Juan Carlos Zapata Martinez
Expediente 481/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Carlos Zapata Martinez
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Zapata Martínez, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de dieciséis de mayo del año en curso, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda dos documentos con originales, mismos que obran a fojas once y doce de autos, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa copia certificada que a su costa se dejen autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Zapata Martínez, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de dieciséis de mayo del año en curso, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda dos documentos con originales, mismos que obran a fojas once y doce de autos, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa copia certificada que a su costa se dejen autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Juan Carlos Zapata Martínez, contra actos del Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, y de otra autoridad; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 481/2019-II, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama las siguientes omisiones: a) Del Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, la omisión de emitir acuerdo a la promoción presentada por el quejoso el cuatro de abril de dos mil diecinueve, en autos de la averiguación judicial 18/2018, de su índice. De lo cual se sigue que respecto a tal acto reclamado se está ante una omisión de carácter jurisdiccional (no administrativo), por lo cual el estudio de la misma consistirá en analizar la existencia de una obligación por parte de la citada autoridad responsable de llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a proveer lo relativo al escrito presentado el cuatro de abril de dos mil diecinueve, a través del cual el quejoso señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y solicitó copias certificadas de todo lo actuado en dicha averiguación. Y, en caso de que se concediera el amparo solicitado, éste tendría como efecto constreñir al Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, a respetar el derecho de que se trata y a cumplir con lo que el mismo exige. b) Del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigadora, Mesa VIII Central, la omisión de emitir acuerdo a la promoción presentada por el quejoso el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, y como consecuencia de ello, la falta de certeza sobre el procedimiento que se tramita, la inaccesibilidad al mismo, la imposibilidad de llevar a cabo una defensa adecuada y la falta de seguridad jurídica. De lo cual se sigue que respecto a tal acto reclamado, se está ante una omisión de carácter administrativo, ante lo cual el estudio de la misma consistirá en analizar la existencia de una obligación por parte de la autoridad responsable de llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a proveer lo relativo al escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual el quejoso señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y solicitó copias certificadas de todo lo actuado en la averiguación previa AV/PGJE/SLP/C/VIIl/10/2015. Y, en caso de que se conceda el amparo solicitado, éste tendría como efecto constreñir al Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigadora, Mesa VIII Central, a proveer lo conducente en relación al escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, por el aquí quejoso. Ante ello, resulta incuestionable que las omisiones reclamadas, si bien se encuentran relacionadas a su pretensión de que se acuerden las peticiones presentadas respectivamente, en la averiguación previa AV/PGJE/SLP/C/VIIl/10/2015, del índice del agente del ministerio público responsable y en la averiguación judicial 18/2018, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Penal, por su naturaleza y objeto litigioso, se encuentran desvinculadas entre sí, por lo que no guardan una estrecha relación entre sí, puesto que la omisión reclamada precisada en el inciso a) tiene una naturaleza eminentemente de carácter jurisdiccional, mientras que el diverso reclamado del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigadora, Mesa VIII Central, lo es de carácter administrativo, de ahí que es claro que se encuentra desvinculado lo que constituiría la materia de análisis de las diversas omisiones, sin que pasen inadvertidas las manifestaciones que vierte el quejoso bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que la averiguación previa ya fue consignada ante el Juez Quinto del Ramo Penal, de ahí que al derivarse de promociones dirigidas a expedientes y autoridades distintas, mismas que como ya quedó precisado con antelación no se encuentran vinculadas entre sí, cada omisión reclamada deberá tramitarse por separado. Lo que trae como consecuencia que técnicamente dichas omisiones no puedan ser analizadas y resueltas en un solo juicio de amparo. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a dos demandas de amparo en las que se reclama: a) En la primera demanda, del Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, la omisión de emitir acuerdo a la promoción presentada por el quejoso el cuatro de abril de dos mil diecinueve, en autos de la averiguación judicial 18/2018, de su índice. b) Mientras que en la segunda demanda se reclama del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigadora, Mesa VIII Central, la omisión de emitir acuerdo a la promoción presentada por el quejoso el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, y como consecuencia de ello, la falta de certeza sobre el procedimiento que se tramita, la inaccesibilidad al mismo, la imposibilidad de llevar a cabo una defensa adecuada y la falta de seguridad jurídica. Por consiguiente, continúese el trámite de la demanda de amparo únicamente por lo que se refiere a la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el inciso a) que antecede. Asimismo, expídanse copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, inclusive hasta el presente auto, y con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA; remítanse tales reproducciones, mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para que por medio del sistema computarizado, registre la demanda identificada en el inciso b) y la turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional que conozca de senda demanda provea lo que en ejercicio pleno de sus facultades considere conducente en relación a la procedencia de la misma. Notifíquese, y personalmente al promovente.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Como esta ordenado en diverso proveído de esta fecha, se procede a proveer lo conducente respecto de la omisión reclamada del Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, consistente en la falta de emitir acuerdo a la promoción presentada por el quejoso el cuatro de abril de dos mil diecinueve, en autos de la averiguación judicial 18/2018, de su índice. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, del estudio integral de la demanda de amparo, conviene precisar el acto que reclama la parte quejosa en el presente asunto, ello de conformidad con lo previsto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y en la tesis de Jurisprudencia 19, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 17, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". En ese tenor, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, la falta de emitir acuerdo a la promoción presentada por el agraviado el cuatro de abril de dos mil diecinueve, en autos de la averiguación judicial 18/2018, de su índice, por medio del cual solicitó, en esencia, la autorización de una persona para que lleve a cabo toda clase de diligencias en procuración de la defensa del aquí inconforme, y la revocación de las autorizaciones realizadas con anterioridad, además de tenerle por señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, revocando los anteriores, y la expedición de copias certificadas de todo lo actuado en el sumario de origen. Al respecto, cabe señalar que en términos generales, el juicio de amparo es un instrumento jurídico creado a favor de los gobernados del Estado mexicano, que tiene por finalidad hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio de aquéllos, esto es, sus derechos humanos y garantías otorgadas para su protección. Para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe desechar de plano la demanda, absteniéndose de conocer de ella y concretándose a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. Por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que con relación a la omisión reclamada, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, la tercera del 145-150 Sexta Parte y la cuarta del tomo 43 Séptima Parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, Octava y Séptima Época, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". En torno a los amparos promovidos contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, hipótesis de procedencia prevista por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto De ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Dicha jurisprudencia es la número 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Asimismo, cabe destacar que en relación a los amparos interpuestos por una de las partes en el juicio natural contra omisiones de la autoridad jurisdiccional, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que acorde con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (actualmente recogidos en el artículo 107 de la Ley vigente), se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. Que en esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. Y que en razón de ello, por regla general, el amparo indirecto es improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a llevar a cabo el acto omitido. Norma el criterio anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 1a./J. 8/2015 (10a.), en la página 478, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". Al respecto, debe señalarse que los artículos 396, fracción V, y último párrafo, y 397, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, disponen lo siguiente: "ARTICULO 396. El recurso de queja procede contra el juzgador de primera instancia, en los siguientes casos: V. Cuando el juzgador no acuerde alguna petición formulada conforme a derecho, dentro de los plazos establecidos en este Código. El recurso de queja deberá interponerse por escrito ante la sala correspondiente del Supremo Tribunal de Justicia, expresando las razones en que se funde, dentro de los cinco días siguientes; contados a partir de que hubieran transcurrido los plazos señalados para cada hipótesis de este artículo. ARTICULO 397. La sala correspondiente del Supremo Tribunal, en el plazo de tres días, le dará entrada al recurso y requerirá al juzgador de primera instancia, a quien se le imputa la conducta omisa para que rinda informe dentro del término de cuarenta y ocho horas. Transcurrido este plazo, con informe o sin él, se dictará la resolución que proceda y si estima probada la omisión el tribunal de segunda instancia, requerirá al juzgador para que cumpla con la obligación respectiva. La falta del informe a que se refiere el párrafo anterior, establece la presunción de ser cierta la omisión atribuida y hará incurrir al juez en multa de diez a treinta veces el salario mínimo vigente en el momento y lugar en que hubiere ocurrido tal infracción.". Los dispositivos legales transcritos prevén el recurso de queja como el medio de impugnación para atacar la omisión de un juez penal de acordar alguna petición formulada conforme a derecho, dentro de los plazos establecidos en dicho código. Así, tratándose del recurso en contra de un juez por la omisión aludida, se interpondrá por escrito ante la Sala correspondiente del Supremo Tribunal, la que en el término de tres días dará entrada al recurso y requerirá al juzgador de primera instancia, a quien se le imputa la conducta omisiva para que rinda su informe con justificación, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, y una vez trascurrido dicho término resolverá lo que proceda: Si estima probada la omisión, dicho tribunal de segunda instancia requerirá al juzgador para que cumpla con la obligación respectiva. Lo anterior, evidencia la notoria improcedencia de la demanda de amparo, contra la omisión de que se trata, pues conforme al criterio contenido en la jurisprudencia de mérito (de aplicación obligatoria para todos los tribunales de este país, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo), la omisión reclamada se estará cometiendo dentro del procedimiento jurisdiccional penal de origen sin tener el carácter de imposible reparación, pues como se señaló, el inconforme se encuentra en aptitud, atendiendo a la legislación ordinaria, de hacer valer el recurso de queja respectivo a efecto de obligar a la responsable a subsanar la omisión atribuida. Sin que sea óbice a lo anterior la eventual posibilidad de considerarse que la omisión por parte del juez reclamada es susceptible de ser considerada como generadora de consecuencias de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos, previamente deben agotarse los medios de defensa previstos en la Ley ordinaria. También, ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Así como la diversa 1a./J. 113/2013 (10a.), de la referida Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Por lo que, es claro que dicha demanda, conforme al criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta notoria e indudablemente improcedente. La anterior conclusión no implica vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, siendo ilustrativa al respecto la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". Así como la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia.". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la Ley de Amparo, por los motivos expuestos con antelación, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizada en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Claudia Teresa Pedroza Meléndez, quien cuenta con su cédula profesional número 7847001, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Con fundamento en la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente al promovente.
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