Juan Contreras Zaragoza

Expediente 323/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
323/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/04/2019

Partes del expediente

  • Juan Contreras Zaragoza

Actuaciones

  1. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; diez de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se obtiene que el quejoso dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de enero del año en curso, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    iv) Toluca, Estado de México; veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. El estado procesal de los autos y la certificación de cuenta evidencian que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada mediante proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, con apoyo en lo anotado en el penúltimo párrafo del ordinal 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo. En el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese y por lista al quejoso.

  3. Principal

    IV Toluca, Estado de México; catorce de marzo de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Antonio Martínez Nava, quien aduce ser defensor particular de Juan Contreras Zaragoza, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Penal de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México; y otra autoridad; fórmese cuaderno respectivo y regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito como juicio de amparo 323/2019-IV. Prevención. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracciones I y III, en relación con el 108, fracciones I y V, ambos de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con copias suficientes para cada una de las partes, entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio, realice lo siguiente: Primero. Manifieste qué acto en concreto reclama de cada autoridad que señaló como responsable, ya que dicha precisión debe ser clara para permitir fijar de manera correcta la litis por la que se tramitará este asunto. Lo anterior, toda vez que en el capítulo correspondiente al acto reclamado señala el auto de formal prisión o preventiva de veintidós de octubre de dos mil ocho, y su ejecución, consistente en prisión preventiva. Sin embargo, en el capítulo de antecedentes, señala que el nueve de octubre de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el expediente 113/2018, ordenó la reposición del procedimiento dentro de la causa penal 118/2008. Lo anterior, dadas las fechas y los eventos procesales referidos, generan incertidumbre respecto del acto que en concreto se señala como reclamado. Consecuentemente, acorde con los principios del juicio de amparo es indispensable que la parte agraviada señale con claridad y precisión el acto combatido, porque a través del mismo se podrá juzgar sobre su legalidad en los términos en cómo se hace la reclamación, lo que en el caso no acontece. Al caso se cita, la tesis publicada con el número XX.57 K, en la página 871, del Tomo III, marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se co Segundo. Bajo protesta de decir verdad, realice una narración sucinta y cronológica de los hechos y abstenciones que se suscitaron en torno a la emisión del acto reclamado que para tal efecto señale, lo anterior, toda vez que en el apartado del acto reclamado señala el auto de formal prisión o preventiva y su ejecución consistente en la prisión preventiva y en el apartado de antecedentes, señala la reposición del procedimiento en la causa penal 118/2008; lo cual lleva implícito mencionar sí contra cualquiera de los actos que señala como reclamados interpuso algún medio de impugnación ordinario o extraordinario, de ser el caso, deberá precisar ante quien y si el mismo ya se resolvió. En virtud, de que al promover en la vía indirecta es evidente que el Juez de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido; aunado a que sólo con dicha aclaración se podrá determinar la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Sobre el particular, se invoca la tesis 347, publicada en las páginas 293 y 294 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 - 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Tercero. Deberá indicar bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, lo anterior, toda vez que señala diversos actos a saber, auto de formal prisión o preventiva de veintidós de octubre de dos mil ocho, así como su ejecución, consistente en prisión preventiva y de los antecedentes se advierte la reposición del procedimiento decretado el nueve de octubre de dos mil quince; ello es así, dado que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, constituye una irregularidad pues se trata de un dato indispensable para que este juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna, ya que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, con Número de Registro 2005636, visible en la página, cuyo texto y rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado. Se apercibe al promovente que de no cumplir con los extremos de los requerimientos formulados, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos de la parte final del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio procesal. En otro orden, de téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el promovente inserto en el proemio de la demanda de amparo, esto es, las listas que se ubican en este órgano jurisdiccional. Autorizado. En atención a la certificación de cuenta se tiene por autorizado a Antonio Martínez Nava, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el artículo 21 párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa por ser el domicilio señalado para tales efectos.

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