Juan Jaime García Cruz

Expediente 911/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
911/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
18/01/2016

Partes del expediente

  • Juan Jaime García Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil quince (fojas 19 a 23), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición el recurso de revisión a las autoridades señaladas como responsables en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del proveído de referencia. (. . .) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el pedimento de amparo identificado con el número 02/2016, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, toda vez que el veintiocho de diciembre de dos mil quince, se sobreseyó este juicio fuera de audiencia. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, expídasele copia simple del presente proveído y entréguese previa razón de recibo que se deje en el expediente.

  3. Principal

    Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Agente del Ministerio Público. Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Encargado de la Comandancia de la Policía Investigadora. Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Ahora bien, del contenido del informe rendido por la Agente del Ministerio Público, de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se advierte que el diecisiete de los actuales, a las diecisiete horas con veinte minutos, recibió parte informativo DSPM/1918/2015, por parte de la Dirección de Seguridad y Vialidad Municipal, por medio del cual se puso en calidad de detenido al aquí quejoso Juan Jaime Cruz García, por haberlo detenido en flagrancia del delito de daños culposos y lesiones, previstos y sancionados por los artículos 435, 337 y 338, primer supuesto, en relación con los artículos 40 y 44, del Código Penal vigente en el Estado, cometidos en agravio de Rosa María Celeste García Fernández, por lo que dicha autoridad de inmediato decretó acuerdo de retención; asimismo, el dieciocho siguiente, a las catorce horas con treinta minutos, el quejoso rindió su declaración ministerial en relación a los hechos, estando asistido en todo momento por parte de su abogado particular licenciado Juan Antonio González Jiménez, y a las dieciséis horas de ese día, acordó la libertad personal de Juan Jaime Cruz García, por no contarse con elementos tendentes a demostrar el cuerpo de los ilícitos en comento, ni su probable responsabilidad. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante telegrama que contenía la demanda de amparo recibido en este Juzgado de Distrito, el veintiuno de los actuales, Juan Jaime Cruz García solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables, y por los actos siguientes: Jefe de la Policía Ministerial. Sabinas, Coahuila de Zaragoza; Agentes de la Policía Ministerial. Sabinas, Coahuila de Zaragoza; Y, Agente del Ministerio Público. (Lic. Blanca Barrera). Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Por el acto reclamado siguiente: PRIVADO DE SU LIBERTAD. En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 911/2015; se ordenó notificar al quejoso por conducto del Actuario de la adscripción, el auto de veintiuno de los actuales, relativo a la suspensión de plano a las autoridades responsables del acto reclamado; asimismo, se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de dicha ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso, del contenido del informe rendido por la Agente del Ministerio Público, de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se advierte de manera indudable la actualización de una de éstas. En efecto, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, dado que del informe justificado rendido por la autoridad ordenadora Agente del Ministerio Público, de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se advierte que ordenó la inmediata libertad al aquí quejoso Juan Jaime García Cruz, y que su privación de la libertad fue por haber sido detenido en flagrancia delictiva, sin embargo dentro del plazo de ley no contó con elementos suficientes para demostrar el cuerpo de los delitos motivo de su detención, ni su responsabilidad para de ese modo llevar a cabo el ejercicio de la acción penal. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de amparo contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo; la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu proprio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus derechos fundamentales, como si se le hubiera concedido el amparo. Así, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso concreto, como ya se mencionó anteriormente, los actos reclamados se hicieron consistir en la privación ilegal de la libertad del quejoso directo. Ahora bien, del contenido del informe rendido por la Agente del Ministerio Público, de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se advierte que ordenó poner en inmediata libertad al aquí quejoso; lo que implica de manera indudable que cesaron los efectos de los actos reclamados, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    Visto la razón actuarial de veintiuno del propio mes y año, de la que se desprende que al constituirse el Actuario de la adscripción ante las autoridades responsables en busca del quejoso Juan Jaime García Cruz, no fue posible lograr su ubicación y localización, por lo asentado en dicha constancia. Asimismo, de la razón actuarial de cuenta se advierte en relación a los oficios 31002/ZG y 31003/ZG, que la denominación correcta de las autoridades responsables que el quejoso señaló en su demanda telegráfica como Jefe de la Policía Ministerial y Agentes de la Policía Ministerial, residentes en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, son las siguientes: Encargado de la Primer Comandancia de la Policía Investigadora del Estado y Agente de la Policía Investigadora del Estado, ambas con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza por lo que, las subsecuentes notificaciones líbrense con tales denominaciones.

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