Juan Ernesto Hernández Morales
Expediente 834/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Ernesto Hernández Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado xxxx, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxx. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 834/2017-I-1, y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, turnada a este Juzgado el mismo día, el quejoso ****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en la que reclamó al Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", en esta ciudad, la falta de atención médica. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se consideran transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 8, 14 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió a este órgano de control constitucional conocer de la demanda, y en auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete se admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención que legalmente le corresponde a la representación social de la federación adscrita, y se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo tercero y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como los diversos Acuerdos que lo han modificado y adicionado relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello, porque se trata de un asunto en materia laboral en el que se reclama un acto que se emitió por una autoridad residente en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por imperativo de los artículos 74 fracción I, 75 y 76 de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte esencialmente que la omisión reclamada consiste en la falta de atención médica por parte de la responsable. Bajo este contexto, resulta procedente tener como omisión reclamada la señalada en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de la omisión que se impugna. El Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", manifestó que no es cierto la omisión que se le endilga y para acreditar su dicho anexó a su informe justificado la nota médica y kárdex de los meses de septiembre y octubre del año en curso, con las que acredita haber brindado atención médica; por que desde el veinticinco de octubre de la propia anualidad, el quejoso ***** se encuentra en tratamiento respecto a sus padecimientos y se le ha suministrado el medicamento como se advierte de las constancias en las que obra la firma del quejoso. Además, las documentales aportadas por la autoridad responsable resultan idóneas para acreditar que el accionante del amparo ha recibido atención clínica necesaria, pues así se corrobora de las notas médicas y de los Kárdex en los que obra la firma del quejoso del medicamento que se le ha suministrado, se les reconoce el carácter de documento público en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, ya que por éstos se entiende, aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe y los expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les reconoce eficacia demostrativa plena atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del código procesal supletorio invocado. Ello, de conformidad con lo establecido en la tesis aislada VI.2o.C.289 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, Materia Común, que se localiza en la página 2689, con registro 168143, del tenor siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio. En consecuencia, dado que la autoridad responsable probó la inexistencia de la omisión se sobresee en el juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. No obsta a la anterior determinación, la solicitud elevada por el quejoso mediante notificación de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, pues la autoridad responsable demostró haber brindado la atención médica solicitada con las constancias anteriormente señaladas. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 834/2017-I-1, respecto de los actos endilgados al Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro de Readaptación Social Federal Número Nueve "Norte", de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *****. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en esta ciudad; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. *dmjv
- Incidental
INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil diecisiete. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 834/2017-I-1, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticinco de septiembre del presente año,XXXX, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión del acto reclamado al Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", a quien le reclamó la falta de atención médica. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de veintiséis de septiembre pasado, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitó el informe previo a la autoridad y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Encargado del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo, negó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en la omisión de brindarle atención médica, por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó el quejoso respecto de tal autoridad. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó XXXX, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el licenciado XXXX, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, XXXX. Doy fe.
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