Juan Carlos Ramírez Tierra Blanca

Expediente 273/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
273/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Ramírez Tierra Blanca

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de treinta de diciembre de dos mil veinte, en la que este Juzgado negó la protección de la justicia federal a los quejosos ********** y **********, no fue recurrida en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En atención al sentido de la resolución que concluyó el presente asunto, resulta innecesario hacer el cómputo para el tercero interesado José Rene Duran Zarate, agente del Ministerio Público que intervino en la causa 1P4119-147, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la justicia; por tanto, dicha resolución no le causa perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años; misma suerte corre el acuerdo el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se negó la protección de la justicia federal en el juicio y se concedió la suspensión provisional y definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, al encontrarse debidamente concluido, devuélvase los discos que la responsable adjuntó a su informe de ley.

  2. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto de la sentencia de treinta de diciembre de dos mil veinte, cuyo punto resolutivo es el siguiente: Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxx, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable precisado en el considerando segundo; por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 273/2020, promovido por xxxxxxxx; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito (fojas 1 a 9) presentado el dieciséis de julio de dos mil veinte, ante el secretario encargado de la guardia de este juzgado Octavo, xxxxxxx demandaron el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se citan: 3.- Autoridades responsables. - "[.] Juez Penal de Control del Estado de Guanajuato sede Uriangato, Gto. [.]" 4.- Acto reclamado. - "La ilegal e inconstitucional resolución emitida en fecha 30 de junio del año en curso emitida por la autoridad ordenadora responsable dentro de la causa penal número 1P4119-147 ante mediante la cual resuelve el recurso de revocación presentado por la defensa de los ahora quejosos confirmando que se tiene por extemporáneo el escrito de contestación de acusación presentado por la defensa y en donde se ofertaron los medios de prueba, y la cual fuera notificada en fecha 2 de julio del mimo año que se cursa [.]". (sic) Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16,17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. Mediante proveído de diecisiete de julio de dos mil veinte (fojas 10 a 12), esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente 273/2020; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la representación social de la federación adscrita (foja 12 vta.); solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 107, y relativos de la Ley de Amparo; 48 y concernientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto reclamado consiste en un fallo emitido por una autoridad que tiene efectos directamente en un proceso penal de la estadística del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro, base Uriangato, esto es, dentro de la demarcación territorial en que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias allegadas a este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: "La resolución dictada el treinta de junio de dos mil veinte, recaída al recurso de revocación en el que se confirma el desechamiento por extemporáneo del escrito por el que se contestó la acusación presentada en su contra y ofrece pruebas; ello, dentro de la causa penal 1P4119-147 de la estadística del juzgado responsable." Acto atribuido, al juez de Control del Juzgado de Oralidad en Material Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede en Acámbaro. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable juez de Control del Juzgado de Oralidad en Material Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede en Acámbaro, base Uriangato -denominación correcta-, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Para apoyar lo anterior, la autoridad jurisdiccional de primera instancia remitió un disco versátil digital (por triplicado), con archivos en formato .PDF, derivado de la causa penal 1P4119- 147; a las que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la información contenida en el disco versátil digital, tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado por este juzgador3. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Del análisis de las constancias allegadas al sumario (valoradas previamente), se desprenden como antecedentes relevantes de los actos reclamados los siguientes: 1. El dieciocho de agosto de dos mil diecinueve, el juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la tercera región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro, base Uriangato, dentro de la causa penal 1P4119-147, dictó auto de vinculación a proceso en contra de xxxxxxxx (quejoso), xxxxxxxxxx, por los hechos señalados por la ley como delito de: a) Homicidio y homicidio en grado de tentativa. b) Robo equiparado. c) Posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. d) Posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. e) Posesión de cargadores de cartuchos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Asimismo, decretó prisión preventiva oficiosa en su contra y fijó el plazo de investigación complementaria. 2. Mediante escrito de siete de febrero de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, Región "C", solicitó al juez responsable a efecto de que declinara la competencia al Centro de Justicia Penal Federal, respecto de los delitos de fuero federal. 3. Audiencia de dieciocho de febrero siguiente, donde la jueza de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la tercera región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro, base Uriangato, en respuesta a la petición de la representación social resolvió lo siguiente: "[.] 2.