Juan Carlos Valladares García
Expediente 422/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Carlos Valladares García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Se declara auto consentido. Visto el estado de los autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, se desprende que no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Archivo definitivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 17, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, debido a que el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente juicio en la que se concedió el amparo y protección constitucional a la parte quejosa, este expediente es susceptible de ser conservable, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, deberá de transferirse y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos originales. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito de demanda documentos que por sus características deben ser devueltos, por tanto, requiérasele para que dentro del término de noventa días contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas. Para lo cual deberá de presentarse en este órgano jurisdiccional con copia de los documentos que adjuntó a su ocurso de demanda para que se realice el cotejo y devolución del original. No relevancia documental. En ese orden, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista; personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. 1. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1.1. El veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección constitucional a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "(i) No se aplique al quejoso ********************, ni en lo presente ni en lo futuro, los artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. Norma el criterio anterior, la jurisprudencia número P./J. 112/99, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 19, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." (ii) Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa las imposiciones que se establecen a su cargo con motivo del pago previsto por los artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí y que se ven reflejadas en el comprobante de pago con número de folio ********************. Además, quede a cargo de los entes estatales facultados para su recaudación, la devolución de los importes respectivos; esto es, una vez que cause ejecutoria el presente fallo deberá requerirse al Director General de Ingresos y de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, o a cualquier otra autoridad dependiente de esa Secretaría que conforme a sus atribuciones quede vinculada, para que proceda a recalcular el monto de los derechos a pagar por conforme a la tarifa mínima prevista por el artículo 40, en su fracción I, inciso a) párrafo segundo; y fracción V, en correlación con el último párrafo de este numeral, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí y deberá devolver al justiciable la diferencia que resulte a su favor. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la cual, cuando una disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2ª./J. 29/2012 (10ª), visible en la página 1244, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo sumario es el siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." En la inteligencia de que la concesión también implica el calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto del veinticinco por ciento a que se refiere el numeral 93 de la citada ley, ya que su cálculo depende de la suma del derecho a pagar, por lo que una vez que este último haya sido recalculado, sobre esa nueva cantidad deberá calcularse ese porcentaje y la diferencia resultante se deberá devolver al agraviado. De ahí que deba requerirse al Director General de Ingresos y de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por ser las autoridades que realizan funciones específicas de recaudación para su debido cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 73/2009, visible en la página 64, Tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA OBTENER SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE SUJETAR AL PROCEDIMIENTO OFICIOSO TODOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EMITIDOS HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Toda aplicación de una ley declarada inconstitucional debe verse afectada con la protección constitucional otorgada al quejoso, de forma que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo debe obligar oficiosamente a la autoridad administrativa a declarar la insubsistencia tanto del primer acto de aplicación, como de los demás actos dictados hasta antes de ser pronunciada la sentencia definitiva. Lo anterior es así, porque una vez firme la sentencia protectora, sus efectos deben retrotraerse para dejar insubsistente la primera afectación reclamada e irradiar esa protección en favor del quejoso respecto de todo acto de fecha posterior a esa primera aplicación, suscitado durante el curso del juicio. Por tanto, si la quejosa plantea la insubsistencia de otros pagos fundados en la norma declarada inconstitucional, comprendidos dentro del periodo que va desde la fecha en la que se suscitó el primer acto de aplicación hasta el día en que causó estado la sentencia definitiva, el juzgador primario debe incluirlos dentro de sus gestiones para obtener el cumplimiento de la sentencia, e incluso, los que se hubiesen generado por una causa distinta de la que originó el primer acto de aplicación reclamado, tal como acontece, tratándose de impuestos reales, cuando se demuestra la propiedad de otros bienes sobre los cuales