Juan Jorge Huerta Ortiz

Expediente 827/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
827/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Juan Jorge Huerta Ortiz
  • Rodrigo Gutierrez Mueller

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, al que anexa copia autorizada de la ejecutoria emitida en el conflicto de competencia 15/2023. De igual forma, se ordena agregar a los autos únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes, acusar recibo de su llegada vía interconexión y hacer del conocimiento de las partes que la superioridad declaró competente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, para conocer de la demanda de amparo promovida por Juan Jorge Huerta Ortiz; y, Rodrigo Gutiérrez Mueller. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que: El expediente principal por no haberse aceptado la competencia, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción X, del referido Acuerdo General.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Cúmplase.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente electrónicamente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, a través del cual informa que envío los autos del juicio de amparo 835/2023, de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, para que determine a qué Juzgado corresponde conocer de dicho asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, seis de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, al que anexa juicio de amparo 835/2023, de su índice, promovido por Juan Jorge Huerta Ortiz; y, Rodrigo Gutiérrez Mueller. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y registrar bajo el número de juicio de amparo 827/2023-I-E. NO SE ACEPTA COMPETENCIA Del oficio de cuenta se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, se declaró legalmente incompetente para tramitar y resolver la demanda de amparo promovida por Juan Jorge Huerta Ortiz; y, Rodrigo Gutiérrez Mueller, toda vez que expresó que el Juez competente es aquel que resida en el lugar en donde el quejoso pudiera resentir el perjuicio de la aplicación del decreto impugnado a la solicitud formulada, cuya omisión se reclama, y respecto de la cual, se solicita la intervención de la autoridad administrativa para que se atienda la citada solicitud y le sea, en su caso, expedida la concesión o asignación minera. Ahora, al interpretar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que los actos reclamados se hacen consistir en: 1.- El decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera; Ley de Aguas Nacionales; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y, Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos. Lo anterior con motivo de la omisión de dar respuesta a la solicitud de concesión o de asignación minera, presentada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, ante la Agencia de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, con residencia en esta ciudad, y que dice considera una afirmativa ficta, y por ende se constituye en el primer acto de aplicación. Sin embargo; una vez analizada la demanda de amparo; y las constancias que integran el expediente en que se actúa, permite determinar que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente incompetente para conocer y resolver sobre la demanda de amparo, por lo que no es el caso aceptar la competencia planteada, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho numeral norma tres hipótesis para determinar la competencia de los Jueces de Distrito: a) Con independencia del lugar dónde radique la autoridad responsable, es competente el Juez de Distrito, del lugar donde se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose de actos que hayan comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito, que haya conocido en prevención el asunto y, c) Cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. Así, de las dos primeras reglas competenciales se aprecia la exigencia de que los actos reclamados tengan ejecución material, a diferencia de la tercera que no lo requiere. Luego, a efecto de establecer la incompetencia por parte de este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, resulta indispensable analizar si el acto reclamado (la omisión de dar respuesta a la solicitud de concesión o asignación minera), tiene o no ejecución material. Cierto, de la clasificación de actos negativos se observa lo siguiente: 1) Actos negativos simples. Son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a conceder al gobernado su petición. 2) Actos prohibitivos. Se entiende como tales, aquellos que establecen una obligación de no hacer para los particulares o una limitación a su conducta. 3) Actos de abstención u omisión. También se consideran actos negativos y son aquellos, en los que la autoridad responsable no resuelve, es decir, adopta una conducta de omisión o abstención. 4) Los actos negativos con efectos positivos, son aquellos que aparentemente son negativos, pero con efectos positivos porque dichos efectos imponen obligaciones o privan de un derecho al particular. En el caso, como ya se dijo, de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa reclama el decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera; Ley de Aguas Nacionales; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y, Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos, con motivo de la omisión de dar respuesta a la solicitud de concesión o de asignación minera, presentada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, ante la Agencia de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa considera que al no darle respuesta a dicha solicitud, se configura una afirmativa ficta, es decir, al no haber respuesta, su solicitud seria en sentido negativo; y por ende, considera que se constituye así el primer acto de aplicación. Así, su primer acto de aplicación (refiere la parte quejosa), consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de concesión o asignación minera, presentada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, lo cual a consideración de esta juzgadora, carece de ejecución material, por ser actos meramente de omisión o abstención. De ahí que contrario a lo señalado por el homólogo federal, el acto reclamado no se trata de un acto negativo con efectos positivos, sino de un acto omisivo al rehusarse la autoridad a dar respuesta a la solicitud del justiciable, la cual como ya se indicó es solo un acto de abstención. Además, en el supuesto que para establecer la competencia del Juez de distrito que debe conocer del presente asunto, se considere la respuesta dada a la solicitud de concesión o asignación minera realizada por la parte quejosa, es decir, sí se aprueba de conformidad su petición tendrá como consecuencia otorgarle un permiso de concesión o asignación de un lote ubicado en Tecate, Baja California, por lo cual tendrá ejecución material en dicho lugar, por lo que a quien le correspondería conocer del mismo, seria al Juzgado de Distrito, en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Sin que obste lo anterior, que también haya reclamado el decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera; Ley de Aguas Nacionales; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y, Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos; sin embargo tratándose de amparos contra normas generales, no debe de estudiarse de manera desvinculada el estudio de la disposición impugnada, con el acto de aplicación, de ahí que si éste no tiene ejecución material, es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Como se ilustra en la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Por tanto, el juicio de amparo promovido en contra de la porción normativa reclamada por motivo de su primer acto de aplicación consistente en la omisión ahora reclamada, debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se presentó la demanda, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y es acorde con los principios de debido proceso, acceso efectivo a la justicia y seguridad jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.2o.T.30 L (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes cuatro de marzo de dos mil dieciséis, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE INCOMPETENCIA EMITIDA POR UNA JUNTA LABORAL. AL TRATARSE DE UN ACTO QUE NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA). La resolución de incompetencia emitida por una Junta laboral es un acto que por sí solo no requiere ejecución material inmediata o instantánea, pues como su propia denominación lo establece, sus efectos son meramente declarativos en vía de consecuencia; lo que se explica, porque de conllevar una ejecución, ésta acontecerá hasta en tanto tal declaratoria llegare a aceptarse por el órgano que se estimó competente para conocer del asunto, lo que no ocurre con la determinación inicial que la declina, si se considera que ese tipo de actos generan una consecuencia hasta su aceptación o rechazo por la autoridad jurisdiccional hacia la que se dirigen, lo cual da definitividad, incluso, al reclamo en sede constitucional; por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se presentó la demanda, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y es acorde con los principios de debido proceso, acceso efectivo a la justicia y seguridad jurídica." Además, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, de conformidad con el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de cumplir con las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente por razón de que el acto que se reclama no requiere ejecución material, y declina la competencia para conocer de la demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato; por ser dicho juzgador al que deberá remitirse el expediente, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 37, tercer párrafo, en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto, determine lo relativo a la competencia declinada y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.

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