Juan De Dios Ruíz Loera
Expediente 90/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 23/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan De Dios Ruíz Loera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por las fracciones II y IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete que dice: SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el tres de febrero de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado el mismo día, *******, promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: I. AUTORIDADES ORDENADORAS: A) JUEZ DE CONTROL II. AUTORIDADES EJECUTORAS: DIRECTOR OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CD. JUÁREZ DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CD. JUÁREZ COORDINADOR REGIONAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES ZONA NORTE COORDINADOR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DAÑOS (.) ACTO RECLAMADO. De las autoridades señaladas como ordenadoras, les reclamo la emisión de la orden de aprehensión dictada en mi contra (sic). De las autoridades señaladas como Ejecutoras, les reclamo la ejecución que pretenden hacer de mi persona, de la orden de aprehensión que tengo entendido se dictó en mi contra por parte de las autoridades señaladas como ordenadoras. SEGUNDO. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señala como derechos vulnerados los previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de tres de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere un acto cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este asunto, se desprende que el quejoso reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La orden de aprehensión que giró en su contra el doce de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal *******. Del Director de Asuntos Jurídicos y Director Operativo de la Dirección de Policía, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Coordinador Regional Interino de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Integridad Física y Daños, con residencia en esta ciudad: La ejecución de la orden de aprehensión reclamada. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Coordinador Regional Interino de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Integridad Física y Daños y el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, todos con residencia en esta ciudad, en su informe justificado (fojas 19, 22 y 27), manifestaron que es cierto el acto reclamado. Asimismo, de las constancias que anexó el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos se desprende que efectivamente el doce de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 33 y 34), dictó orden de aprehensión en contra del quejoso Juan de Dios Ruiz Loera, por las razones ahí expuestas. Constancia que cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de la transcripción certificada del acuerdo dictado en la audiencia relativa, por parte del Juez de Control responsable, autoridad que cuenta con fe pública. Ahora bien, las autoridades responsables Director de Asuntos Jurídicos y Director Operativo de la Dirección de Policía, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (fojas 15 y 16), con residencia en esta ciudad, en sus informes justificados, manifestaron que no es cierto el acto de ejecución que se les atribuye. Sin embargo, dichas negativas se desvirtúan, pues al existir la orden de aprehensión reclamada, dictada en contra del quejoso por el Juez de Control responsable, su ejecución, es inminente. En consecuencia, se tienen como ciertos los actos reclamados a las autoridades mencionadas en este considerando. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al no advertir la existencia de alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ni que las partes la hubieran alegado, se impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Como se precisó en el considerando segundo, el quejoso reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la orden de aprehensión que giró en su contra el doce de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal *******. Ahora bien, del informe justificado del Juez de Control responsable, así como de las constancias que anexó, al mismo, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. El nueve de diciembre de dos mil dieciséis, fecha fijada para la celebración de la audiencia intermedia, la Licenciada *******, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, una vez que escuchó a los intervinientes, con fundamento en los artículos 126, 131 y 132 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, previa solicitud del Ministerio Público y traslado dado al defensor del imputado *******, aquí quejoso, declaró a éste sustraído de la acción de la justicia, toda vez que no compareció a dicha audiencia, aun y cuando fue debidamente notificado ni se justificó su inasistencia. 2. El doce de diciembre de dos mil dieciséis, la Licenciada *******, Agente del Ministerio Público, con base en lo determinado en el punto anterior solicitó se girara orden de aprehensión, en contra del hoy quejoso *******. 