Juan Daniel Cruz Colin

Expediente 794/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
794/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
02/07/2018

Partes del expediente

  • Juan Daniel Cruz Colin

Actuaciones

  1. Principal

    I) Toluca, Estado de México; dos de julio de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues se desechó de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    I) Toluca, Estado de México; diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Desahogo de prevención. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por el quejoso Juan Daniel Cruz Colín, mediante el cual desahoga el requerimiento hecho en autos de uno y doce de junio de dos mil dieciocho. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. Precisión del acto reclamado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso, señala medularmente, como actos reclamados: 1. La negativa de sobreseimiento respecto al expediente 167/2018, dictada en audiencia de once de mayo de dos mil dieciocho, atribuida al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Las omisiones en la integración e investigación de las carpetas de investigación 545600840012216, NUC TOL/TOL/ZIN/120/036728/10/02 y NIC TOL/ZIN/00/MPI/258/00238/18/02 por parte del Fiscal General de Justicia del Estado de México, Agente del Ministerio Público adscrito al Municipio de Zinacantepec, Estado de México y Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La detención del quejoso y su puesta a disposición por parte de los Policías Aprehensores, adscritos a la Tercera Región Zinacantepec, Tercer Agrupamiento de la Deportiva de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. El abuso y la falta de igualdad procesal por parte del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente 167/2018. A este respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Desechamiento. De conformidad con el artículo 62 de la vigente Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, además de que de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, procederá desecharse de plano la demanda de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1991, Tomo VII Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En virtud de lo anterior, después de analizar la presente demanda de amparo, éste órgano de control constitucional advierte que en relación al acto reclamado marcado con el arábigo 1), estima que en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dicho precepto legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." En ese contexto, la negativa de sobreseimiento respecto al expediente 167/2018, dictada en audiencia de once de mayo de dos mil dieciocho, atribuida al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de revocación ante el juez de control, quien podrá analizar de nueva cuenta si dicha resolución es legal o en su caso continuar con la persecución penal. En esas condiciones, se advierte que el quejoso debió agotar el recurso de revocación que el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé en su artículo 465 y al no haberlo hecho opera en su perjuicio el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima a la recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Corrobora lo anterior, la tesis VXVIII.1º.p.a.2p (10a.), visible en la página 2141, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado. Por lo que respecta al acto reclamado marcado con el arábigo 2) relativo a las omisiones en la integración e investigación de las carpetas de investigación 545600840012216, NUC TOL/TOL/ZIN/120/036728/10/02 y NIC TOL/ZIN/00/MPI/258/00238/18/02 por parte del Fiscal General de Justicia del Estado de México, Agente del Ministerio Público adscrito al Municipio de Zinacantepec, Estado de México y Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Lo expuesto evidencia que se actualiza la causa de improcedencia que establece en los artículos 61, fracción XII, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los numerales indicados establecen: Ley de amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley; (.)". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.(.)." Del contenido de los artículos trascritos deriva que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, lo cual constituye uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, que se traduce en que éste debe instarse a petición de quien resulte lesionado en sus derechos humanos. Por eso, se promoverá por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En ese orden de ideas, para que una persona se encuentre legitimada para instar la acción constitucional, deberá justificar que es titular de un derecho o de un interés legítimo, según sea el caso, además que con motivo de ello exista una afectación real y actual. De lo contrario, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Es así, pues existe una estrecha vinculación del interés jurídico con la legitimación, pues ese medio de control constitucional puede promoverlo la persona que se vea afectada por la norma o el acto, siempre y cuando exista una afectación real y actual a un derecho o interés, la cual debe ser personal y directa. La legitimación y el interés jurídico convergen en un punto similar para su materialización, esto es, que el quejoso sea afectado en su esfera jurídica y si se trata de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que derivado de la norma objetiva se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el primero debe ser actual para justificar la acción de amparo, y el segundo, es