Juan Galindo Mauricio
Expediente 708/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Galindo Mauricio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto; la cuenta y certificación que anteceden, se acuerda: Toda vez que de la certificación que antecede asentada por la secretaria de juzgado, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en cuyo segundo resolutivo otorgó el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Galindo Mauricio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Ahora bien, la ejecutoria de amparo constriñó a la autoridad responsable Secretaría de Finanzas del estado de Zacatecas, para que: 1. Para que la autoridad responsable que sea vinculada por ejercicio de sus funciones, no aplique en lo presente ni en lo futuro, los artículos 78 a 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, que prevén el cobro de los impuestos adicionales para la Infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas. 2. Para que la autoridad responsable Secretario de Finanzas del estado de Zacatecas, devuelva a la parte impetrante del amparo, las contribuciones erogadas mediante recibo 20404127, de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, relativas al derecho de control vehicular para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, al haber resultado ilegal su cobro. En la inteligencia que con la devolución ordenada, no se exime a la parte quejosa del pago de las contribuciones relativas al derecho de control vehicular para los ejercicios fiscales antes mencionados, pues la autoridad fiscal correspondiente tiene facultades de requerir a la parte quejosa por el pago de éstas; no obstante, dicho pago deberá requerirse a través del procedimiento administrativo de ejecución correspondiente, previsto en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas. 3. Para que la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, de igual manera devuelva a la parte quejosa las cantidades cubiertas que haya realizado por concepto de los impuestos adicionales para la Infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas; mismas que deberá hacer previa actualización. Porque sólo así se restituirá a la parte quejosa en el goce de sus garantías violadas; lo cual deben acreditar ante este órgano jurisdiccional con las constancias correspondientes. En la inteligencia de que la concesión de amparo no obliga al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Zacatecas a llevar a cabo acto alguno en cumplimiento a la presente sentencia, dado que su actuación como autoridades responsables solo se tradujo en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de los artículos 78 a 90 de Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, impuesto adicional para la Infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas que han sido declarados inconstitucionales, sin que la concesión del amparo las obligue a dejar insubsistentes sus actos dentro del proceso legislativo, pues no afecta la vigencia de la norma cuestionada, ni la priva de su eficacia general. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, para que dentro del plazo de tres días, remita a este Juzgado las constancias con las que acredite su total cumplimiento a la ejecutoria; bajo el apercibimiento, que de no hacerlo en el plazo indicado, se les impondrá a su titular una multa de cien días de salario mínimo en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 en relación con el numeral 237 ambos de la Ley de Amparo; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Con el mismo fundamento, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, para que en su carácter de superior jerárquico del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, le obligue a cumplir sin demora con la ejecutoria protectora de amparo, en términos del tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no demostrar que los requirieron por el cumplimiento inmediato, se les hará efectivo el apercibimiento señalado en líneas precedentes. Finalmente, toda vez que es un hecho notorio y de conocimiento general que algunas dependencias se encuentran cerradas con motivo del periodo vacacional de que goza el personal adscrito a las mismas, resérvense en la actuaría de este Juzgado, los oficios que deban entregarse a dichas dependencias y una vez que se reanuden labores, entréguense los oficios para los efectos legales correspondientes.
- Principal
RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Galindo Mauricio, contra los actos y autoridades, que fueron precisadas en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Galindo Mauricio, por los motivos expresados en los considerandos séptimo y octavo de esta resolución, para los efectos precisados en la última consideración de la misma.
- Principal
Visto; agréguense a los autos los oficios de cuenta firmados por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y por el Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas; atento a su contenido, téngaseles dando cumplimiento al requerimiento que se les hizo por auto de veintinueve de octubre del año en curso, lo que será tomado en cuenta al momento de dictar la sentencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas y Director de Ingresos de dicha secretaría, refirieron que el juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado que el quejoso Juan Galindo Mauricio hizo consistir en el Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que contiene la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, específicamente el artículo 99; toda vez que al momento en que se realizaron las contribuciones reclamadas, se encontraba vigente el Decreto 112, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Zacatecas; de ahí que el quejoso de referencia no tiene interés jurídico para reclamar el aludido Decreto 273. Ahora bien, de la lectura del Decreto 112, se desprende que en él se precisó que su emisión tuvo como finalidad solventar los vicios de inconstitucionalidad declarados en la ejecutoria dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 12/2018, que declaró insubsistente el Decreto 273, acotándose en el considerando sexto de la ejecutoria invocada, que la declaratoria de inconstitucionalidad surtiría sus efectos a partir de su notificación al Congreso del Estado de Zacatecas . Asimismo, en el artículo segundo transitorio del mencionado Decreto 112, se estableció: "SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente en que haya surtido todos sus efectos en el Estado la declaración de invalidez decretada mediante la Acción de Inconstitucionalidad 12/2018 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Por tanto, a efecto de tener certeza de si en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada por Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas y Director de Ingresos de dicha secretaría; requiérase a dichas autoridades, para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, informen a este juzgado cuándo se notificó a la Legislatura del Estado de Zacatecas, la ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 12/2018 y, en su caso, remitan el documento que acredite dicha notificación. Resulta orientador el criterio emitido en la tesis aislada I.11o.T.1 K (10a.), por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, de tenor: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Con el apercibimiento que atender el requerimiento en el término indicado o no informar el impedimento que tenga para ello; se hará acreedor a una multa por cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, para su verificativo.
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