Juan Contreras Zaragoza

Expediente 407/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
407/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • Juan Contreras Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    IV9 Toluca, Estado de México; veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la determinación dictada en autos, por el que se sobreseyó fuera der audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dicho proveído ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Por su parte, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, segundo y tercer párrafos de dicho Acuerdo). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; seis de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el ocurso de cuenta suscrito por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México; a través del cual rinde su informe justificado, y para acreditar la legalidad del acto, remite el duplicado de la causa penal 118/2008, de su índice, en dos tomos. Ahora, en el presente juicio el quejoso Juan Contreras Zaragoza reclama: El auto de formal prisión dictado el veintidós de octubre de dos mil ocho, en el proceso penal 118/2008. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable se advierte lo siguiente: El veintidós de octubre de dos mil ocho, el entonces Juez Primero Penal de Primera Instancia dictó auto de formal prisión en contra del quejoso (el cual constituye el acto reclamado). Inconforme con dicha resolución, el veintitrés de octubre de ese año, el justiciable interpuso recurso de apelación. Es así que el veintiséis de enero de dos mil nueve, la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ordenó la reposición del procedimiento. Como consecuencia de lo anterior, el tres de febrero de dos mil nueve, el juez de la causa dicto un segundo auto de formal prisión en contra de Juan Contreras Zaragoza, por aparecer como responsable en la comisión del delito de homicidio agravado, en agravio de Rivero Contreras Zaragoza. Una vez más, inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de apelación el cuatro de febrero de dos mil nueve. Sin embargo, el dieciséis de abril de dos mil nueve, la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, resolvió confirmar el auto de formal prisión dictado por el Juez Penal. Seguidas todas sus etapas el diez de febrero de dos mil diez, se dictó sentencia condenatoria en contra de Juan Contreras Zaragoza, por los delitos de portación de arma prohibida y homicidio agravado, en agravio de Rivero Contreras Zaragoza. Inconforme con la resolución, el sentenciado interpuso recurso de apelación el once de febrero de dos mil diez. Consecuentemente, el veintidós de abril de dos mil diez, la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, confirmó la sentencia dictada por el juez de la causa. El cinco de julio de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, admitió a trámite la de amparo directo, en contra de la sentencia dictada en el punto que antecede. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal de Alzada, ordenó la reposición del procedimiento dentro de la causa penal 118/2008, instruida en el juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle (antes Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle). Ahora bien, de lo anterior se advierte que el acto reclamado consistente en el auto de formal prisión dictado el veintidós de octubre de dos mil ocho, fue sustituido por la diversa resolución de dieciséis de abril de dos mil nueve, que confirmó el auto de formal prisión tres de febrero de dos mil nueve, incluso con posterioridad se dictó la sentencia respectiva; no obstante a que la misma haya sido revocada y a la fecha no haya adquirido firmeza procesal, pues el Tribunal de Alzada ordenó la reposición del procedimiento a fin de que el juez de la causa reaperturará la etapa de instrucción y ordenará que los peritos oficiales ratificaran sus dictámenes y se sometieran al contradictorio de las partes ante la presencia judicial, en la inteligencia que la reposición es a partir de la determinación de uno de diciembre de dos mil nueve, es decir, actuación que es posterior al auto de formal prisión dictado, y que sigue firme. Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Así como la jurisprudencia 1a./J. 140/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Décima Época, con Número de Registro 2002796, con rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, SE PROMUEVE CON POSTERIORIDAD A QUE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL MISMO PROCESO PENAL QUEDÓ INSUBSISTENTE CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENÓ REPONER EL PROCEDIMIENTO. En términos del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado se refiere a violaciones consignadas en los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regulan el auto de formal prisión y los derechos constitucionales de defensa del procesado, el dictado de la sentencia de primera instancia hace que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones que se hayan reclamado; sin embargo, en aquellos casos en los que el quejoso promueve amparo en contra del auto de formal prisión, con posterioridad a que el tribunal de