la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. Apoya lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia visible en la página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Así como la tesis aislada, visible en la página ciento veintitrés, Séptima época, Volumen 97-102, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el mismo órgano supremo, de texto siguiente: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que se tenga por acreditado el interés jurídico de la parte promovente, pues para ello es necesario que se demuestre que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos. Sobre el particular, es aplicable el criterio jurisprudencial 3a./J. 28/90, Octava Época, visible en la página doscientos treinta, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Así como la jurisprudencia P./J. 50/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2007921, que indica: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Tales elementos son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En materia de amparo el agravio se identifica con la afectación de un interés jurídico o legítimo; así, tendrá el carácter de parte agraviada quien al acudir al juicio de amparo cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, para ser parte agraviada es necesario, entre otras cosas, ser la persona a quien directamente se causa la molestia, por ende, no podrá tener esa calidad un tercero a quien indirectamente afecte la violación. La procedencia requiere además de la demostración de un acto de autoridad posiblemente violatorio de algún derecho, que produzca una afectación real, actual, personal y directa, así como que el peticionario sea titular de ese derecho que según él se pudiera ver afectado por aquél. Esto implica, que el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. De esa forma, es viable señalar que para estar legitimado para instar la acción de amparo se requiere ser titular de un derecho o interés legítimo que cause una afectación real y actual; además, para que resulte procedente debe ser demostrado el interés jurídico o legítimo. De lo que se sigue que finalmente la legitimación y el interés jurídico deberán analizarse conjuntamente para generar la procedibilidad de dicho juicio, pues sólo cuando coinciden se estará en aptitud de entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto estimado violatorio de derechos fundamentales. En sustento de nuestra postura, estimamos conveniente precisar, cuáles son las funciones del Ministerio Público en la investigación inicial; en que consiste el principio de celeridad en la indagatoria e integración de las carpetas administrativas. Para determinar lo anterior, resulta útil tomar en cuenta lo que establecen los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que son del siguiente tenor: Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión". Del contenido de los preceptos transcritos puede establecerse el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público en la investigación de los delitos, para lo cual le prestarán auxilio las policías, quienes estarán a su mando inmediato. Así, el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local, tienen la encomienda de representar los intereses sociales, y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad. Consiguientemente, un agente del Ministerio Público al tener conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, está facultado para llevar a cabo todas aquellas diligencias dirigidas a la investigación inicial del mismo, a efecto de reunir dentro de la carpeta correspondiente los datos de prueba que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Este aspecto, emerge de lo dispuesto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues al respecto se desprende que: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. Y, la investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Con base en los numerales antes transcritos, válidamente es posible determinar que en la investigación inicial e integración de las carpetas de investigación por parte del Fiscal General de Justicia del Estado de México, Agente del Ministerio Público adscrito al Municipio de Zinacantepec, Estado de México y Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, son con la finalidad de que el Ministerio Público al tener conocimiento de la existencia de un hecho delictuoso señalado por la ley como delito en la etapa de investigación inicial, puede llevar a cabo todas aquellas diligencias dirigidas a comprobarlo. Debe precisarse, que las indagatorias, no afecta el derecho fundamental de no autoincriminación del imputado contenido en la fracción II, apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que lo único que se pretende es colmar los extremos de la investigación inicial. En síntesis, debe decirse, que el derecho de no autoincriminación, no significa que el imputado no tenga que soportar la investigación dirigida a la acreditación por parte del Ministerio Público, de los hechos delictuosos que se le atribuyen y a la probabilidad de que los cometió o participó en su comisión. En atención a los argumentos antes expuestos, este Juzgado, considera que el acto reclamado, no repercute en alguna afectación en los intereses jurídicos del quejoso, en razón de que consiste, por definición, en una serie de diligencias realizadas por los Agentes del Ministerio Público en la indagatoria en cumplimiento a un mandato constitucional ineludible con el objeto de reunir los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Los argumentos no