se ejerció la misma facultad impositiva estimada violatoria de garantías. Esta conclusión se obtiene porque el quejoso no está obligado a impugnar cada uno de los pagos de la contribución reclamada, en atención a que el juicio de amparo sólo procede contra el primer acto de aplicación, y en congruencia, al obtener la protección, tiene el correlativo derecho a exigir la devolución de lo que hubiera enterado por concepto de ese tributo durante el lapso en que transcurrió el juicio, trátese o no del mismo bien mueble o inmueble que generó el primer acto de aplicación, cuando el asunto verse sobre impuestos reales, ya que de lo contrario el contribuyente hubiera tenido que promover tantos juicios como bienes gravados tuviera en propiedad, lo cual desnaturalizaría el principio en materia de amparo contra leyes que sanciona, con la improcedencia del juicio, la impugnación de ulteriores actos de aplicación diversos al primero.". En la inteligencia de que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables Gobernador y Congreso, ambos del Estado de San Luis Potosí, quienes en el ámbito de sus respectivas competencias expidieron y promulgaron la ley que contiene los artículos tildados de inconstitucionales, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página ciento treinta y cinco, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." En tal virtud al resultar fundado el argumento analizado, mismo que incidirá de manera determinante dado que la autoridad receptora deberá dejar insubsistente el entero relativo al recibo ******************** y procederá a recalcular el monto del derecho a pagar y devolver al impetrante la diferencia que resulte a su favor, tal circunstancia hace innecesario resolver sobre los restantes motivos de inconformidad. Es aplicable al caso, la siguiente jurisprudencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional" (Novena Época. Registro: 179367. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, febrero de 2005. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 3/2005. Página: 5)." 1.2. Luego, en auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el citado fallo y se requirió a las autoridades responsables, a fin de que comunicara el cumplimiento respectivo. 2. Informes sobre el cumplimiento. Mediante los oficios registrados con los números de correspondencia interna 11280, 11360, 11607 y 12461, las autoridades responsables, rindieron sus informes respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informando y acompañando las circunstancias y documentales relativas a dicho cumplimiento. 3. Valoración probatoria. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2 y que son suficientes para demostrar: a. Que no se aplicará al quejoso ********************, ni en lo presente ni en lo futuro, los artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. b. Que se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso las imposiciones que se establecen a su cargo con motivo del pago previsto por los artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí y que se vieron reflejadas en el comprobante de pago con número de folio ********************. c. Que se procedió a recalcular el monto de los derechos a pagar por conforme a la tarifa mínima prevista por el artículo 40, en su fracción I, inciso a) párrafo segundo; y fracción V, en correlación con el último párrafo de este numeral, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, lo que implicó calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto del veinticinco por ciento a que se refiere el numeral 93 de la citada ley, y se puso a disposición del quejoso la cantidad de la cantidad de $********************, que resultó a favor del quejoso, una vez hecho el aludido recalculo del monto a pagar por concepto de inscripción de instrumentos jurídicos relativos al Contrato de Apertura Simple con Garantía Hipotecaria y Asistencia Social. 4. Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de las autoridades responsables, se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó a la parte disconforme en el goce de sus derechos infringidos, en cuanto a lo que es materia de análisis en el presente juicio de amparo; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararlo cumplido. En virtud de lo cual, resulta aplicable la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y mediante oficios a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.
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Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de junio de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informa lo relativo al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Contenido de informe. Del informe de cuenta se desprende que la cantidad de $343,101.00 (trescientos cuarenta y tres mil ciento un pesos 00/100 M.N.), que resultó a favor del quejoso una vez hecho el recalculo del monto a pagar por concepto de inscripción de instrumentos jurídicos relativos al Contrato de Apertura Simple con Garantía Hipotecaria y Asistencia Social, se encuentra a disposición del quejoso en el Departamento de Caja General de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, ubicada en la calle Francisco I. Madero 100, Centro Histórico, de esta ciudad. Vista con informe. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, corriéndole traslado con copia del oficio y anexo de cuenta, así como de los diversos oficios registrados con los números de correspondencia interna 11280, 11360 y 11607, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que, transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y por medio de lista.
