Juan Delgado Caudillo

Expediente 985/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
985/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Delgado Caudillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obre únicamente como antecedente el oficio que remite el la Jueza Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, en razón de que el veinte de febrero del presente año, se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso *******. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de marzo de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se negó el amparo y protección de la justicia federal, en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación. Así, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Notifíquese en lista electrónica, por oficio a la autoridad responsable y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 985/2022-III, promovido por *******, defensora penal pública de *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, Defensora Penal Pública de *******, la cual fue turnada a este juzgado el día hábil siguiente, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza de Primera Instancia del Sistemas Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en su denominación correcta, de quien reclamó, los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, una vez que la parte quejosa desahogó cabalmente la prevención que se le formuló en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós; se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto reclamado es atribuido a una autoridad de cuya circunscripción territorial este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; lo anterior de conformidad con el numeral 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de la Jueza de Primera Instancia del Sistemas Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en su denominación correcta, lo siguiente: -ACTO RECLAMADO: La autoridad La Lic. ******* Juez de Control del Distrito Judicial Bravos en de fecha 06 de Octubre del 2022, en donde se rechazó la procedencia de la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso a favor de mi representado ******* al estimar que no se cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 191 y 192 del código adjetivo de la materia, específicamente con lo concerniente a la reparación del daño, toda vez que consideró la Juzgadora ante la oposición por parte de la representación social y la Representante del Menor, que no se había planteado un plan integral de la reparación del daño, ya que la juzgadora estimó que la reparación del daño debe ser acorde a garantizar el resarcimiento en las esferas tanto física como psicológico, material e incluso moral.- TERCERO. Existencia del acto reclamado. La licenciada *******, Jueza de Primera Instancia del Sistemas Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la resolución dictada en audiencia de seis de octubre de dos mil veintidós, en la cual, resolvió negar la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal *******, lo cual se corrobora con las constancias anexas a su informe, mismas que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del -expediente electrónico-, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. CUARTO. Actualización de causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: -IMPROCEDENCIA: Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.- Sin embargo, en el caso, no se advierte la actualización de causas de improcedencia, ni las partes hacen valer alguna. QUINTO. Antecedentes. Resulta oportuno destacar los antecedentes del acto reclamado, consistente en la determinación de seis de octubre de dos mil veintidós, en la cual, resolvió negar la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal *******. Así, de las constancias que obran en el presente sumario, las cuales fueron remitidas por la autoridad responsable, se desprende lo siguiente: En audiencia celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo audiencia inicial en la cual se calificó de legal la detención y retención de *******, se le formuló imputación y se dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de violencia familiar agravada y lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 193 párrafo primero y párrafo quinto, 129 fracción IV, 131, 136 fracción II, inciso a), ambos del Código Penal vigente en el Estado de Chihuahua, en perjuicio del menor víctima de iniciales *******. Se fijó como plazo de cierre de investigación complementaria, el de dos meses, de conformidad con el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se le impuso la medida cautelar prevista en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva, con una vigencia de doce meses, a fenecer el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. En acuerdo del once de marzo del año en curso, se tuvo a la agente del Ministerio Publico conocedora de la causa penal de origen, formulando acusación en contra del quejoso, por el delito de violencia familiar agravada y lesiones calificadas previsto y sancionado por los artículos 193 párrafo primero y párrafo quinto, 129 fracción IV, 131, 136 fracción II, inciso a), ambos del Código Penal vigente en el Estado de Chihuahua, en perjuicio del menor víctima de iniciales *******, y se fijó fecha y hora a efecto de celebrar audiencia intermedia. Posteriormente, en audiencia de doce de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo audiencia en la cual se rechazó la suspensión condicional del proceso, en contra de tal resolución, la defensa interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el toca *******, y el quince de julio de misma data, resolvió confirmar la resolución recurrida. En audiencia de seis de octubre de dos mil veintidós, se rechazó la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, de conformidad con la fracción II, del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que existió oposición de la licenciada *******, abogada adscrita a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, quien fungía como representante legal del menor víctima en ese momento, asimismo, se rechazó el procedimiento abreviado al existir oposición de la referida Representante legal del menor víctima, y se difirió la audiencia intermedia a petición de la defensora publica, licenciada *******, quien manifestó no estar preparada para la audiencia intermedia, por lo que se fijaron las ocho horas del cuatro de noviembre de dos mil veintidós para celebrarla, la cual fue diferida a petición de la Representación Social. En audiencia de veinticuatro de noviembre siguiente, el acusado ******* nombró como su defensor público, al licenciado *******, de conformidad con el artículo 20 Constitucional, apartado B), fracción VIII, quien aceptó y protestó el cargo conferido y se identificó con cedula estatal *******, quien manifestó que solicitaba nueva fecha ya que existía un juicio de amparo promovido en esa causa penal, razón por la cual se fijaron las catorce horas del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la referida audiencia intermedia, asimismo, a petición de la Representación Social, se llevó a cabo la revisión de medidas cautelares, de conformidad con el artículo 161 Código Nacional de Procedimientos Penales, y a solicitud del agente del Ministerio Público, se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de doce meses contados a partir del día veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, por lo que la misma fenecerá el día veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. En audiencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, y para efecto de dar cumplimiento a lo requerido por la autoridad Federal respecto a la suspensión decretada, se suspendió el procedimiento de la causa penal de origen, una vez que concluyó la etapa Intermedia y sin dictar el auto de apertura a juicio oral, hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo. En la misma audiencia el quejoso de referencia nombró como su defensora, a la Licenciada *******, Defensora Publica Penal, quien se identificó con Cedula Profesional Estatal *******. De lo anterior se desprende que el seis de octubre de dos mil veintidós, la Jueza de Control, en la causa penal *******, resolvió negar la solicitud de salida alterna, consistente en la suspensión condicional del proceso, al hoy quejoso y remitió para tal efecto copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de referencia, en la que se resolvió lo anterior. Constancias que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, como lo es la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado, por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación y con esa omisión no se priva al quejoso de derecho alguno. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, aún suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de la Ley de Amparo, pues no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. Lo anterior, en virtud de que, en el caso que nos ocupa, no han sido satisfechos los requisitos para el otorgamiento de la salida alterna, consistente en la suspensión condicional del proceso, solicitada por la defensora penal pública, a favor del sentenciado hoy quejoso, en audiencia de seis de octubre del año dos mil veintidós, por las siguientes consideraciones. En el presente juicio, el quejoso ******* reclamó de la autoridad responsable, en esencia, la resolución de seis de octubre del año dos mil veintidós, en la que negó la salida alterna, consistente en la suspensión condicional del proceso, lo que a su consideración, viola los principios de justicia pronta y expedita, que se encuentran protegidos y tutelados por los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 constitucionales. Lo anterior, pues, aduce, que la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso una vez que se encontraban reunidos los requisitos que establecen los artículos 191, 192, 193, 194, y 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que aun y cuando la representación social no cuantificó una reparación del daño en específico, el quejoso ofreció como pago de la reparación del daño la cantidad de $******* (*******), situación con la que no estuvo de acuerdo la representante legal de la menor víctima, la asesora jurídica de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la licenciada *******, quien manifestó que dicha cantidad no comprende la reparación material, moral, física y psicológica, todo lo que conlleva una reparación integral para la víctima; refiere, que es algo que es imposible saber ya que no se cuenta con la cuantificación correspondiente. Señala, que la juzgadora negó la procedencia de la figura en estudio, pues dada la forma en que la representación social acusó la reparación del daño, es necesario que ésta sea cuantificada de manera específica, ya que de hacerlo en una etapa procesal en la que ya le habrá fenecido la oportunidad de ejercer su derecho a las soluciones alternas, con eso se atenta contra los derechos fundamentales del mismo, con lo cual se coartan esos derechos, por cuestiones no atribuibles a él. Como consecuencia de lo anterior, la parte quejosa consideró ilegal la resolución que negó la procedencia de la salida alterna solicitada, dado que al no cuantificarse la reparación del daño por parte de la representación social, debió de aceptar la propuesta presentada por el hoy quejoso en la audiencia de referencia. Ahora bien, la figura de la salida alterna, consistente en la suspensión condicional del proceso y los requisitos para acceder a ella, se encuentra estipulada en los artículos 191, 192 y 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que disponen lo siguiente: -Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. La suspensión condicional será improcedente para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código. Artículo 194. Plan de reparación En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo.- Según se desprende del artículo 191 antes transcrito, en el caso en estudio, por suspensión condicional del proceso, se entenderá lo siguiente. Planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado. Contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño. El sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo. Que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido. Asimismo, según lo dispone el artículo 192 antes transcrito, para la procedencia del mismo, es necesario, según lo establece la fracción II: II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido. Al respecto, en el registro de audio y video de la audiencia de seis de octubre de dos mil veintidós, que remite la responsable en su informe con justificación, se advierte que al momento de hacer la solicitud de la salida alterna en comento, la defensora penal pública, manifestó lo siguiente: -Con fundamento en el artículo 181, esta defensa desea realizar solicitud de suspensión condicional del proceso, a favor de mi representado, en la que sí se proponga un pago de reparación del daño integral a favor del menor víctima, toda vez que no se cuenta en la presente carpeta de investigación con un monto exacto de la reparación del daño que le corresponde a la víctima, toda vez que, pues ya ha pasado en exceso el tiempo en esta causa penal para que se haya hecho, presentado pues un monto exacto para esta reparación del daño, se desea hacer la solicitud con el pago genérico de la reparación del daño, por lo que expongo mi solicitud, toda vez que se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo que hace al pago de la reparación del daño para el menor víctima, esta defensa ofrece a nombre de mi representado el pago de la reparación del daño, por la cantidad de diez mil pesos, toda vez que como lo manifesté, no existe un monto establecido en esta causa penal y toda vez que no es una situación que no se ha manifestado, una cantidad que no se ha proporcionado, por parte de fiscalía para establecer un monto exacto, esta defensa considera que no puede afectarse a mi representado en su derecho que tiene al procederle una suspensión condicional al proceso, el hecho de que no se haya dado una cantidad exacta, por lo que mi representado en este momento cuenta con la cantidad de diez mil pesos, que se pagarían en este momento, mismos que trae al madre de mi representado en esta audiencia. Por lo que hace a las condiciones que mi representado se compromete a cumplir son las establecidas en las fracciones II y VII, del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que hace a la fracción número II, se compromete mi representado a no acercarse al domicilio donde se encuentre la víctima, al domicilio donde él viva, o al lugar donde él se pudiera encontrar, además de no comunicarse con él por ningún medio, ni con la persona a cargo de con quien esté. Por lo que hace a la fracción VII, se compromete mi representado a tomar tratamiento psicológico ante la institución a donde sea canalizado por parte de instituto de servicios previos al juicio. Solicitando se autorice esta salida alterna misma que se expone ya con un monto de reparación del daño, el cual fue el motivo por el que se negó en la ocasión anterior, situación por la que se confirmó por la Primera Sala Penal Regional, en esta ocasión sí se ofrece un monto de reparación del daño, por lo que se solicita se autorice esta salida alterna a favor de mi representado por un término de veinte meses. Sería cuanto su señoría.- Asimismo, expone el rubro de las siguientes tesis: 2016480 cuyo rubro es el siguiente: -SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA. ES ILEGAL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE PREVIAMENTE SE PAGUE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, SI LA CUANTIFICACIÓN DE ÉSTA SE RESERVÓ PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN.- y 2015986: -SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. EL MONTO DEL PLAN DE REPARACIÓN DEL DAÑO PROPUESTO POR EL IMPUTADO DEBE CUBRIR, AL MENOS, LA CANTIDAD QUE PUEDA DETERMINARSE OBJETIVAMENTE AL MOMENTO DE PROMOVERSE DICHA SOLUCIÓN ALTERNA DEL PROCESO.- Una vez lo anterior, la Jueza responsable corrió traslado a la Representación Social, quien manifiesta lo siguiente: -Esta representación social no concatena con la defensa, toda vez que no estamos de acuerdo que se le otorgue una suspensión condicional, si bien hace una propuesta como plan de reparación por la cantidad de diez mil pesos, sin embargo, hasta este momento esta representación social realizó una acusación de reparación del daño de manera genérica, asimismo, hasta este momento, pues, aún se están llevando a cabo las diligencia pertinentes y conducentes para poder tener la cuantía de la reparación, si bien hacen una propuesta, sin embargo, pues esto es a la ligera, y no estaríamos cumpliendo con el artículo cuarto constitucional, en garantizar de igual manera una protección al derecho que tiene del niño víctima, de una reparación del daño justa, ya que si bien, aun no se le ha realizado una pericial o que se encuentre en este momento en solicitudes ya que esta representación social solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado llevar a cabo las diligencia pertinentes y conducentes para poder cuantificar este monto de reparación y hasta este momento su señoría no ha sido posible arribar a lo anterior, y toda vez que aún no se lleva a cabo un auto de apertura a juicio oral, de igual manera no nos hemos encontrado en la etapa que hace manifestaciones la defensa, una etapa de ejecución, pues esta representación social aún puede realizar las diligencias pertinentes para que se cuantifique la reparación del daño, es por lo cual, esta representación social pues no se encuentra de acuerdo con dicha solicitud.- A continuación la Jueza de Control concede el uso de la voz a la a Asesora Jurídica del menor de edad víctima, la cual manifiesta lo siguiente: -En un primer término, estoy de acuerdo con lo manifestado por la agente del ministerio público, ahora bien no se está de acuerdo también con lo referente con la manifestaciones que hace la defensa, esto dado que si bien es cierto la reparación del daño no está cuantificada, pues esta de manera genérica, tal es el caso de que en audiencias próximas pasadas, la defensa recurriera su resolución en la que su señoría tuvo a bien determinar que esta reparación del daño, fue acusada de manera genérica, pues de manera toral no estábamos en una etapa del proceso en que tuviéramos pues que acreditar ahora sí que un monto en cuanto a la reparación del daño, sin embargo esta subprocuraduría ha realizado diversas gestiones para realizar dicha cuantificación, ya que en un primer término, fue solicitado a servicios periciales del Estado una opinión técnica para llevar a cabo diversos estudios a la víctima esto a efecto de determinar si iba a requerir rehabilitación algún proceso de salud para estos exámenes médicos, servicios periciales nos remitió en un primer momento el expediente clínico del niño, que lo tiene el hospital infantil, este fue solicitado mediante oficio *******, solicitando que se remitiera de manera urgente dicho expediente clínico, a su vez fue remitido a Servicios Periciales del Estado, toda vez que esta subprocuraduría tampoco va a someter a estrés al niño víctima realizando estudios que en realidad no sean requeridos, por lo anterior se estaría solicitando que nos atienda a la solicitud de la defensa toda vez que no tenemos