Juan Fernández Hilario
Expediente 544/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 544/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/07/2021
Partes del expediente
- Juan Fernández Hilario
- Gobernador Constitucional del Estado de México
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que trascurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que desahogara la prevención realizada en auto de siete de julio del año en curso, sin que realizara pronunciamiento alguno; en consecuencia, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia, y se tiene por no presentado el escrito aparentemente firmado por el quejoso ********************, registrado en el libro de correspondencia interna bajo el número 9188; asimismo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
MESA III. Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta a través del cual el quejoso ** por propio derecho, pretende desahogar la prevención realizada mediante proveído de veintinueve de junio pasado; sin embargo, como la firma que calza el ocurso que se atiende, difiere notablemente de la que obra en autos; se requiere al promovente para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído, comparezca en las instalaciones de este Juzgado de Distrito a ratificar el contenido y firma del ocurso de cuenta; apercibido que de ser omiso al respecto, se tendrá por no presentado el escrito que se atiende. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 202, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 165 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBE MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndose al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." En el entendido, que previo a acudir a este órgano jurisdiccional a ratificar el contenido y firma del escrito de cuenta, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 544/2021-III. Ahora, a fin de acordar lo procedente sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 112 y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído: Indique cuál es el primer acto de aplicación de la norma que señala como acto reclamado, el cual deberá señalar como acto destacado, así como la fecha de su emisión, la data en que se le notificó y/o tuvo conocimiento, dado que se advierte que los actos que reclama tiene el carácter de le heteroaplicativa. Lo anterior con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan a este juzgado pronunciarse sobre la procedencia del juicio que se intenta, toda vez que del contenido de la demanda se advierte que cotizó al Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMYM), y obtuvo una pensión mediante determinación del catorce de mayo de dos mil quince. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo." Así como la Jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con número de registro 198200, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Así como la Tesis II.3o.C.3 K, del Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Segundo Circuito, publicada en la página 1205, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Agosto de dos mil, Novena Época, que establece: "LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN. En el juicio de amparo existen dos vertientes para establecer el momento oportuno para reclamar la inconstitucionalidad de una ley; primero, cuando se trata de una ley autoaplicativa y segundo, cuando se refiere a una ley heteroaplicativa. Para distinguir el instante en que una u otra pueden ser impugnadas se debe atender al concepto de individualización incondicionada, esto es, determinar si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización. De esta forma, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualiza condición alguna, se está en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones que impone la ley no surgen en forma automática (con su sola entrada en vigor), sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se está frente a una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Consecuentemente, si no existe el hecho que actualice la condición para que una ley heteroaplicativa sea reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, es evidente su improcedencia." Apercibida que, de no dar cumplimiento en los términos indicados, en el plazo establecido, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otro lado, toda vez que la parte quejosa proporciona el usuario "licvelascofranco" y de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se encontró registro de dicho usuario; conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto y se le tiene esa vía como medio para oír y recibir notificaciones; en esa tesitura, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Velasco Franco, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y por autorizadas en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a las restantes personas que menciona en su demanda; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Luego, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.
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