Juan García López
Expediente 559/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan García López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 559/2019, promovido por Juan García López, por propio derecho, contra actos de la Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, Juan García López, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y autoridades responsables, que más adelante se precisan. SEGUNDO. De la referida demanda correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, a la que le asignó el número 998/2019-1; por auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se declaró legalmente incompetente para conocer de la citada demanda de amparo por razón de territorio, remitiéndola al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas en turno. TERCERO. La aludida demanda fue turnada a este juzgado; por auto de tres de julio de dos mil diecinueve se aceptó la competencia planteada y se admitió a trámite, registrándola con el número 559/2019; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional misma que tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: ÚNICO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo. Cabe precisar que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de amparo. Para ello, el Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de manera integral, para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Precisado lo anterior y a efecto de establecer a qué juez corresponde el conocimiento del asunto, debe atenderse a la regla general que determina la competencia, la cual se encuentra establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo que prevé lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La norma transcrita prevé diversas reglas para determinar la competencia, por razón de territorio de los órganos de amparo, a saber: a) Por regla general, se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúa ejecutándose en otro, será competente ante el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda; y, c) Si no requiere de ejecución material el Juez de Distrito competente será aquel ante quien se haya presentado la demanda. Cabe destacar que lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en la última el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material; y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, acorde a las consideraciones expresadas en párrafos previos, se reitera que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo promovido por Juan García López, contra actos de la Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con los motivos a continuación se proceden a exponer. En términos del artículo 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, se hace la indicación que en el caso Juan García López reclama de la autoridad antes mencionada, la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en su pensión. Luego, de los antecedentes del acto reclamado narrados por el accionante del amparo, se advierte que el diez de junio de dos mil diecinueve tuvo conocimiento que la Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aplicó la Unidad de Medida y Actualización a su pensión, por lo cual ésta tuvo su disminución, ya que la Unidad de Medida y Actualización vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, era por un valor de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), mientras que el salario mínimo para esa fecha era de $80.04 (ochenta pesos 04/100 M.N.). Ahora, el quejoso adjuntó como pruebas de su parte, entre otras, la concesión de pensión con número de folio 32000059081501; ahí se indicó que el lugar donde se realizará el pago de la pensión que recibirá el aquí amparista, es en la sucursal Banorte de Cosío, Aguascalientes (foja 11). Si bien dicha documental se trata de una copia simple, ello no impide darle valor probatorio, pues la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la jurisprudencia 3a. 18 en la que se dijo el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador; y, que aunque éstas carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar; así, de una interpretación a contrario sensu de dicha jurisprudencia, se obtiene que cuando una copia simple se adminicula con otra prueba, sí puede otorgársele valor probatorio, a prudente arbitrio del jugador, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El criterio jurisprudencial mencionado es del tenor siguiente: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Asimismo es aplicable la jurisprudencia I.3o.C. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto que dicen: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." En ese sentido, la documental que acompañó la parte quejosa en su escrito de demanda, se encuentra robustecida y, por tanto, adquiere valor probatorio, con el informe justificado que rindió la apoderada legal de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zacatecas (fojas 51 a 70) donde en lo que aquí interesa aceptó que la radicación de pago de la pensión de Juan García López, es en la sucursal Banorte, del municipio de Cosío, Estado de Aguascalientes, pues la localidad de pago es la 017303, que corresponde al Estado ya mencionado. Y para acreditar tal circunstancia, la autoridad responsable en comento adjuntó a su informe justificado impresión certificada del Sistema Integral de Prestaciones por Edad y Tiempo de Servicios, correspondiente al quejoso, del cual se obtiene que, en efecto, la entidad de pago es la 017303, correspondiente al Estado de Aguascalientes (foja 71, certificación a foja 72). También se allegó a este juicio, copia certificada de la concesión de pensión otorgada a Juan García López, en la que se asentó que donde se efectuará el pago de la misma es en la sucursal Banorte, del municipio de Cosío, Aguascalientes (foja 126); además, de los datos generales del quejoso, que también se allegaron en copia certificada, se obtiene que éste tiene su domicilio en calle Panamericana, número trescientos seis (306), colonia Centro, municipio de Cosío, código postal 20460, en el Estado de Aguascalientes (foja 131), lo que se corrobora con la copia certificada de su credencial de elector (foja 133). Informe y documentales con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Entonces, si de la documental aportada por el quejoso Juan García López, concatenada con el informe justificado y las diversas documentales que remitió la apoderada legal de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zacatecas, se obtiene que el lugar donde la parte quejosa recibe su pensión y que reclama se le otorga tomando como base la Unidad de Medida y Actualización, es en el municipio de Cosío, Estado de Aguascalientes, queda claro que es en este lugar donde tiene ejecución el acto reclamado, a saber, la disminución de su pensión por otorgársele en UMA´s y no en salarios mínimos, de ahí que se sostenga la incompetencia de este juzgado para conocer de la demanda de amparo en relación al acto reclamado. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." (Énfasis añadido). Por ende, como el acto reclamado tiene ejecución material en el Estado de Aguascalientes, es un juez de distrito que tenga jurisdicción en dicho territorio, quien debe de conocer de la demanda de amparo promovida por Juan García López, por propio derecho, contra actos de la Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior no obstante que en auto de tres de julio de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional haya aceptado la competencia planteada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, pues en ese momento no se tenía certeza del lugar de ejecución del acto reclamado, esto es, el domicilio o lugar donde el quejoso recibe o cobra su pensión, pues como ya se dijo, el único documento exhibido por el solicitante del amparo que contiene datos de un domicilio o municipio, se trata de una copia simple, por lo cual resultaba necesario allegarse de diversos medios probatorios para determinar el lugar donde tiene ejecución el acto reclamado, como lo es el propio informe justificado y los anexos que pudieran acompañarse a éste, para así determinar quién es el juez competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Juan García López. En conclusión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara carecer legalmente de competencia para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por Juan García López, por propio derecho, contra actos de la Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por lo anterior, una vez que obren las constancias de notificación a las partes de esta resolución, se ordena remitir al Juez de Distrito en el Estado Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que dentro del plazo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, comunique si acepta o no la competencia planteada. Por lo antes expuesto y fundado; se RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Juan García López, por propio derecho, contra actos de la Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. SEGUNDO. Una vez que obren las constancias de notificación a las partes, remítase el original del expediente en que se actúa al Juez de Distrito en el Estado Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no la legal competencia que se le plantea. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la licenciada Tiziana Eliana del Carmen Moscoso López, secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite Rocío Elena Benítez Bermúdez, apoderada legal de la autoridad responsable Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al que anexa copia certificada del expediente pensionario a nombre del quejoso Juan García López. Con lo anterior, así como con el contenido de dicho informe, en el sentido de que la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Aguascalientes, Aguascalientes, es donde se ejecuta el acto que el quejoso reclama, dese vista a la parte quejosa para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo; y, con la documental exhibida por la responsable, hágase nueva relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obran el informe solicitado a la Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha y en su lugar se fijan para su verificativo, las once horas con treinta minutos del seis de noviembre de dos mil diecinueve.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en su demanda de amparo, el quejoso ********************, solicitó se tuviera a la vista como hecho notorio, la sentencia dictada en el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey (foja 9); por tanto, como lo solicita el quejoso de referencia, se ordena tener a la vista dicha determinación al momento de resolver en definitiva el presente juicio, sin que para ello sea necesario solicitar copia certificada de la misma a la autoridad judicial que la emitió, toda vez que dicha sentencia obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al que se tiene acceso, lo cual resulta un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En la inteligencia que lo resuelto en la sentencia que el quejoso solicita se tenga a la vista, no vincula a este órgano jurisdiccional a resolver de la misma manera. Por otro lado, toda vez que el quejoso ********************, ofreció como prueba de su parte el "expediente formado dentro de la concesión de la pensión" y que en auto de tres de julio de esta anualidad se reservó proveer al respecto hasta en tanto obrar al informa justificado de la autoridad responsable, lo que en el caso aconteció; en consecuencia, como lo solicita el quejoso, con fundamento en el artículo 119, de la ley de amparo, se tiene por anunciada la prueba documental de referencia. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, remita a este juzgado, el original o copia debidamente certificada, del expediente que se integró con motivo de la pensión concedida al quejoso ********************. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado o no informar el impedimento que tenga para ello; se hará acreedor a una multa por cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
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