Juan Erik Rico García

Expediente 1564/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1564/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Erik Rico García

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del presente juicio, se evidencia que en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el informe justificado remitido por el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en representación de la Autoridad Responsable Subsecretaría de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en su denominación correcta Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Sin embargo, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Juan Erik Rico García, reclamó la omisión de dar respuesta al escrito presentado el doce de septiembre de dos mi veintitrés, ante el Subsecretario de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Ahora bien, de las constancias anexas al informe justificado, remitidas por el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en representación de la Autoridad Responsable Subsecretaría de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en su denominación correcta Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud a que mediante oficio 20601A000000000/SPE/6097/2023, de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se dio respuesta al ocurso presentado por el quejoso el doce de dicho mes y año y el cuatro de octubre del año en curso se notificó tal respuesta al peticionario del amparo, por lo que se colige que ha quedado restituido en su derecho fundamental de acceso a la justicia. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la audiencia constitucional prevista para esta fecha se deja sin efectos.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el representante legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; en esencia, hace del conocimiento las gestiones que está realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente sumario, por lo que informa que el pago total de la pensión de la parte quejosa, se efectuará en la segunda quincena de octubre de este año; asimismo, solicita una prórroga de tres días hábiles para dar cumplimiento a la misma. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad responsable informando las gestiones que se encuentra realizando a efecto de cumplir con los efectos para los cuales fue concedida la sentencia a la parte quejosa; asimismo, con fundamento en los artículos 192, in fine y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, por única ocasión se le otorga una prórroga por el término de tres días hábiles, a partir del presente auto, a fin de que dé cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente sumario. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercero interesada en proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Veintidós de agosto dos mil veintitrés. Cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Trece de septiembre de dos mil veintitrés (quejoso). Veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés (Tercero interesado). En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de la autoridad responsable de dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento al laudo dictado el treinta y uno de enero de dos mil siete, en el expediente 825/2004 de su índice. Previa substanciación del juicio de amparo, el veinte de julio de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión que se solicita, para el efecto de que el Tribunal responsable, inmediatamente, a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, dicte las medidas necesarias y efectivas para la ejecución del laudo de treinta y uno de enero de dos mil siete relativo al expediente 825/2004, de su estadística; lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 191 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipio. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo." Así, el veintidós de agosto del año en curso, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el once de septiembre de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio con terminación 3857/2023, signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual, remitió copia certificada del auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral burocrático 825/2004 de su índice; constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, y con las mismas se dio vista a las partes, sin que realizarán pronunciamiento alguno. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, dictó las medidas necesarias y efectivas para la ejecución del laudo de treinta y uno de enero de dos mil siete relativo al expediente 825/2004 de su índice. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de las partes esta determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Luis Alfonso Cruz González, Secretario con quien actúa. Doy fe.

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