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Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se desprende que mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés se tuvo al Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, en el entendido que quedaba pendiente la devolución de la cantidad que refiere al promovente, con motivo del recalculo previamente efectuado y ordenado en la propia ejecutoria. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables (i) Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de San Luis Potosí y (ii) Dirección de Recaudación y Política Fiscal dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba el oficio que contenga la transcripción del presente proveído, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, esto es: ".(i) No se aplique al quejoso ***, ni en lo presente ni en lo futuro, los artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. Norma el criterio anterior, la jurisprudencia número P./J. 112/99, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 19, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." (ii) Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa las imposiciones que se establecen a su cargo con motivo del pago previsto por los artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí y que se ven reflejadas en el comprobante de pago con número de folio PP-773181. Además, quede a cargo de los entes estatales facultados para su recaudación, la devolución de los importes respectivos; esto es, una vez que cause ejecutoria el presente fallo deberá requerirse al Director General de Ingresos y de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, o a cualquier otra autoridad dependiente de esa Secretaría que conforme a sus atribuciones quede vinculada, para que proceda a recalcular el monto de los derechos a pagar por conforme a la tarifa mínima prevista por el artículo 40, en su fracción I, inciso a) párrafo segundo; y fracción V, en correlación con el último párrafo de este numeral, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí y deberá devolver al justiciable la diferencia que resulte a su favor. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la cual, cuando una disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2ª./J. 29/2012 (10ª), visible en la página 1244, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo sumario es el siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." En la inteligencia de que la concesión también implica el calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto del veinticinco por ciento a que se refiere el numeral 93 de la citada ley, ya que su cálculo depende de la suma del derecho a pagar, por lo que una vez que este último haya sido recalculado, sobre esa nueva cantidad deberá calcularse ese porcentaje y la diferencia resultante se deberá devolver al agraviado. De ahí que deba requerirse al Director General de Ingresos y de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por ser las autoridades que realizan funciones específicas de recaudación para su debido cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 73/2009, visible en la página 64, Tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA OBTENER SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE SUJETAR AL PROCEDIMIENTO OFICIOSO TODOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EMITIDOS HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Toda aplicación de una ley declarada inconstitucional debe verse afectada con la protección constitucional otorgada al quejoso, de forma que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo debe obligar oficiosamente a la autoridad administrativa a declarar la insubsistencia tanto del primer acto de aplicación, como de los demás actos dictados hasta antes de ser pronunciada la sentencia definitiva. Lo anterior es así, porque una vez firme la sentencia protectora, sus efectos deben retrotraerse para dejar insubsistente la primera afectación reclamada e irradiar esa protección en favor del quejoso respecto de todo acto de fecha posterior a esa primera aplicación, suscitado durante el curso del juicio. Por tanto, si la quejosa plantea la insubsistencia de otros pagos fundados en la norma declarada inconstitucional, comprendidos dentro del periodo que va desde la fecha en la que se suscitó el primer acto de aplicación hasta el día en que causó estado la sentencia definitiva, el juzgador primario debe incluirlos dentro de sus gestiones para obtener el cumplimiento de la sentencia, e incluso, los que se hubiesen generado por una causa distinta de la que originó el primer acto de aplicación reclamado, tal como acontece, tratándose de impuestos reales, cuando se demuestra la propiedad de otros bienes sobre los cuales se ejerció la misma facultad impositiva estimada violatoria de garantías. Esta conclusión se obtiene porque el quejoso no está obligado a impugnar cada uno de los pagos de la contribución reclamada, en atención a que el juicio de amparo sólo procede contra el primer acto de aplicación, y en congruencia, al obtener la protección, tiene el correlativo derecho a exigir la devolución de lo que hubiera enterado por concepto de ese tributo durante el lapso en que transcurrió el juicio, trátese o no del mismo bien mueble o inmueble que generó el primer acto de aplicación, cuando el asunto verse sobre impuestos reales, ya que de lo contrario el contribuyente hubiera tenido que promover tantos juicios como bienes gravados tuviera en propiedad, lo cual desnaturalizaría el principio en materia de amparo contra leyes que sanciona, con la improcedencia del juicio, la impugnación de ulteriores actos de aplicación diversos al primero. ." Apercibimiento. En caso que de no hacerlo así sin causa justificada, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el indicado acuerdo de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, consistente en una multa equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables de referencia.
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