Juan Carlos Zapata Martinez
Expediente 350/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Carlos Zapata Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el quince de mayo de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, por lo que ve al billete de depósito número N 681388, por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión provisional de los actos reclamados, cabe señalar que en el presente sumario se sobreseyó debido a la inexistencia de los actos reclamados. Por su lado, en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió la medida cautelar provisional con la condición del cumplimiento de diversas medidas de aseguramiento, a saber: 1.- El otorgamiento de una garantía por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, de preferencia en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, de la serie "N"; y, 2.- La presentación del inconforme ante la autoridad ordenadora que lo requiera, y cuantas veces sea citado por ella para la continuación del procedimiento correspondiente, por ser éste insuspendible. Pues bien, respecto de la primera medida en mención, la parte quejosa dio cumplimiento a ella al haber exhibido el billete de depósito en comento mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de abril del año en curso. En contraste, atinente a la segunda medida cautelar, la parte quejosa no dio cumplimiento a ella; sin embargo, ello no le fue exigible debido a que no contaba con la certeza respecto de la existencia de la orden reclamada, pues como se advierte de ese sumario incidental, las autoridades responsables informaron la inexistencia de la orden privativa de libertad, inclusive, en interlocutoria posteriormente emitida el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se negó la medida cautelar definitiva por ese motivo. En tales condiciones, este juzgado de distrito advierte que la parte agraviada cumplió en lo que le era exigible en la incidencia cautelar; por tal motivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, prevéngasele para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, se presente ante este Juzgado a recoger el billete de depósito antes señalado, apercibida que de no hacerlo en dicho lapso, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, dicho billete de depósito prescribirá a favor del fisco federal. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009.
- Principal
VISTOS, los autos para resolver los autos del juicio de amparo 350/2019-II, promovido por Juan Carlos Zapata Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Penal de esta ciudad y de otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnada ese día a este Juzgado Juan Carlos Zapata Martínez, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los Jueces Segundo, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Ramo Penal de esta ciudad, como autoridades ordenadoras; y de la Dirección de la Policía Ministerial del Estado y Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, como ejecutoras, por los actos que hizo consistir en: ".A las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo la orden de aprehensión. así también la expedición de dicha orden por el Juzgado Penal al que se consignó la averiguación. De la autoridad señalada como ejecutora le reclamo la ejecución de dicha orden.". SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa aduce se afectan en su perjuicio los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Previa aclaración, por auto de doce de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 35 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción IX y cuarto fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda de amparo se promovió dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mientras que su escrito de demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el ocho de abril siguiente, esto es, al noveno día hábil próximo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto que constituye la materia de estudio del juicio de amparo. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la tesis transcrita el alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió el Juez de Distrito debe corregirlo, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a impugnar la orden de aprehensión y su ejecución. CUARTO. Actos inexistentes. Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución; sin que esas negativas se encuentren desvirtuadas con prueba alguna en contrario. Por tanto al no acreditarse en autos la existencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, del que se advierte que el veinticuatro de abril pasado, se agregaron los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con el que se ordenó dar vista a las partes, lo cual se notificó a las partes por lista publicada el veinticinco del mismo mes y año; en consecuencia, para no dejarlas en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se programan las ONCE HORAS DEL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que la misma tenga verificativo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, por su contenido, la Jurisprudencia visible en la página 407, Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia T.C.C., del Apéndice 1917-2000, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, EMPLAZAMIENTO.- El Juez de Distrito debe emplazar a las partes con la oportunidad necesaria para que puedan rendir las pruebas que estimen conducentes, puesto que existen algunas que deberán ser anunciadas con la anticipación de cinco días hábiles al señalado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para su celebración, como precisa específicamente el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo, por lo cual, de emplazarse a las partes dentro de cualquiera de los días comprendidos en el término antes indicado, quedan en estado de indefensión al no contar con el tiempo necesario para anunciar las pruebas que consideraran pertinentes, como lo podrían ser: la testimonial, de inspección ocular y la pericial, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral en comento; lo cual conlleva con fundamento en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, a revocar la sentencia impugnada y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que se emplace a las partes con el tiempo suficiente para que ofrezcan los instrumentos probatorios que consideren pertinentes". Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el escrito signado electrónicamente por Claudia Teresa Pedroza Meléndez, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita se requiera a las autoridades responsables para que informen si ante su jurisdicción se consignó la averiguación previa 10/2015 seguida en contra del directamente agraviado, del índice de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Investigadora, Mesa VIII Central, y en tal tenor remitan las constancias relativas; en atención a su contenido, se provee: Dígase a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, ello tomando en consideración que descansa su petición en la posibilidad de que las autoridades responsables ejecuten el acto reclamado con posterioridad a la emisión de los informes, ya que -refiere- a la fecha se le ha negado el acceso a la indagatoria de origen, tanto con la autoridad investigadora, como con la jurisdiccional, y por ello considera que sigue sin haber certeza respecto de ante qué autoridad se consignó la averiguación previa, y el trámite dado a la misma, perpetuándose con ello las violaciones procesales señaladas en los conceptos de violación. En ese contexto, se insiste, es improcedente su petición, tomando en consideración que por acuerdo de doce de abril del año en curso, se desechó la demanda de amparo por lo que ve a los actos reclamados de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Investigadora, Mesa VIII Central, en esta ciudad, consistentes en la solicitud de orden de aprehensión en contra del quejoso dentro de la averiguación previa 10/2015, y, el que, una vez ejercida la acción penal, se le haya negado a su representante el acceso a la averiguación previa, por lo que se considera innecesario solicitar de las responsables dicha información si la negativa de acceso a la indagatoria de origen no es materia de la litis en el presente asunto. Aunado a lo anterior, en dicho acuerdo de doce de abril de esta anualidad, se ordenó admitir la demanda de amparo únicamente por lo que ve a la orden de aprehensión reclamada de las autoridades responsables judiciales y su ejecución por las diversas administrativas, y si éstas negaron en sus informes de ley los actos que se le reclaman, es posible desvirtuar dicha negativa con actos positivos, lo que no pretende acreditar en el caso la promovente al señalar como motivo de su solicitud la posibilidad de que se ejecute tal orden privativa de libertad con posterioridad a la rendición del informe justificado correspondiente, de ahí la improcedencia de su petición. Por otra parte, con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Notifíquese.
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