Juan Erik Rico García
Expediente 928/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/08/2023
Partes del expediente
- Juan Erik Rico García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en lo sustancial solicita la vinculación del expediente electrónico del presente juicio al diverso 954/20******************** de su índice. Atento a lo anterior, como lo solicita el homologo Federal oficiante, se comisiona a la oficial judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que vincule el expediente electrónico del presente juicio al diverso 954/20******************** del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, a efecto de que esté en posibilidad de realizar su consulta. Finalmente, reingrésese el presente asunto al archivo donde se encontraba.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, acusa recibo del oficio por el que se remitió el expediente original del presente juicio de amparo; asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada respecto de la demanda de amparo promovida por Juan Erik Rico García, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y otras autoridades, quedando registrado bajo el número 954/2023-X, circunstancias de las que se toma conocimiento. En relación a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 19, fracción I, inciso b) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, como lo solicita la oficiante, se instruye a la oficial judicial "A" de la adscripción, a efecto de que vincule el presente expediente en su versión electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que esté en aptitud de consultar las constancias respectivas en dicho sistema. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rafael Becerra Lozano, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2389/2023, de quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, asistido de Maricela Carbajal Piña, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el acto reclamado por el quejoso ****, en esencia, es el siguiente: La omisión de dictar resolución definitiva, en el procedimiento administrativo con número de expediente **** del índice de la responsable. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer de este juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de ese precepto se advierte que para conocer de la demanda de garantías será competente el Juez de Distrito: i) Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. ii) El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material. iii) Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades.." Ahora bien, si como ya se expuso previamente, el acto reclamado lo constituye: La omisión de dictar resolución definitiva, en el procedimiento administrativo con número de expediente ******************** del índice de la responsable. Debe estarse a la primera regla establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que previene que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, pues lo cierto es que el procedimiento administrativo de origen le fue iniciado en su carácter de ********************(de acuerdo a las constancias remitidas por las responsables) de ahí que si el peticionario de amparo reclama, la omisión de emitir la resolución definitiva en el procedimiento administrativo ********************, es incuestionable que el acto reclamado involucra tener ejecución en el Municipio de Ecatepec y no en el que reside este Juzgado de Distrito, pues constituye una omisión con efectos positivos, esto es, que la resolución que se tuviere a bien emitir se ejecutará en el lugar de adscripción del ahora quejoso. Ello, porque el alcance que se da a la emisión de la resolución que el quejoso refiere no se ha emitido, trasciende en un agravio de imposible reparación al quejoso, con motivo de las consecuencias jurídicas con que puede culminar (separación del cargo). Es aplicable a lo anterior, por razón de contenido, la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 916, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." De lo anterior se obtiene que, tal como se precisó con antelación, las consecuencias jurídicas del acto reclamado -que se dicte la resolución correspondiente y se ordene la separación del cargo del aquí quejoso- tendrá ejecución fuera del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; por ende, resulta competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que ejerce jurisdicción en el domicilio donde se ubica el lugar de adscripción del ahora quejoso (Ecatepec, Estado de México) y por ende, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, si el Juez competente es quien ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, en el caso lo es el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Pues no debe perderse de vista que ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios; además, el artículo 37 de la Ley de Amparo no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de amparo no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. A lo anterior sirve de apoyo la tesis publicada en la página 97 del Informe de 1972, Parte II, Materia Común, de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, con número de registro 805490, de rubro y texto: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, es aplicable la tesis I.15o.A.41 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, publicada en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, Novena Época, con número de registro 162635, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que carece de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que la ejecución del acto reclamado en su caso tendrá lugar en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno; por lo que evidentemente este órgano jurisdiccional no tiene competencia legal por razón de territorio. Apoya lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora.." En relatadas condiciones, este Juzgado de Distrito declina la competencia para conocer de este asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, ya que dentro de su jurisdicción se ejecutará el acto reclamado por el quejoso, al encontrarse adscrito a la Fiscalía Regional de Ecatepec, Estado de México. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase el presente sumario y sus anexos al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producirá sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las catorce horas con diez minutos del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos el escrito y oficio de cuenta, mediante los cuales, con el primero, el quejoso Juan Erik Rico García, solicita que las notificaciones sean realizadas a través del buzón electrónico, para lo cual, señala el usuario "LICJAVIGARCIA"; asimismo, solicita se habilite el expediente electrónico. En ese sentido, toda vez que se encontró registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del usuario "LICJAVIGARCIA", con fundamento en lo dispuesto en los artículo 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico, y se tiene ese medio como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. En diversa guisa, con el segundo oficio (con anexos) de cuenta mediante el cual el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en representación de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México así como del Presidente y del Secretario de dicha Comisión, rinde su informe justificado dentro del presente juicio de amparo, asimismo, designa delegados, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, además señala causal de improcedencia y ofrece pruebas. Atento a lo anterior, con su contenido del informe justificado dése vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Por tanto, a efecto de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las catorce horas con diez minutos del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, para su verificativo. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el físico proporcionado por el promovente; asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse por designados como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona. Además, respecto a la causal de hecha valer, en su caso, se proveerá lo conducente al emitir la sentencia que en derecho corresponda. Con relación a las constancias que remite la oficiante y las pruebas que ofrece, consistentes en: LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio 20600009000000S/UAJ/981/2023, de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, signado por el Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, por medio del cual remite copias certificadas del expediente SS/CHJ/PR/003/2022. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio de amparo, en todo aquello que beneficie a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, al Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y al Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que beneficie a la autoridad. Respecto a las pruebas referidas en los puntos 1 y 3, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la celebración de la audiencia constitucional. En relación a la prueba en el arábigo 2, únicamente se tiene por ofrecida, y una vez se encuentre debidamente integrado el presente expediente se proveerá respecto a su admisión y desahogo. Finalmente, se ordena el resguardo de dichas constancias en la Secretaría I de este órgano jurisdiccional.
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