Juan Carlos Zapata Martinez
Expediente 446/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 446/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Carlos Zapata Martinez
Actuaciones
- Principal
Razón: En veintitrés de mayo de dos mil diecinueve el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo presentada a nombre de Juan Carlos Zapata Martínez, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de ocho de mayo del año en curso, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibida vía electrónica la demanda de amparo presentada a nombre de Juan Carlos Zapata Martínez, contra el acto del Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en esta ciudad y de otra autoridad, conforme lo prevén el artículo 3°, párrafo quinto, y séptimo, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que entró en vigor el cuatro de enero de dos mil dieciséis. En atención a su contenido y como lo prevén los artículos 55, 87 y 88 del aludido Acuerdo General Conjunto 1/2015, indíquese a las partes de la tramitación electrónica del presente juicio de amparo a través del sistema PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Por lo anterior, se ordena al responsable de la mesa correspondiente y oficiales administrativos en el SISE (SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES), la integración del expediente electrónico, y su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 446/2019-II, y al Secretario respectivo vigile la digitalización oportuna y de manera legible de las constancias que en su caso integran el presente expediente. Ahora bien, examinada la demanda de amparo se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional; y, por tanto de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En efecto, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 6°, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos legales aludidos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del primer artículo trascrito se observa que, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, conforme al precepto citado en segundo lugar, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley, asimismo, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De análisis conjunto de tales normas, se advierte que cuando no existe manifestación de voluntad (firma) por parte del quejoso para instar el juicio de amparo, ello conlleva a que no existe instancia de parte agraviada, de ahí que ante la falta de ésta, resulta la actualización de un motivo de improcedencia. Apoya lo anterior la jurisprudencia 156, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiocho, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: DEMANDA FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página trescientos quince, del volumen X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Sobre el tema, específicamente respecto a que si se presenta una demanda de amparo vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y esta carece de firma electrónica (firel), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, por mayoría de siete votos y cuatro en contra, en sesiones de nueve de octubre y veintidós de noviembre del año en curso, determinó que al no existir diferencia entre la firma electrónica y la autógrafa, la falta de cualquiera de éstas se traduce en ausencia de voluntad, lo que conlleva al desechamiento de la demanda. Lo anterior se patentiza con las consideraciones expuestas en las referidas sesiones, y que son del tenor siguiente: Sesión de nueve de octubre del año en curso: ".SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Muchas gracias señor Ministro Presidente. De la contradicción se propone excluir el criterio del actual Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito porque presenta algunas particularidades en este sentido; y, en cuanto a los tribunales contendientes, se advierte claramente dos posiciones diferenciadas sobre el problema a resolver: Por un lado, están los órganos que sostienen que, ante la falta de firma electrónica, la demanda debe ser desechada de plano, por advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia al incumplirse el requisito de instancia de parte agraviada, pues la falta de firma implica la ausencia de voluntad y esa cuestión no es susceptible de prevención. Por otro lado, se encuentran los tribunales que consideran que la falta de firma electrónica en la demanda admite ser materia de una prevención al quejoso para ser subsanada, en atención a que ese escrito inicial no puede considerarse un documento anónimo ante el hecho de que su presentación en línea requiere la realización de diversos actos de una persona con firma electrónica; de modo que habría de privilegiarse el acceso a la jurisdicción ante los imponderables que pueden tener en la implementación de nuevas tecnologías. Por tanto, el proyecto propone que la contradicción de tesis existe y que el punto a resolver es el siguiente: cuando a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se presenta una demanda de amparo y ésta carece de firma electrónica, ¿debe desecharse de plano, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, o debe hacerse una prevención al quejoso en términos del artículo 114 de la misma ley? Esto se refiere al tema de la existencia, señor Ministro Presidente. Muchas gracias. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está a su consideración la existencia de la contradicción de tesis. ¿No hay observaciones? ¿En votación económica se aprueba? (VOTACIÓN FAVORABLE). QUEDA APROBADO. Continuaríamos con el estudio, señor Ministro. SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Cómo no, señor Ministro Presidente, muchas gracias. Se considera que, cuando la demanda de amparo presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación carece de firma electrónica, lo procedente es prevenir al quejoso para que subsane esa omisión y no desechar de plano la demanda. [.] En efecto, el desechamiento de plano supone advertir una causa de improcedencia manifiesta indudable, y si bien la falta de firma autógrafa se ha considerado una irregularidad no susceptible de ser subsanada a través de una prevención porque implica ausencia de voluntad, en el caso de la firma electrónica -en cambio- no puede considerarse lo mismo por lo siguiente: Primero. Si bien la FIREL cumple la misma función que la autógrafa, -por lo cual se le confieren los mismos efectos jurídicos que a ésta- lo cierto es que su utilización no es tan simple, como asentar el nombre y la rúbrica de la persona, sino que implica la previa obtención del archivo digital correspondiente, mediante la introducción de datos de identificación personales, como el nombre, correo electrónico, el RFC, la CURP, un usuario y la contraseña, así como el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde se cumple o realiza el proceso que se solicita. Segundo. La FIREL es un instrumento de identidad necesario para el acceso al Portal de Servicios en Línea, cuya revocación o pérdida da lugar a la imposibilidad de ingresar a los expedientes electrónicos. Tercero. La presentación de la demanda de manera electrónica exige el ingreso con nombre de usuario y contraseña, o que actúen a través de la FIREL, por lo que el ingreso al Portal de Servicios en Línea, la descarga y envío de la demanda y sus anexos revelan un indicio de la voluntad de la persona que dice presentar la demanda de amparo, que -por lo menos- genera dudas sobre la posibilidad de atribuir su autoría a la persona que llevó a cabo las acciones conducentes al envío de la demanda, sin que ésta pueda considerarse un anónimo. Cuarto. A lo anterior, se suma el hecho de que, cuando se implementa una nueva tecnología, la incidencia de errores suele ser mayor, -al menos en los primeros tiempos de uso- sin perjuicio de la posibilidad de fallas inherentes a cualquier sistema tecnológico. Finalmente, ante la duda, nos parece que debe favorecerse el derecho a la jurisdicción. De todo lo anterior es que se propone la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SINO PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE SEA SUBSANADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO." Es el asunto que está sometido a su consideración, señor Presidente. Muchas gracias. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está a su consideración, señoras y señores Ministros. Señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Gracias señor Ministro Presidente. Respetuosamente, no comparto el sentido del proyecto. Desde mi punto de vista, el documento enviado electrónicamente o en papel que no lleve firma carece de voluntad de quien está emitiendo ese documento; no encuentro una diferencia entre la firma electrónica y la autógrafa. [.] SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Muchas Gracias señor Presidente. No comparto el criterio que nos propone el proyecto puesto a nuestra consideración [.] sin embargo, hay un formalismo central -que es la idea que ambos proyectos comparten-, en el sentido de que la firma electrónica es equiparable a la firma autógrafa y que esto se traduce en ausencia de la voluntad. Por consecuencia, no estoy en la idea de apoyar el proyecto que se nos pone a consideración y votaría en contra. Me parece ?escuchando lo que ha dicho el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena? una muy buena idea, desde el punto de vista ?digamos- el manejo de los sitios; que no se pueda completar el envío si no se hizo la firma electrónica, porque -obviamente- es una cosa relativamente sencilla y, sin eso, no hay voluntad, no hay demanda y, por consecuencia, debe ser desechada. Es cuanto señor Ministro Presidente, gracias. [.] SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: [.] Pero, por otro lado, considero que si la premisa que subyace a la exigencia de firmar una demanda es que, el principio de primera instancia de parte exige que, dentro del plazo legal se exprese -inequívocamente- la voluntad del quejoso, entonces, en el caso de la FIREL, o bien se presupone que la identidad implica voluntad, caso en el que deviene -a mi consideración- superflua la prevención; o sea, si están convencidos de que fue la voluntad por la identidad del quejoso, que entró, y por los elementos que desarrolla, no tendría caso que se le previniera, porque eso implica su voluntad; o bien, presupone que, -como lo dije- implica voluntad y, entonces, se viola el principio de instancia de parte y se confiere un trato