Juan Dolores Escobar
Expediente 1535/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1535/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/02/2023
Partes del expediente
- Juan Dolores Escobar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18, del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comento, el presente cuaderno permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, se hace del conocimiento al quejoso que cuenta con un plazo de noventa días para acudir a este Juzgado de Distrito, a efecto de recoger el documento original que anexó a su demanda inicial de amparo, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dicho documento será destruido. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, AUTO QUE A LA LETRA REFIERE: Toluca, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18, del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comento, el presente cuaderno permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, se hace del conocimiento al quejoso que cuenta con un plazo de noventa días para acudir a este Juzgado de Distrito, a efecto de recoger el documento original que anexó a su demanda inicial de amparo, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dicho documento será destruido. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Treinta de noviembre de dos mil veintidós. Veinticinco de noviembre de dos mil veintidós (determinación por la cual se emitió el dictamen de pensión). Nueve de diciembre de dos mil veintidós (notificación). Ocho y catorce de diciembre de dos mil veintidós. Veintiuno de diciembre de dos mil veintidós (quejoso). En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de emitir dictamen de jubilación, con motivo del escrito presentado por el quejoso, solicitud que fue registrada con el folio 471, 452, 768 43100. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para los siguientes efectos: ". se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a la solicitud de pensión presentada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, y notifique la misma al solicitante ahora quejoso; debiendo remitir copia certificada de su respuesta y notificación a este juzgado de Distrito. En el entendido de que el sentido de la respuesta o su fundamentación y motivación, no son materia del amparo, y tampoco de su cumplimiento; por lo que bastará con que la responsable dé respuesta de manera congruente a la solicitud de pensión y notifique la misma al peticionario; debiendo remitir su respuesta y notificación a este juzgado para que la sentencia se tenga por cumplida." Así, el treinta de noviembre del año pasado, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el nueve de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio sin número, signado por el representante legal del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual, comunicó que se encontraba en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y remitió copia certificada del dictamen ******************** de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, con relación a la solicitud de pensión presentada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, por el quejoso ********************, sin embargo, respecto de la notificación, comunicó que se encontraba programada la cita respectiva para realizarla el nueve de diciembre de dos mil veintidós por lo que una vez que contara con ella la remitiría a este órgano jurisdiccional; y, por diverso auto de quince de diciembre siguiente, esa autoridad remitió de nueva cuenta copia del dictamen ********************, así como las constancias de notificación realizada al quejoso; constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, y con las mismas se dio vista a la parte quejosa, sin que realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, se pronunció en el ámbito de su competencia con relación a la solicitud de pensión presentada el cuatro de marzo de dos mil veintidós, y notificó la misma al solicitante ahora quejoso. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento del quejoso esta determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Xavier Esteban Reyes Iniesta, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el representante legal del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en atención al cumplimiento dado a la sentencia emitida en este juicio, remite copia del dictamen CP/84224/2022 de veinticinco de noviembre de esta anualidad, así como la notificación realizada al quejoso Juan Dolores Escobar. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable dio cumplimiento a la sentencia protectora; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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