Juan José Gómez Velazco
Expediente 1118/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1118/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2023
Partes del expediente
- Juan José Gómez Velazco
Actuaciones
- Principal
Ensenada Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha no ha transcurrido el plazo de ocho días que señala el segundo párrafo, del artículo 117, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, agregado en auto de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se fija como nueva fecha para su celebración las diez horas con tres minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita que de no tener inconveniente, se informe el número de expediente único nacional del presente juicio de amparo. En atención a lo solicitado, hágase del conocimiento que el número de expediente único nacional del asunto en que se actúa corresponde a 28784357. Notifíquese.
- Principal
Patricia Aracely Alucano Barajas, Actuaria Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica a los PARTE QUEJOSA **********, publicada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, que dice: "Ensenada, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se procede a analizar si las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y Director General de dicho instituto, cumplieron con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por las responsables respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber: ? Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, ? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. El once de octubre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó, y por una diversa se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Rosa María Cruz Martínez, la cual fue recurrida por la Delegada de las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y Director General de dicho instituto. Dicho medio de impugnación fue radicado como amparo en revisión 22/2023, por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; quien por resolución de nueve de marzo de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia dictada en el presente juicio. En proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el testimonio de ejecutoria del referido órgano colegiado, y se requirió a las autoridades responsables, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, esto es, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y Director General de dicho instituto, para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en lo conducente fue concedido para los siguientes efectos: "[.] a) Dejen de aplicar a la quejosa los descuentos a la pensión, a que se refieren el último párrafo del artículo 16 y el numeral 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, por conceptos de "servicios médicos" (clave 53) y "reserva técnica" (clave 76); para lo cual deberán inmediatamente emitir las órdenes o instrucciones que procedan para que se materialice el cese de esos descuentos, y solo se tendrá por acatado este punto con el 'recibo de pensión' o constancia fehaciente de él en que se aprecie que ya no se reflejan en su percepción pensionaria tales deducciones. b) Devuelva a la quejosa la cantidad o cantidades que se hubieran descontado a su pensión con motivo de la aplicación de las normas legales antes señaladas, pero exclusivamente desde los realizados quince días hábiles anteriores a la presentación de la demanda, es decir, desde el trece de mayo de dos mil veintidós, hasta que se cumplimente la ejecutoria. c) Las cantidades a devolver, deberán ser debidamente actualizadas. [.]" En atención al citado requerimiento, en proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado por el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y Director General de dicho instituto, al cual anexó el diverso oficio de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, signado por el Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, donde hizo constar que a partir del pago a pensionados y jubilados correspondiente al mes de julio de dos mil veintidós, y en lo futuro, no se aplicará a la pensión de la quejosa Rosa María Cruz Martínez, la deducción y/o descuento a que refiere el último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; asimismo solicitó una prórroga para dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, misma que le fue concedida. En auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado por la Delegada de las autoridades responsable en cita, a través del cual informó que el Encargado de Despacho de la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del ISSSTECALI, envío a la Coordinación de Asesoría y Servicios Legales del ISSSTECALI, a través del diverso oficio SGPES/986/2023, el historial de pago de la quejosa, donde aparecen los montos descontados por los conceptos de reserva técnica y seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, con los códigos 76 y 53, a partir del mes de mayo de dos mil veintidós a la fecha, a efecto de que se devuelvan las cantidades que erogó por tales conceptos; así como que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro las normas reclamadas. Es así que, en auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se agregó el oficio signado por la Delegada de las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, al cual anexó copia certificada de los cheques 19536 y 94386, por las cantidades de $562.36 (quinientos sesenta y dos pesos 36/100 pesos moneda nacional), y $2,249.42 (dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 42/100 pesos moneda nacional), respectivamente, expedidos y recibidos por la quejosa Rosa María Cruz Martínez. Luego, mediante proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y Director General de dicho instituto a efecto de que enviaran copia certificada del recibo de pensión, o constancia fehaciente en la que se apreciara que ya no se reflejan en la percepción pensionaria de la aquí quejosa, las deducciones a que se refieren el último párrafo del artículo 16 y el 25, fracción I, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de diciembre de mil novecientos setenta (conceptos "76" y "53"). Por lo que, en proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, la Delegada de las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, envió copia certificada de la nómina de pago de pensión del mes de julio de dos mil veintitrés, de la quejosa Rosa María Cruz Martínez, donde se advierten las deducciones realizadas a la percepción pensionaria. Con lo anterior, se dio vista a las partes sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, si la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y Director General de dicho instituto, dejara de aplicar a la quejosa los descuentos a la pensión, a que se refieren el último párrafo del artículo 16 y el 25 fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta (conceptos "76" y "53"); además, devolviera a la quejosa la cantidad o cantidades que se hubieran descontado a su pensión con motivo de la aplicación de las normas legales antes señaladas, pero exclusivamente desde los realizados quince días hábiles anteriores a la presentación de la demanda, es decir, desde el trece de mayo de dos mil veintidós, hasta que se cumplimentara la ejecutoria; cantidades a devolver, que deberían ser debidamente actualizadas; lo cual, así sucedió. Pues en efecto, la autoridad responsable Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a través del oficio de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, informó que a partir del pago a pensionados y jubilados correspondiente al mes de julio de dos mil veintidós, y en lo futuro, no se aplicarán a la pensión de la quejosa Rosa María Cruz Martínez, la deducción y/o descuento a que refiere el último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; asimismo, expidió los cheques 19536 y 94386, por las cantidades de $562.36 (quinientos sesenta y dos pesos 36/100 pesos moneda nacional), y $2,249.42 (dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 42/100 pesos moneda nacional), respectivamente, los cuales fueron recibidos por la quejosa Rosa María Cruz Martínez, según constancia que obra en autos. Así también, de la nómina de pago de pensión del mes de julio de dos mil veintitrés a la quejosa Rosa María Cruz Martínez, enviada por la reponsable, se advierte que ya no se reflejan las deducciones a que se refieren el último párrafo del artículo 16 y el 25, fracción I, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de diciembre de mil novecientos setenta (conceptos "76" y "53"). Por tanto, resulta evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; de ahí que este órgano jurisdiccional no advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído
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