injustificado, privilegiando a ciertos quejosos y, además, se introduce una inconsistencia en el sistema jurisprudencial. Tenemos muchas tesis tanto de la Primera y la Segunda Salas como el Pleno, donde nos hemos pronunciado -concretamente- de la firma autógrafa y de la FIREL, que debe constar en la demanda; si partimos -como lo dije- de la idea de que implica la voluntad del quejoso, pues para qué lo prevenimos, porque si tenemos la idea de que estamos conscientes de que entrar al sistema implica su voluntad, entonces, ¿para qué se previene? Es superfluo prevenirlo. Pero, además de que a algunos se les olvida apretar el botón, también a otros se les olvidará firmar la demanda; entonces, creo que aquí debe ser un trato inequitativo, es un presupuesto que implica -conforme a nuestro sistema de justicia- la expresión inequívoca de la voluntad del quejoso, así ha sido, no considero que sea un tratamiento desproporcional, injustificado, que implique poner trabas al acceso a la justicia como tal, por lo tanto, partiendo, -precisamente- de la jurisprudencia, de la congruencia de nuestros criterios, y de la similitud entre la firma autógrafa y la FIREL, estaría en contra del proyecto. Gracias. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señora Ministra. Tampoco comparto el criterio, porque además de lo que se ha señalado, -el Ministro Gutiérrez lo expresó muy bien, y ahora la Ministra Piña lo señala, lo reitero para no repetirlo- se pueden dar situaciones -de hecho por lo menos- ventajosas o injustas para ciertos quejosos. Supongamos que el penúltimo día del plazo se presenta la demanda, falta la firma electrónica; entonces, el juez requiere para que la firme, resulta que lo hace después de que transcurrió el plazo, imprime la firma electrónica, entonces, estamos admitiendo una demanda en cuya firma -voluntad expresa de presentar la demanda- se hace con posterioridad; o entenderíamos que esa firma se debe retrotraer a la fecha en que se mandó por el sistema, sin firma la demanda. Creo que la certeza, en ese aspecto, es más conveniente para todos los quejosos y los interesados un trato equitativo y semejante para todos, que se exija que las demandas vayan firmadas autógrafamente en papel o en firma electrónica, cuando son a través del sistema. Como digo -de alguna manera- esto se puede paliar -como lo sugirió el Ministro Gutiérrez- modificando el sistema, de tal modo que no se puede enviar una demanda si no la trae, sólo en la excepción -que señalaba la Ministra Piña-, en la que no se requiere dicho requisito, pero que también habría que precisarlo -expresamente- en la solicitud de amparo. De esa manera, tampoco comparto la propuesta de la ponencia y, por lo tanto, votaré en contra. ¿Nadie más? Procedemos, entonces, a la votación, señor secretario. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: En contra. SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Con el proyecto. SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto. SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto. SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: En contra. SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: En contra. SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Con el proyecto. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE AGUILAR MORALES: En contra. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe un empate a cuatro votos. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Lo cual nos lleva a posponer el asunto para que, cuando estén los demás Ministros, podamos retomar la discusión y la votación, para definir cuál es la mayoría que habrá de determinar el sentido de esta resolución. QUEDA, ENTONCES, ESTE ASUNTO PENDIENTE HASTA LA PRÓXIMA SEMANA.". Sesión de veintidós de noviembre del año en curso: ".SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Como ustedes saben, este asunto se vio en una sesión anterior; y se tomaron votaciones definitivas, esto fue el nueve de octubre de este año; se obtuvieron cuatro votos a favor y cuatro en contra del proyecto. De tal modo que acordamos que, ahora que estuvieran los señores Ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo y Pérez Dayán, pediríamos el voto de ellos para saber cuál sería el resultado final de este asunto. Señora Ministra Luna, por favor. SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: [.] Me pronunciaré -muy respetuosamente- en contra del proyecto y rápidamente doy mis razones. [.] La Suprema Corte ha sostenido el criterio, -siempre- que cuando no existe firma no es motivo de requerimiento; el artículo que -de alguna manera- establece los requerimientos para que estos sean subsanados es porque existe alguna oscuridad dentro de la demanda o faltan copias; son situaciones subsanables, pero cuando no hay firma, se ha entendido que no hay voluntad para la presentación de la promoción. Entonces, por esa razón, me parece que el establecer que en este caso pudiera existir el requerimiento, es establecer un supuesto distinto al que establece el artículo 114, y que no está previsto para este tipo de situaciones. [.] Entonces, sobre esa base, señor Presidente, señora y señores Ministros, -respetuosamente- estaré en contra del proyecto que está proponiendo que