3. Por tal motivo, la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Licenciado *******, libró orden de aprehensión en contra del quejoso *******, al parecer como probable responsable del delito de daños cometido en forma imprudencial en agravio de *******, la cual constituye el acto reclamado en este asunto, proveído que es del contenido literal que sigue foja 33: EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA; A DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Por recibido el escrito signado por la licenciada *******, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Física y Daños, mediante el cual solicita se LIBRE ORDEN DE APREHENSIÓN en la causa penal *******, en contra del imputado ******* por el delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, cometido en perjuicio de *******; es de resolvérselo siguiente: PRIMERO. En el caso concreto, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 161, segundo párrafo del Código de Procedimientos Penales, que establece que la detención del imputado se va a decretar cuando su presencia a una audiencia judicial fuere condición de ésta y legalmente citado no compareciere sin justa causa. Además, el Imputado fue apercibido que de no atender a un llamado judicial se haría acreedor a esta medida cautelar, la cual es una consecuencia de la propia sustracción a la acción de la justicia. De manera que tomando en consideración lo manifestado por la Representación Social y lo que se desprende de la carpeta administrativa de este Tribunal, en el sentido de que: 1.- El día treinta de noviembre del año dos mil quince, diverso Juez de Garantía decretó la vinculación a proceso en contra de ******* por el delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 236 fracción II (sic) en relación al numeral 73 del Código Penal, cometido en perjuicio de *******. 2. En audiencia de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el imputado de mérito fue declarado sustraído de la acción de la justicia, por no comparecer a la audiencia intermedia, a pesar de que fue debidamente notificado en el domicilio que autorizó para oír y recibir toda clase de notificaciones. 3.- Ahora bien, es conveniente resaltar que el segundo párrafo del artículo 161 del Código de Procedimientos Penales, el cual nos remite al primer párrafo, nos dice cuáles son los requisitos para librar la orden de aprehensión y en específico son: a La denuncia o querella; b La existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, c Que se trate de un delito que necesariamente amerite pena privativa de libertad. Requisitos que en el particular tenemos se encuentran actualizados pues, como ya se dijo, el imputado fue vinculado a proceso por el delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES lo que implica que se tuvo por demostrado el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de su participación, incluso los requisitos de procedibilidad que para tal efecto se exigen como lo es la querella interpuesta por la víctima o su legítimo representante. Ahora bien, en cuanto a que el delito necesariamente tenga pena privativa de libertad, tenemos que se trata del delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 236 fracción III en relación al numeral 73 del Código Penal, el cual lleva aparejada una pena de prisión que va de tres a seis años, por lo tanto este requisito también se colma. En síntesis, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 161 párrafo segundo y 163, ambos del Código de Procedimientos, lo procedente es resolver: PRIMERO. Con esta fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, SE LIBRA ORDEN DE REAPREHENSIÓN en contra de ******* al aparecer como probable responsable del delio de DAÑOS cometido en forma imprudencial en agravio de *******, según los razonamientos antes expuestos. SEGUNDO. Se ordena expedir copia certificada de esta resolución al C. Agente del Ministerio Público, para su debido cumplimiento. NOTIFÍQUESE.- Así lo resolvió, el LICENCIADO *******, Juez del Tribunal de Control del Distrito Judicial Bravos. Pues bien, indicadas tales actuaciones, se procede a analizar el acto reclamado. Al respecto, el aquí quejoso argumenta que se vulneró en su perjuicio el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional, sin embargo, no le asiste razón, en principio, debido a que se trata de un acto de molestia, que si bien implica la privación de la libertad, dicha privación no es definitiva, lo que en todo caso ocurriría con el dictado de una sentencia firme que así lo determine, sino que, en este caso, la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso, tiene como objeto hacerlo comparecer al proceso penal que se le instruye para celebrar la audiencia intermedia. Apoya lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 81, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época y número de registro 238355, del rubro y texto siguientes: AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURIDICA, GARANTIAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCION. ARTICULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional. Además, previamente a que se dictara la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, claro está, mediando declaración judicial de sustracción de la acción penal y petición en ese sentido por parte del agente del Ministerio Público, sí se le citó, como ya se expuso al relatar los antecedentes de la orden de captura reclamada, a la audiencia intermedia, audiencia en la cual el aquí quejoso, de haber asistido, hubiera tenido la oportunidad de ser escuchado y defenderse. Por lo tanto, el concepto de violación relativo a que se vulneró en perjuicio del aquí quejoso el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional, es infundado. Por otra parte, el quejoso afirma que la orden de aprehensión reclamada carece de una debida fundamentación y motivación, requisitos formales previstos en el artículo 16, primer párrafo, Constitucional, que dice: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Dicho precepto prevé la obligación para toda autoridad, de fundar y