Juan José Gutierrez Anguiano
Expediente 187/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 1 actuación registrada, la última del 16 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/04/2019
Partes del expediente
- Juan José Gutierrez Anguiano
Actuaciones
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de once de abril de dos mil diecinueve, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diez de abril de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve *** contra actos de Juez Segundo de lo familiar en Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 187/2019-I-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 ó 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el quejoso, el cual hizo consistir en - El auto de fecha cuatro de marzo del año dos mil diecinueve, el cual ordena me sea descontado el 20% del sueldo y demás prestaciones que percibo, dictado dentro del expediente 910/2018-D del Juzgado Segundo de lo Familiar del Parido Judicial de Ensenada. Así es, a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En la especie, en contra del proveído que nos atañe, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto por el artículos 670 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, precepto que establece ART. 670. Los autos que no fueren apelables y los Decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. Conforme al transcrito numeral, el recurso de revocación se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de autos que no admiten la apelación y decretos, que tiene como finalidad que el propio Juez que emitió el auto o decreto recurrido, revoque, modifique o anule su determinación, esto es, que varié el criterio inicialmente sostenido. Sin embargo, la procedencia de dicho recurso se encuentra condicionada a que la ley de la materia no señale expresamente como irrecurrible el proveído de que se trate. Por su parte, el artículo 674 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California específica las determinaciones que son susceptibles de ser impugnadas en apelación, en los siguientes términos ART. 674. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia I. Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la Ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; III. Los autos, cuando expresamente lo disponga este código y también lo fuera la sentencia definitiva, y IV. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo Juez o se levante por éste. En el caso concreto, la autoridad responsable determinó en su auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el descuento del veinte porciento del sueldo y demás prestaciones, para ser entregadas a María Eloísa Ramírez Pineda. Por lo que es evidente que el auto aquí impugnando no se encuentra dentro de las determinaciones que son susceptibles de ser apeladas, además de que no existe en el Código de Procedimientos Civiles de Baja California numeral que disponga expresamente que sea irrecurrible el mismo. En apoyo a lo anterior, por el espíritu que la rige se cita el siguiente criterio*** Luego, por exclusión, dicho proveído es impugnable a través del recurso de revocación establecido en la legislación adjetiva civil de la citada entidad, mismo que debió ser agotado por el quejoso en forma previa al ejercicio de la acción constitucional de amparo, habida cuenta que le asiste el carácter de parte procesal en el juicio natural, y como tal, se encuentra en aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa en contra de las actuaciones que afecten sus intereses. Por tanto en observancia al principio de definitividad, el quejoso tenía la obligación de agotar el recurso de revocación en contra de la actuación combatida en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció. En mérito de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia *** DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Sexta y Miramar, número 582, Altos 1, de la Zona Centro de esta ciudad. Asimismo, se tiene por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a José Luis León Medina y Kenia Martínez Gómez, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a Karla Mendoza Reyes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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