se haga un requerimiento; para mí, debiera ser desechamiento porque, de lo contrario, si se trata de un expediente de papel, -aquí- si no firma se le va a desechar la demanda y, si estamos en un expediente electrónico, la idea sería que aquí se estableciera un requerimiento; en mi opinión, ahí se estaría dando un trato desigual en la presentación de una demanda de amparo que se hace por la vía que el quejoso eligió, ya sea la del papel o en línea. Entonces, no podemos establecer estas distinciones, si -en un momento dado- no se firma la demanda en papel, se acarrea el desechamiento, así se ha establecido en todas las jurisprudencias que esta Suprema Corte y los tribunales colegiados han emitido. Entonces, no justifico esta diferenciación y, por lo tanto, el criterio debiera ser el mismo -para mí-: debe desecharse en ambos casos. Gracias señor Ministro Presidente. [.] SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: [.] En consecuencia, también votaré en contra. Gracias señor Ministro Presidente. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro Pardo. ¿Alguien más, señores Ministros? Tomemos entonces, por favor, señor secretario, la votación de los tres señores Ministros que no participaron en la votación anterior. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: En contra. SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: En contra. SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: En contra. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de siete votos en contra de la propuesta del proyecto. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: En ese sentido, podríamos acordar -si están de acuerdo- que se engrose nada más el asunto con los criterios que se han establecido de la mayoría, y sugeriría que alguno de los Ministros de la mayoría pudieran ofrecer hacer el engrose; no sé si el Ministro Gutiérrez. SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Con mucho gusto. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Entonces queda asignado para hacer el engrose el señor Ministro Gutiérrez, muchas gracias. Y CON ESO QUEDA RESUELTA LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 45/2018.". Lo anterior dio origen a la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Criterio jurisprudencial que es aplicable al caso, en términos del diverso contenido en la última parte de la jurisprudencia 2a./J. 139/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 391, que dispone: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El análisis sistemático e integrador de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la Ley de Amparo, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 (*) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite establecer que la jurisprudencia es de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación, en la inteligencia de que si el lunes respectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente. Tal conclusión atiende a un principio de certeza y seguridad jurídica en tanto reconoce que es hasta la publicación de la jurisprudencia en dicho medio, cuando se tiene un grado de certeza aceptable respecto a su existencia. Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocarla tomando en cuenta lo previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de Amparo, hipótesis ante la cual el tribunal de amparo deberá verificar su existencia y a partir de ello, bajo los principios de buena fe y confianza legítima, ponderar su aplicación, caso por caso, atendiendo a las características particulares del asunto y tomando en cuenta que la fuerza normativa de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente al máximo y último intérprete de la Constitución." Sobre tales bases, toda vez que la demanda de amparo que nos ocupa, al haber sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y ésta carece de firma electrónica (firel) del directamente agraviado, pues no obstante que dicha demanda de garantías viene signada por Juan Carlos Zapata Martínez, lo cierto es que fue presentada con la firma electrónica de una diversa persona, por tanto, es patente que no se ha ejercitado la acción constitucional pues la ausencia de su firma del directamente agraviado equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo. De lo anterior, deviene inconcuso que no se aprecia la voluntad del compareciente, es decir, no hay instancia de parte, pues sin firma electrónica del directamente quejoso no puede considerarse ejercitada la acción constitucional, por ser aquélla una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda. Máxime que los actos reclamados no son de los comprendidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizada en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Claudia Teresa Pedroza Meléndez, quien cuenta con su cédula profesional número 7847001, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Con fundamento en la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo, se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa mas no limitativamente, se precisa: no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada, como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. NP.
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