alzada revoque la sentencia definitiva -que en principio da lugar a estimar actualizada la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica- y ordena reponer el procedimiento, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el referido precepto legal, pues con independencia de que el juez de primer grado, en acatamiento a lo ordenado por el tribunal de alzada esté vinculado a reparar la violación que motivó la reposición, lo cierto es que el fallo de segundo grado no reconoció ni validó el estadio procesal (la emisión de la sentencia de primera instancia) necesario para la actualización de la causal de improcedencia de mérito, pues no generó una situación jurídica de tal magnitud que lleve a considerar que las violaciones atribuidas al auto de formal prisión quedaron irreparablemente consumadas; por el contrario, el fallo emitido en apelación destruyó la situación jurídica que impedía la procedencia del juicio de amparo en contra del auto de formal prisión, en tanto que la calidad del sentenciado vuelve a ser la de procesado y su situación jurídica se rige por el auto de plazo constitucional dictado en su contra. El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: a) por revocación; y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan -por ejemplo- cuando contra éste se interpuso un recurso al que recayó una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el juicio constitucional no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se transcribe a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." También lo es la tesis del mencionado órgano colegiado, que se cita enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Ahora bien, en el caso, el quejoso Juan Contreras Zaragoza reclama el auto de formal prisión dictado el veintidós de octubre de dos mil ocho, en el proceso penal 118/2008. Lo antes citado permite establecer que el auto de formal prisión dictado el veintidós de octubre de dos mil ocho, en el proceso penal 118/2008, reclamado en esta instancia, fue sustituido procesalmente por la diversa resolución de dieciséis de abril de dos mil nueve, que confirmó el auto de formal prisión tres de febrero de dos mil nueve, en el que el juez de la causa dictó un segundo auto de formal prisión en contra de Juan Contreras Zaragoza, por aparecer como responsable en la comisión del delito de homicidio agravado, en agravio de Rivero Contreras Zaragoza. Es oportuno precisar que en el caso se actualiza la cesación de efectos prevista en la primera parte del invocado artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, puesto que el acto reclamado desapareció de forma inmediata, total e incondicional al haberse dictado la resolución de dieciséis de abril de dos mil nueve, que confirmó el auto de formal prisión tres de febrero de dos mil nueve, el cual sustituyó procesalmente al aludido auto dictado el veintidós de octubre de dos mil ocho, en el proceso penal 118/2008. En consecuencia, esta nueva resolución impide analizar la legalidad del primer auto de formal prisión impugnado, porque será esa última determinación, esto es, el dictado el dieciséis de abril de dos mil nueve, el que, en dado caso, puede ser motivo de análisis en el juicio de amparo. En consecuencia, este Juzgado de Distrito considera que cesaron los efectos del primero de los actos mencionados en el párrafo anterior; y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en este asunto, esto es, las diez horas minutos del diez de mayo de dos mil diecinueve, sin que ello implique dejar al quejoso en estado de indefensión, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la constitución general de la república, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. En la inteligencia de que con esta determinación se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que, si a su interés conviene, impugne por los medios legales que correspondan la resolución que emitió la responsable, dado que en este caso no existe ningún vínculo de interdependencia entre el nuevo acto y el reclamado inicialmente, por lo que no es jurídicamente posible que se examinen en este propio juicio constitucional. En efecto, si se toma en cuenta que por interdependencia no debe entenderse únicamente que ambos actos se encuentren relacionados entre sí, sino que esa relación sea tal que no pueda hacerse ninguna separación entre ellos, ni pensar que uno es más importante que otro, es decir, que deban interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  3. Incidental

    IV. VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 407/2019-IV. ÚNICO. Se concede a Juan Contreras Zaragoza, la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos y la autoridad referida en la parte considerativa de la presente determinación. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    IV. Toluca, Estado de México; veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Penal de Primera instancia del Distrito judicial de Tenango del Valle, Estado de México, mediante el cual rinde informe previo. Con el referido informe, desé vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental. Notifíquese.

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