Juan José Barrientos Rodríguez
Expediente 719/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan José Barrientos Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 121 a 129), a través del cual se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que el proveído que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de destrucción, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado.
- Principal
I. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 1 a 5), ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable Administración General de Aduanas de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad. Por el acto reclamado consistente en: II. Trámite del juicio de amparo indirecto. Mediante acuerdo de cinco de septiembre del año en curso (fojas 6 a 9), se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el quejoso ***, quedando registrada en el Libro de Gobierno con el número 719/2017; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención legal que le corresponde; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, mediante proveído de dos de los actuales (fojas 105 y 106), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, manifestara si era su deseo señalar como nuevo acto reclamado el oficio 800-16-00-02-00-2017-001654, de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, resolvió el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVM440170050, de dieciocho de junio de este año, término que trascurrió de la siguiente manera: Parte quejosa Auto a notificar Fecha de notificación Término de quince días Juan José Barrientos Rodríguez 2 de octubre de 2017 (fojas 105 y 106) 3 de octubre de 2017 (foja 107) Del 5 al 27 de octubre de 2017 Días inhábiles: 7, 8, 12, 13, 14, 15, 21 y 22 de octubre de 2017 OCTUBRE 2 0 1 7 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 1 2 3 Notificación 4 Surtió efectos 5 Inició 6 7 8 9 10 11 12 Día Inhábil 13 Día Inhábil 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Concluyó 28 Sin que la parte quejosa haya desahogado la vista por lo que se continuó el trámite del presente juicio como inicialmente estaba planteado. Ahora bien, para mayor claridad en este sumario, se plasma a continuación el acta circunstanciada de dieciocho de junio del año en curso, referente al aseguramiento de un vehículo marca Ford, Línea F-150, modelo mil novecientos noventa y siete, color blanco, con número de identificación vehicular 1FTDX17W4VNC47173, con placas de circulación número FJC6280, expedidas por el Estado de Texas de los Estados Unidos de América (fojas 4 y 5): A su vez, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "3", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador de la Aduana de Piedras Negras, titular de la Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, a su informe justificado, se desprende que mediante oficio 800-16-00-02-00-2017-001654, de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, resolvió el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVM440170050, de dieciocho de junio de este año, tal como se advierte enseguida (fojas 23 ): . . . Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con número de registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". III. Actualización de una causal de sobreseimiento. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V , y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada legislación, la cual por ende, conduce al sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: *** En el caso concreto, como ya se mencionó, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de resolver el acta número AVM440170050, iniciada el dieciocho de junio del año en curso, en contra del aquí quejoso, ante la autoridad responsable Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "3", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador de la Aduana de Piedras Negras, titular de la Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Ahora bien, por acuerdo de dos de octubre del año en curso (fojas 105 y 106), se tuvo a la autoridad responsable Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "3", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador de la Aduana de Piedras Negras, titular de la Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, anexando a su informe con justificación, el oficio 800-16-00-02-00-2017-001654, de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual resolvió el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVM440170050, de dieciocho de junio de este año (fojas 23 a 43), para lo cual se detallan los puntos resolutivos siguientes: Ahora bien, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo , es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: *** Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J.59/99, del rubro y texto siguientes: *** Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad responsable Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "3", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador de la Aduana de Piedras Negras, titular de la Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, a través del oficio 800-16-00-02-00-2017-001654, de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, resolvió el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVM440170050, de dieciocho de junio de este año (fojas 23 a 43), referente al aseguramiento de un vehículo marca Ford, Línea F-150, modelo mil novecientos noventa y siete, color blanco, con número de identificación vehicular 1FTDX17W4VNC47173, con placas de circulación número FJC6280, expedidas por el Estado de Texas de los Estados Unidos de América, el cual pasó a propiedad del Fisco Federal, tal como lo expone en la resolución en comento; lo que implica la desaparición total del acto reclamado. Sobre el tema se emitió, la jurisprudencia 2a. /J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: *** En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. IV. Se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del seis de noviembre del año en curso (foja 108 vuelta).
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 600-17-00-01-02-2017-1510, signado por la autoridad responsable Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "3", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador de la Aduana de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexos, por medio del cual informa que en diverso oficio 800-16-00-02-00-2017-001654, de veintiocho de agosto de este año, determinó la situación fiscal del quejoso en materia aduanera; de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la citada ley, se tiene como prueba de la mencionada autoridad responsable, la documental que acompañó a su oficio de cuenta; probanza que se admite y se tiene por desahogada en atención a su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer referencia de ella en la audiencia constitucional.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dos de octubre de este año (fojas 105 y 106), se requirió a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del mencionado acuerdo, manifestara si era su deseo señalar como nuevo acto reclamado el oficio 800-16-00-02-00-2017-001654, de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, en el que la autoridad responsable, resolvió el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVM440170050, de dieciocho de junio de este año. En consecuencia, al no estar en aptitud de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar, se señalan las diez horas del seis de noviembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo.
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