implican desconocer que algunas determinaciones tomadas durante la investigación inicial puedan ser impugnadas mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, como serían, los actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por ejemplo, aquéllos que puedan lesionar la dignidad humana. Ello es así, en virtud de que la revisabilidad a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la investigación inicial, debe ser determinada en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán ser o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Situación ésta, que en el caso no acontece, ya que la integración de las carpetas de investigación ningún perjuicio le causa al impetrante de amparo, tomando en cuenta que sus efectos dentro de la carpeta de investigación, no son de imposible reparación, ya que pueden quedar destruidos con el hecho de que en la etapa administrativa el representante social determine no ejercer la acción penal en su contra, o bien, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda controlar la investigación, determine que resulta procedente librar una orden de aprehensión, momento en el cual se afectará real y efectivamente la esfera jurídica del peticionario de amparo. De estimar lo contrario, se entorpecerían las facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas a la Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tales condiciones, conforme al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, párrafo primero, y 6 del mismo ordenamiento legal, el quejoso carece de interés jurídico y legítimo para promover el juicio de amparo indirecto y por ello resulta improcedente por lo que se refiere a la integración de la carpetas de investigación que refiere en su de demanda, así como en sus escritos aclaratorios. Respecto al acto señalado con el número 3, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Del precepto transcrito, se colige que la finalidad de la concesión del amparo es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, una vez nulificado el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven. En tales condiciones, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o bien administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amapro se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de modo irreparable las violaciones reclamadas en el juicio constitucional. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir, con independencia de que el acto, materia del amparo, resulte o no constitucional. Es aplicable la tesis 2a.CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la Página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, el acto reclamado lo constituye la detención del quejoso y su puesta a disposición por parte de los Policías Aprehensores, adscritos a la Tercera Región Zinacantepec, Tercer Agrupamiento de la Deportiva de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. En esas condiciones, resulta inconcuso que ha cambiado la situación jurídica del quejoso, toda vez que el acto reclamado consistente en la detención de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho y su puesta a disposición al Agente del Ministerio Público, acontecido dentro de las actuaciones de las averiguaciones previas señaladas por el quejoso, dejó de tener eficacia jurídica pues, de lo narrado por el quejoso, el expediente 167/2018, se encuentra en la etapa intermedia, situación jurídica que ya ha sido superada por el momento de su detención. En ese tenor se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; toda vez que, la detención reclamada, impide a este juzgador examinar el fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se afectaría la nueva situación jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 14/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 441, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, con registro: 181477, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). Si bien la finalidad de la reforma al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, fue para que, cuando se señale como acto reclamado la orden de aprehensión y con posterioridad se dicte el auto de formal prisión, no rija la excepción a la regla, consistente en la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica; lo cierto es que todas las violaciones al artículo 16 constitucional, entre las que se encuentra la ratificación de la detención, quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que dicho dispositivo fue suprimido. Lo anterior, motivó que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. Por consiguiente, cuando en un juicio de amparo se reclame la ratificación del Juez de la detención realizada por el Ministerio Público, el dictado del auto de formal prisión hace que se actualice la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, ya que con el auto de formal prisión culmina la etapa de preinstrucción, iniciando la etapa de instrucción en donde la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito adquiere la calidad de procesado. El cambio de situación jurídica aludido, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la ratificación de la detención, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio de la etapa de la instrucción al haberse dictado el auto de formal prisión, el cual tiene su fundamento, principalmente, en el artículo 19 de la Constitución Federal." En consecuencia, se desecha el acto reclamado consistente en la detención del quejoso y su puesta a disposición por parte de los Policías Aprehensores, adscritos