motivar sus determinaciones, esto es, expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión de la misma y el fundamento legal en que la apoye, los cuales deben ser coherentes entre sí. Ahora bien, como se relató, el Juez de Control responsable ordenó la aprehensión del quejoso el doce de diciembre de dos mil dieciséis (foja 33, a petición del agente del Ministerio Público foja 32, en atención a que no acudió a la audiencia intermdia, razón por la cual, previamente, el nueve de diciembre del mismo año, se le declaró sustraído de la acción de la justicia. Dicha orden de aprehensión, el Juez de Control responsable, la fundamentó en los artículos 161, segundo párrafo y 163 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, así como en el citado artículo 16 Constitucional. El artículo 161 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, establece lo siguiente: 161. Cuando exista denuncia o querella, se encuentre acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, se trate de delitos que tuviesen necesariamente pena privativa de la libertad, y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión del imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Es decir, que para que el Juez de Control pueda librar orden de aprehensión, dentro del proceso, en contra de los imputados deben reunirse los requisitos previstos en el primer párrafo del citado numeral, consistentes en la existencia de denuncia o querella; la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y que se trate de delito que necesariamente amerite la pena privativa de libertad. Requisitos que desde luego están acreditados pues el quejoso fue vinculado a proceso por el delito de daños imprudenciales, previsto y sancionado, sin prejuzgar por el artículo 236, fracción III, en relación con el numeral 73 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que prevén, sanción privativa de libertad. Ahora bien, en relación a dicho numeral, es pertinente citar el contenido de los artículos 131 y 162, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua: 131. Sustracción a la acción de la justicia. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. La declaración será dispuesta por la autoridad judicial. 162. Solicitud de aprehensión del imputado. El representante del Ministerio Público, al solicitar, por escrito o por comparecencia, el libramiento de orden de aprehensión del imputado, formulará una relación precisa de los hechos que le atribuya, sustentada en los registros correspondientes, los que presentará ante la autoridad judicial, ante quien expondrá las razones que pudieran justificar su pretensión. De tales numerales se desprende, en lo que interesa, que un imputado se declarará sustraído a la acción de la justicia, entre otros supuestos, cuando sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial. En el caso, como el Juez de Control responsable lo indicó en la orden de aprehensión reclamada, el quejoso fue declarado sustraído a la acción de la Justicia el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el citado artículo 131 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, entre otros; ello, debido a que no compareció a la audiencia intermedia, no obstante que fue debidamente notificado de dicha audiencia. Asimismo, de las normas transcritas, se advierte que el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del imputado con base en los antecedentes que consten en la causa penal, lo cual también ocurrió en el caso (foja 32). Por lo tanto, la orden de aprehensión que dictó el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en contra del quejoso *******, dentro de la causa penal *******, el doce de diciembre de dos mil dieciséis (foja 33), se encuentra debidamente fundada y motivada. En ese orden de ideas, antagónicamente a lo que aduce el quejoso el acto reclamado no es contrario a lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se advierte violación alguna a los derechos humanos que establecen la constitución y los tratados internacionales a su favor. Consecuentemente, lo que procede es negarle al aquí quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal; negativa que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, pues no se les reclamaron actos por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *******, en relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el día de hoy, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que el tres de abril del año en curso, se emplazó al tercero interesado *******, razón por la cual, no tuvo la oportunidad de imponerse de los autos del presente juicio en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón de que no mediaron por lo menos ocho días, para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy. En consecuencia y a fin de no violar las reglas esenciales del procedimiento y evitar así una posible reposición del mismo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con diez minutos del diez de mayo de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo. Es aplicable en lo conducente, la tesis V.4º.1 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, a foja 1119, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en cumplimiento al proveído de veintinueve de marzo del año en curso, remite las constancias del emplazamiento a los terceros interesados ******* y *******, por lo que se tienen por emplazados al presente juicio de amparo; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62, 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh
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