Juan Manuel Jaime Gómez

Expediente 1299/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1299/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Jaime Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo indicado en el párrafo que antecede; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA DETERMINACION DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1299/2021 A LA PARTE QUEJOSA, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE MESA VII. Toluca, Estado de México, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual desahoga la prevención formulada el quince de diciembre del año en curso. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento realizado a la parte quejosa en proveído de quince de diciembre de este año y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión de registrar el acta electrónica y/o certificada de formato con identificador electrónico, en la base nacional del registro civil. Respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y. ." La fracción transcrita permite concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material por haber dejado de existir el objeto o materia del medio de control constitucional; es decir, ningún efecto jurídico tendría otorgar el amparo, porque sería imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime transgredido, al dejar de existir la situación jurídica de la que procede que impida que los efectos del acto reclamado se concreten en su persona. Al respecto, en la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sostiene que la razón legal de la causa de improcedencia prevista anteriormente en la fracción XVI del artículo 73 la Ley de Amparo (ahora 61, fracción XXII de la norma en cita), estriba en que el efecto y finalidad del juicio de amparo es restituir al quejoso en el goce del derecho humano transgredido, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional alegada, ya que si la materia sobre la cual recae el acto reclamado deja de existir, no podrá restituirse al gobernado en el goce del derecho conculcado, por ende, la sentencia no podría cumplimentarse, haciendo ocioso el juicio de amparo. Las consideraciones expuestas encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época, página 189, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Asimismo, es aplicable en lo conducente la Tesis Aislada 2a. XLVIII/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, Tomo VII, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 1998, Novena Época, Materia Común, con el registro 196442, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En el caso concreto, se reclama la omisión de atender su petición verbal de siete de diciembre del año en curso en la cual solicitó el registro del acta electrónica y/o certificada de formato con identificador electrónico, en la base nacional del registro civil. Sin embargo, de acuerdo con el marco referencial invocado, este órgano de control constitucional considera que aun cuando formalmente subsiste el acto reclamado en este juicio, lo cierto es que no puede surtir efecto legal o material alguno, porque jurídicamente dejó de existir el objeto o materia de éste. Ello es así, porque de los antecedentes que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que a las diez horas del ocho de diciembre del año en curso, fue informado que su acta de nacimiento no podría ser registrada en el sistema, en virtud de que tiene un formato en al cual no se advierte el municipio, por lo cual, se evidencia que se dio contestación a su petición verbal de siete de los actuales. Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales prevén: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." En consecuencia, si bien el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones a derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados; sin embargo, también lo es que el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica, es decir, aunque el acto reclamado siga subsistiendo, resulta clara la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, pues aun cuando se otorgara la protección de la justicia federal, no sería factible incorporar el acta de nacimiento del quejoso en la base nacional del registro civil, pues contiene un error que lo imposibilita. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano, por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Jaime Gómez, de conformidad con el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por contra actos del Registro Civil número uno de Tenango del Valle Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1299/2021-VI. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, previo a la admisión de la demanda, el Juez de Distrito debe examinar la misma y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el 108, fracciones IV y V, se considera pertinente requerir al quejoso para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, con dos copias de su ocurso aclaratorio, y sabedor de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja procesal indebida realice lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, realice una narración sucinta, cronológica y pormenorizada de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo cual lleva implícita la obligación de precisar si formuló petición por escrito o de manera verbal, así como la fecha de ésta y la respuesta concreta que le recayó. Indique el acto concreto que atribuye a la autoridad responsable; es decir, si se trata de una omisión de dar respuesta a su solicitud o si fue la negativa de atender su petición. Lo anterior, con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan a este órgano jurisdiccional conocer con precisión lo reclamado, y estar en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia del juicio que se intenta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo". Asimismo, la Jurisprudencia P./J. 127/99, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, página 32, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Y la tesis del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada en tanto no se oponga alguna disposición vigente. Apercibido que, de no dar cumplimiento en los términos indicados en el plazo establecido, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio físico y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Juárez García y Moisés Contreras Rodríguez, por contar con el registro electrónico de su cédula profesional; y en términos del artículo 24 de la referida ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las restantes personas que cita, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgado de Distrito mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Respecto al correo electrónico únicamente se toma conocimiento, del cual se hará uso en caso de ser necesario, a fin de privilegiar los medios electrónicos y únicamente mientras persista la contingencia sanitaria. Con fundamento en los artículos 3o, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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