- incompetencia. Al no haber oposición de la Defensa y de los imputados, se ordena desglosar la causa penal 1P4119-147, por lo que hace al delito de Homicidio, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Carlos Anastacio Juan y por el delito de Tentativa de Homicidio, cometido en agravio de los elementos de la Guardia Nacional xxxxxxxxx, ya que si bien es cierto que al momento de vincular a proceso, la Agente del Ministerio Público indicó que era por el delito del artículo 141 del código Penal del Estado de Guanajuato, es esa audiencia la Fiscalía indicó que nos encontrábamos en el supuesto del artículo 50 fracción I, inciso g), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de delitos cometidos en perjuicio de servidores públicos, en el caso los ofendidos son miembros de la Guardia Nacional, en razón de ello y con fundamento en el artículo 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena la declinatoria de la presente causa, esto a petición de la fiscalía y previó consentimiento de la defensa privada y de los imputados realizando el respectivo desglose. Asimismo, se decreta la suspensión de la causa, por lo que hace a esos delitos, hasta en tanto la autoridad federal se pronuncié respecto de la admisión de la competencia. Se hace la aclaración que, por lo que hace a los delitos de homicidio en Grado de Tentativa en agravio de Emma Yaritza Santoyo Hernández y el delito de Robo Equiparado, se continua en este Juzgado en el cause normal". Determinación que se obtiene de la minuta de la citada audiencia, así como del acuerdo emitido en la misma data, a través del cual, la juez de control hace del conocimiento de las partes los puntos resolutivos de la misma. 4. Por oficio 183/2020, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público, Adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C", informó al juez de control que notificaba formalmente el cierre de investigación con fecha diecinueve de febrero de igual año, al no tener más datos de prueba que agregar u objeción alguna para que se proceda al cierre en ese día y al no existir ya más tiempo de la investigación complementaria; de igual forma solicitó que una vez que se acuerde de conformidad el cierre de investigación complementaria, en el auto que lo motive, realice el cómputo de los quince días que dispone el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 5. A lo anterior, recayó el acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, en cual, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Material Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, actuando en la Sede Acámbaro, Base Uriangato, señaló que atento a la solicitud planteada, a partir de esa data (20 de febrero de 2020), comenzaría a contar para el Ministerio Público el plazo de quince días que señala el numeral 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en cuenta que no se consideran los días 22, 23, 29 de febrero y 1°, 7 y 8 de marzo del presente año, por ser inhábiles y en ese sentido, dicho plazo fenecería el once de marzo del año en curso. 6. Por escrito presentado el once de marzo de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público, formuló acusación en contra de xxxxxxxx, por la comisión del hecho que la ley señala como Homicidio en Grado de Tentativa, previsto por el artículo 138 y sancionado por el numeral 141-a, en relación con los ordinales 11 fracción I y 18 relativo a la tentativa, 9, 13 y 27 del Código Penal del Estado de Guanajuato, cometido en agravio de xxxxxx, así como por el diverso de Robo Equiparado en su modalidad de posesión de vehículo automotor con reporte de robo, previsto y sancionado por el artículo 191-b fracción III, 13 y 27 del Código Penal del Estado de Guanajuato, cometido en agravio de la procuración y administración de justicia. 7. En proveído de doce de marzo de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo a la agente del Ministerio Público, formulando acusación en contra de xxxxxxxxx, por la comisión del hecho que la ley señala como Homicidio en Grado de Tentativa, así como por el diverso de robo equiparado, ordenó correr traslado a los inculpados, defensores particulares, ofendida y asesores jurídicos, con el escrito descrito de referencia, a efecto de que en el plazo establecido en los artículos 338 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si lo consideraran pertinente, manifestaran lo que a su interés convenga, actualizando cualquier hipótesis contenida en los citados preceptos. De igual forma, señaló: "Además se hace saber para los fines del descubrimiento probatorio, se pone a la orden de la víctima, los acusados y los Defensores, la Carpeta de Investigación número 84093/2019, en la cual obran las actas que contienen los actos de investigación recabados durante la investigación de la presente causa, así como todos y cada uno de los informes periciales, policiales y documentos que se han ofrecido dentro del pliego de acusación, en el interior del despacho de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios ubicada en calle Heliotropo número 130, colonia Las Flores de la ciudad de Celaya, Guanajuato. La evidencia material demostrativa e ilustrativa, se pone a la orden de las partes, en el Almacén temporal de indicios de la Coordinación de Servicios Periciales, ubicada en calle Heliotropo número 130 de la colonia Las Flores de la ciudad de Celaya, Guanajuato y/o Almacén General de indicios ubicado en San José de Cervera número 140, colonia San José de Cervera, Guanajuato, Guanajuato. De igual manera, hágasele saber a la víctima, que dentro de los 03 días siguientes a la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, podrá constituirse como coadyuvante, señalar vicios formales del escrito de acusación y requerir su corrección, ofrecer medios de prueba y en su caso, solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto, lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por lo que respecta a los acusados, hágaseles saber que dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo anteriormente señalado para la ofendida, podrán señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo considera pertinente, requerir su corrección, pudiéndolo incluso, en la audiencia Intermedia, ofrecer los medios de prueba que pretendan desahogar en el Juicio, solicitar la acumulación o separación de acusaciones y manifestarse sobre los acuerdos probatorios, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se señalan las 09:15 horas del día 20 de abril del año en curso, a fin de que tenga verificativo la audiencia de Preparación del Juicio Oral que habrá de celebrarse en el recinto de la Sala Única del Juzgado de Oralidad en Materia Penal, Base URIANGATO, correspondiente a la Tercera Región del Estado de Guanajuato, cuyo domicilio se ubica en calle Orquídea número 2, esquina Perú, Fraccionamiento Pradera de Uriangato, Guanajuato, con números de teléfono 445 45 3 25 94 y 445 45 3 24 74. Asimismo, tomando