Juan Carlos Rico Paredes
Expediente 373/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Carlos Rico Paredes
Actuaciones
- Principal
Recepción de testimonio Se tiene por recibido el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al que adjuntó testimonio de la resolución pronunciada el veintitrés de junio del año en curso, en el recurso de queja administrativo 157/2023, cuyo único punto resolutivo es el siguiente: "PRIMERO.- Es infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo pronunciado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por la Jueza Octava de Distrito en el Estado, con residencia en Celaya, en el juicio de amparo 373/2023-III promovido por ************, en contra de los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución." Se ordena acusar recibo a la superioridad, vía interconexión. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y clasificación Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En cumplimiento al artículo 20, fracción IV del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no existen documentos originales por devolver; entretanto, resguárdese en el "Archivo de Trámite" de este juzgado.
- Principal
Téngase por recibido el oficio del actuario informa que e el presidente de dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso **s, en contra del proveído de veintiocho de abril del año en curso en el que este órgano jurisdiccional desechó su demanda de amparo, registrado bajo el número 157/2023 de la estadística del citado Tribunal.
- Principal
Visto el escrito presentado por el quejoso, se tiene por recibido el recurso de queja que interpone en contra del auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda de amparo. Por tanto, remítase vía interconexión el medio de impugnación de que se trata al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Decimosexto Circuito en turno (adjúntese el escrito de expresión de agravios para que cuente con los datos necesarios para su registro). En tal virtud, infórmese al órgano colegiado que por turno corresponda conocer del recurso de mérito, que se encuentra a su disposición el expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ello con la finalidad de que se encuentre en posibilidad de imponerse de las constancias que integran este sumario, para la substanciación y resolución del recurso de revisión interpuesto, incluidas aquellas incorporadas con posterioridad a esa data, mismo que ya se encuentra visible y disponible para ser vinculado con el órgano que corresponda, tal y como se asentó en la certificación de cuenta y como se advierte de la siguiente captura de imagen: Lo anterior, para que esté en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. Por otra parte, infórmese al tribunal de alzada que, de estimar necesarias las constancias físicas para la sustanciación del medio de impugnación hecho valer, le serán remitidas las que obren en autos. Finalmente, ríndase el informe a que alude el artículo 101 de la Ley de Amparo, en el sentido de que es cierto que este juzgado dictó el auto recurrido, en el cual constan los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para dictarlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad.
- Principal
Recepción de incompetencia. Por recibido el Oficio 4801/2023 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, al que se adjunta, el cuadernillo principal del juicio de amparo 544/2023 de su estadística. Competencia de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente. Ahora bien, el Juzgado oficiante remitió la demanda de amparo presentada, al parecer, por ******************** al estimar que carece de competencia legal para conocerla. Por tanto, al compartir el criterio del homólogo oficiante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado federal acepta conocer de la demanda de amparo remitida y se avoca a su conocimiento. Acúsese recibo vía interconexión. Registro de demanda. Visto el oficio signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, a través del cual remite la demanda de amparo presentada, al parecer, por ********************, en contra de actos de la autoridad, respecto de los actos que, hacen consistir en: Autoridades responsables: Actos reclamados: Titular del Ejecutivo en el estado de Guanajuato. Titular del ejecutivo municipal en Apaseo el Grande, Guanajuato. Titular de la Junta Municipal de Agua Potable de Apaseo el Grande, Guanajuato 1. la limitación y condicionamiento del suministro y el agua que provee, a un suministro eventual y ocasional. Fórmese el expediente físico y digital bajo el número 373/2023-III. Integración del expediente. En términos del artículo 252, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se instruye a todo del personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de estos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que hayan sido debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación; lo anterior, a fin de que se encuentre debidamente integrado desde la radicación del presente asunto hasta su conclusión. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 181 del referido Acuerdo General, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, deberá capturar y registrar los datos e información relacionada con el seguimiento procesal conforme al trámite del asunto. Para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 185 de la normatividad invocada, se instruye al secretario de Juzgado adscrito que lleva el trámite de este expediente para que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el registro diario de movimientos, de tal forma que asegure la permanente actualización y veracidad de la información capturada. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia respecto del acto reclamado. En el caso, respecto a la quejosa aludida, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, o en su caso por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino solo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento, voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado, en ciertos casos la impresión de la huella dactilar o, como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora, fecha de envío y recepción y, que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica, tiene el nombre de ********************; sin embargo, el documento no cuenta con la correspondiente firma del quejoso ni la evidencia criptográfica respecto del citado promovente. Circunstancia que se corrobora con la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (S.I.S.E.), tanto de la demanda como de la papeleta de turno, que obran en el expediente que se actúa. Así, no se advierte la manifestación de voluntad del promovente ******************** de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, dado que el citado quejoso no expresa su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con esta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 62, enero de 2019, tomo I, página 5, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de la evidencia criptográfica y de la firma del quejoso ********************, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo; por tanto, al se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 65, abril de 2019, tomo I, página 79, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." De ahí debió impugnar dicho acto reclamado a través de los recursos o medios ordinarios de defensa, por lo que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo presentada por ********************. Acotación final. No pasa inadvertido que la falta de firma implica ausencia de voluntad; esto es, como si no se hubiera presentado el escrito, lo que pone en entredicho el análisis privilegiado de la cuestión competencial; sin embargo, la discusión sobre ese tópico se torna irrelevante, dado el sentido del auto. Con lo anterior, se evitan acuerdos intrascendentes y ociosos, que en nada cambiarían el sentido de esta auto, con lo que se salvaguardan los principios consagrados en el artículo 17 Constitucional. Sitio para recibir notificaciones y autorizado. Se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario "********************", el cual, desde ahora se tienen como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado el promovente. En el entendido de que la oficial judicial "A" de este juzgado, deberá habilitar el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. Se destaca que si su alta o información proporcionada no se encuentra en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo, y las notificaciones se le seguirán practicando en el domicilio físico designado para tal efecto. De lo anterior, deberán tomar nota los actuarios de la adscripción para los efectos legales conducentes. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea. Finalmente, con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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