Juan Gerardo Aldana González

Expediente 549/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
549/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
31/07/2019

Partes del expediente

  • Juan Gerardo Aldana González

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el diecisiete de julio de la presente anualidad, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, toda vez que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados ni diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Vista la cuenta y certificación que antecede, se advierte que el promovente Manuel Antonio Valenzuela Cisneros, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de uno de julio de dos mil diecinueve, en el término concedido; en consecuencia, como se le apercibió en dicho auto, con fundamento en el artículo 114 párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo con que se formó el expediente en que se actúa. Por otro lado, como lo solicitó el promovente se tienen como autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Edgar Rafael Laredo Méndez, Christyan Nava González y Perla Yurivia Pérez Hernández.

  3. Principal

    Visto; el escrito de demanda que promueve Manuel Antonio Valenzuela Cisneros, en su carácter de apoderado de Juan Gerardo Aldana González, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por violación a los artículos 1º, 14 y 17, constitucionales; por tanto, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 549/2019-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de mérito, se advierte que la misma no cumple los requisitos establecidos en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, pues quien la suscriben no anexan documento que acredite la personalidad que dice ostentar en favor de la parte quejosa. Por lo que, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y III, en relación con el artículo 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a Manuel Antonio Valenzuela Cisneros, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo, acredite con las constancias respectivas, ya sea en original o copia fotostática certificada y legible la personalidad que detenta, a fin que este juzgado esté en aptitud de acordar lo conducente respecto de la demanda interpuesta. Tiene aplicación al respecto, Jurisprudencia 1/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las fojas cuarenta y siete y cuarenta y ocho del tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.". Lo anterior dado que la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo, es clara al establecer que en la demanda de amparo deberán expresarse el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; lo mismo acontece respecto de lo dispuesto por el artículo 11 del ordenamiento legal en consulta, en virtud que es claro al establecer que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas; de lo que es factible concluir que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda o dentro del término concedido, al ser requerida para ello, con apoyo en lo dispuesto por los preceptos legales en consulta, como es el caso, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a la materias penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 11 y 14 de la Ley de Amparo. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de causarse perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. Al respecto, resulta aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 23/2009, publicada en la página siete, del tomo XXIX, abril de dos mil nueve, materia común, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato.". De igual forma, requiérasele para que precise el domicilio completo y correcto de la parte tercero interesada que señala como Comando Sociedad Anónima de Capital Variable. Se apercibe al promovente del amparo, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado, se tendrá por no presentada su demanda, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones por parte de la quejosa, el ubicado en calle Yanguas número doscientos veinte (220) en el Centro Histórico de Zacatecas.

  4. Principal

    publico el auto de primero de julio de dos mil diecinueve, con efectos de notificar a la parte quejosa: Visto; el escrito de demanda que promueve Manuel Antonio Valenzuela Cisneros, en su carácter de apoderado de Juan Gerardo Aldana González, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por violación a los artículos 1º, 14 y 17, constitucionales; por tanto, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 549/2019-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de mérito, se advierte que la misma no cumple los requisitos establecidos en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, pues quien la suscriben no anexan documento que acredite la personalidad que dice ostentar en favor de la parte quejosa. Por lo que, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y III, en relación con el artículo 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a Manuel Antonio Valenzuela Cisneros, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo, acredite con las constancias respectivas, ya sea en original o copia fotostática certificada y legible la personalidad que detenta, a fin que este juzgado esté en aptitud de acordar lo conducente respecto de la demanda interpuesta. Tiene aplicación al respecto, Jurisprudencia 1/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las fojas cuarenta y siete y cuarenta y ocho del tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.". Lo anterior dado que la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo, es clara al establecer que en la demanda de amparo deberán expresarse el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; lo mismo acontece respecto de lo dispuesto por el artículo 11 del ordenamiento legal en consulta, en virtud que es claro al establecer que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas; de lo que es factible concluir que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda o dentro del término concedido, al ser requerida para ello, con apoyo en lo dispuesto por los preceptos legales en consulta, como es el caso, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a la materias penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 11 y 14 de la Ley de Amparo. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de causarse perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. Al respecto, resulta aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 23/2009, publicada en la página siete, del tomo XXIX, abril de dos mil nueve, materia común, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato.". De igual forma, requiérasele para que precise el domicilio completo y correcto de la parte tercero interesada que señala como Comando Sociedad Anónima de Capital Variable. Se apercibe al promovente del amparo, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado, se tendrá por no presentada su demanda, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones por parte de la quejosa, el ubicado en calle Yanguas número doscientos veinte (220) en el Centro Histórico de Zacatecas.

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