en cuenta el estado procesal en que se encuentra la presente causa y considerando el día y hora en que esta programada la audiencia Intermedia, con fundamento en el artículo 17 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se llama la atención de ello a todas las partes para el caso de que sea de su interés abordar cualquiera de las instituciones concernientes a forma de terminación anticipada o de salidas alternas, tengan acercamiento entre sí, de tal manera que la propuesta al respecto sea atendida, notificado oportunamente a las partes y desahogada, en su caso, en la fecha y hora arriba precisadas, en el entendido de que, si nada hubiera al respecto, de cualquier forma la citada audiencia Intermedia se llevará a cabo. Para el caso de que no surja posibilidad alguna en el sentido mencionado y tomando en cuenta que de acuerdo al artículo 341 segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Defensa puede pedir el diferimiento de la audiencia Intermedia por una sola ocasión si alguna razón válida tuviere para ello, por lo que se le previene para que, de manera oportuna haga la petición correspondiente. Finalmente, para el supuesto de que efectivamente vaya a desarrollarse la audiencia Intermedia, requiérase a las partes para que, si hay interés de llegar a acuerdos probatorios, hagan las propuestas que correspondan en común, de manera que si llegaran a concretizarse, acudan a la citada audiencia, llevándolos ya debidamente redactados, con la finalidad de hacer más ágil esa porción de la audiencia". 8. La anterior determinación fue notificada a la ofendida xxxxxxxx el catorce de marzo de dos mil veinte, mientras que al defensor de los aquí quejosos el diecisiete de marzo, y a los imputados, entre ellos, a los aquí quejosos, el dieciocho de marzo siguiente, ambas fechas del año que transcurre. 9. Por oficio número 197/AJV /2020, de diecinueve de marzo de dos mil veinte, la asesora jurídica de la víctima directa xxxxxxxasí como de la procuración y administración de justicia, manifestó que se constituyen en coadyuvantes, solicitó que se abriera el juicio, ello en virtud de los siguientes hechos: "[.] 1.- Con fecha 17 de Marzo del año 2020, se le corrió traslado del escrito de acusación que fue presentado dentro de la causa penal número 1P4119-147, donde se formuló acusación en contra del acusado xxxxxxxx, por ser autores en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA y ROBO EQUIPARADO EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR CON REPORTE DE ROBO el primero de ellos en agravio de EMMA YARITZA SANTOYO HERNÁNDEZ así como de LA PROCURACION Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. De manera que el presente ocurso se presenta dentro del término de 3 días que concede el artículo 338, del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que el numeral antes invocado da la oportunidad de constituirnos formalmente como acusadores coadyuvantes, por lo que así lo hacemos desde este momento, al tenor del presente ocurso y en los términos que establece la legislación nacional e internacional aplicable. [.]" De igual forma, ofertó pruebas, y solicitó correr traslado con dicho escrito a las demás partes. 10. En proveído de veinte de marzo de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo por desahogada la vista otorgada a la víctima, en los siguientes términos: "[.] Se tiene a la Licenciada xxxxxxxx, Asesora Jurídica, de las víctimas directas del delito xxxxxx, presentando en tiempo y forma el oficio mediante el cual la Asesora Jurídica y en representación de la víctima, se constituyen como coadyuvantes del escrito de acusación del Agente del Ministerio Púbico; asimismo realiza manifestaciones y se reserva su derecho a señalar vicios formales del escrito de acusación hasta audiencia intermedia; señalando estar completamente de acuerdo respecto al pago de la reparación del daño y refiriendo que ofrece como medio de prueba para completar la acusación, la testimonial del perito xxxxxxxxx, proporcionando los datos de identificación y localización. Asimismo, se tiene a la Asesora Jurídica señalando como medios para recibir notificaciones el domicilio ubicado en calle Heliotropo número 421, colonia las Flores, de Celaya, Guanajuato, el correo electrónico, ajv_c@guanajuato.gob.mx y el número de teléfono 461 598 52 00, extensión 46136. Se ordena correr traslado con copia del escrito presentado por la Asesora Jurídica, a la Licenciada CARITINA LUCERO CORTES RAMÍREZ, Agente del Ministerio Público, a la víctima directa xxxxxxx, a los acusados xxxxxxxx y a los Defensores Particulares, Licenciados xxxxxx. Lo anterior con fundamento legal en lo que dispone los artículos 67, 337, 338 y 339 del Código Nacional de Procedimientos Penales. [.]" 11. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se notificó la anterior determinación a los directos quejosos y su defensa y se les corrió traslado con el escrito precisado en el punto anterior. 12. En proveído de veinte de abril de dos mil veinte, el juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la tercera región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro, base Uriangato, determinó dejar sin efectos la fecha de la audiencia intermedia señalada para esa data, conforme a lo siguiente: "Toda vez que se encuentra justificada la razón por la Encargada de Sala de este Juzgado de Oralidad Penal, de la cual se desprende que en fecha 14 de abril del presente año, el Consejo del Poder Judicial, en sesión extraordinaria celebrada en esa propia fecha emitió el acuerdo general que reforma el similar 141, asumido en sesión de fecha 19 de marzo del 2020, relativo a las medidas de contingencia derivadas de la pandemia de la COVID- 19, el cual es firmado por el Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; del cual se desprende que el plazo de suspensión de labores y la suspensión de plazos procesales en los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado comprende del 19 de marzo hasta el día 30 de abril del 2020 y como consecuencia de ello, no correrán los plazos y términos procesales, con excepción de los casos previstos en dicho acuerdo; además considerando el calendario oficial del Poder Judicial, se declaró inhábil los días 1° y 5 de mayo del 2020, en consecuencia, se reanudarán las actividades el 6 de mayo del año en curso; por tal situación, se deja sin efecto la citación para la audiencia Intermedia que fuera señalada para las 09:15 horas del día 20 de abril del año 2020 y una vez que esté Juzgado de Oralidad Penal regrese a sus actividades normales se señalará nueva fecha". 13. En veinticinco de abril de dos mil veinte, el juez responsable calificó de legal la determinación administrativa del traslado efectuado al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Celaya, Guanajuato, del quejoso Juan Carlos Ramírez Tierrablanca, ello debido a la solicitud expresa de la Unidad Administrativa al encontrarse en riesgo real, inminente y objetivo, la integridad y salud del procesado, poniendo en riesgo la seguridad y gobernabilidad del Centro de reclusión donde se encontraba. 14. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil veinte, el juez responsable, reanudó el procedimiento y fijó las diez horas con quince minutos del quince de julio de dos mil veinte para la celebración de a la audiencia intermedia, en los siguientes términos: "[.] Visto el estado procesal que guarda la presente causa, toda vez que mediante auto de fecha 20 de abril del año en curso, se ordenó cancelar la celebración de la audiencia Intermedia que se encontraba programada, por los motivos ahí expuestos en dicho proveído, por consiguiente, tomando en consideración que mediante Acuerdo General del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en sesión celebrada en fecha 19 de marzo del año 2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por la pandemia de la COVID-19, en el cual se determinó suspender las labores de los Órganos Jurisdiccionales desde el día 21 veintiuno de marzo de la presente anualidad, y como consecuencia de ello se suspendieron los plazos y términos procesales distintos a los constitucionales; asimismo, mediante Acuerdo emitido en fecha 02 de junio del año 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, determinó la reanudación de las labores jurisdiccionales en mayor escala, en una cuarta etapa, indicando, que a partir del día 8 de junio de 2020 comienzan a correr plazos y términos; por tal motivo se fija nueva fecha a fin de que tenga verificativo audiencia Intermedia a las 10:15 horas del día 15 de julio del año en curso, misma que habrá de celebrarse en el recinto de la Sala Única del Juzgado de Oralidad en Materia Penal, Base URIANGATO, correspondiente a la Tercera Región del Estado de Guanajuato, cuyo domicilio se ubica en calle xxxxxx, Guanajuato, con números telefónicos xxxxxx. [.]". 15. Por escrito de quince de junio de dos mil veinte, recibido el diecinueve de junio siguiente, Juan Jesús González Herrera, defensor particular de los aquí quejosos xxxxxxx, y otros, dio respuesta al escrito de acusación, señaló que en cuanto a vicios formales de la acusación presentada por el fiscal no se advierte alguno por parte de esta defensa; que no existe acumulación o separación de acusaciones en esa causa; que no existen acuerdos probatorios y en cuanto a los medios de prueba que ofrece la defensa en relación al escrito de acusación se adhiere a los medios de prueba ofertados por la fiscalía; de igual forma ofrece diversos medios de prueba. 16. Mediante auto de veintidós de junio de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo por recibo de forma extemporánea el escrito presentado por el defensor particular de los aquí quejosos xxxxxxxx, relativo a la contestación de la acusación formulada por la agente del Ministerio Público, en razón de lo siguiente: "[.] Por recibido a través del Área de Atención al Público de esta base, a las 19:00, 19:05, 19:10 y 19:15 horas del día 19 de junio del año en curso, los escritos signados por la Licenciada MA. LETICIA CARMARGO CORDOVA, Defensora Particular de los acusados Ismael Guzmán García y María Elena López Estrada; Licenciado J. GUADALUPE SORIA LÓPEZ, Defensor Particular de los acusados Laureano Jesús García y Eliodoro Jiménez Cano; Licenciado xxxxxxx, Defensor Particular de los acusados xxxxxx; Licenciado ÓSCAR SEVILLA MENDOZA, Defensor Particular del acusado José Ramón Ferreira Martínez, mediante los cuales refieren no se aprecian vicios formales dentro del escrito de acusación, además ofertan los medios de prueba que pretenden desahogar en audiencia de Debate. Visto el contenido de los escritos de cuenta, se acuerda; Mediante Acuerdo General del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en sesión celebrada en fecha 19 de marzo del año 2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por la pandemia de la COVID-19, en el cual se determinó suspender las labores de los Órganos Jurisdiccionales desde el día 21 veintiuno de marzo de la presente anualidad, y como consecuencia de ello se suspendieron los plazos y términos procesales distintos a los constitucionales; asimismo, mediante Acuerdo emitido en fecha 02 de junio del año 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo de Poder Judicial del Estado de Guanajuato, determinó la reanudación de las labores jurisdiccionales en mayor escala, en una cuarta etapa, indicando, que a partir del día 8 de junio de 2020 comienzan a correr plazos y términos; por tal motivo resulta procedente establecer que dentro de la causa penal que nos ocupa el auto que dio a conocer a las partes se dictó en fecha 12 de marzo de 2020, siendo que en fecha 14 del mismo mes y año fue notificado a la ofendida, y acorde a lo que establece el numeral 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el día 19 de marzo de la presente anualidad el Asesor Jurídico en representación de las víctimas se constituyó como coadyuvante, acordándose dicha coadyuvancia en fecha 20 de marzo de 2020. Por lo que respecta a los acusados a partir del día 20 de marzo del 2020, comenzó a correr los 10 días para que promovieran conforme a derecho, acorde a lo que señala el numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que al momento de la suspensión únicamente le transcurrió un día, restándole 09 días más, la fecha en la que feneció lo fue el día 18 de junio de la presente anualidad, por lo que los escritos fueron presentados de manera extemporánea. Notifíquese [.]". 17. Inconforme con esa determinación, la defensa de los aquí quejosos, el veintiséis de junio de dos mil veinte, interpuso recurso de revocación en contra del citado auto, el cual se resolvió en auto de treinta de junio siguiente, en el sentido de confirmarse el proveído de veintidós de junio del presente año. Acto que constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. En el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de los imputados en la causa penal 1P4119- 147 del índice del Juzgado de Control del Juzgado de Oralidad en Material Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede en Acámbaro, base Uriangato. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos de los peticionarios de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que las determinaciones asumidas por el juez responsable se encuentran ajustadas a Derecho, como más adelante se expondrá. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo4, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamado y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por la parte quejosa, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos de la parte quejosa, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.)5, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Conforme a lo anterior, se reitera que este juzgador federal estima que no existe violación o motivo alguno que amerite suplir la deficiencia de la queja en favor de la parte quejosa. Ahora bien, este órgano jurisdiccional emprenderá el análisis de los conceptos de violación, en los que sustancialmente se alega que la resolución reclamada resulta violatoria de lo que disponen los artículos14,16, 17 y 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa sostiene en su único concepto de violación que la determinación reclamada, transgrede en su perjuicio lo establecido por los artículos 1o, 14, 16 y 20 apartado B, fracción IV, constitucionales, por lo siguiente: Que el juez responsable confirma el auto de veintidós de junio de dos mil veinte, que tuvo por extemporáneo el escrito de la defensa de los quejosos a través del cual desahoga la vista de la acusación que pesa en su contra y ofertan pruebas, bajo el argumento de que la víctima Emma Yaritza Santoyo Hernández fue notificada del auto de doce de marzo de dos mil veinte, por el que se les dio vista con la acusación de la fiscalía, el día catorce de marzo de la presente anualidad mediante notificación practicada por el acuario Mario Alberto Ramírez Gómez, fijada en puerta, desprendiéndose que a partir del día diecisiete de marzo de dos mil veinte, al no contarse el dieciséis de marzo por ser día inhábil, comenzarían a correr los tres días para manifestarse conforme a derecho, el cual feneció el diecinueve de marzo de la presente anualidad, sin que lo hiciera, por lo que tenían a partir del veinte de marzo de dos mil veinte, para pronunciarse conforme al numeral al numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que no está de acuerdo, porque de las constancias electrónicas recibidas en el correo personal de la defensa de los ahora quejosos no se aporta ninguna notificación practicada a la víctima directa de ese día catorce de marzo de la presente anualidad, el cual incluso, corresponde a un sábado, día inhábil; pero que el punto es que a la defensa de los ahora quejosos, así como a los demás defensores se les notificó el auto de doce de marzo de dos mil veinte, el día diecisiete de marzo de dos mil veinte; que incluso en el referido acuerdo, se informa a la víctima que cuenta con tres días para realizar las manifestaciones, pero no hace referencia a que la víctima fue notificada de forma personal el catorce de marzo de dos mil veinte (sábado), del cual no se corrió traslado a la defensa, por lo que no existe certeza jurídica para que la defensa tomara en consideración la fecha a partir del cual comenzaría su plazo de diez días. Que la responsable no aplica las reglas de las notificaciones puesto que a la defensa se le notificó por medios electrónicos el diecisiete de marzo de dos mil veinte, por lo que es a partir del dieciocho de marzo siguiente que se computa el plazo de tres días, esto es, del dieciocho al veinte, y en consecuencia, los diez días otorgados a la defesa para dar contestación a la fase escrita de la acusación formulada por el fiscal, comenzó al siguiente hábil.Que con motivo del Acuerdo General del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en sesión celebrada en fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por la pandemia del COVID-19, que determinó suspender las labores de los órganos jurisdiccionales desde el veintiuno de marzo de dos mil veinte, y con motivo de ello, los plazos. Que además, mediante acuerdo de fecha dos de junio de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura del Estado de Guanajuato, se ordenó la reanudación de labores a partir del ocho de junio de dos mil veinte, por lo que en esa fecha, comenzaron a correr los plazos y los términos. Que por lo anterior, la responsable en la determinación de treinta de junio de la presente anualidad, donde confirma el auto que tiene por extemporáneo el escrito de contestación, aplica en forma incorrecta lo establecido por el numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al referir que es a partir del veinte de marzo de dos mil veinte, que comienza el computo de diez días a que se refiere el citado numeral. Lo anterior, sin que obre constancia de la notificación a la víctima y de que se le corrió traslado a la defensa de la aludida notificación, practicada el catorce de marzo de dos mil veinte, es decir, en un día inhábil, contrario a lo establecido en el artículo 94 del citado ordenamiento legal, que dispone que no se computarán los días sábados, los domingos, ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables, por lo que no debió tomar el catorce de marzo, como hábil para el plazo de la defensa para que esta de contestación a la acusación y ofrecer pruebas. De manera que los diez días otorgados a la defensa de los imputados, aquí quejosos, se computan a partir del ocho al diecinueve de junio de dos mil veinte, fecha en la que se presentó el escrito donde se da contestación a la acusación formulada a los imputados y se ofrecen pruebas; por lo cual se presentó en tiempo. Que es importante, mencionar que la determinación reclamada, también vulnera en perjuicio de los quejosos, el numeral 20, apartado A, fracción V y apartado B, fracción IV constitucional, ya que además de la contestación escrita, a la formulación de la imputación, también se ofertaron medios de prueba para acreditar la teoría del caso, y al no admitirse, se vulnera el derecho fundamental de adecuada defensa, ya que acudirán a juicio de debate, sin prueba alguna. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos. En principio conviene destacar que el acto reclamado consiste en la resolución del recurso de revocación de treinta de junio de dos mil veinte, que confirmó el auto de veintidós de junio del mismo año, que en la fase escrita de la etapa intermedia del procedimiento penal, estableció que la defensa de los imputados, aquí quejosos, presentó de manera extemporánea el escrito donde entre otros aspectos contestó la acusación de la fiscalía y ofreció los medios de prueba que se pretende se desahoguen en el juicio. Ahora bien, el procedimiento acusatorio y oral se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, cada una de las cuales tiene una función específica, las que se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, sin que existe posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Los artículos 336, 338 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 336. Actuación de la víctima u ofendido Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su notificación a las partes al día siguiente. Al acusado y su Defensor, a la víctima u ofendido por conducto de su Asesor jurídico, se les entregará copia de la acusación. Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación. Artículo 338. Coadyuvancia en la acusación Dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán mediante escrito: I. Constituirse como coadyuvantes en el proceso; II. Señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección; III. Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público debiendo hacerlo de su conocimiento por conducto del juez. En tal caso, el Ministerio Público, a más tardar dentro del plazo de veinticuatro horas a partir de que haya recibido el ofrecimiento de medios de prueba de la víctima, deberá comunicarlo al imputado o a su Defensor para que comparezcan ante su presencia en un plazo que no deberá exceder de cuarenta y ocho horas contadas a partir del día siguiente de haberse efectuado la notificación, a tomar conocimiento de ello y, en su caso, para que de así convenir a sus intereses, soliciten la expedición de copia de los mismos y/o su acceso según lo que proceda. La entrega de las copias respectivas y del acceso en su caso a las evidencias materiales, deberá hacerse inmediatamente así sea solicitado por la defensa. Una vez que el Ministerio Público entregue copia al imputado o a su defensa de dichos registros y/o les dé acceso a ellos y, siempre y cuando la defensa no haya solicitado dentro de los tres días siguientes a que ello aconteciere que se dé acceso a sus peritos para la toma de fotografías, videos o práctica de alguna pericial y notificará a la defensa el cierre del descubrimiento probatorio. En caso que la defensa haya solicitado el acceso con peritos a los medios probatorios ofrecidos por la víctima u ofendido dentro del plazo señalado, contará con un nuevo plazo de tres días contados a partir del día siguiente de su solicitud para presentarlos ante el Ministerio Público, a fin de que en presencia del mismo lleven a cabo la toma de fotografías o videos o muestras en su caso, o la práctica de pericia respectiva, hecho lo cual, el Ministerio Público hará constar en la carpeta de investigación el cierre del descubrimiento probatorio a su cargo notificándolo a la defensa para los efectos del artículo 340. IV. Solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. Artículo 340. Actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su Defensor, mediante escrito dirigido al Ministerio Público, o bien en audiencia intermedia: I. Podrán señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo consideran pertinente, requerir su corrección. No obstante, la defensa tendrá la misma oportunidad en la audiencia intermedia; II. Podrá solicitar la acumulación o separación de acusaciones, o III. Podrá manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Deberá descubrir los medios de prueba que pretenda desahogar en juicio para tal efecto, a partir de este momento y hasta en un plazo máximo de diez días deberá entregar física y materialmente a las demás partes dichos medios de prueba, con salvedad del informe pericial el cual deberá ser entregado a más tardar el día de la celebración de la audiencia intermedia, sin perjuicio de que se anuncie en este momento. El escrito del acusado o su Defensor se notificará al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las veinticuatro horas siguientes a su comparecencia". El primer artículo reproducido establece que una vez que se presenta la acusación, el Juez de control deberá ordenar su notificación a las partes al día siguiente. El segundo numeral trascrito menciona que dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada, la víctima u ofendido, entre otros aspectos, podrá mediante escrito constituirse como coadyuvante en el proceso. El tercer artículo reproducido establece que una vez que fenece el plazo para la solicitud de la coadyuvancia de la víctima u ofendido (tres días acorde a lo previsto en el artículo 338), comenzarán a contarse los diez días que tiene el acusado o su defensor para señalar los vicios formales del escrito de acusación, pronunciarse sobre las observaciones del oadyuvante, requerir su corrección, ofrecer los medios de prueba que pretende desahogar en el juicio, solicitar la acumulación o separación de las acusaciones ymanifestarse sobre los acuerdos probatorios. En ese sentido, se tiene que por auto de doce de marzo de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo a la agente del Ministerio Público, formulando acusación en contra de xxxxxxx, por la comisión del hecho que la ley señala como Homicidio en Grado de Tentativa, así como por el diverso de robo equiparado, ordenó correr traslado a los inculpados, defensores particulares, ofendida y asesores jurídicos, con el escrito descrito de referencia, a efecto de que en el plazo establecido en los artículos 338 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si lo consideraran pertinente, manifestaran lo que a su interés convenga, actualizando cualquier hipótesis contenida en los citados preceptos. De igual forma, ordenó hacer del conocimiento de la víctima, que dentro de los tres días siguientes a la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, podrá constituirse como coadyuvante, señalar vicios formales del escrito de acusación y requerir su corrección, ofrecer medios de prueba y en su caso, solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto, lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que respecta a los acusados, dijo que se les haga saber que dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo anteriormente señalado para la ofendida, podrán señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo considera pertinente, requerir su corrección, pudiéndolo incluso, en la audiencia Intermedia, ofrecer los medios de prueba que pretendan desahogar en el Juicio, solicitar la acumulación o separación de acusaciones y manifestarse sobre los acuerdos probatorios, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, fijó las nueve horas con quince minutos del día 20 de abril del año en curso, a fin de que tenga verificativo la audiencia de Preparación del Juicio Oral que habrá de celebrarse en el recinto de la Sala Única del Juzgado de Oralidad en Materia Penal, Base URIANGATO, correspondiente a la Tercera Región del Estado de Guanajuato. La anterior determinación se notificó a la ofendida el catorce de marzo de dos mil veinte, y la defensa de los imputados, aquí quejosos el diecisiete de marzo de la presente anualidad. Ahora bien, en la resolución reclamada de treinta de junio de dos mil veinte, el juez responsable consideró que el escrito de contestación a la acusación en contra de los imputados, aquí quejosos y donde además se ofertaron medios probatorios, formulado por su defensa, resultaba extemporáneo al señalar: Que el auto que citó a la audiencia intermedia fue dictado el doce de marzo de dos mil veinte, donde se señaló que acorde al numeral 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación a la víctima, ésta se puede constituir como coadyuvante, señalar vicios formales del escrito de acusación y requerir su corrección, ofrecer medios de prueba y en su caso solicitar la reparación del daño y cuantificar su monto; Que la víctima Emma Yaritza Santoyo Hernández fue notificada de la anterior determinación, el día catorce de marzo de la presente anualidad mediante notificación practicada por el acuario Mario Alberto Ramírez Gómez, fijada en puerta, desprendiéndose que a partir del día diecisiete de marzo de dos mil veinte, al no contarse el dieciséis de marzo por ser día inhábil, comenzarían a correr los tres días para manifestarse conforme a derecho, el cual feneció el diecinueve de marzo de la presente anualidad, no realizando manifestación alguna; Que en razón de lo anterior, a partir del día veinte de marzo de dos mil veinte, acorde al numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comenzaría a correr el plazo de diez días a fin de que los acusados se manifestaran conforme a las consideraciones vertidas dentro de dicho precepto; Que en diecinueve de marzo de dos mil veinte, fue remitido a través de correo electrónico acuerdo general relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por la pandemia de la COVID-19, firmado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, por el que informa que para el fortalecimiento al Protocolo Preventivo para atender la contingencia sanitaria correspondiente, es procedente la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del estado de Guanajuato, entre ellos de ese Juzgado, siendo del veintiuno de marzo, suspendiéndose los plazos y términos procesales distintos a los constitucionales. Que por lo anterior, al día de dicha suspensión laboral, a la defensa particular le corrió un día de los diez días antes señalados; Que por acuerdo emitido el dos de junio de dos mil veinte, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, determinó la reanudación de las labores en una cuarta etapa, así como de los plazos procesales de las causas penales, por lo que los nueve días restantes de la defensa, comenzaron a correr del ocho de junio de dos mil veinte al dieciocho de junio siguiente. Por lo cual confirma la determinación impugnada, ya que si bien, el auto que citó a audiencia intermedia fue dictado el doce de marzo, lo cierto es que la víctima fue notificada del mismo el catorce de marzo de dos mil veinte, y no el diecisiete de marzo como lo asevera la defensa en el concepto de agravio que se analiza. De lo anterior, se desprende que contrario a lo manifestado por los quejosos, sí existe certeza de cuándo comenzaría a computarse el plazo de diez días para que contestaran la acusación y ofrecieran pruebas, pues en el propio acuerdo de doce de marzo de dos mil veinte, el juez responsable dijo que era a partir de quetranscurrieran los tres días otorgados a la parte ofendida, y aun cuando señala que en las constancias electrónicas recibidas en el correo personal de la defensa de los ahora quejosos no se aportó la notificación practicada a la víctima directa de catorce de marzo de la presente anualidad, ello no era impedimento para que consultaran las actuaciones a fin de verificar ese dato, lo que válidamente pudieron hacer por conducto de su defensor, aunado a que en el citado proveído el juez responsable no ordenó que se les corriera traslado con esa actuación, por lo que le correspondía a la defensa verificar ese dato, de ahí que sus argumentos sean infundados al no existir la vulneración a los preceptos que invoca. De igual forma, son infundados los argumentos en los que sostiene que el juez responsable, en la resolución reclamada aplica en forma incorrecta lo establecido por el numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al referir que es a partir del veinte de marzo de dos mil veinte, que comienza el computo de diez días a que se refiere el citado numeral. Ello es así, porque ha quedado establecido que en el auto de doce de marzo de dos mil veinte, el juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la tercera región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro, base Uriangato, informó a la defensa e imputados que dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo de tres días señalado para la ofendida, podrán señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo considera pertinente, requerir su corrección, pudiéndolo hacer incluso, en la audiencia Intermedia, ofrecer los medios de prueba que pretendan desahogar en el Juicio, solicitar la acumulación o separación de acusaciones y manifestarse sobre los acuerdos probatorios, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, se establece que a la parte ofendida le notificaron de manera personal el auto que tenía por formulada la acusación de la fiscalía, el catorce de marzo de dos mil veinte, notificación que surtió efectos el día diecisiete de marzo siguiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 82, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que el plazo de tres días, previsto en el artículo 338 del citado ordenamiento para constituirse como coadyuvante en la acusación, transcurrió del diecisiete al diecinueve de marzo de la presente anualidad, descontándose los días quince y dieciséis, al ser domingo y día inhábil, ello en atención a lo establecido en el tercer párrafo del numeral 94 de la citada ley; por tanto, se estima correcto el cómputo realizado por el juez responsable, dado que conforme a lo anterior, el plazo de días otorgado a los imputados y su defensa, corrió a partir del veinte de marzo de dos mil veinte, al dieciocho de junio del citado año. Ello, debido a que mediante Acuerdo General del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en sesión celebrada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por la pandemia de la COVID-19, se determinó suspender las labores de los Órganos Jurisdiccionales desde el día veintiuno de marzo de la presente anualidad, y con motivo de ello se suspendieron los plazos y términos procesales distintos a los constitucionales; asimismo, mediante Acuerdo emitido en fecha dos de junio de la presente anualidad, en sesión extraordinaria, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, determinó la reanudación de las labores jurisdiccionales en mayor escala, en una cuarta etapa, indicando, que a partir del día ocho de junio de dos mil veinte, comienzan a correr plazos y términos; Por ende, si la defensa de los imputados, aquí quejosos, presentó fuera de los diez días siguientes a que feneció el plazo para la solicitud de coadyuvancia del ofendido, el escrito que contempla el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales (contestación a la acusación de la fiscalía y el ofrecimiento probatorio), es evidente su extemporaneidad, pues el término para presentar dicho escrito, se refleja en el siguiente cuadro: Sin que resulte trascendente que se haya realizado la notificación a la parte ofendida, un sábado, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, no dispone que el día sábado sea inhábil, solo considera que no debe computarse para los plazos o cómputos establecidos en ese ordenamiento, de manera que esa actuación no puede estimarse ilegal como lo pretenden los quejosos. Ello es así, porque el artículo 94 del citado ordenamiento legal, dispone que en los plazos no se computarán los días sábados, los domingos, ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables, pero no establece que el día sábado sea inhábil, de ahí que no les asista razón a los quejosos. Por tanto, se estima que la notificación practicada el catorce de marzo de la presente anualidad no contraviene lo dispuesto por el artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que tal precepto prevé lo relacionado con los plazos y cómo deben computarse, pero no alude a las formalidades de las notificaciones. Además, en forma contraria a lo que sostienen, el juez responsable no tomó como hábil ese día (catorce de marzo) para computar el plazo de la defensa para que esta de contestación a la acusación y ofrecer pruebas; pues el referido "día inhábil", corresponde en realidad, al plazo de la parte ofendida y no de los quejosos. Tampoco asiste razón a los quejosos, en torno a que la responsable no aplica las reglas de las notificaciones por el hecho de que a la defensa se le notificó el auto que ordena darles vista con la acusación de la fiscalía, por medios electrónicos el diecisiete de marzo de dos mil veinte, y que es a partir del dieciocho de marzo siguiente que se computa el plazo de tres días otorgado a la parte ofendida; en virtud, de que tal como lo refiere el juez responsable, los referidos tres días, se computan a partir de la notificación a la víctima y no como lo refieren los quejosos, quienes pretenden sea a partir de que a su defensa le fue notificada la aludida determinación. En ese sentido, si el plazo de tres días otorgado a la víctima feneció el diecinueve de marzo de dos mil veinte, resulta inexacto que los diez días otorgados a la defensa de los imputados, aquí quejosos, se computan del ocho al diecinueve de junio de dos mil veinte, fecha en la que se presentó el escrito donde se da contestación a la acusación formulada a los imputados y se ofrecen pruebas, pues como ha quedado evidenciado, el aludido plazo, transcurrió del veintiuno de marzo al dieciocho de junio de la presente anualidad; como así lo determinó el juez responsable; de ahí que si el referido escrito se presentó el diecinueve de junio de dos mil veinte, resulta inconcuso que fue extemporáneo. Por lo que hace a los argumentos relativos a que la determinación reclamada, también vulnera en perjuicio de los quejosos, el numeral 20, apartado A, fracción V y apartado B, fracción IV constitucional, ya que además de la contestación escrita, a la formulación de la imputación, también se ofertaron medios de prueba para acreditar la teoría del caso, y al no admitirse, se vulnera el derecho fundamental de adecuada defensa, ya que acudirán a juicio de debate, sin prueba alguna. Resultan infundados, puesto que, el artículo 340, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece un plazo dentro del cual podrán ejercer su derecho a ofrecer pruebas a su favor. En efecto, la citada porción normativa, establece que dicha prerrogativa constitucional, puede ejercerse dentro de los diez días posteriores a que fenezca el plazo que establece el diverso artículo 338, del propio código, para que la víctima u ofendido se constituya como coadyuvante del ministerio público. Lo cual es acorde con lo que establecen los artículos 17 y 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que dentro del derecho al debido proceso, está inmersa la obligación de las partes a respetar los plazos que establezcan las leyes para el ejercicio de sus prerrogativas. Por ende, si los quejosos por conducto de su defensor particular ofertaron medios de prueba en el escrito donde se da contestación a la acusación formulada a los imputados, el cual fue calificado de extemporáneo, no da posibilidad al Juez de control para introducirlas a la contienda, si no fueron presentados en los plazos previstos para ello, de ahí que contrario a lo que argumentan, no se vulnera el derecho fundamental de adecuada defensa. Conclusión. Al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. SEXTO. Notificación a las partes. En términos del artículo 11, fracción I del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, al clasificarse el presente asunto como urgente, notifíquese personalmente esta sentencia de inmediato. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxx, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable precisado en el considerando segundo; por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo.

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