Juan Cerón Sanchez

Expediente 1117/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1117/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2016

Partes del expediente

  • Juan Cerón Sanchez
  • Juan Cerón Sanchez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Téngase recibido el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, pronunciada en el recurso de queja 160/2016, interpuesto por los quejosos Enrique Gil Gil y Juan Cerón Sánchez, contra el auto de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, en el que se resolvió: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Enrique Gil Gil y Juan Cerón Sánchez, por propio derecho, respecto del auto de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 1117/2016-I, del índice de Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca." Atento a lo anterior, el acuse de recibo correspondiente a la Superioridad oficiante y en el Libro de Gobierno, realícense las anotaciones respectivas, así como en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, el estado procesal de autos evidencia que el presente juicio se encuentra concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente expediente carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de diecisiete de agosto de dos mi dieciséis, de donde se advierte la admisión del recurso de queja interpuesto por los quejosos ********************y ********************, contra el proveído de veinticinco de julio del año en curso, dictado en los autos del presente sumario constitucional, medio de impugnación que fue registrado con el número recurso de queja 160/2016. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita la Superioridad oficiante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de agosto de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual los quejosos Enrique Gil Gil y Juan Cerón Sánchez, mediante el cual interpone recurso de queja contra la determinación de veinticinco de julio de dos mil dieciséis; asimismo, exhibe cuatro copias de dicho ocurso a efecto de substanciar el recurso hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación sobre la materia de la queja, remítanse el original del escrito de expresión de agravios y una copia simple de dicho ocurso al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, a efecto de que provea respecto del medio de impugnación hecho valer por los quejosos contra la determinación antes mencionada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Maria Isabel Lopez Mondragon, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de julio de dos mil dieciséis. Por recibida la demanda de amparo promovida por Enrique Gil Gil y Juan Cerón Sánchez, por derecho propio, contra actos del Tribunal Unitario del Distrito Número Veinticuatro de la Ciudad de Toluca, México ; fórmese el expediente respectivo y asiéntese en el libro de gobierno con el registro 1117/2016-I. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y la referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el artículo 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, con número de registro 222780, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable por similitud jurídica la jurisprudencia publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se hace la precisión que la parte quejosa reclama lo siguiente: Apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "De la Autoridad Responsable reclamamos el acuerdo de fecha primero de julio del año dos mil dieciséis, dictado en la AUDIENCIA DE LEY llevada a cabo en esa fecha en el expediente número 1155/2015, relativo al juicio de controversia agraria promovido por los C.C. LAURO BLAS FERNANDEZ, MARIO GARCÍA HERNÁNDEZ y JUVENTINO VELAZQUEZ FRANCO, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del Comisariado de la Comunidad de San Francisco de las Tablas, Municipio de Chapa de Mota, Estado de México; en contra de los suscritos C.C. ENRIQUE GIL GIL Y JUAN CERÓNSANCHEZ, hoy quejosos, ya que dicho acuerdo que reclamamos niega llamar a juicio a la SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA hoy SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO, a la PROCURADURIA AGRARIA, y al DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO DE MÉXICO." En ese orden, la resolución combatida no constituye para los quejosos un acto de imposible reparación, con lo cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b) Constitucional y 107, fracción V de la Ley de Amparo que en su orden, disponen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y. " Por su parte, el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción V prevé: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En efecto, para efectos del juicio de amparo, el auto de uno de julio de dos mil dieciséis, dictado Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Veinticuatro, que niega el llamamiento a juicio de la Secretaría de la Reforma Agraria hoy Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, a la Procuraduría Agraria y al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, en el juicio 1155/2015, promovido por Lauro Blas Fernández, Mario García Hernández y Juventino Velázquez Franco, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado de Bienes Comalees del poblado de San Francisco de las tablas del Municipio de Chapa de Mota, Estado de México. Al respecto es oportuno establecer que conforme a la jurisprudencia existe consenso en que por actos de imposible reparación, dentro de juicio, se entienden aquellos que afectan de manera cierta y directa alguno de los derechos fundamentales que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la libertad personal, la libertad de tránsito, la libre disposición de los bienes, la inviolabilidad del domicilio, entre otros, cuya afectación es de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo y que es impugnable en la vía indirecta, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que en tanto sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en la posición que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, de ahí que, respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente, y tal acto se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción I y XXII del artículo 173 de la Ley de Amparo, pues en el momento procesal oportuno, a través del juicio de amparo directo se podrá determinar si el acto reclamado se ordenó en forma contraria a la ley. Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 61 fracción XVIII, con relación al artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano, por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Enrique Gil Gil y Juan Cerón Sánchez. Sirve de apoyó por analogía la tesis 2a./J. 63/2000, con número de registro 191472, página 309, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, que refiere: "TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO LABORAL. EL AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR A JUICIO A QUIEN LAS PARTES SEÑALAN CON TAL CARÁCTER SÓLO PUEDE RECLAMARSE POR ALGUNA DE ELLAS EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN CONTRA EL LAUDO. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, y 158 a 161 de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos dentro de juicio, como son las violaciones procesales, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva o laudo y, por excepción, en el amparo indirecto cuando esas violaciones revistan una ejecución irreparable, esto es cuando afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso. La negativa de la Junta a llamar al presunto tercero interesado designado por alguna de las partes con apoyo en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte el laudo en contra del cual procede el amparo directo, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, como consecuencia del cumplimiento que, en su caso, la autoridad responsable tenga que dar a la sentencia de amparo directo, en la que, de ser necesario, procedería otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y se ordene la reposición del procedimiento para llamar a juicio a las personas mencionadas y resolver lo que en derecho proceda." Y en lo conducente la II.1o.C.4 K (10a.), con número de registro 2006576, página 2075, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, que establece: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación." En términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la parte inconforme en el proemio de su demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene por autorizados a las personas que refieren el proemio de su demanda. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Finalmente, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Notifíquese personalmente a los quejosos. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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