Juan Jesús de León Esquivel
Expediente 501/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan Jesús de León Esquivel
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de treinta de junio de dos mil quince (fojas 16 a 22), por el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Visto lo de cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por Juan Jesús de León Esquivel y Martín Marcos Roberto Méndez; atento a su contenido, téngaseles desahogando la prevención que se les hizo por proveído de veintitrés de junio del año en curso, pues bajo protesta de decir verdad, manifiestan la fecha en que tuvieron conocimiento del acto reclamado. En efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que, en su caso, se acompañen. Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, por los motivos y consideraciones que a continuación se precisan. es pertinente precisar que por esta vía se tilda de inconstitucional lo siguiente: El auto de once de junio de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 419/2009, mediante el cual la autoridad responsable denominada Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, negó hacer entrega de los cheques de caja, cantidad embargada dentro de los autos del mencionado juicio laboral. La determinación en comento, que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo invocada, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos; con ello, se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado que se aduce agraviado. Uno de los axiomas que rigen la procedencia del juicio de amparo, lo constituye el reglamentado por el artículo antes trascrito, que es el que se denomina de definitividad; esto es, el juicio de amparo no puede promoverse si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto establece, y que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que quiere decir, que el acto reclamado debe ser definitivo, en el sentido de que mediante el sistema ordinario ya no se pueda anular. En el asunto particular, la razón por la que se actualiza la causal de improcedencia en comento, radica en que en contra del acto reclamado procede como medio de impugnación el recurso de revisión contemplado en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el cual no agotaron los promoventes a pesar de que tenían la obligación de hacerlo, con anterioridad a solicitar la protección de la Justicia Federal, al ser parte incorporada a la relación jurídico procesal (parte actora). Dichas disposiciones normativas claramente establecen que contra los actos emitidos por el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, procede el recurso de revisión, el cual conocerá la Junta correspondiente, y una vez declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó. Por otra parte, cabe precisar que los impetrantes de amparo, no son personas extrañas al juicio natural, en virtud a que, según se desprende del escrito de demanda, se advierte que los quejosos Juan Jesús de León Esquivel y Martín Marcos Roberto Méndez, tiene el carácter de parte actora en el juicio laboral 419/2019, contra EMJAG Supervisiones, Sociedad Anónima de Capital Variable, del cual deriva en proveído que reclama; por tal motivo, son sabedores de la existencia de procedimiento; y por ende, no se encuentran en el caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo, el cual exceptúa de cumplir con el principio de definitividad a los terceros extraños al juicio. Por ello, los quejosos, al ser parte dentro del juicio laboral de origen, deben ajustarse a los preceptos legales que regulan dicho procedimiento, esto es, pueden y deben hacer uso de los medios ordinarios de impugnación que el ordenamiento legal consigna, pues en ocasiones puede afectársele su esfera jurídica con alguna determinación en el procedimiento, lo cual los legitima para interponer los medios de defensa procedentes. De ahí entonces que los quejosos, debieron interponer el recurso de revisión ante la Junta Local del conocimiento, dado que dicho medio de impugnación tiene por efecto confirmar, corregir o reponer los actos que la motiven; por lo que si no se agotó el citado recurso, es improcedente el juicio de amparo al no acatarse el principio de definitividad, con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Asimismo, cabe decir que aún en el supuesto, de que la ejecución del acto reclamado fuera de imposible reparación para efecto de la procedencia del amparo indirecto, ésta calidad en el acto, no constituye un caso de excepción al principio de definitividad, que impera en el juicio de amparo, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, y acorde a las reglas del amparo indirecto, estos lineamientos determinan que al tratarse de actos intraprocesales, antes de acudir al juicio de garantías deben combatirse mediante los recursos correspondientes, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación. Acorde a las directrices trazadas, en la parte quejosa recaía la obligación de agotar el principio de definitividad de que se ha venido hablando, antes de acudir a la presente vía constitucional, puesto que para la procedencia de los recursos o medios ordinarios de defensa, es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que, si bien es cierto que el principio apuntado admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación y el deber jurídico de agotarlos y sustanciarlos antes de acudir al juicio de amparo, por lo que no es a discreción del afectado cumplir o no con el mismo para la procedencia de dicha contienda, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple es terminante en que se agoten los medios de defensa legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías, con el propósito manifiesto de que no se soslaye el citado postulado; de ahí que, al haberse inobservado lo anterior por parte del quejoso, lo procedente es desechar la demanda de amparo que se analiza. Por las narradas condiciones, es que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Juan Jesús de León Esquivel y Martín Marcos Roberto Méndez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Juan Jesús de León Esquivel y Martín Marcos Roberto Méndez Llanas, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 501/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. Ahora bien, respecto a la solicitud de los promoventes en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia. Así, del estudio integral de la demanda que se provee, se advierte la falta de requisitos formales, los cuales son necesarios para el análisis de la viabilidad de la admisión de la demanda. Por lo tanto, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, precisen bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Por tal razón, es necesario que los promoventes de amparo den cumplimiento a lo antes descrito para iniciar el trámite de este juicio constitucional; asimismo, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo en vigor, deberán acompañar las copias necesarias del escrito con el que desahoguen dicha prevención, para correr traslado a las partes, lo que en el caso se traduce en un total de cuatro copias. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, en el plazo que se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente. Se tiene a la parte promovente designando como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, a José Antonio Espino García, atento que tiene registrada su cédula profesional, en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de publicación que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Por último, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes.
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