Juan Jaime Olivares Carvajal

Expediente 121/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
121/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Juan Jaime Olivares Carvajal
  • Juan Jaime Olivares Carvajal y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de nueve de febrero de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 2.3 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    1. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por ...contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de y Tramitación Masiva de Casos Segundo Turno, con sede en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 121/2023, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se obtiene que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 4. Acto reclamado. En el caso a estudio, la quejoso directos reclaman a la autoridad responsable la presunta determinación tocante a su presentación para las once horas del diez de febrero de dos mil veintidós, para la práctica de una diligencia de carácter penal en calidad de imputados, acompañados de su defensor, con el apercibimiento que de no comparecer sin causa justificada se llevará a cabo su presentación con el auxilio de la fuerza pública, o bien, se harán acreedores a la aplicación de una medida de apremio consistente en el arresto hasta por treinta y seis horas. En ese sentido, al narrar los antecedentes del acto reclamado, los quejosos manifiestan bajo protesta de decir verdad que sólo saben que la responsable está exigiendo su comparecencia en el lugar donde tiene su recinto oficial, anunciando los apercibimientos mencionados en caso de inasistencia, ignorando cualquier otra circunstancia relacionada con el acto reclamado, desconocen sobre la existencia de alguna carpeta de investigación en su contra, desconocen de hechos que probablemente sean constitutivos de delito, ignorando la existencia de querella de parte interesada, si es que existe. 4.1 Causal de improcedencia. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que sobre el acto reclamado opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5 y 113, todos de la Ley de Amparo, porque la simple sospecha de ser persona investigada por la autoridad del Ministerio Público no deriva en ningún derecho subjetivo. 4.2 Improcedencia de la demanda de amparo por sospecha del acto reclamado en etapa de investigación penal. La demanda de amparo que dio origen a este asunto, se encuentra en el supuesto analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 2/2022, en sesión del uno de junio de dos mil veintidós, en la que determinó que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra actos del Ministerio Público bajo el único argumento de sospecha de tener la calidad de imputado y no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia). En efecto, la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (11a.) de esa Primera Sala, acota que la simple sospecha de ser investigado, o como en el caso, tener la calidad de imputado, no deriva en la afectación de ningún derecho subjetivo para actualizar la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino que se traduce sólo en un interés simple de parte de los quejosos, lo que propicia que surja la causal de improcedencia indudable y manifiesta. Es así, porque para poder considerar que se atenta contra un derecho subjetivo de la parte quejosa, resulta indispensable que la autoridad ministerial, de manera real, actual y directa lleve a cabo alguna diligencia de indagación en perjuicio del investigado -sea citado para comparecer o estar sujeto a algún acto de molestia como orden de detención o comparecencia-, ante la ausencia de la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia); de ahí que, si no acontecen esas hipótesis, carece de interés para acudir a esta instancia constitucional al partir su reclamo de una simple sospecha. Se afirma lo anterior, porque como lo manifiestan los propios quejosos en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, su reclamo se sustenta en una mera sospecha de haber sido citados en calidad de imputados, debido a que en ese sentido exponen que desconocen sobre la existencia de alguna carpeta de investigación en su contra, así como de querella de parte interesada, si es que existe. En ese contexto, la presentación que los quejosos sospechan que la autoridad responsable ordenó en su persona en calidad de imputados, no afecta su interés jurídico, en tanto que no les causa una afectación real, actual y directa, porque la realidad es que desconocen que realmente exista, lo que se ve reflejado en la ausencia de citatorio alguno, es decir, en el caso no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia). 4.3 Desechamiento. En mérito de lo expuesto, la circunstancia analizada motiva la actualización de la causal de improcedencia advertida, por lo que resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. 5. Autorizados para notificaciones. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Livas Hernández, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Brenda Livas Aguirre, en virtud de así haber sido solicitado.. 5.1 Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Morelos, número 202 norte, en la Zona Centro, en esta ciudad. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 8. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 10. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano