Juan Daniel Vargas Castro
Expediente 1148/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1148/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Daniel Vargas Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia que se terminó de engrosar el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es conservable, conforme lo establece el numeral artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del numeral 17, fracción III, del citado Acuerdo General, el mismo es conservable. De este modo, atento a lo preceptuado en el numeral 9 y 17, fracción III, incisos a) y b) del citado Acuerdo, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá transferir el expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades, en su carácter de responsables o de tercero interesada. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como simple antecedente el informe justificado rendido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Delitos de Violencia Familiar y contra el Cumplimiento de la Pensión Alimentaria; en virtud de que el diecisiete de mayo del presente año, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Por otra parte, en relación a lo comunicado, en el sentido de que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, deberá de estarse a lo resuelto en el párrafo precedente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1148/2022-V, promovido por **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El siete de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por Juan Daniel Vargas Castro, la cual fue recibida el ocho siguiente en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del (1) Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Bravos, (2) agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, Zona Norte, (3) Fiscal Especializado en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, Zona Norte, (4) Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, (5) Coordinador Especial "B" de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte y (6) Coordinador de la Policía Estatal Única División Investigación, adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, todos residentes en esta ciudad, de las que reclamó: [.] V. ACTO RECLAMADO: De la Autoridades señaladas como ordenadoras reclamo los ACTOS DE MOLESTIA RELATIVOS A UNA SUPUESTA ORDEN DE APREHENSIÓN O DETENCIÓN EN MI CONTRA POR PARTE DE ALGUNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS (.) VI. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, reclamo el cumplimiento que pretenden darle a una supuesta orden de aprehensión o detención por lo que ante tal situación, me veo en la imperiosa necesidad de solicitar de ésta H. Autoridad el Amparo y Protección de la Justicia Federal. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 20, apartado A), fracciones II, V, VII y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 1148/2022-V; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó a los terceros interesados y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Por otra parte, el quince de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su voluntad ampliar su demanda de amparo en cuanto a los conceptos de violación, de lo cual quedó debidamente notificado el dieciséis de los mismos, sin que se hubiere pronunciado en el plazo de quince días concedido para tal efecto, según se asentó en auto de nueve de febrero del año que transcurre. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que los actos reclamados consisten en: I. La orden de aprehensión librada en contra de Juan Daniel Vargas Castro, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la causa penal 6464/2022, por el delito de violencia familiar agravada, previsto y sancionado en el numeral 193, párrafos cuarto y quinto, del Código Penal del Estado de Chihuahua, por hechos cometidos el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno y el diez de julio de dos mil veintidós, en contra de **********; así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente y de los cuales se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos en funciones de Juez de Control, la Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familiar, el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, el Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Violencia Familiar que atente contra el incumplimiento de la Obligación Alimentaria, todos en esta ciudad, convinieron en la existencia del acto de que se duele el justiciable, a saber, la orden de captura librada en contra de Juan Daniel Vargas Castro, dentro de la causa penal 6464/2022, por el delito de violencia familiar agravada, previsto y sancionado en el numeral 193, párrafos cuarto y quinto, del Código Penal del Estado de Chihuahua, por hechos cometidos el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno y el diez de julio de dos mil veintidós, en contra de Estefany Miramontes Montes; así como su ejecución. Por su parte, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, Zona Norte, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente requerida para ello; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, y con fundamento en lo dispuesto en los numerales 115 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume que se encuentra en aptitud de dar cumplimiento a la orden de captura librada en contra del justiciable. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada de la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la causa penal 6464/2022, constancia que, al tratarse de documental pública, merece valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las partes no invocaron la actualización de algún motivo de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se configure alguna de las hipótesis de los dispositivos 61 y 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. La parte quejosa argumenta que el acto reclamado transgrede en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 20, apartado A), fracciones II, V, VII y IX, constitucionales, al pretenderlo privar de la libertad con una orden de detención sin estar fundada ni motivada, aunado a que no ha cometido delito alguno. Es infundado el concepto de violación, sin que se advierta alguna deficiencia en su formulación que deba ser suplida o violación directa a derechos fundamentales que deba repararse de oficio, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Previo a dar contestación a los motivos de disenso, debe decirse que al no advertir queja que suplir, resulta innecesario plasmar todas las consideraciones de la resolución recurrida, sino únicamente las esenciales para dar contestación a sus conceptos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2014703, Décima Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, de julio de 2017, Tomo I, página 263, que a la letra dice: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. Marco constitucional aplicable. Del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos9 se advierte que podrá librarse orden de aprehensión por la autoridad judicial cuando preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, éste sea sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Normativa federal aplicable al caso. Los artículos 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen los requisitos para el dictado de una orden de aprehensión, entre los que destacan los siguientes: i) Deberá ser solicitada por el Ministerio Público, quien precisará la clasificación jurídica preliminar, mencionando para ello el tipo penal, grado de ejecución del hecho, forma de intervención y naturaleza dolosa o culposa de la conducta. ii) Exista denuncia o querella. iii) El hecho señalado como delito tenga sanción privativa de libertad. iv) Obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. v) Se advierta la necesidad de cautela, exista resistencia o evasión a una orden de comparecencia; si hay declaratoria de sustracción de la acción de la justicia o se haya incumplido la medida cautelar en términos del artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Premisa de hecho. En el caso, de los datos de prueba analizados por la autoridad judicial responsable, se advierte que el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión en contra de Juan Daniel Vargas Castro, la que se radicó bajo el número de causa penal 6464/2022. En ésta, la representación social relató que aproximadamente a las veintidós horas del veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, sobre la calle **********, en esta ciudad, **********, golpeó a la víctima **********, quien es su pareja sentimental y se encontraba embarazada, tomándola del cabello, tirándola al suelo y al encontrarse en el mismo la golpeó con el puño en el rostro, al tiempo que le decía "vas a valer madre culera". El segundo hecho aconteció aproximadamente a las doce horas del diez de julio de dos mil veintidós, en el domicilio situado en la calle **********, en esta ciudad, en el que ********** le quitó el celular a la víctima **********, pidiéndole que lo desbloqueara, a lo cual ella se negó, por lo que la empujo por el pecho, diciéndole que era una "culera, que valía verga", y al empujarla nuevamente cayó al suelo, jalándola por el cabello y arrastrándola en el suelo; esto en presencia de su menor hijo de iniciales **********. Hechos que calificó por el delito de violencia familiar agravada, previsto y sancionado por el artículo 193, párrafo IV y V del Código Penal vigente en el Estado, cometido en perjuicio de Estefany Miramontes Montes. Al respecto, expuso los datos de prueba con los que contaba, entre ellos, las denuncias de la víctima **********, de veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno y diez de julio de dos mil veintidós, en las que señaló lo siguiente: (.) La denuncia del veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno, que interpuso **********, de la que se desprende que manifestó: que el día 23 de octubre del presente año 2021, siendo aproximadamente las 22:00 horas, yo iba circulando por la Ensenada, casi Cruce con calle **********, con rumbo a mi domicilio, cuando mire la camioneta de mi ex pareja sentimental de nombre **********, de quien me separe hace una semana ya que me había golpeado en mi casa, al ver su camioneta decidí acercarme para pedirle algo de dinero para comprar comida para nuestro hijo, cuando llegue me acerque a su ventana y como la camioneta esta alta, me subí en el estribo y le estaba pidiendo lo de la pensión, pero se molestó y me dijo "sino te bajas le voy a dar a la camioneta" y la prendió, como yo estoy embarazada con un embarazo de alto riesgo, y al ver que comenzó a andar la camioneta me baje pero yo lo seguí a bordo de mi vehículo y lo alcance a una cuadra específicamente en la calle ejido ensenada cruce con calle **********, y se bajó de su camioneta y me tomo del cabello y me tiro al suelo yo trate de evitar caerme y me agarre de su playera y cuando me tiro al suelo se le rompió su playera, estando en el suelo me golpeo en el rostro con el puño, a pesar de que él sabe que tengo cuatro meses de embarazo de un hijo de él, cuando me levante, ********** le grito a un amigo de él que estaba en la camioneta, ese amigo se llama ********** alias el **********, le grito "pásame la pistola que está en medio" pero el gordo le dijo que no, y subió los vidrios de la camioneta, entonces ********** trato de abrir la camioneta, me dijo "ahora si vas a valer madres culera" y le decía al gordo que le pasara la pistola yo lo jale hacía atrás de los brazos para que no tomara la pistola, sé que él si carga pistola por que hace aproximadamente un mes nos amenazó a mí a miga ********** y a mí, con una pistola que traía en otro carro de él, en ese momento paso un joven de nombre ********** quien vive en la calle **********, yo le grite que le llamara a la policía y él les llamo pero en ese momento ********** corrió detrás ********** para golpearlo pero el joven salió corriendo, como ********** no lo alcanzo se regresó a donde yo estaba, yo ya traía en mis manos mi teléfono celular en la mano para llamar a la policía pero ********** me lo quito de la mano y lo lanzo hacia unas casas, en eso iba pasando una unidad de policía y cuando Juan Daniel los miro se subió a su camioneta y huyo del lugar, hacía la casa de sus papás, pero ********** ya no salió de la casa de sus papás, hasta cuando llegaron las unidades nos recomendaron que pusiéramos la denuncia es por tal motivo que acudo ante esta representación social a fin de interponer mi formal denuncia por el delito de violencia familiar cometida en mi perjuicio en contra de **********, de 28 años de edad, quien tiene su domicilio ubicado en la calle **********, es todo lo que deseo manifestar por el momento. b).- La denuncia de **********, de fecha 10 de julio de 2022, ante, en la cual manifestó: Es el caso que tuve una relación con **********, durante 06 años, tiempo en el cual procreamos 02 hijos; de nombres **********. é **********. ambos de apellidos **********. de 06 años de edad y 03 meses de edad respectivamente; durante mi relación con ********** siempre hemos tenido muchos problemas porque me agrede verbal y físicamente; anteriormente si lo había denunciado por violencia familiar en el año 2019; el número de la carpeta de investigación es **********; llegamos ante el JUEZ PENAL; pero posteriormente continuaron las agresiones de **********; lo volví a denunciar en el año 2021; en el mes de octubre; pero no le había dado seguimiento; en ese momento estaba embarazada y mi embarazo era de alto riesgo; a pesar de estar separados ********** y yo; nos hemos seguido viendo por los niños; el día 10 de julio del 2022; aproximadamente a las 12:00 horas; me encontraba en mi casa ubicada en calle Ejido Ensenada, número 255, colonia **********, Juárez, Chihuahua; estaba en compañía de mi amiga **********; estaba con cuatro de mis cinco hijos; **********, de 13 años de edad; **********. de 12 años de edad; **********. de 06 años de edad e **********, de 03 meses de edad; en ese momento llegó ********** a mi casa; me iba a llevar por un barandal para las escaleras de mi casa; después que se estacionó en mi casa; tocó el claxon para que saliera; salí de mi casa; pero cuando salí estaba haciendo una llamada con un señor que me iba a hacer un trabajo de electricidad; JUAN DANIEL me dijo que le comunicara al señor; colgué la llamada; **********N me quitó mi celular y me pidió que lo desbloqueara; me negué, me metí a mi casa pero ********** fue tras de mí; cuando estaba en la sala de mi casa; ********** me empujó del pecho; del empujón, me caí sobre el columpio de mi bebé; me pegué en la espalda; me levanté, le pedí a ********** que se controlara; ********** me repitió que le desbloqueara el celular; después se fue a la cocina; en la cocina estaba ********** Y **********; "********** estaba buscando un cuchillo, pero no lo encontró porque los tengo escondidos; después se salió de mi casa; salí tras de él; le pedí que me devolviera mi celular y que se fuera de mi casa; cuando salió, aventó mi celular a mi carro que estaba estacionado en la cochera de mi casa; abrí la puerta del carro; tomé mi celular; le pedí a ********** que se fuera de mi casa; se molestó más; me dijo que dejara de correrlo; culera; que valgo verga; me empujó del pecho en tres ocasiones; del último empujón que me dio, me caí al suelo; estando en el suelo; me jaló del cabello y me arrastró en el suelo en una distancia aproximadamente de la puerta del carro a la cajuela del carro; en ese momento salió mi hijo **********, trató de defenderme; pero, le dio una cachetada y lo empujó; me levanté y corrí nuevamente a ********** de mi casa; no quería que le siguiera pegando a mi hijo y metí la mano para taparle los golpes a mi hijo; al momento de meter la mano, arañé sin querer a **********L; se subió a su camioneta y se fue de mi casa; lo seguí en mi carro; iba sola; ANGÉLICA le llamó al 911; mientras iba siguiendo a JUAN DANIEL, él me iba grabando; en un alto, me gritó que ya le había hablado a sus amigos ministeriales; lo alcancé en el cruce del seguro del lMSS 66 Y SMART; ubicado en calle **********; ciudad Juárez, Chihuahua, en eso, una unidad de agentes ministeriales me marcó el alto; de hecho yo me iba a acercar con ellos porque quería pedirles ayuda; sé que eran ministeriales porque vi que la camioneta traía torretas; además, los dos hombres que se bajaron, tenían traían uniforme; e! agente, me dijo que yo me había pasado el alto, que por eso me estaban haciendo el alto; les conté lo que había pasado y que ********** me había dicho que les iba a hablar a sus amigos ministeriales, que eran ellos; luego uno de los ministeriales se acercó con ********** Y le pedí que lo detuviera pero, me dijo que solo iba a acomodar su camioneta; después vi que ********** se fue; no estoy segura que fueran los amigos de ********** pero, lo dejaron ir; no me tomaron ningún dato y llamé al 911; me fui a mi casa; cuando llegué, ya estaban ahí en mi casa; les conté lo que había pasado; pero solo me indicaron que tenía que acudir a denunciar; quiero mencionar que tengo conocimiento que ********** es originario de **********; **********, MUNICIPIO DE **********; también viaja mucho a **********; se dedica a vender carros y se los lleva a un señor en ese lugar; tengo temor que se vaya a ir a esconder a cualquiera de esos lugares porque anteriormente ya me había dicho que si lo metía otra vez a la cárcel, me iba a mandar a gente para que me matara; que cuando estuvo en el CERESO conoció a mucha gente; es por lo anterior que acudo ante esta REPRESENTACIÓN SOCIAL a interponer mi formal denuncia y/o querella en contra de ********** por el delito de violencia familiar y/o lo que resulte cometido en mi perjuicio y de mi hijo **********. de 13 años de edad; quiero mencionar que ********** es hijo de ********** Y **********, su media filiación es: 28 AÑOS DE EDAD; 1.85 METROS DE ESTATURA APROXIMADAMENTE, MORENO, DELGADO, OJOS MEDIANOS COLOR CAFÉ; NARIZ MEDIANA, CABELLO NEGRO, OREJAS GRANDES; puede ser localizado en: CALLE **********; CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA; SE SUPONE QUE SE DEDICA A VENDER CARROS, EN ESTE MOMENTO SE ME OFRECE UN REFUGIO PARA SALVAGUARDAR MI INTEGRIDAD Y MANIFIESTO QUE NO ES NECESARIO PERO SI LLEGO A NECESITARLO, ACUDIRÉ A SOLICITARLO. Narrativas de **********, a quien el resolutor de origen otorgó valor indiciario acorde a lo establecido por los ordinales 222, 223 y 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisando que la declarante dio noticia de los hechos materia de investigación cometidos en su perjuicio, precisando con toda claridad que ello ocurrió el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno y diez de julio de dos mil veintidós, sin que conste evidencia de que haya sido coaccionada para deponer en tal sentido, pues fue clara en los detalles de las circunstancias de tiempo, lugar y modo; aunado a que no obra dato de que se haya conducido con mendacidad o tenga motivo alguno para imputar falsamente al activo. Además, citó la declaración de la ateste **********, quien el diez de julio de dos mil veintidós, ante la Representación Social manifestó lo siguiente: (.) Que soy amiga de **********, y por ello sé que tuvo una relación con **********, por aproximadamente 6 años, tiempo en el cual, procrearon dos hijos en común de 6 años y 3 meses de edad. Mi amiga me contó que el día 23 de octubre de 2021, se topó ********** sobre la calle **********, en la colonia **********, en esta ciudad, esto aproximadamente a las 22:00 horas y que ella se acercó a él para pedirle dinero para comprar comida para ella y el niño, agrego que mi amiga actualmente se encuentra embarazada, ********** se molestó porque ********** le pidió dinero pero él le dio a la camioneta, y estando en la misma calle ********** pero en el cruce con calle **********, de la misma colonia **********, él se bajó de la camioneta molesto y la tomó del cabello y la jalo para tirarla al suelo, cuando estaba ahí la estuvo golpeando, sin importarle que mi amiga estuviera embarazada, además la insultaba y la amenazaba diciéndole que iba a valer madres, él quería sacar un arma, se la pedía a un amigo de él que está presente, sin embargo él no se la dio, mi amiga le llamo a la policía, pero ********** se fue a esconder con sus papás y no pudieron detenerlo. El día 10 de julio 2022, me encontraba en casa de mi amiga **********, la cual se ubica en calle **********, eran aproximadamente las 12:00 horas, cuando llego ********** a la casa, ya que irían ********** y él por un barandal, pero ella salió hablando por teléfono y esto molestó a **********, ya que le quito su celular y le decía que se lo desbloqueara, pero mi amiga no quiso y se regresó a la casa, yo me encontraba en la cocina junto con **********, hijo de ambos, estando dentro ********** la empujo y ella se cayó, ********** fue hacía la cocina donde estábamos nosotros y se puso a buscar cuchillos, como no encontró se salió y se puso a insultar a **********, diciéndole que era una culera que no valía verga, la siguió empujando hasta tirarla al suelo, la jalaba del cabello y la arrastraba, yo le llame a la policía. Antecedente de investigación al cual se otorgó valor indiciario conforme lo establece el numeral 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisando el Juzgador de Control que su deposado corrobora el dicho de **********, pues indicó ser amiga de la víctima, haber tenido conocimiento de los hechos a través de lo informado por ésta y haber presenciado personalmente la agresión que sufrió. También citó los dictámenes psicológicos realizados el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno y el diez de julio de dos mil veintidós, por los expertos ********** y **********, respectivamente, en los que concluyeron en los términos siguientes: (.) EI dictamen psicológico de fecha 27 de octubre de 2021, realizado a la víctima Estefany Miramontes Montes, por la perito en psicología Licenciada. **********, adscrita a la fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género, en el que describe el siguiente resultado: Conclusiones: la víctima muestra datos compatibles con MALTRATO PSICOLÓGICO y VIOLENCIA FÍSICA POR PARTE DE SU PAREJA, provocando un malestar clínicamente significativo, y una AFECTACIÓN EMOCIONAL. Recomendando 40 sesiones de terapia psicológica especializada con perspectiva de género. (.) El dictamen psicológico realizado a la víctima **********, el 10 de julio de 2022, por el perito en psicología Licenciado. **********, adscrito a la fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género, en el que describe el siguiente resultado: Conclusiones: la víctima muestra datos compatibles con MALTRATO PSICOLÓGICO y VIOLENCIA FÍSICA POR PARTE DEL CÓNYUGE O PAREJA provocando un malestar clínicamente significativo, y una AFECTACIÓN EMOCIONAL. Recomendando 18 sesiones de terapia psicológica especializada con perspectiva de género. Concatenó a lo anterior, el informe médico de lesiones de diez de julio de dos mil veintidós, llevado a cabo por la médico legista, doctora **********, quien concluyó: e).- El informe médico de lesiones, de fecha 10 de julio de 2022, elaborado por el perito médico legista Doctora. **********, adscrita a la fiscalía general del estado, en el departamento de servicios periciales y ciencias forenses, quien examino la víctima **********, en el que describe lo siguiente: origen de las lesiones: Refiere agresión física y verbal por parte de ********** (ex pareja) el día 10 de julio de 2022, a las 12:00 horas. Descripción de las lesiones: Presenta equimosis violácea de aproximadamente 2 centímetros de diámetro en tórax anterior, refiere dolor cervical. Clasifícación de lesiones: No ponen en peligro la vida, tardan menos de 15 días pero no dejan consecuencias medico legales. El Juzgador del proceso, citó que dichas experticias fueron realizadas bajo las pautas que establecen los ordinales 272 y 273 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues dentro de las facultades que la ley les otorga, los profesionistas indicaron la metodología que utilizaron para arribar a las conclusiones expuestas, por lo que se presume su objetividad e imparcialidad. En atención a lo anterior, concluyó que de las anteriores diligencias se determinaba la probabilidad de la existencia de los hechos de violencia señalados en los párrafos que anteceden, es decir, que aproximadamente a las veintidós horas del veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, en el cruce de las calles Ejido Ensenada y Ejido Madera, de la colonia **********, en esta ciudad, **********, tomó del cabello a la víctima **********s, la arrojó al suelo, golpeándola en el rostro con el puño, además de agredirla verbalmente diciéndole "vas a valer madre culera", así como pedir el arma que tenía en el vehículo que conducía, tiempo en el que la víctima tenía cuatro meses de embarazo (agravante contemplada en el párrafo quinto del numeral 193 del Código Penal Estatal); asimismo, alrededor de las doce horas del diez de julio de dos mil veintidós, en el inmueble situado en la calle **********, número **********, **********, empujó a **********s, tirándola al suelo, jalándola del cabello y arrastrándola, diciéndole que era una "culera, que valía verga", para luego ir a la cocina a buscar un cuchillo, sin encontrarlo, todo ello en presencia de cuatro de sus menores hijos (agravante contemplada en el párrafo cuarto del numeral 193 del Código Penal Estatal). Además, adujo que se advertía la probabilidad de que el imputado cometió los hechos que se le atribuían, ya que los datos de prueba reseñados, en su conjunto, eran idóneos y pertinentes para demostrarlo, en términos de los ordinales 21, fracción I, 17, fracción I y 18, fracción I, todos del Código Punitivo Estatal, todo ello analizado a la luz de la perspectiva de género, quedando así acreditado que se cometieron los hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, tipifica como delito de violencia familiar agravada, contemplado y penalizado por el artículo 193, párrafos cuarto y quinto, así como la probabilidad de que el justiciable participó en su comisión. Conforme a lo expuesto, resulta infundado el concepto de violación del quejoso. Se estima así, en razón de que como lo justificó la autoridad judicial responsable: I. La agente del Ministerio Público, mediante escrito, expuso los hechos que la ley señala como delito de violencia familiar agravada, contemplado y penalizado por el artículo 193, párrafos cuarto y quinto, cometido en perjuicio de ********** y como probable autor **********, con un grado de intervención dolosa y de autor material. II. Existen las denuncias interpuestas en contra del quejoso por **********, por la comisión del delito que antecede, cuya pena con sus agravantes podría alcanzar una pena privativa de la libertad máxima de diez años de prisión. III. De los datos de prueba se obtuvo que los hechos acontecieron aproximadamente a las veintidós horas del veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, en el cruce de las calles **********, en esta ciudad; asimismo, alrededor de las doce horas del diez de julio de dos mil veintidós, en el inmueble situado en la calle **********, en los que Estefany Miramontes Montes fue víctima del delito de violencia familiar por quien fuera su ex pareja sentimental, la primera ocasión mientras contaba con un embarazo de cuatro meses y la segunda en presencia de sus menores hijos. IV. Lo que se corroboró con la entrevista de **********, así como las opiniones técnicas en psicología y el dictamen médico de lesiones, en los que se destacó el grado de afectación que presenta la víctima. V. Se determinó que la víctima hizo un señalamiento y reveló la identidad del indiciado, lo que disminuye el margen de error, al derivar del trato cotidiano por la relación de familia; esto es, la identidad del inculpado, ahora quejoso, fue revelada por la propia víctima, cuya información fue corroborada con los datos de prueba. VI. Finalmente, a efecto de acreditar la necesidad de cautela, el Juzgador tomó en consideración que en términos del numeral 170, en correlación 109, fracción XVI, del Código Nacional de Procedimientos Penales y 7, fracción VIII, de la Ley General de Víctimas, la víctima se encuentra en un estado de riesgo grave; además de que podría influir en la declaración de los atestes y de la propia víctima, justificando así la forma de conducción al proceso del aquí quejoso en términos del ordinal 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es aplicable la tesis 1a./J. 20/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2021956, Décima Época, Materia Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, de agosto de 2020, Tomo III, página 2553, que a la letra dice: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo. Por consiguiente, tal como resolvió la autoridad responsable, se cumplieron todos los requisitos previstos en los artículos 16 constitucional y 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se librara orden de aprehensión; de ahí que resulte infundado su concepto de violación, pues sí hay hechos que la ley señala como delito, en el cual se le está involucrando y existen datos de prueba que revelan su probable participación, así como la necesidad de cautela. Al resultar infundado el concepto de violación expresado por el quejoso en su demanda de amparo, lo procedente es negar la protección constitucional que se solicita respecto de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Juez de Control, en esta ciudad. Negativa que se hace extensiva respecto a las autoridades Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familiar; Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Violencia Familiar que atente contra el incumplimiento de la Obligación Alimentaria y la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, Zona Norte, debido a que atendiendo sus funciones constitucionales tienen la facultad de ordenar la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, además, porque sus actos no se reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de aprehensión por la que se negó el amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra los actos que reclamó al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos en funciones de Juez de Control y otras autoridades, por los razonamientos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables y a la autoridad que le reviste el carácter de tercero interesado. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE LA SENTENCIA DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1148/2022-V, promovido por **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El siete de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por Juan Daniel Vargas Castro, la cual fue recibida el ocho siguiente en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del (1) Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Bravos, (2) agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, Zona Norte, (3) Fiscal Especializado en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, Zona Norte, (4) Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, (5) Coordinador Especial "B" de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte y (6) Coordinador de la Policía Estatal Única División Investigación, adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, todos residentes en esta ciudad, de las que reclamó: [.] V. ACTO RECLAMADO: De la Autoridades señaladas como ordenadoras reclamo los ACTOS DE MOLESTIA RELATIVOS A UNA SUPUESTA ORDEN DE APREHENSIÓN O DETENCIÓN EN MI CONTRA POR PARTE DE ALGUNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS (.) VI. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, reclamo el cumplimiento que pretenden darle a una supuesta orden de aprehensión o detención por lo que ante tal situación, me veo en la imperiosa necesidad de solicitar de ésta H. Autoridad el Amparo y Protección de la Justicia Federal. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 20, apartado A), fracciones II, V, VII y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 1148/2022-V; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó a los terceros interesados y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Por otra parte, el quince de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su voluntad ampliar su demanda de amparo en cuanto a los conceptos de violación, de lo cual quedó debidamente notificado el dieciséis de los mismos, sin que se hubiere pronunciado en el plazo de quince días concedido para tal efecto, según se asentó en auto de nueve de febrero del año que transcurre. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que los actos reclamados consisten en: I. La orden de aprehensión librada en contra de Juan Daniel Vargas Castro, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la causa penal 6464/2022, por el delito de violencia familiar agravada, previsto y sancionado en el numeral 193, párrafos cuarto y quinto, del Código Penal del Estado de Chihuahua, por hechos cometidos el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno y el diez de julio de dos mil veintidós, en contra de **********; así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente y de los cuales se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos en funciones de Juez de Control, la Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familiar, el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, el Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Violencia Familiar que atente contra el incumplimiento de la Obligación Alimentaria, todos en esta ciudad, convinieron en la existencia del acto de que se duele el justiciable, a saber, la orden de captura librada en contra de Juan Daniel Vargas Castro, dentro de la causa penal 6464/2022, por el delito de violencia familiar agravada, previsto y sancionado en el numeral 193, párrafos cuarto y quinto, del Código Penal del Estado de Chihuahua, por hechos cometidos el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno y el diez de julio de dos mil veintidós, en contra de Estefany Miramontes Montes; así como su ejecución. Por su parte, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, Zona Norte, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente requerida para ello; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, y con fundamento en lo dispuesto en los numerales 115 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume que se encuentra en aptitud de dar cumplimiento a la orden de captura librada en contra del justiciable. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada de la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la causa penal 6464/2022, constancia que, al tratarse de documental pública, merece valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las partes no invocaron la actualización de algún motivo de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se configure alguna de las hipótesis de los dispositivos 61 y 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. La parte quejosa argumenta que el acto reclamado transgrede en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 20, apartado A), fracciones II, V, VII y IX, constitucionales, al pretenderlo privar de la libertad con una orden de detención sin estar fundada ni motivada, aunado a que no ha cometido delito alguno. Es infundado el concepto de violación, sin que se advierta alguna deficiencia en su formulación que deba ser suplida o violación directa a derechos fundamentales que deba repararse de oficio, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Previo a dar contestación a los motivos de disenso, debe decirse que al no advertir queja que suplir, resulta innecesario plasmar todas las consideraciones de la resolución recurrida, sino únicamente las esenciales para dar contestación a sus conceptos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2014703, Décima Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, de julio de 2017, Tomo I, página 263, que a la letra dice: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. Marco constitucional aplicable. Del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos9 se advierte que podrá librarse orden de aprehensión por la autoridad judicial cuando preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, éste sea sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Normativa federal aplicable al caso. Los artículos 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen los requisitos para el dictado de una orden de aprehensión, entre los que destacan los siguientes: i) Deberá ser solicitada por el Ministerio Público, quien precisará la clasificación jurídica preliminar, mencionando para ello el tipo penal, grado de ejecución del hecho, forma de intervención y naturaleza dolosa o culposa de la conducta. ii) Exista denuncia o querella. iii) El hecho señalado como delito tenga sanción privativa de libertad. iv) Obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. v) Se advierta la necesidad de cautela, exista resistencia o evasión a una orden de comparecencia; si hay declaratoria de sustracción de la acción de la justicia o se haya incumplido la medida cautelar en términos del artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Premisa de hecho. En el caso, de los datos de prueba analizados por la autoridad judicial responsable, se advierte que el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión en contra de Juan Daniel Vargas Castro, la que se radicó bajo el número de causa penal 6464/2022. En ésta, la representación social relató que aproximadamente a las veintidós horas del veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, sobre la calle **********, en esta ciudad, **********, golpeó a la víctima **********, quien es su pareja sentimental y se encontraba embarazada, tomándola del cabello, tirándola al suelo y al encontrarse en el mismo la golpeó con el puño en el rostro, al tiempo que le decía "vas a valer madre culera". El segundo hecho aconteció aproximadamente a las doce horas del diez de julio de dos mil veintidós, en el domicilio situado en la calle **********, en esta ciudad, en el que ********** le quitó el celular a la víctima **********, pidiéndole que lo desbloqueara, a lo cual ella se negó, por lo que la empujo por el pecho, diciéndole que era una "culera, que valía verga", y al empujarla nuevamente cayó al suelo, jalándola por el cabello y arrastrándola en el suelo; esto en presencia de su menor hijo de iniciales **********. Hechos que calificó por el delito de violencia familiar agravada, previsto y sancionado por el artículo 193, párrafo IV y V del Código Penal vigente en el Estado, cometido en perjuicio de Estefany Miramontes Montes. Al respecto, expuso los datos de prueba con los que contaba, entre ellos, las denuncias de la víctima **********, de veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno y diez de julio de dos mil veintidós, en las que señaló lo siguiente: (.) La denuncia del veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno, que interpuso **********, de la que se desprende que manifestó: que el día 23 de octubre del presente año 2021, siendo aproximadamente las 22:00 horas, yo iba circulando por la Ensenada, casi Cruce con calle **********, con rumbo a mi domicilio, cuando mire la camioneta de mi ex pareja sentimental de nombre **********, de quien me separe hace una semana ya que me había golpeado en mi casa, al ver su camioneta decidí acercarme para pedirle algo de dinero para comprar comida para nuestro hijo, cuando llegue me acerque a su ventana y como la camioneta esta alta, me subí en el estribo y le estaba pidiendo lo de la pensión, pero se molestó y me dijo "sino te bajas le voy a dar a la camioneta" y la prendió, como yo estoy embarazada con un embarazo de alto riesgo, y al ver que comenzó a andar la camioneta me baje pero yo lo seguí a bordo de mi vehículo y lo alcance a una cuadra específicamente en la calle ejido ensenada cruce con calle **********, y se bajó de su camioneta y me tomo del cabello y me tiro al suelo yo trate de evitar caerme y me agarre de su playera y cuando me tiro al suelo se le rompió su playera, estando en el suelo me golpeo en el rostro con el puño, a pesar de que él sabe que tengo cuatro meses de embarazo de un hijo de él, cuando me levante, ********** le grito a un amigo de él que estaba en la camioneta, ese amigo se llama ********** alias el **********, le grito "pásame la pistola que está en medio" pero el gordo le dijo que no, y subió los vidrios de la camioneta, entonces ********** trato de abrir la camioneta, me dijo "ahora si vas a valer madres culera" y le decía al gordo que le pasara la pistola yo lo jale hacía atrás de los brazos para que no tomara la pistola, sé que él si carga pistola por que hace aproximadamente un mes nos amenazó a mí a miga ********** y a mí, con una pistola que traía en otro carro de él, en ese momento paso un joven de nombre ********** quien vive en la calle **********, yo le grite que le llamara a la policía y él les llamo pero en ese momento ********** corrió detrás ********** para golpearlo pero el joven salió corriendo, como ********** no lo alcanzo se regresó a donde yo estaba, yo ya traía en mis manos mi teléfono celular en la mano para llamar a la policía pero ********** me lo quito de la mano y lo lanzo hacia unas casas, en eso iba pasando una unidad de policía y cuando Juan Daniel los miro se subió a su camioneta y huyo del lugar, hacía la casa de sus papás, pero ********** ya no salió de la casa de sus papás, hasta cuando llegaron las unidades nos recomendaron que pusiéramos la denuncia es por tal motivo que acudo ante esta representación social a fin de interponer mi formal denuncia por el delito de violencia familiar cometida en mi perjuicio en contra de **********, de 28 años de edad, quien tiene su domicilio ubicado en la calle **********, es todo lo que deseo manifestar por el momento. b).- La denuncia de **********, de fecha 10 de julio de 2022, ante, en la cual manifestó: Es el caso que tuve una relación con **********, durante 06 años, tiempo en el cual procreamos 02 hijos; de nombres **********. é **********. ambos de apellidos **********. de 06 años de edad y 03 meses de edad respectivamente; durante mi relación con ********** siempre hemos tenido muchos problemas porque me agrede verbal y físicamente; anteriormente si lo había denunciado por violencia familiar en el año 2019; el número de la carpeta de investigación es **********; llegamos ante el JUEZ PENAL; pero posteriormente continuaron las agresiones de **********; lo volví a denunciar en el año 2021; en el mes de octubre; pero no le había dado seguimiento; en ese momento estaba embarazada y mi embarazo era de alto riesgo; a pesar de estar separados ********** y yo; nos hemos seguido viendo por los niños; el día 10 de julio del 2022; aproximadamente a las 12:00 horas; me encontraba en mi casa ubicada en calle Ejido Ensenada, número 255, colonia **********, Juárez, Chihuahua; estaba en compañía de mi amiga **********; estaba con cuatro de mis cinco hijos; **********, de 13 años de edad; **********. de 12 años de edad; **********. de 06 años de edad e **********, de 03 meses de edad; en ese momento llegó ********** a mi casa; me iba a llevar por un barandal para las escaleras de mi casa; después que se estacionó en mi casa; tocó el claxon para que saliera; salí de mi casa; pero cuando salí estaba haciendo una llamada con un señor que me iba a hacer un trabajo de electricidad; JUAN DANIEL me dijo que le comunicara al señor; colgué la llamada; **********N me quitó mi celular y me pidió que lo desbloqueara; me negué, me metí a mi casa pero ********** fue tras de mí; cuando estaba en la sala de mi casa; ********** me empujó del pecho; del empujón, me caí sobre el columpio de mi bebé; me pegué en la espalda; me levanté, le pedí a ********** que se controlara; ********** me repitió que le desbloqueara el celular; después se fue a la cocina; en la cocina estaba ********** Y **********; "********** estaba buscando un cuchillo, pero no lo encontró porque los tengo escondidos; después se salió de mi casa; salí tras de él; le pedí que me devolviera mi celular y que se fuera de mi casa; cuando salió, aventó mi celular a mi carro que estaba estacionado en la cochera de mi casa; abrí la puerta del carro; tomé mi celular; le pedí a ********** que se fuera de mi casa; se molestó más; me dijo que dejara de correrlo; culera; que valgo verga; me empujó del pecho en tres ocasiones; del último empujón que me dio, me caí al suelo; estando en el suelo; me jaló del cabello y me arrastró en el suelo en una distancia aproximadamente de la puerta del carro a la cajuela del carro; en ese momento salió mi hijo **********, trató de defenderme; pero, le dio una cachetada y lo empujó; me levanté y corrí nuevamente a ********** de mi casa; no quería que le siguiera pegando a mi hijo y metí la mano para taparle los golpes a mi hijo; al momento de meter la mano, arañé sin querer a **********L; se subió a su camioneta y se fue de mi casa; lo seguí en mi carro; iba sola; ANGÉLICA le llamó al 911; mientras iba siguiendo a JUAN DANIEL, él me iba grabando; en un alto, me gritó que ya le había hablado a sus amigos ministeriales; lo alcancé en el cruce del seguro del lMSS 66 Y SMART; ubicado en calle **********; ciudad Juárez, Chihuahua, en eso, una unidad de agentes ministeriales me marcó el alto; de hecho yo me iba a acercar con ellos porque quería pedirles ayuda; sé que eran ministeriales porque vi que la camioneta traía torretas; además, los dos hombres que se bajaron, tenían traían uniforme; e! agente, me dijo que yo me había pasado el alto, que por eso me estaban haciendo el alto; les conté lo que había pasado y que ********** me había dicho que les iba a hablar a sus amigos ministeriales, que eran ellos; luego uno de los ministeriales se acercó con ********** Y le pedí que lo detuviera pero, me dijo que solo iba a acomodar su camioneta; después vi que ********** se fue; no estoy segura que fueran los amigos de ********** pero, lo dejaron ir; no me tomaron ningún dato y llamé al 911; me fui a mi casa; cuando llegué, ya estaban ahí en mi casa; les conté lo que había pasado; pero solo me indicaron que tenía que acudir a denunciar; quiero mencionar que tengo conocimiento que ********** es originario de **********; **********, MUNICIPIO DE **********; también viaja mucho a **********; se dedica a vender carros y se los lleva a un señor en ese lugar; tengo temor que se vaya a ir a esconder a cualquiera de esos lugares porque anteriormente ya me había dicho que si lo metía otra vez a la cárcel, me iba a mandar a gente para que me matara; que cuando estuvo en el CERESO conoció a mucha gente; es por lo anterior que acudo ante esta REPRESENTACIÓN SOCIAL a interponer mi formal denuncia y/o querella en contra de ********** por el delito de violencia familiar y/o lo que resulte cometido en mi perjuicio y de mi hijo **********. de 13 años de edad; quiero mencionar que ********** es hijo de ********** Y **********, su media filiación es: 28 AÑOS DE EDAD; 1.85 METROS DE ESTATURA APROXIMADAMENTE, MORENO, DELGADO, OJOS MEDIANOS COLOR CAFÉ; NARIZ MEDIANA, CABELLO NEGRO, OREJAS GRANDES; puede ser localizado en: CALLE **********; CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA; SE SUPONE QUE SE DEDICA A VENDER CARROS, EN ESTE MOMENTO SE ME OFRECE UN REFUGIO PARA SALVAGUARDAR MI INTEGRIDAD Y MANIFIESTO QUE NO ES NECESARIO PERO SI LLEGO A NECESITARLO, ACUDIRÉ A SOLICITARLO. Narrativas de **********, a quien el resolutor de origen otorgó valor indiciario acorde a lo establecido por los ordinales 222, 223 y 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisando que la declarante dio noticia de los hechos materia de investigación cometidos en su perjuicio, precisando con toda claridad que ello ocurrió el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno y diez de julio de dos mil veintidós, sin que conste evidencia de que haya sido coaccionada para deponer en tal sentido, pues fue clara en los detalles de las circunstancias de tiempo, lugar y modo; aunado a que no obra dato de que se haya conducido con mendacidad o tenga motivo alguno para imputar falsamente al activo. Además, citó la declaración de la ateste **********, quien el diez de julio de dos mil veintidós, ante la Representación Social manifestó lo siguiente: (.) Que soy amiga de **********, y por ello sé que tuvo una relación con **********, por aproximadamente 6 años, tiempo en el cual, procrearon dos hijos en común de 6 años y 3 meses de edad. Mi amiga me contó que el día 23 de octubre de 2021, se topó ********** sobre la calle **********, en la colonia **********, en esta ciudad, esto aproximadamente a las 22:00 horas y que ella se acercó a él para pedirle dinero para comprar comida para ella y el niño, agrego que mi amiga actualmente se encuentra embarazada, ********** se molestó porque ********** le pidió dinero pero él le dio a la camioneta, y estando en la misma calle ********** pero en el cruce con calle **********, de la misma colonia **********, él se bajó de la camioneta molesto y la tomó del cabello y la jalo para tirarla al suelo, cuando estaba ahí la estuvo golpeando, sin importarle que mi amiga estuviera embarazada, además la insultaba y la amenazaba diciéndole que iba a valer madres, él quería sacar un arma, se la pedía a un amigo de él que está presente, sin embargo él no se la dio, mi amiga le llamo a la policía, pero ********** se fue a esconder con sus papás y no pudieron detenerlo. El día 10 de julio 2022, me encontraba en casa de mi amiga **********, la cual se ubica en calle **********, eran aproximadamente las 12:00 horas, cuando llego ********** a la casa, ya que irían ********** y él por un barandal, pero ella salió hablando por teléfono y esto molestó a **********, ya que le quito su celular y le decía que se lo desbloqueara, pero mi amiga no quiso y se regresó a la casa, yo me encontraba en la cocina junto con **********, hijo de ambos, estando dentro ********** la empujo y ella se cayó, ********** fue hacía la cocina donde estábamos nosotros y se puso a buscar cuchillos, como no encontró se salió y se puso a insultar a **********, diciéndole que era una culera que no valía verga, la siguió empujando hasta tirarla al suelo, la jalaba del cabello y la arrastraba, yo le llame a la policía. Antecedente de investigación al cual se otorgó valor indiciario conforme lo establece el numeral 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisando el Juzgador de Control que su deposado corrobora el dicho de **********, pues indicó ser amiga de la víctima, haber tenido conocimiento de los hechos a través de lo informado por ésta y haber presenciado personalmente la agresión que sufrió. También citó los dictámenes psicológicos realizados el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno y el diez de julio de dos mil veintidós, por los expertos ********** y **********, respectivamente, en los que concluyeron en los términos siguientes: (.) EI dictamen psicológico de fecha 27 de octubre de 2021, realizado a la víctima Estefany Miramontes Montes, por la perito en psicología Licenciada. **********, adscrita a la fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género, en el que describe el siguiente resultado: Conclusiones: la víctima muestra datos compatibles con MALTRATO PSICOLÓGICO y VIOLENCIA FÍSICA POR PARTE DE SU PAREJA, provocando un malestar clínicamente significativo, y una AFECTACIÓN EMOCIONAL. Recomendando 40 sesiones de terapia psicológica especializada con perspectiva de género. (.) El dictamen psicológico realizado a la víctima **********, el 10 de julio de 2022, por el perito en psicología Licenciado. **********, adscrito a la fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género, en el que describe el siguiente resultado: Conclusiones: la víctima muestra datos compatibles con MALTRATO PSICOLÓGICO y VIOLENCIA FÍSICA POR PARTE DEL CÓNYUGE O PAREJA provocando un malestar clínicamente significativo, y una AFECTACIÓN EMOCIONAL. Recomendando 18 sesiones de terapia psicológica especializada con perspectiva de género. Concatenó a lo anterior, el informe médico de lesiones de diez de julio de dos mil veintidós, llevado a cabo por la médico legista, doctora **********, quien concluyó: e).- El informe médico de lesiones, de fecha 10 de julio de 2022, elaborado por el perito médico legista Doctora. **********, adscrita a la fiscalía general del estado, en el departamento de servicios periciales y ciencias forenses, quien examino la víctima **********, en el que describe lo siguiente: origen de las lesiones: Refiere agresión física y verbal por parte de ********** (ex pareja) el día 10 de julio de 2022, a las 12:00 horas. Descripción de las lesiones: Presenta equimosis violácea de aproximadamente 2 centímetros de diámetro en tórax anterior, refiere dolor cervical. Clasifícación de lesiones: No ponen en peligro la vida, tardan menos de 15 días pero no dejan consecuencias medico legales. El Juzgador del proceso, citó que dichas experticias fueron realizadas bajo las pautas que establecen los ordinales 272 y 273 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues dentro de las facultades que la ley les otorga, los profesionistas indicaron la metodología que utilizaron para arribar a las conclusiones expuestas, por lo que se presume su objetividad e imparcialidad. En atención a lo anterior, concluyó que de las anteriores diligencias se determinaba la probabilidad de la existencia de los hechos de violencia señalados en los párrafos que anteceden, es decir, que aproximadamente a las veintidós horas del veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, en el cruce de las calles Ejido Ensenada y Ejido Madera, de la colonia **********, en esta ciudad, **********, tomó del cabello a la víctima **********s, la arrojó al suelo, golpeándola en el rostro con el puño, además de agredirla verbalmente diciéndole "vas a valer madre culera", así como pedir el arma que tenía en el vehículo que conducía, tiempo en el que la víctima tenía cuatro meses de embarazo (agravante contemplada en el párrafo quinto del numeral 193 del Código Penal Estatal); asimismo, alrededor de las doce horas del diez de julio de dos mil veintidós, en el inmueble situado en la calle **********, número **********, **********, empujó a **********s, tirándola al suelo, jalándola del cabello y arrastrándola, diciéndole que era una "culera, que valía verga", para luego ir a la cocina a buscar un cuchillo, sin encontrarlo, todo ello en presencia de cuatro de sus menores hijos (agravante contemplada en el párrafo cuarto del numeral 193 del Código Penal Estatal). Además, adujo que se advertía la probabilidad de que el imputado cometió los hechos que se le atribuían, ya que los datos de prueba reseñados, en su conjunto, eran idóneos y pertinentes para demostrarlo, en términos de los ordinales 21, fracción I, 17, fracción I y 18, fracción I, todos del Código Punitivo Estatal, todo ello analizado a la luz de la perspectiva de género, quedando así acreditado que se cometieron los hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, tipifica como delito de violencia familiar agravada, contemplado y penalizado por el artículo 193, párrafos cuarto y quinto, así como la probabilidad de que el justiciable participó en su comisión. Conforme a lo expuesto, resulta infundado el concepto de violación del quejoso. Se estima así, en razón de que como lo justificó la autoridad judicial responsable: I. La agente del Ministerio Público, mediante escrito, expuso los hechos que la ley señala como delito de violencia familiar agravada, contemplado y penalizado por el artículo 193, párrafos cuarto y quinto, cometido en perjuicio de ********** y como probable autor **********, con un grado de intervención dolosa y de autor material. II. Existen las denuncias interpuestas en contra del quejoso por **********, por la comisión del delito que antecede, cuya pena con sus agravantes podría alcanzar una pena privativa de la libertad máxima de diez años de prisión.III. De los datos de prueba se obtuvo que los hechos acontecieron aproximadamente a las veintidós horas del veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, en el cruce de las calles **********, en esta ciudad; asimismo, alrededor de las doce horas del diez de julio de dos mil veintidós, en el inmueble situado en la calle **********, en los que Estefany Miramontes Montes fue víctima del delito de violencia familiar por quien fuera su ex pareja sentimental, la primera ocasión mientras contaba con un embarazo de cuatro meses y la segunda en presencia de sus menores hijos. IV. Lo que se corroboró con la entrevista de **********, así como las opiniones técnicas en psicología y el dictamen médico de lesiones, en los que se destacó el grado de afectación que presenta la víctima. V. Se determinó que la víctima hizo un señalamiento y reveló la identidad del indiciado, lo que disminuye el margen de error, al derivar del trato cotidiano por la relación de familia; esto es, la identidad del inculpado, ahora quejoso, fue revelada por la propia víctima, cuya información fue corroborada con los datos de prueba. VI. Finalmente, a efecto de acreditar la necesidad de cautela, el Juzgador tomó en consideración que en términos del numeral 170, en correlación 109, fracción XVI, del Código Nacional de Procedimientos Penales y 7, fracción VIII, de la Ley General de Víctimas, la víctima se encuentra en un estado de riesgo grave; además de que podría influir en la declaración de los atestes y de la propia víctima, justificando así la forma de conducción al proceso del aquí quejoso en términos del ordinal 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es aplicable la tesis 1a./J. 20/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2021956, Décima Época, Materia Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, de agosto de 2020, Tomo III, página 2553, que a la letra dice: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo. Por consiguiente, tal como resolvió la autoridad responsable, se cumplieron todos los requisitos previstos en los artículos 16 constitucional y 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se librara orden de aprehensión; de ahí que resulte infundado su concepto de violación, pues sí hay hechos que la ley señala como delito, en el cual se le está involucrando y existen datos de prueba que revelan su probable participación, así como la necesidad de cautela. Al resultar infundado el concepto de violación expresado por el quejoso en su demanda de amparo, lo procedente es negar la protección constitucional que se solicita respecto de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Juez de Control, en esta ciudad. Negativa que se hace extensiva respecto a las autoridades Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familiar; Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Violencia Familiar que atente contra el incumplimiento de la Obligación Alimentaria y la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, Zona Norte, debido a que atendiendo sus funciones constitucionales tienen la facultad de ordenar la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, además, porque sus actos no se reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de aprehensión por la que se negó el amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra los actos que reclamó al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos en funciones de Juez de Control y otras autoridades, por los razonamientos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables y a la autoridad que le reviste el carácter de tercero interesado. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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