a la Tercera Región Zinacantepec, Tercer Agrupamiento de la Deportiva de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Respecto, a los actos reclamados sintetizados con el numeral 4, en los que refiere como abuso y falta de igualdad procesal por parte de la responsable, no se tienen como actos reclamados para los efectos del presente juicio de amparo, toda vez que los mismos constituyen una calificación que el propio agraviado otorga al acto motivo de la demanda de garantías, independientemente de cómo los identifique; y corresponde a quien esto provee, analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), la naturaleza de los actos reclamados. Por tanto, los calificativos otorgados por el impetrante de garantías al acto central del presente asunto, al carecer de autonomía e independencia; no es procedente tenerlos como actos para efectos del presente asunto. Se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con la clave de identificación I. 3o. A. J/26, en la página 69, del tomo VII, materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta ( activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Finalmente, respecto a las manifestaciones que realiza el quejoso en el último párrafo del escrito de cuenta, en las que aduce: "Cabe hacer mención que ese día del supuesto hecho delictuoso yo estaba en mi taller mecánico al cual me dedico y llego una persona de sexo masculino aproximadamente a las 14:00 horas del día dieciséis de febrero de dos mil dieciocho con ropa de una sudadera gris y pantalón color oscuro de aproximadamente de uno setenta metros y color de cabello castaño oscuro de aproximadamente de 30 años y me pidió que le checara las balatas lo cual procedí a revisarlo y arreglarlo por lo que lo hice y llegando esta persona como a las veinte horas y nos subimos al taxi para probarlo y fue cuando sucedieron los supuestos hechos. CHECALO POR FAVOR." No ha lugar a tenerlas por realizadas, pues no tienen vinculación alguna con lo que combate el quejoso. En consecuencia, al estar actualizadas las causas de improcedencia señaladas en párrafos precedentes, procede desechar la demanda de amparo. Notifíquese, en términos del proveído de uno de junio de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    I Visto el escrito signado por Juan Daniel Cruz Colín, a través del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de uno de junio de dos mil dieciocho. Sin embargo, no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento de mérito, pues si bien, aclaró los actos que le atribuye al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y señaló como autoridad responsable a los Policías Aprehensores adscritos a la Tercera Región Zinacantepec, Tercer Agrupamiento de la Deportiva de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, no desahogó en los términos requeridos la prevención referida, es decir, no señaló los actos reclamados específicos y de manera concreta que le atribuye al Fiscal General de Justicia del Estado de México, al Agente del Ministerio Público Investigador del Municipio de Zinacantepec, Estado de México, así como al Director General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que respecto a los mencionados en primer orden, sólo refiere que son responsables en la investigación de la Carpeta de Investigación 545600840012216; y del último que es el servidor público que se encuentra actuando dentro del procedimiento; es decir, no se advierte un acto que se les atribuya a las referidas autoridades. Además, no narró de manera suscinta y cronológica los hechos y abstenciones, pues no señaló en qué etapa procesal se encuentra el expediente 167/2018, quienes son las partes en dicho expediente, así mismo, de lo narrado en el ocurso de cuenta, se advierten diversas carpetas de investigación, sin que señale ante qué autoridad fueron radicadas, quienes son las partes y su estado procesal, pues únicamente, describe de manera general la forma en qué fue detenido, lo cual no es suficiente, para poder fijar la Litis y requerir a las autoridades sus informes. En consecuencia, subsiste la prevención decretada en auto de uno de junio de dos mil dieciocho. En el entendido que el plazo otorgado para tales efectos, se interrumpe por única ocasión en el cuarto día, y deberá reanudarse hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se estima aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, publicada en la página 133, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2003, Tomo XVIII, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Y, la tesis número III.2o.A.37 K, publicada en la página 1322, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE SI NO SE ACATÓ EN SUS TÉRMINOS LA PREVENCIÓN RELATIVA." Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    I) Toluca, Estado de México; uno de junio de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo, promovida por Juan Daniel Cruz Colín, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 794/2018-I. PREVENCIÓN. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo en vigor, en la parte que interesa, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. (.)