Juan Jaime Alcaraz Lopez
Expediente 1150/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Juan Jaime Alcaraz Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, por propio derecho, en contra de los actos reclamados y las autoridades precisadas en el segundo considerando por los motivos y fundamentos ahí expuestos. Notifíquese.
- Principal
Ensenada Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha no ha transcurrido el plazo de ocho días que señala el segundo párrafo, del artículo 117, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, el cual fue agregado en autos mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se fija como nueva fecha para su celebración las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Delegada del Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por medio del cual solicita una prórroga de diez días, para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se concede a la autoridad responsable Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado en Baja California, con residencia en Mexicali, una prórroga de diez días; plazo que se considera suficiente para que realice las gestiones necesarias a efecto de que calcule nuevamente el monto del derecho de alumbrado publico correspondiente al periodo de treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós al treinta y uno de enero de dos mil veintitrés y sean devueltas las diferencias existentes a favor de la parte quejosa. En el entendido de que la prórroga antes referida comenzará a computarse una vez que sea recibido el oficio que derive del presente acuerdo. Resulta aplicable, la jurisprudencia1 I.3o.C. J/7 (10a.) pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." En el entendido de que si en dicho plazo no acredita el cabal cumplimiento al fallo protector, se le hará efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, es decir se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de la materia; cantidad que equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con valor al día de hoy de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), por cien; además, se enviará el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en Mexicali, Baja California, para seguir con el trámite de inejecución, en términos del numeral 193 de la Ley de Amparo, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Incidental
Ensenada, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la pieza postal devuelta por el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, relativa al oficio 24932/2023, donde se ordenó notificar a la autoridad responsable e Director General de Registro y Control Documental de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se le otorgó una prórroga de diez días, para efecto de rendir su informe con justificación respecto al escrito de ampliación de demanda presentado en el asunto en que se actúa, en virtud de que el área a la cual se envió no corresponde a la dirección proporcionada. En tal razón, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, reenvíese el oficio 24932/2023, mediante el diverso que se genere con motivo del presente proveído, al domicilio ubicado en calle José Antonio Torres, número 661, colonia Ampliación Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06890, Ciudad de México, el cual fue proporcionado por la parte quejosa, en su escrito de ampliación de demanda. Cúmplase.
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