imponga un arresto de hasta treinta y seis horas inconmutables; sin embargo, la responsable refirió que atendiendo a la monumental carga de trabajo con que cuenta, no ha sido posible dar continuidad al juicio laboral en comento. Es menester precisar el artículo 17 Constitucional y los diversos 191 y 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establecen lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. [.] Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." "ARTÍCULO 191.- El proceso será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal y las Salas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso". ARTÍCULO 252.- En caso de incumplimiento del laudo o convenio en los términos o modalidades establecidas en el artículo 251 de esta ley, el Tribunal o Sala, a petición de la parte interesada, dictará auto de requerimiento de pago y embargo, estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizará las diligencias necesarias para su ejecución. No obstante lo anterior, de autos no se advierte que a la fecha, la autoridad responsable haya emitido pronunciamiento con relación a la promoción presentada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, y por ende, dictar auto de requerimiento de pago y embargo, estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento además de realizará las diligencias necesarias para su ejecución, en el expediente 1110/2004 de su índice. De ahí que este Juzgado de Distrito estime existe una abierta dilación al procedimiento natural de origen, al no haberse emitido pronunciamiento alguno tocante a la promoción presentada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, incumpliendo con ello los principios de impartición de justicia de manera pronta y expedita; por lo que es innegable que esa dilación provoca un retraso en el procedimiento laboral, lo que ocasiona un perjuicio irreparable en contra del ahora quejoso. Tiene aplicación al caso, por las razones que la informan, la tesis X.1o.99 L, Octava Época, con registro electrónico 217130, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, marzo de 1993, materia laboral, página 373, que indica: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, EXCEDIENDOSE DE TERMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE. El auto en que se admite la demanda laboral y se señala una fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediéndose del término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es un acto que tiene carácter de irreparable, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y deja al quejoso en estado de indefensión, de acuerdo al artículo 17 constitucional, y en consecuencia, el auto que desechó la demanda de garantías interpuesta en su contra, es ilegal y debe revocarse." En virtud de lo anterior, dado que la responsable, ha sido omisa en proveer lo conducente con relación a la promoción presentada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, de su índice, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión que se solicita, para el efecto de que el Tribunal responsable, inmediatamente, a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, adopte las medidas necesarias para pronunciarse, prontamente y sin mayor dilación, respecto a la promoción presentada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, y se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a su escrito de solicitud de requerimiento de pago y embargo relativo al expediente 1110/2004, de su estadística, y le notifique la misma al solicitante, ahora quejoso; lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 191 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipio. En el entendido de que el sentido de la respuesta o su fundamentación y motivación, no son materia del amparo, y tampoco de su cumplimiento; por lo que bastará con que la responsable de respuesta de manera congruente al ocurso antes señalado y notifique la misma al solicitante; debiendo remitir dicha respuesta y notificación a este juzgado para que la sentencia se tenga por cumplida. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de los datos siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL(ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SÉPTIMO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, los mismos resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, y en el presente el caso no se advierte oposición alguna al respecto. OCTAVO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y XI , de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." ... Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, respecto del acto y autoridad responsable precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, para los efectos precisados en el diverso Sexto de la misma. ...
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio con anexo de cuenta, mediante el cual, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, rinde su informe justificado. En consecuencia, con el contenido de éste, dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Respecto a la prueba que ofrece la autoridad responsable, consistente en: Copia certificada del escrito de solicitud de requerimiento de pago presentado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el expediente laboral 1110/2004. En ese sentido, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, del estado de autos se obtiene que el treinta y uno de julio del año en curso, se programaron las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, se difiere anticipadamente, y en su lugar se establecen las diez horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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