Juan Gerardo Aldana González
Expediente 675/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Gerardo Aldana González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso Juan Gerardo Aldana González, por auto de veintinueve de noviembre del año en curso, en el cual se le informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente. En tal virtud y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, este Juzgado procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo en los siguientes términos: Por resolución de veintitrés de octubre del año en curso, se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitados por el accionante del amparo Juan Gerardo Aldana González, para los siguientes efectos: "1. De inmediato, declare cerrada la instrucción en el juicio laboral ordinario 325/V/2015. 2. Dentro del término legal correspondiente dicte el laudo respectivo dentro del aludido juicio ordinario laboral; y lo notifique a la parte quejosa de inmediato conforme a las reglas que consigna la legislación aplicable." Resolución que causó ejecutoria el diecinueve de noviembre del presente año, al no haber sido recurrida, en esa misma data se requirió a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días hábiles, remitiera a este Juzgado las constancias con las que acreditara el cumplimiento del fallo protector, esto es, que declare cerrada la instrucción en el juicio laboral ordinario 325/V/2015 y dentro del término legal correspondiente emite el laudo respectivo dentro del aludido juicio ordinario laboral; y lo notifique a la parte quejosa de inmediato conforme a las reglas que consigna la legislación aplicable. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 865/2019, recibido el veintinueve de octubre del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, ya que el veintiocho de octubre del año en curso, declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral 325/V/2015. Posteriormente, mediante oficio 928/2019 recibido el quince de noviembre del año en curso, la mencionada autoridad responsable, remitió el laudo de trece de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral de origen. Luego, mediante oficio 955/2019 recibido en este Juzgado el veintiocho de noviembre del presente año, mediante el cual remitió las constancias de notificaciones a las partes del laudo que dictó en el juicio laboral de origen. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de constancias expedidas por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez atendió a todos los lineamientos descritos por este Órgano Jurisdiccional, en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexo, signado por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por el cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio; con ello, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que legalmente se les practique de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
Vista la cuenta y certificación que anteceden el Juez cuerda: Toda vez que de la certificación que antecede asentada por la secretaria se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado, en cuyo resolutivo único otorgó el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Gerardo Aldana González, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Ahora bien, sobre el particular, la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante oficios 865/2019 y 928/2019 recibidos en este Juzgado el veintinueve de octubre y quince de noviembre ambos del año en curso, remitió las constancias con las que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; esto es, copia certificada del auto en donde declara cerrada la instrucción y el laudo; sin embargo, las constancias relativas a la notificación del laudo, no fueron remitidas por dicha autoridad. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, para que dentro del plazo de tres días, remita a este Juzgado las constancias con las que acredite el cumplimiento a la ejecutoria protectora; bajo el apercibimiento, que de no hacerlo en el plazo indicado, se impondrá a su titular una multa por cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación en el párrafo sexto del apartado B del artículo 26 Constitucional; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, el expediente que remitió en apoyo a su informe justificado, agregando a los presentes autos la carátula que lo contenía.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 675/2019, promovido por Juan Gerardo Aldana González por conducto de su apoderado legal Manuel Antonio Valenzuela Cisneros, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Juan Gerardo Aldana González por conducto de su apoderado legal Manuel Antonio Valenzuela Cisneros, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto y autoridad responsable que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola con el número 675/2019; previa prevención y su desahogo, por auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto de naturaleza omisiva, carente de ejecución, por lo que se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 37, párrafo tercero de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia citados, se precisa que la parte quejosa reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, lo siguiente: La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 325/V/2015; en los plazos y términos señalados por la ley laboral correspondiente. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, pues de las constancias remitidas por dicha autoridad, se aprecia la existencia del acto reclamado en el presente asunto, pues a la fecha en que se dicta la presente resolución, no se advierte que la autoridad responsable hay emitido el laudo en el juicio laboral de origen toda vez que la última actuación es el auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en el que se certificó que en el juicio laboral de referencia no existían pruebas pendientes de desahogar (foja 289 del tomo l). Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Oportunidad de la demanda. Cabe recordar que el acto reclamado consiste en una omisión por parte de una autoridad en decretar el cierre de instrucción en un juicio laboral y dictar el laudo correspondiente. Ahora, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece como regla general la temporalidad de quince días para acudir a juicio de amparo, contados a partir de (i) el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, (ii) del día siguiente al en que haya tenido conocimiento o (iii) del día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, como así lo refiere el numeral 18 de la ley de la materia, hipótesis en las que no encuadra la presente demanda de amparo, pues cuando se reclaman actos omisivos, la afectación al gobernado es de tracto sucesivo, es decir, continúa produciendo una afectación hasta en tanto la persona no se vea restituida en el derecho que se le vulnera, de ahí que no puede establecerse una temporalidad determinada para acudir a juicio de amparo cuando se reclaman estos actos, pues mientras éstos prevalezcan, se estará en condiciones de promover amparo en cualquier momento; de ahí que es válido concluir que, con independencia de la fecha en que se presentó el escrito ante la autoridad responsable, mientras no se dé respuesta al mismo, el gobernado podrá acudir a juicio de amparo, aunque hayan trascurrido los quince días a que se refiere el numeral 17 transcrito, entre la presentación de dicho escrito la presentación de la demanda de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis III.5o.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." QUINTO. Estudio de fondo. Ante la inexistencia de causas de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio, lo procedente es entrar al estudio de los conceptos de violación aducidos por el demandante de garantías. Los motivos de disenso que hace valer la parte quejosa, se encuentran en el capítulo respectivo del escrito de demanda, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertara, lo anterior en razón que no existe precepto legal que obligue a este juzgador a transcribirlo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común, cuyo rubro y texto, son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa en síntesis argumenta en su apartado de concepto de violación, lo siguiente: Que se contraviene en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1, 14 y 17 constitucionales, dado que la autoridad responsable viola su derecho a recibir justicia pronta y expedita, en razón a que ha omitido dar cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, al no dictar laudo dentro del procedimiento laboral de origen, en el plazo fijado por dicho cuerpo normativo. Los motivos de inconformidad que hace valer la parte quejosa en su concepto de violación son esencialmente fundados. Para corroborar lo anterior, es necesario citar el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que interesa, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la justicia que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución debidamente fundada y motivada sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 299, tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo anterior se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, en los términos y plazos que establezca la ley que los rija; así, del texto constitucional se advierte que la administración de justicia completa debe estar presente en todo momento al resolverse en definitiva por parte de la responsable el asunto puesto ante su jurisdicción. Lo anterior, debe entenderse referido al juicio laboral a fin de que se justifique la solución del conflicto. En concordancia con lo anterior, y en relación a los términos y plazos establecidos en la Ley aplicable al caso concreto, es necesario transcribir el contenido de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, y que son del tenor siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos.". "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." De los términos que los citados preceptos estipulan, se advierte que al concluir el desahogo de las pruebas y formulados los alegatos de las partes, se hará una certificación por el secretario del órgano laboral correspondiente, en el sentido de que ya no quedan pruebas por desahogar, una vez hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de Ley Federal del Trabajo; lo que en el caso en concreto no ha ocurrido. En este tenor, el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, siendo por ello requisito indispensable que se acredite con los medios probatorios idóneos y suficientes tal supuesto. En las condiciones apuntadas, la omisión reclamada en la especie, se considera como un acto negativo, pues se pretende demostrar la inconstitucionalidad, por parte de la junta responsable al no dictar laudo, y por ende, no respetar los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley Federal del Trabajo. Cabe aclarar que la conducta de carácter omisiva tildada de inconstitucional, debe considerarse como un acto que en sí mismo no es violatorio de la Constitución Federal, lo que implica que, por su propia naturaleza, necesita demostrarse y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, este juzgador estima que, para acreditar la inconstitucionalidad del acto negativo señalado en esta vía, por no ser un acto inconstitucional en sí mismo, es necesario que se demuestren algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte la quejosa; que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; y, que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señale para fallar. En este orden de ideas, conviene verificar si en los autos del presente juicio se encuentran acreditados dichos aspectos. 