como tal un monto total y no podemos dejar a un niño de tres años de edad que únicamente con esos diez mil pesos va a cubrir con la reparación de daño, como lo advirtió la misma Sala, esta reparación del daño debe ser de manera integral, ya sea física, psicológica, material y moral. Sería cuanto-. La Jueza responsable corrió traslado a la defensora penal pública, la cual manifestó lo siguiente: -Esta defensa considera en que las suposiciones que manifiestan tanto la representante de ministerio público como la representante del menor por parte del DIF, no tienen sustento o razón de ser, en relación a que no es culpa de mi representado que hasta la fecha de hoy, no se tenga una cuantía de la reparación del daño del menor víctima, el plazo de investigación en la presente carpeta venció ya hace varios meses, ha pasado casi un año que mi representado se encuentra sujeto a proceso, y no se ha logrado tener una cuantía de la reparación del daño, no puede usarse en perjuicio de mi representado esa situación, en la que mi representado no tiene modo de poder ofrecer un pago de la reparación del daño en una suspensión condicional del proceso, por el hecho de que el Agente del Ministerio Público, no ha otorgado o proporcionado una cantidad para cubrir una reparación del daño, obviamente tenemos consciencia de la necesidad de cubrir una reparación del daño del menor víctima; sin embargo al no tener una cantidad exacta para cubrir por la reparación del daño, no se puede violar el derecho a mi representado que tiene a una salida alterna, toda vez que se cumplen con estos requisitos para esta salida alterna, le corresponde un salida alterna en este proceso penal, como ya manifesté, no es su culpa que no haya un monto exacto para la reparación del daño, por eso se está ofreciendo una reparación del daño genérica con la cantidad de diez mil pesos, han tenido once meses para determinar un monto exacto de pago de reparación del daño y no se ha planteado, esta defensa entiende el cúmulo de trabajo que se tiene por parte de fiscalía, por parte del DIF, para poder contar con datos; sin embargo no puede utilizarse esta situación para afectar a mi representado y negársele nuevamente una suspensión condicional del proceso al no contar con un monto exacto para la reparación del daño, esta defensa continúa sosteniendo la solicitud de que se ha hecho, toda vez que ya se ofreció un pago de reparación del daño en un monto. Sería cuanto.- Así, una vez escuchadas a las partes, la Jueza de Control resolvió lo siguiente: En primer momento la Jueza de Control responsable, hace una reseña de las audiencias señaladas en el procedimiento penal de origen, desde la presentación de la acusación el diez de marzo dos mil veintidós, hasta las señaladas para desahogar la audiencia intermedia, la cual no se ha celebrado puesto que la defensa ha presentado diversos solicitudes así como recursos en su actividad defensiva, como lo son del procedimiento abreviado o salida alterna, con lo cual ha postergado la celebración de la audiencia intermedia. Una vez lo anterior, la Jueza de Control responsable, procedió a resolver la solicitud de salida alterna planteada por la defensora en el sentido siguiente: -Atento a lo manifestado por la señorita defensora tenemos que: Respecto de la suspensión condicional del proceso la cual se insiste en este audiencia pública, pese a que se advierte por parte de la representación social, y de la licenciada *******, que no existe ninguna modificación en cuanto a la pretensión por escrito respecto de la reparación del daño que se solicita sea a favor del menor de iniciales ******* no existe ninguna modificación hasta este momento, hacen hincapié tanto la agente del Ministerio Público como la Asesora Jurídica, que no están de acuerdo a la postura por parte de la defensa, por lo cual debemos de adentrarnos en lo que refirió al defensa en cuanto a su postura, respecto de todo el apartado en particular del numeral 194, máxime que también se hizo cargo del numeral 195, condiciones para que fueran cumplidas en dado caso de concederse la suspensión, la fracción II y VII, del numeral 195, sin embargo de esto no se hicieron cargo la representante social ni la asesora jurídica en razón de que es un tema toral de oposición, lógicamente es respecto del numeral 194, tenemos que la señorita defensora el día de hoy, solicitó una reparación del daño a favor de la víctima menor de edad por la cantidad de diez mil pesos, también invocando diversos rubros jurisprudenciales los cuales refieren lo siguiente: con el número 2016480, que refiere -SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN Y A LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, DEBE PAGAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO, LO CIERTO ES QUE ES ILEGAL IMPONER ESA CONDICIÓN EN LOS CASOS EN QUE LA CUANTIFICACIÓN DEL MONTO DE LA PENA PÚBLICA REFERIDA SE RESERVA PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN-, también la tesis con número 2015986: SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. EL MONTO DEL PLAN DE REPARACIÓN DEL DAÑO PROPUESTO POR EL IMPUTADO DEBE CUBRIR, AL MENOS, LA CANTIDAD QUE PUEDA DETERMINARSE OBJETIVAMENTE AL MOMENTO DE PROMOVERSE DICHA SOLUCIÓN ALTERNA DEL PROCESO.- Si bien es cierto tenemos que en la primera tesis invocada por parte de la señorita defensora, no atañe en particular al caso concreto, no así la segunda tesis; sin embargo, el monto de reparación del daño, es fijado en este momento y así se ha insistido desde la fecha de la presentación, esta data desde el diez de marzo de dos mil veintidós, en donde el Ministerio Público ha sido congruente en base a su manifestación a su petición, no obstante que el numeral 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el apartado precisamente de una suspensión condicional del proceso, para efectos de la procedencia tenemos: La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los siguientes requisitos: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; así mismo la fracción II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido. Tenemos que incluso la señorita defensora, ha hecho del conocimiento de esta juzgadora que el señor *******, está de acuerdo con esta suspensión, que incluso, el día de hoy se haría pagadera la cantidad que se oferta de conformidad con el numeral 194, dentro de este apartado de suspensión, el cual el numeral 194, de la codificación nacional, reza lo siguiente: En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Luego entonces y atendiendo al plan que ha sugerido la señorita defensora y el señor *******, tenemos que este no es suficiente, en base a que, en base al argumento en vía de oposición que ha esgrimido el día de hoy en audiencia pública, y a través de la concentración e inmediación, esta juzgadora ha podido advertir con claridad que desde este momento, quien lleva el uso de la voz, precisamente de la persona vulnerable menor de edad, de tan solo tres años, menor de iniciales ******* es la licenciada *******, asesora jurídica y representante de la persona menor de edad, en base al numeral 192, tenemos que existe una oposición, una oposición por parte de la representante de la persona menor víctima, luego entonces, esta oposición por parte de la representante legal de la persona menor víctima, esta juzgadora la encuentra ajustada, en base a su oposición que se encuentra fundada, no obstante ser una representante social adscrita a la sub procuraduría, precisamente vela por los intereses de la persona menor de edad, toda vez que vela y brinda protección y es auxiliar de niños, niñas y adolescentes de este Distrito Judicial Bravos, pues si bien la profesionista aquí presente se opone, en razón de que su oposición basa en lo siguiente: La reparación del daño que se ha propuesto por parte de la defensa penal pública, ésta de ninguna manera cumple con las finalidades de una suspensión, se insiste, el plan de reparación del daño es respecto a lo que establece el numeral 194, un plan de reparación del daño, causado por el delito, tenemos que hasta este momento, la reparación del daño causada por el delito aún no se encuentra fijada, sin embargo eso de ninguna manera limita el derecho del Ministerio Público o a la asesora jurídica a acreditarlo en una etapa posterior, toda vez que la reparación del daño que se ha peticionado y como bien lo destacó en esta audiencia, la asesora jurídica, ha sido peticionado de manera genérica, luego entonces, también es congruente la oposición por parte de la asesora, en cuanto a que se pretenda aceptar como pago por la reparación del daño la cantidad de *******. Ahora bien, bajo el argumento de la defensa, que una suspensión considera y prepondera los derechos por encima de los derechos que tiene una persona menor víctima, de que refiere que no puede afectarse el derecho de su representado, a resultar precisamente beneficiado o acogido por una figura jurídica, que si bien la contempla el Código Nacional, no es su derecho absoluto a favor de su representado, toda vez que este está supeditado, como lo establece el numeral 194, el plan debe ser acorde al daño causado, tenemos que de la acusación se desprenden los siguientes hechos: Que momentos antes de las diecinueve quince horas, del día de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del domicilio familiar ubicado en *******, *******, ejerció un acto abusivo de poder, tendiente abusar física y psicológica a su hijastro, niño no registrado que corresponde a nombre de iniciales ******* y/o *******, a quien le provocó una alteración en su salud como lo es hematomas de color violáceo, en región peri-orbital, con proceso inflamatorio y derrame conjuntival bilateral, con proceso inflamatorio severo y poca apertura ovular bilateral, proceso inflamatorio en región nasal con dos hematomas color violáceo, y uno color verdoso, una herida con escoriaciones en la ala área nasal izquierda de 0.5 centímetros, en ambas mejillas hematomas verdosos mismo que se extienden hasta la mandíbula bilateral, escoriaciones del labio superior y ala nasal izquierda que mide 1.5 centímetros por un centímetro, escoriaciones y heridas constantes con hematomas de color violáceos y verdes en ambas orejas, en cartílago de pabellones auriculares y lóbulo de oreja derecha , cicatriz en región pectoral derecha de un centímetro lineal, cicatriz con hendimiento en color rosa blanquesina, que mide tres centímetros por tres centímetros, en proceso de cicatrización en el centro de la lesión, con características de quemaduras de segundo a tercer grado en la zona de antebrazo izquierdo, tercio inferior cara lateral izquierda, dos escoriaciones regio-dorsal de pie izquierdo de un centímetro de y 0.5 centímetros con costra de ambas y tres zonas de alopecia por arrancamiento de cabello en región bilateral de temporales en región occipital y en región parietal recientes, las cuales son clasificadas como las que no ponen en peligro la vida, tardan de sanar más de sesenta días y sí dejan consecuencias médico legales, dejar lesión permanentes en ambos ojos, pueden presentar proceso infeccioso en lesiones de rostro, dejar cicatrices permanentes, puede presentar daño neurológico por poli-traumatismo en extremidades cefálica y cara. Luego entonces, es que tenemos que la Representación Social, encuadra incluso este delito en el numeral 193, primer y quinto párrafo, así como el de lesiones calificadas por ventaja, previsto por el numeral 129 fracción IV, en relación a los diversos 131 y 132 fracción II, inciso a todos del Código Penal del Estrado de Chihuahua. Luego entonces tenemos que la oposición por parte de la representante de la persona menor de edad se encuentra en este momento fundada, en esta audiencia en base a la oposición de la defensa, no obstante como se insiste, no es un derecho absoluto de que se conceda, pues refirió al señorita defensora que no ha sido problemática por parte de su representado, pues si bien es cierto la Litis se encuentra fijada por parte del Ministerio Público, la pretensión y la asesora respecto del daño que deberá ser resarcido de manera integral como lo ha precisado la señorita asesora, si bien es cierto en un momento posterior, deberá de ser acreditado tanto el daño, como el monto de la reparación del daño, por la multitud de lesiones que forman parte de la acusación, lógicamente se entiende la oposición por parte de la asesora, en donde se ha insistido, por parte incluso por parte de esta juzgadora, a lo largo de lo que he tenido conocimiento de esta audiencia concentrada, que debo hacer como dispone el numeral 1 de la Constitución Federal, se deben de respetar los derechos fundamentales en particular el menor de edad, toda vez que con el planteamiento que hace la defensa y la oposición fundada de la víctima, es que esta se apega a que no se ha garantizado con ese planteamiento por parte de la defensora, un plan integral de la reparación del daño, ese debe ser acorde al resarcimiento de las esferas física, psicológica, material, incluso moral, por lo cual, hasta este momento, se hace precisamente nugatoria la petición por parte de la señorita defensora pública, en cuanto a acceder a una suspensión condicional del proceso, en razón de que efectivamente se encuentra el Ministerio Público y la asesora en su misma postura, en base a la acusación y a los hechos que se dicen se cometieron en perjuicio de una persona menor de edad, de la cual no puede violarse su derecho fundamental consagrado en la Constitución Federal y tratados internacionales, a recibir una reparación del daño, esto en razón y con apego a la tesis 2001626, cuyo rubro es -DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. POR CONCEPTO Y ALCANCE. No obstante de que, del planteamiento por parte de la defensora, no es justo, no es acorde realizar un pago de la reparación de manera integral; sin embargo, esta juzgadora en base a la oposición, atento al artículo 192, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, atiende a la oposición fundada por parte de la asesora jurídica que debe de velar por los intereses y porque se resarza el daño en la persona vulnerable menor de edad, es por ello que no se pueden violentar los derechos de los menores en un proceso judicial, toda vez que los estándares en materia de infancia y adolescencia respecto de la reparación del daño, no se deben violar esos derechos fundamentales, se debe reparar el daño integral y completo lo cual en este momento no se está en posibilidades como lo refirió la asesora jurídica, en base a lo anterior se hace nugatoria por la oposición fundada manifestada, ampliada por parte de la asesora, en cuanto a que existe efectivamente una pretensión, si existe una solicitud, esta deberá ser de manera genérica y al ser esa la petición por escrito por parte de la agente del Ministerio Público, de la cual se adhiere la señorita asesora, lógicamente tendrá la obligación de la cual no pueden eximirse y en un eventual curso ordinario del procedimiento, tendrán la obligación de acreditar en su momento la reparación del daño, que sea exequible al señor *******, atento a la teoría del caso del Ministerio Público y de la señorita asesora; sin embargo, en este momento, se atiende la oposición con fundamento en el numeral 192 fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales.- En virtud de lo anterior, es que correctamente la Jueza de Control responsable, determinó que en el caso a estudio, al no encontrarse satisfecho el requisito de la ausencia de la oposición fundada de la víctima, resultó improcedente la concesión de la salida alterna solicitada en la audiencia de fecha seis de octubre de dos mil veintidós. No pasa inadvertido para esta juzgadora, la regla de derecho constitucional procesal inherente a que la víctima del delito tiene derecho a que se le repare el daño, establecida en el artículo 20, Apartado -C-, fracción IV, del Pacto Federal, la cual precisa: -20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; (.)- De igual manera, la Ley General de Victimas, en su artículo 7, señala que en el proceso penal, las victimas cuentan con una gama de derechos que deberán ser garantizados por los órganos jurisdiccionales, en los que se determinen decisiones judiciales inherentes a ellas, debiendo ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, tratados y leyes aplicables, al establecer lo siguiente: Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (.) VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño; (.) De igual manera, por lo que hace al tema de la reparación del daño, los artículos 26 y 27, de la propia Ley General de Victimas, establecen: Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos; IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados. Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo a los recursos autorizados para tal fin o a los Fondos Estatales, según corresponda. Conforme a lo anterior, el diseño multidimensional de la normativa en materia, abarca todos los ámbitos de protección de las víctimas como personas portadoras de derechos y no reducirlas como sujetos de prueba, pues es claro que, dentro del proceso penal, con independencia del trámite ordinario, especial o por medio de las salidas alternas, se dirimen sus prerrogativas fundamentales, entre otras, las relativas a la justicia, verdad y reparación integral del daño. Así, contrario a lo que aduce la parte quejosa, de las constancias remitidas por la responsable, esta juzgadora advierte que la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, actuó de manera correcta, pues con base en las circunstancias del caso, y toda vez que de autos se desprende, como lo afirma el quejoso en su demanda, que únicamente propuso el pago de $******* (*******); sin embargo, no presentó un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño, ni garantizó una tutela efectiva de los derechos de la víctima, por lo cual, se presentó la oposición por parte de la representante de la víctima, con lo cual, no se encontraron satisfechos los requisitos para la procedencia de la salida alterna solicitada en la causa penal de origen. Por lo que, satisfacer esas exigencias, es requisito indispensable para gozar el beneficio de suspensión condicional del proceso solicitada; de ahí que, la resolución que la negó, es apegada a derecho. No pasa desapercibido a esta juzgadora el hecho argumentado por la defensora penal pública del hoy quejoso, por lo que hace a que dicho plan de reparación del daño, no ha sido determinado por la representación social; sin embargo, como lo apuntó la responsable en la resolución en estudio, en el proceso de origen, aún no se dicta el auto de apertura a juicio oral, por lo cual, el monto de la reparación del daño, se encuentra en etapa de ser presentado, luego de lo cual, una vez garantizado el mismo, puede presentarse nuevamente la solicitud de salida alterna, consistente en la suspensión condicional del proceso, por parte del imputado hoy quejoso. Los razonamientos expuestos con antelación, evidencian lo infundado del concepto de violación de la parte quejosa, en el sentido de que debe estar garantizado plenamente el derecho de la víctima a la reparación del daño, y su respectiva ausencia de oposición fundada por parte del representante legal de la víctima, para, así, acceder al beneficio de suspensión condicional del proceso solicitada. Congruente con las anteriores consideraciones y en razón de que no se observó alguna deficiencia de la queja que suplir que derive beneficio al quejoso en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), acorde con el penúltimo párrafo del ordenamiento invocado de la Ley de Amparo, procede negar al directo quejoso *******, el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy veinte de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA ASESORA JURÍDICA DE LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 985/2022-III, promovido por *******, defensora penal pública de *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, Defensora Penal Pública de *******, la cual fue turnada a este juzgado el día hábil siguiente, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza de Primera Instancia del Sistemas Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en su denominación correcta, de quien reclamó, los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, una vez que la parte quejosa desahogó cabalmente la prevención que se le formuló en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós; se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto reclamado es atribuido a una autoridad de cuya circunscripción territorial este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; lo anterior de conformidad con el numeral 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de la Jueza de Primera Instancia del Sistemas Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en su denominación correcta, lo siguiente: -ACTO RECLAMADO: La autoridad La Lic. ******* Juez de Control del Distrito Judicial Bravos en de fecha 06 de Octubre del 2022, en donde se rechazó la procedencia de la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso a favor de mi representado ******* al estimar que no se cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 191 y 192 del código adjetivo de la materia, específicamente con lo concerniente a la reparación del daño, toda vez que consideró la Juzgadora ante la oposición por parte de la representación social y la Representante del Menor, que no se había planteado un plan integral de la reparación del daño, ya que la juzgadora estimó que la reparación del daño debe ser acorde a garantizar el resarcimiento en las esferas tanto física como psicológico, material e incluso moral.- TERCERO. Existencia del acto reclamado. La licenciada *******, Jueza de Primera Instancia del Sistemas Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la resolución dictada en audiencia de seis de octubre de dos mil veintidós, en la cual, resolvió negar la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal *******, lo cual se corrobora con las constancias anexas a su informe, mismas que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del -expediente electrónico-, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. CUARTO. Actualización de causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: -IMPROCEDENCIA: Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.- Sin embargo, en el caso, no se advierte la actualización de causas de improcedencia, ni las partes hacen valer alguna. QUINTO. Antecedentes. Resulta oportuno destacar los antecedentes del acto reclamado, consistente en la determinación de seis de octubre de dos mil veintidós, en la cual, resolvió negar la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal *******. Así, de las constancias que obran en el presente sumario, las cuales fueron remitidas por la autoridad responsable, se desprende lo siguiente: En audiencia celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo audiencia inicial en la cual se calificó de legal la detención y retención de *******, se le formuló imputación y se dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de violencia familiar agravada y lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 193 párrafo primero y párrafo quinto, 129 fracción IV, 131, 136 fracción II, inciso a), ambos del Código Penal vigente en el Estado de Chihuahua, en perjuicio del menor víctima de iniciales *******. Se fijó como plazo de cierre de investigación complementaria, el de dos meses, de conformidad con el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se le impuso la medida cautelar prevista en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva, con una vigencia de doce meses, a fenecer el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. En acuerdo del once de marzo del año en curso, se tuvo a la agente del Ministerio Publico conocedora de la causa penal de origen, formulando acusación en contra del quejoso, por el delito de violencia familiar agravada y lesiones calificadas previsto y sancionado por los artículos 193 párrafo primero y párrafo quinto, 129 fracción IV, 131, 136 fracción II, inciso a), ambos del Código Penal vigente en el Estado de Chihuahua, en perjuicio del menor víctima de iniciales *******, y se fijó fecha y hora a efecto de celebrar audiencia intermedia. Posteriormente, en audiencia de doce de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo audiencia en la cual se rechazó la suspensión condicional del proceso, en contra de tal resolución, la defensa interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el toca *******, y el quince de julio de misma data, resolvió confirmar la resolución recurrida. En audiencia de seis de octubre de dos mil veintidós, se rechazó la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, de conformidad con la fracción II, del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que existió oposición de la licenciada *******, abogada adscrita a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, quien fungía como representante legal del menor víctima en ese momento, asimismo, se rechazó el procedimiento abreviado al existir oposición de la referida Representante legal del menor víctima, y se difirió la audiencia intermedia a petición de la defensora publica, licenciada *******, quien manifestó no estar preparada para la audiencia intermedia, por lo que se fijaron las ocho horas del cuatro de noviembre de dos mil veintidós para celebrarla, la cual fue diferida a petición de la Representación Social. En audiencia de veinticuatro de noviembre siguiente, el acusado ******* nombró como su defensor público, al licenciado *******, de conformidad con el artículo 20 Constitucional, apartado B), fracción VIII, quien aceptó y protestó el cargo conferido y se identificó con cedula estatal *******, quien manifestó que solicitaba nueva fecha ya que existía un juicio de amparo promovido en esa causa penal, razón por la cual se fijaron las catorce horas del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la referida audiencia intermedia, asimismo, a petición de la Representación Social, se llevó a cabo la revisión de medidas cautelares, de conformidad con el artículo 161 Código Nacional de Procedimientos Penales, y a solicitud del agente del Ministerio Público, se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de doce meses contados a partir del día veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, por lo que la misma fenecerá el día veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. En audiencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, y para efecto de dar cumplimiento a lo requerido por la autoridad Federal respecto a la suspensión decretada, se suspendió el procedimiento de la causa penal de origen, una vez que concluyó la etapa Intermedia y sin dictar el auto de apertura a juicio oral, hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo. En la misma audiencia el quejoso de referencia nombró como su defensora, a la Licenciada *******, Defensora Publica Penal, quien se identificó con Cedula Profesional Estatal *******. De lo anterior se desprende que el seis de octubre de dos mil veintidós, la Jueza de Control, en la causa penal *******, resolvió negar la solicitud de salida alterna, consistente en la suspensión condicional del proceso, al hoy quejoso y remitió para tal efecto copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de referencia, en la que se resolvió lo anterior. Constancias que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, como lo es la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado, por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación y con esa omisión no se priva al quejoso de derecho alguno. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, aún suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de la Ley de Amparo, pues no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. Lo anterior, en virtud de que, en el caso que nos ocupa, no han sido satisfechos los requisitos para el otorgamiento de la salida alterna, consistente en la suspensión condicional del proceso, solicitada por la defensora penal pública, a favor del sentenciado hoy quejoso, en audiencia de seis de octubre del año dos mil veintidós, por las siguientes consideraciones. En el presente juicio, el quejoso ******* reclamó de la autoridad responsable, en esencia, la resolución de seis de octubre del año dos mil veintidós, en la que negó la salida alterna, consistente en la suspensión condicional del proceso, lo que a su consideración, viola los principios de justicia pronta y expedita, que se encuentran protegidos y tutelados por los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 constitucionales. Lo anterior, pues, aduce, que la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso una vez que se encontraban reunidos los requisitos que establecen los artículos 191, 192, 193, 194, y 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que aun y cuando la representación social no cuantificó una reparación del daño en específico, el quejoso ofreció como pago de la reparación del daño la cantidad de $******* (*******), situación con la que no estuvo de acuerdo la representante legal de la menor víctima, la asesora jurídica de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la licenciada *******, quien manifestó que dicha cantidad no comprende la reparación material, moral, física y psicológica, todo lo que conlleva una reparación integral para la víctima; refiere, que es algo que es imposible saber ya que no se cuenta con la cuantificación correspondiente. Señala, que la juzgadora negó la procedencia de la figura en estudio, pues dada la forma en que la representación social acusó la reparación del daño, es necesario que ésta sea cuantificada de manera específica, ya que de hacerlo en una etapa procesal en la que ya le habrá fenecido la oportunidad de ejercer su derecho a las soluciones alternas, con eso se atenta contra los derechos fundamentales del mismo, con lo cual se coartan esos derechos, por cuestiones no atribuibles a él. Como consecuencia de lo anterior, la parte quejosa consideró ilegal la resolución que negó la procedencia de la salida alterna solicitada, dado que al no cuantificarse la reparación del daño por parte de la representación social, debió de aceptar la propuesta presentada por el hoy quejoso en la audiencia de referencia. Ahora bien, la figura de la salida alterna, consistente en la suspensión condicional del proceso y los requisitos para acceder a ella, se encuentra estipulada en los artículos 191, 192 y 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que disponen lo siguiente: -Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. La suspensión condicional será improcedente para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código. Artículo 194. Plan de reparación En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo.- Según se desprende del artículo 191 antes transcrito, en el caso en estudio, por suspensión condicional del proceso, se entenderá lo siguiente. Planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado. Contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño. El sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo. Que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido. Asimismo, según lo dispone el artículo 192 antes transcrito, para la procedencia del mismo, es necesario, según lo establece la fracción II: II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido. Al respecto, en el registro de audio y video de la audiencia de seis de octubre de dos mil veintidós, que remite la responsable en su informe con justificación, se advierte que al momento de hacer la solicitud de la salida alterna en comento, la defensora penal pública, manifestó lo siguiente: -Con fundamento en el artículo 181, esta defensa desea realizar solicitud de suspensión condicional del proceso, a favor de mi representado, en la que sí se proponga un pago de reparación del daño integral a favor del menor víctima, toda vez que no se cuenta en la presente carpeta de investigación con un monto exacto de la reparación del daño que le corresponde a la víctima, toda vez que, pues ya ha pasado en exceso el tiempo en esta causa penal para que se haya hecho, presentado pues un monto exacto para esta reparación del daño, se desea hacer la solicitud con el pago genérico de la reparación del daño, por lo que expongo mi solicitud, toda vez que se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo que hace al pago de la reparación del daño para el menor víctima, esta defensa ofrece a nombre de mi representado el pago de la reparación del daño, por la cantidad de diez mil pesos, toda vez que como lo manifesté, no existe un monto establecido en esta causa penal y toda vez que no es una situación que no se ha manifestado, una cantidad que no se ha proporcionado, por parte de fiscalía para establecer un monto exacto, esta defensa considera que no puede afectarse a mi representado en su derecho que tiene al procederle una suspensión condicional al proceso, el hecho de que no se haya dado una cantidad exacta, por lo que mi representado en este momento cuenta con la cantidad de diez mil pesos, que se pagarían en este momento, mismos que trae al madre de mi representado en esta audiencia. Por lo que hace a las condiciones que mi representado se compromete a cumplir son las establecidas en las fracciones II y VII, del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que hace a la fracción número II, se compromete mi representado a no acercarse al domicilio donde se encuentre la víctima, al domicilio donde él viva, o al lugar donde él se pudiera encontrar, además de no comunicarse con él por ningún medio, ni con la persona a cargo de con quien esté. Por lo que hace a la fracción VII, se compromete mi representado a tomar tratamiento psicológico ante la institución a donde sea canalizado por parte de instituto de servicios previos al juicio. Solicitando se autorice esta salida alterna misma que se expone ya con un monto de reparación del daño, el cual fue el motivo por el que se negó en la ocasión anterior, situación por la que se confirmó por la Primera Sala Penal Regional, en esta ocasión sí se ofrece un monto de reparación del daño, por lo que se solicita se autorice esta salida alterna a favor de mi representado por un término de veinte meses. Sería cuanto su señoría.- Asimismo, expone el rubro de las siguientes tesis: 2016480 cuyo rubro es el siguiente: -SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA. ES ILEGAL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE PREVIAMENTE SE PAGUE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, SI LA CUANTIFICACIÓN DE ÉSTA SE RESERVÓ PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN.- y 2015986: -SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. EL MONTO DEL PLAN DE REPARACIÓN DEL DAÑO PROPUESTO POR EL IMPUTADO DEBE CUBRIR, AL MENOS, LA CANTIDAD QUE PUEDA DETERMINARSE OBJETIVAMENTE AL MOMENTO DE PROMOVERSE DICHA SOLUCIÓN ALTERNA DEL PROCESO.- Una vez lo anterior, la Jueza responsable corrió traslado a la Representación Social, quien manifiesta lo siguiente: -Esta representación social no concatena con la defensa, toda vez que no estamos de acuerdo que se le otorgue una suspensión condicional, si bien hace una propuesta como plan de reparación por la cantidad de diez mil pesos, sin embargo, hasta este momento esta representación social realizó una acusación de reparación del daño de manera genérica, asimismo, hasta este momento, pues, aún se están llevando a cabo las diligencia pertinentes y conducentes para poder tener la cuantía de la reparación, si bien hacen una propuesta, sin embargo, pues esto es a la ligera, y no estaríamos cumpliendo con el artículo cuarto constitucional, en garantizar de igual manera una protección al derecho que tiene del niño víctima, de una reparación del daño justa, ya que si bien, aun no se le ha realizado una pericial o que se encuentre en este momento en solicitudes ya que esta representación social solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado llevar a cabo las diligencia pertinentes y conducentes para poder cuantificar este monto de reparación y hasta este momento su señoría no ha sido posible arribar a lo anterior, y toda vez que aún no se lleva a cabo un auto de apertura a juicio oral, de igual manera no nos hemos encontrado en la etapa que hace manifestaciones la defensa, una etapa de ejecución, pues esta representación social aún puede realizar las diligencias pertinentes para que se cuantifique la reparación del daño, es por lo cual, esta representación social pues no se encuentra de acuerdo con dicha solicitud.- A continuación la Jueza de Control concede el uso de la voz a la a Asesora Jurídica del menor de edad víctima, la cual manifiesta lo siguiente: -En un primer término, estoy de acuerdo con lo manifestado por la agente del ministerio público, ahora bien no se está de acuerdo también con lo referente con la manifestaciones que hace la defensa, esto dado que si bien es cierto la reparación del daño no está cuantificada, pues esta de manera genérica, tal es el caso de que en audiencias próximas pasadas, la defensa recurriera su resolución en la que su señoría tuvo a bien determinar que esta reparación del daño, fue acusada de manera genérica, pues de manera toral no estábamos en una etapa del proceso en que tuviéramos pues que acreditar ahora sí que un monto en cuanto a la reparación del daño, sin embargo esta subprocuraduría ha realizado diversas gestiones para realizar dicha cuantificación, ya que en un primer término, fue solicitado a servicios periciales del Estado una opinión técnica para llevar a cabo diversos estudios a la víctima esto a efecto de determinar si iba a requerir rehabilitación algún proceso de salud para estos exámenes médicos, servicios periciales nos remitió en un primer momento el expediente clínico del niño, que lo tiene el hospital infantil, este fue solicitado mediante oficio *******, solicitando que se remitiera de manera urgente dicho expediente clínico, a su vez fue remitido a Servicios Periciales del Estado, toda vez que esta subprocuraduría tampoco va a someter a estrés al niño víctima realizando estudios que en realidad no sean requeridos, por lo anterior se estaría solicitando que nos atienda a la solicitud de la defensa toda vez que no tenemos como tal un monto total y no podemos dejar a un niño de tres años de edad que únicamente con esos diez mil pesos va a cubrir con la reparación de daño, como lo advirtió la misma Sala, esta reparación del daño debe ser de manera integral, ya sea física, psicológica, material y moral. Sería cuanto-. La Jueza responsable corrió traslado a la defensora penal pública, la cual manifestó lo siguiente: -Esta defensa considera en que las suposiciones que manifiestan tanto la representante de ministerio público como la representante del menor por parte del DIF, no tienen sustento o razón de ser, en relación a que no es culpa de mi representado que hasta la fecha de hoy, no se tenga una cuantía de la reparación del daño del menor víctima, el plazo de investigación en la presente carpeta venció ya hace varios meses, ha pasado casi un año que mi representado se encuentra sujeto a proceso, y no se ha logrado tener una cuantía de la reparación del daño, no puede usarse en perjuicio de mi representado esa situación, en la que mi representado no tiene modo de poder ofrecer un pago de la reparación del daño en una suspensión condicional del proceso, por el hecho de que el Agente del Ministerio Público, no ha otorgado o proporcionado una cantidad para cubrir una reparación del daño, obviamente tenemos consciencia de la necesidad de cubrir una reparación del daño del menor víctima; sin embargo al no tener una cantidad exacta para cubrir por la reparación del daño, no se puede violar el derecho a mi representado que tiene a una salida alterna, toda vez que se cumplen con estos requisitos para esta salida alterna, le corresponde un salida alterna en este proceso penal, como ya manifesté, no es su culpa que no haya un monto exacto para la reparación del daño, por eso se está ofreciendo una reparación del daño genérica con la cantidad de diez mil pesos, han tenido once meses para determinar un monto exacto de pago de reparación del daño y no se ha planteado, esta defensa entiende el cúmulo de trabajo que se tiene por parte de fiscalía, por parte del DIF, para poder contar con datos; sin embargo no puede utilizarse esta situación para afectar a mi representado y negársele nuevamente una suspensión condicional del proceso al no contar con un monto exacto para la reparación del daño, esta defensa continúa sosteniendo la solicitud de que se ha hecho, toda vez que ya se ofreció un pago de reparación del daño en un monto. Sería cuanto.- Así, una vez escuchadas a las partes, la Jueza de Control resolvió lo siguiente: En primer momento la Jueza de Control responsable, hace una reseña de las audiencias señaladas en el procedimiento penal de origen, desde la presentación de la acusación el diez de marzo dos mil veintidós, hasta las señaladas para desahogar la audiencia intermedia, la cual no se ha celebrado puesto que la defensa ha presentado diversos solicitudes así como recursos en su actividad defensiva, como lo son del procedimiento abreviado o salida alterna, con lo cual ha postergado la celebración de la audiencia intermedia. Una vez lo anterior, la Jueza de Control responsable, procedió a resolver la solicitud de salida alterna planteada por la defensora en el sentido siguiente: -Atento a lo manifestado por la señorita defensora tenemos que: Respecto de la suspensión condicional del proceso la cual se insiste en este audiencia pública, pese a que se advierte por parte de la representación social, y de la licenciada *******, que no existe ninguna modificación en cuanto a la pretensión por escrito respecto de la reparación del daño que se solicita sea a favor del menor de iniciales ******* no existe ninguna modificación hasta este momento, hacen hincapié tanto la agente del Ministerio Público como la Asesora Jurídica, que no están de acuerdo a la postura por parte de la defensa, por lo cual debemos de adentrarnos en lo que refirió al defensa en cuanto a su postura, respecto de todo el apartado en particular del numeral 194, máxime que también se hizo cargo del numeral 195, condiciones para que fueran cumplidas en dado caso de concederse la suspensión, la fracción II y VII, del numeral 195, sin embargo de esto no se hicieron cargo la representante social ni la asesora jurídica en razón de que es un tema toral de oposición, lógicamente es respecto del numeral 194, tenemos que la señorita defensora el día de hoy, solicitó una reparación del daño a favor de la víctima menor de edad por la cantidad de diez mil pesos, también invocando diversos rubros jurisprudenciales los cuales refieren lo siguiente: con el número 2016480, que refiere -SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN Y A LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, DEBE PAGAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO, LO CIERTO ES QUE ES ILEGAL IMPONER ESA CONDICIÓN EN LOS CASOS EN QUE LA CUANTIFICACIÓN DEL MONTO DE LA PENA PÚBLICA REFERIDA SE RESERVA PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN-, también la tesis con número 2015986: SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. EL MONTO DEL PLAN DE REPARACIÓN DEL DAÑO PROPUESTO POR EL IMPUTADO DEBE CUBRIR, AL MENOS, LA CANTIDAD QUE PUEDA DETERMINARSE OBJETIVAMENTE AL MOMENTO DE PROMOVERSE DICHA SOLUCIÓN ALTERNA DEL PROCESO.- Si bien es cierto tenemos que en la primera tesis invocada por parte de la señorita defensora, no atañe en particular al caso concreto, no así la segunda tesis; sin embargo, el monto de reparación del daño, es fijado en este momento y así se ha insistido desde la fecha de la presentación, esta data desde el diez de marzo de dos mil veintidós, en donde el Ministerio Público ha sido congruente en base a su manifestación a su petición, no obstante que el numeral 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el apartado precisamente de una suspensión condicional del proceso, para efectos de la procedencia tenemos: La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los siguientes requisitos: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; así mismo la fracción II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido. Tenemos que incluso la señorita defensora, ha hecho del conocimiento de esta juzgadora que el señor *******, está de acuerdo con esta suspensión, que incluso, el día de hoy se haría pagadera la cantidad que se oferta de conformidad con el numeral 194, dentro de este apartado de suspensión, el cual el numeral 194, de la codificación nacional, reza lo siguiente: En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Luego entonces y atendiendo al plan que ha sugerido la señorita defensora y el señor *******, tenemos que este no es suficiente, en base a que, en base al argumento en vía de oposición que ha esgrimido el día de hoy en audiencia pública, y a través de la concentración e inmediación, esta juzgadora ha podido advertir con claridad que desde este momento, quien lleva el uso de la voz, precisamente de la persona vulnerable menor de edad, de tan solo tres años, menor de iniciales ******* es la licenciada *******, asesora jurídica y representante de la persona menor de edad, en base al numeral 192, tenemos que existe una oposición, una oposición por parte de la representante de la persona menor víctima, luego entonces, esta oposición por parte de la representante legal de la persona menor víctima, esta juzgadora la encuentra ajustada, en base a su oposición que se encuentra fundada, no obstante ser una representante social adscrita a la sub procuraduría, precisamente vela por los intereses de la persona menor de edad, toda vez que vela y brinda protección y es auxiliar de niños, niñas y adolescentes de este Distrito Judicial Bravos, pues si bien la profesionista aquí presente se opone, en razón de que su oposición basa en lo siguiente: La reparación del daño que se ha propuesto por parte de la defensa penal pública, ésta de ninguna manera cumple con las finalidades de una suspensión, se insiste, el plan de reparación del daño es respecto a lo que establece el numeral 194, un plan de reparación del daño, causado por el delito, tenemos que hasta este momento, la reparación del daño causada por el delito aún no se encuentra fijada, sin embargo eso de ninguna manera limita el derecho del Ministerio Público o a la asesora jurídica a acreditarlo en una etapa posterior, toda vez que la reparación del daño que se ha peticionado y como bien lo destacó en esta audiencia, la asesora jurídica, ha sido peticionado de manera genérica, luego entonces, también es congruente la oposición por parte de la asesora, en cuanto a que se pretenda aceptar como pago por la reparación del daño la cantidad de *******. Ahora bien, bajo el argumento de la defensa, que una suspensión considera y prepondera los derechos por encima de los derechos que tiene una persona menor víctima, de que refiere que no puede afectarse el derecho de su representado, a resultar precisamente beneficiado o acogido por una figura jurídica, que si bien la contempla el Código Nacional, no es su derecho absoluto a favor de su representado, toda vez que este está supeditado, como lo establece el numeral 194, el plan debe ser acorde al daño causado, tenemos que de la acusación se desprenden los siguientes hechos: Que momentos antes de las diecinueve quince horas, del día de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del domicilio familiar ubicado en *******, *******, ejerció un acto abusivo de poder, tendiente abusar física y psicológica a su hijastro, niño no registrado que corresponde a nombre de iniciales ******* y/o *******, a quien le provocó una alteración en su salud como lo es hematomas de color violáceo, en región peri-orbital, con proceso inflamatorio y derrame conjuntival bilateral, con proceso inflamatorio severo y poca apertura ovular bilateral, proceso inflamatorio en región nasal con dos hematomas color violáceo, y uno color verdoso, una herida con escoriaciones en la ala área nasal izquierda de 0.5 centímetros, en ambas mejillas hematomas verdosos mismo que se extienden hasta la mandíbula bilateral, escoriaciones del labio superior y ala nasal izquierda que mide 1.5 centímetros por un centímetro, escoriaciones y heridas constantes con hematomas de color violáceos y verdes en ambas orejas, en cartílago de pabellones auriculares y lóbulo de oreja derecha , cicatriz en región pectoral derecha de un centímetro lineal, cicatriz con hendimiento en color rosa blanquesina, que mide tres centímetros por tres centímetros, en proceso de cicatrización en el centro de la lesión, con características de quemaduras de segundo a tercer grado en la zona de antebrazo izquierdo, tercio inferior cara lateral izquierda, dos escoriaciones regio-dorsal de pie izquierdo de un centímetro de y 0.5 centímetros con costra de ambas y tres zonas de alopecia por arrancamiento de cabello en región bilateral de temporales en región occipital y en región parietal recientes, las cuales son clasificadas como las que no ponen en peligro la vida, tardan de sanar más de sesenta días y sí dejan consecuencias médico legales, dejar lesión permanentes en ambos ojos, pueden presentar proceso infeccioso en lesiones de rostro, dejar cicatrices permanentes, puede presentar daño neurológico por poli-traumatismo en extremidades cefálica y cara. Luego entonces, es que tenemos que la Representación Social, encuadra incluso este delito en el numeral 193, primer y quinto párrafo, así como el de lesiones calificadas por ventaja, previsto por el numeral 129 fracción IV, en relación a los diversos 131 y 132 fracción II, inciso a todos del Código Penal del Estrado de Chihuahua. Luego entonces tenemos que la oposición por parte de la representante de la persona menor de edad se encuentra en este momento fundada, en esta audiencia en base a la oposición de la defensa, no obstante como se insiste, no es un derecho absoluto de que se conceda, pues refirió al señorita defensora que no ha sido problemática por parte de su representado, pues si bien es cierto la Litis se encuentra fijada por parte del Ministerio Público, la pretensión y la asesora respecto del daño que deberá ser resarcido de manera integral como lo ha precisado la señorita asesora, si bien es cierto en un momento posterior, deberá de ser acreditado tanto el daño, como el monto de la reparación del daño, por la multitud de lesiones que forman parte de la acusación, lógicamente se entiende la oposición por parte de la asesora, en donde se ha insistido, por parte incluso por parte de esta juzgadora, a lo largo de lo que he tenido conocimiento de esta audiencia concentrada, que debo hacer como dispone el numeral 1 de la Constitución Federal, se deben de respetar los derechos fundamentales en particular el menor de edad, toda vez que con el planteamiento que hace la defensa y la oposición fundada de la víctima, es que esta se apega a que no se ha garantizado con ese planteamiento por parte de la defensora, un plan integral de la reparación del daño, ese debe ser acorde al resarcimiento de las esferas física, psicológica, material, incluso moral, por lo cual, hasta este momento, se hace precisamente nugatoria la petición por parte de la señorita defensora pública, en cuanto a acceder a una suspensión condicional del proceso, en razón de que efectivamente se encuentra el Ministerio Público y la asesora en su misma postura, en base a la acusación y a los hechos que se dicen se cometieron en perjuicio de una persona menor de edad, de la cual no puede violarse su derecho fundamental consagrado en la Constitución Federal y tratados internacionales, a recibir una reparación del daño, esto en razón y con apego a la tesis 2001626, cuyo rubro es -DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. POR CONCEPTO Y ALCANCE. No obstante de que, del planteamiento por parte de la defensora, no es justo, no es acorde realizar un pago de la reparación de manera integral; sin embargo, esta juzgadora en base a la oposición, atento al artículo 192, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, atiende a la oposición fundada por parte de la asesora jurídica que debe de velar por los intereses y porque se resarza el daño en la persona vulnerable menor de edad, es por ello que no se pueden violentar los derechos de los menores en un proceso judicial, toda vez que los estándares en materia de infancia y adolescencia respecto de la reparación del daño, no se deben violar esos derechos fundamentales, se debe reparar el daño integral y completo lo cual en este momento no se está en posibilidades como lo refirió la asesora jurídica, en base a lo anterior se hace nugatoria por la oposición fundada manifestada, ampliada por parte de la asesora, en cuanto a que existe efectivamente una pretensión, si existe una solicitud, esta deberá ser de manera genérica y al ser esa la petición por escrito por parte de la agente del Ministerio Público, de la cual se adhiere la señorita asesora, lógicamente tendrá la obligación de la cual no pueden eximirse y en un eventual curso ordinario del procedimiento, tendrán la obligación de acreditar en su momento la reparación del daño, que sea exequible al señor *******, atento a la teoría del caso del Ministerio Público y de la señorita asesora; sin embargo, en este momento, se atiende la oposición con fundamento en el numeral 192 fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales.- En virtud de lo anterior, es que correctamente la Jueza de Control responsable, determinó que en el caso a estudio, al no encontrarse satisfecho el requisito de la ausencia de la oposición fundada de la víctima, resultó improcedente la concesión de la salida alterna solicitada en la audiencia de fecha seis de octubre de dos mil veintidós. No pasa inadvertido para esta juzgadora, la regla de derecho constitucional procesal inherente a que la víctima del delito tiene derecho a que se le repare el daño, establecida en el artículo 20, Apartado -C-, fracción IV, del Pacto Federal, la cual precisa: -20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; (.)- De igual manera, la Ley General de Victimas, en su artículo 7, señala que en el proceso penal, las victimas cuentan con una gama de derechos que deberán ser garantizados por los órganos jurisdiccionales, en los que se determinen decisiones judiciales inherentes a ellas, debiendo ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, tratados y leyes aplicables, al establecer lo siguiente: Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (.) VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño; (.) De igual manera, por lo que hace al tema de la reparación del daño, los artículos 26 y 27, de la propia Ley General de Victimas, establecen: Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos; IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados. Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo a los recursos autorizados para tal fin o a los Fondos Estatales, según corresponda. Conforme a lo anterior, el diseño multidimensional de la normativa en materia, abarca todos los ámbitos de protección de las víctimas como personas portadoras de derechos y no reducirlas como sujetos de prueba, pues es claro que, dentro del proceso penal, con independencia del trámite ordinario, especial o por medio de las salidas alternas, se dirimen sus prerrogativas fundamentales, entre otras, las relativas a la justicia, verdad y reparación integral del daño. Así, contrario a lo que aduce la parte quejosa, de las constancias remitidas por la responsable, esta juzgadora advierte que la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, actuó de manera correcta, pues con base en las circunstancias del caso, y toda vez que de autos se desprende, como lo afirma el quejoso en su demanda, que únicamente propuso el pago de $******* (*******); sin embargo, no presentó un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño, ni garantizó una tutela efectiva de los derechos de la víctima, por lo cual, se presentó la oposición por parte de la representante de la víctima, con lo cual, no se encontraron satisfechos los requisitos para la procedencia de la salida alterna solicitada en la causa penal de origen. Por lo que, satisfacer esas exigencias, es requisito indispensable para gozar el beneficio de suspensión condicional del proceso solicitada; de ahí que, la resolución que la negó, es apegada a derecho. No pasa desapercibido a esta juzgadora el hecho argumentado por la defensora penal pública del hoy quejoso, por lo que hace a que dicho plan de reparación del daño, no ha sido determinado por la representación social; sin embargo, como lo apuntó la responsable en la resolución en estudio, en el proceso de origen, aún no se dicta el auto de apertura a juicio oral, por lo cual, el monto de la reparación del daño, se encuentra en etapa de ser presentado, luego de lo cual, una vez garantizado el mismo, puede presentarse nuevamente la solicitud de salida alterna, consistente en la suspensión condicional del proceso, por parte del imputado hoy quejoso. Los razonamientos expuestos con antelación, evidencian lo infundado del concepto de violación de la parte quejosa, en el sentido de que debe estar garantizado plenamente el derecho de la víctima a la reparación del daño, y su respectiva ausencia de oposición fundada por parte del representante legal de la víctima, para, así, acceder al beneficio de suspensión condicional del proceso solicitada. Congruente con las anteriores consideraciones y en razón de que no se observó alguna deficiencia de la queja que suplir que derive beneficio al quejoso en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), acorde con el penúltimo párrafo del ordenamiento invocado de la Ley de Amparo, procede negar al directo quejoso *******, el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy veinte de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.

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