." Ahora, la fracción II del artículo 114 transcrito no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos previstos en el numeral 108 de la legislación en comento; sino cualquier deficiencia, irregularidad u omisión, expresamente indicadas en las restantes fracciones, que pudiese obstaculizar el trámite respectivo. En ese tenor, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, con once copias del mismo y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio, realice lo siguiente: PRIMERO. Deberá precisar qué acto le reclama a cada una de las autoridades responsables, ello es así porque en los apartados correspondientes a "AUTORIDADES RESONSABLES" y "ACTOS RECLAMADOS", señaló: "a) COMO ORDENADORAS: 1). - El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con Residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. 2).- EL FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO. 3).- El Agente del Ministerio Público adscrito al Municipio de Zinacantepec, tercer turno. 4).- El Agente del Ministerio Público de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público de Almoloya de Juárez, adscrito a la Dirección General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. b) EJECUTORAS 1).- Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez "Santiaguito". 3.- Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México "ACTOS RECLAMADOS: PRIMERO. De las autoridades responsables la negación del recurso de sobreseimiento solicitado dentro del expediente 167/2018, planteado por la defensa en audiencia de fecha 11 de mayo de la presente anualidad, por falta de elementos suficientes para fundar la acusación por parte del Representante social. SEGUNDO. - El abuso de autoridad por parte del Juez de Control de Almoloya de Juárez Estado de México. TERCERO. - La falta de igualdad procesal, por parte del Juez de Control de Almoloya de Juárez, Estado de México." Como se aprecia de la transcripción anterior, no especificó qué acto en concreto le reclama a cada una de las responsables, toda vez que lo señaló en forma genérica. Aunado a lo anterior, del contenido de la demanda se advierte que aduce violaciones durante la acusación realizada por el Agente del Ministerio Público, ya que no ha realizado la individualización de la pena correspondiente. De igual forma, deberá precisar si señala como autoridad responsable a los policías aprehensores, pues aduce la intervención de éstos, sin que se advierta que estén señalados en el apartado respectivo. Con lo cual no da cumplimiento a la disposición contenida en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo. Además, el dato requerido es necesario para estar en aptitud de solicitar su informe a las responsables y fijar de manera concreta la litis en el presente juicio. SEGUNDO. Habrá de formular "bajo protesta de decir verdad", una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen antecedentes de las actuaciones que señala como actos reclamados o sirvan de fundamento a los conceptos de violación, pues los narrados en el escrito de demanda son insuficientes para tener por colmado el requisito inserto en la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, puesto que se limita a manifestar los datos de prueba que se aportaron en la audiencia de once de mayo del año en curso, ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, así como cuestiones atinentes a la inspección realizada por los policías aprehensores; sin que se aprecie un orden cronológico en su narrativa. En esa tesitura, deberá manifestar el origen del expediente 167/2018, así como las carpetas de investigación en las que se hayan emitido los actos reclamados a los Ministerios Públicos, que en su caso, se señalen como responsables; las partes que intervienen tanto en el expediente 167/2018, como en las carpetas de investigación que refiera, así como el estado procesal que actualmente guardan. En el entendido de que los requerimientos formulados con antelación, se vierten de manera enunciativa, más no limitativa, pues el quejoso deberá hacer referencia de cualquier dato que pudiera resultar trascendente para el conocimiento claro y preciso de los antecedentes de la actuación combatida. Por haberse interpretado disposición de similar contenido, es aplicable al caso la tesis 347, publicada en las páginas 293 y 294 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 - 2000, Tomo VI, Materia Común cuyo rubro y texto son: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Al respecto se estima pertinente hacer la aclaración de que el desahogo de la presente prevención no podrán realizarla los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues dada la naturaleza de lo requerido, relativa a que se exprese bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado, se traduce en hacer suyos hechos que les constan y ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda, lo cual no debe extenderse a los autorizados por el impetrante de amparo, porque los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. La determinación anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 50/2014 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cuatro de junio de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, del contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que .se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." APERCIBIMIENTO. Al promovente se le apercibe que de no cumplir con los extremos del requerimiento inserto en la presente determinación, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de publicación de acuerdos de este juzgado, por haberlo solicitado así el promovente y en atención a que cuenta con autorizados. AUTORIZADOS. Vista la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julio Francisco Rubí Sánchez, y a Roberto Popoca García, en términos del segundo párrafo del numeral citado, por no estar registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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