1) Que realmente exista un juicio laboral en el que el quejoso sea parte. Este aspecto en particular implica que el gobernado tenga el carácter de parte en el juicio de origen, lo que se acredita en el presente juicio, pues de las constancias allegadas, se advierte que el expediente laboral de origen número 325/V/2015, fue promovido por el aquí impetrante del amparo Juan Gerardo Aldana González, pues de dicho expediente, allegado en copia certificada, se advierte que el quejoso de referencia es parte material de dicho juicio laboral (tomo l). 2) Que el juicio de origen se encuentre en estado de resolución. En relación al segundo elemento, que implica que el juicio de origen se encuentre en un estado procesal que amerite el dictado del laudo, el que suscribe considera que se actualiza. En efecto, de las copias certificadas destaca el acta de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 289, tomo l), en la que, se obtiene que la responsable ha sido omisa en dictar de oficio el acuerdo respectivo en el que declare cerrada la instrucción y por ende dictar el respectivo laudo en el juicio de origen; no obstante que a dicha autoridad laboral el legislador en el numeral 885 de la referida Ley Federal del Trabajo estableció le correspondía la carga de pronunciarse de oficio sobre el referido cierre; y no obstante ello, de las constancias allegadas sólo se advierte que en la última actuación que conforma dicho legajo de copias lo fue en relación a la certificación realizada por el secretario de la junta responsable, en el sentido de que ya no quedaban pruebas por desahogar, y que en virtud de lo anterior, se otorgaba a las partes un término de tres días para que expresaran su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento que de ser omisos al respecto, se les tendría por desistidas de las pruebas pendientes de desahogar; siendo que desde aquélla data hasta la fecha en que se dicta la presente resolución, la autoridad responsable no se ha pronunciado sobre el acuerdo del cierre de instrucción aludido y por ende no ha dictado el laudo correspondiente. Por consiguiente, en el caso en concreto se advierte una abierta dilación del procedimiento en perjuicio del quejoso, lo que se acredita si se toma cuenta que el juicio laboral de referencia a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se encontraba en un estado procesal que amerita el cierre de instrucción, sin prueba alguna en contrario, y en consecuencia, la formulación del proyecto de resolución y el dictado del laudo respectivo. Esto es así, pues en el proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve en comento, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, dio cuenta con la certificación relativa a la inexistencia de pruebas por desahogar y además otorgó un término a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera al respecto, con el apercibimiento ahí inserto, acorde a los fundamentos y motivaciones que fueron asentadas, y no obstante tal circunstancia la junta responsable ha omitido decretar el cierre de instrucción respectivo, y emitir el fallo correspondiente y por ende, que se actualice la violación aducida al derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal, estableció la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), en la que indicó que si bien resulta difícil fijar un lapso genérico para que exista una demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto; en tratándose de dilaciones procesales, cuando se reclama una omisión a una autoridad laboral, como es el caso, deberán haber transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, pues ese es el plazo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil. La jurisprudencia mencionada es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Así, en el juicio laboral en comento existe una paralización total del procedimiento, lo que se traduce en una trasgresión del derecho a una justicia pronta y expedita a que tiene derecho la parte quejosa. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal que solicita el quejoso Juan Gerardo Aldana González, para el efecto de que la autoridad responsable, dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 192 de la Ley de Amparo, sin mayores dilaciones: 1. De inmediato, declare cerrada la instrucción en le juicio laboral ordinario 325/V/2015. 2. Dentro del término legal correspondiente dicte el laudo respectivo dentro del aludido juicio ordinario laboral; y lo notifique a la parte quejosa de inmediato conforme a las reglas que consigna la legislación aplicable. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Gerardo Aldana González, contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por las consideraciones y para los efectos precisados en la parte final del considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la licenciada Tiziana Eliana del Carmen Moscoso López, secretaria con quien actúa y da fe.
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- Juan García Roque1868/2018
- Juan García Roque342/2019
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- Juan Gerardo Aldana González549/2019
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