Juan Carlos Ramírez Alonso
Expediente 714/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Carlos Ramírez Alonso
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de siete de julio del presente año, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por Juan Carlos Ramírez Alonso, sin que haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. 1 Sin contar los días 16 y 17 por ser inhábiles. Devolución de documentos. Toda vez que en el presente expediente obra un documento original exhibido por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlo; apercibida que en caso de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, podrá ser destruido conjuntamente con el expediente, de conformidad con el aludido precepto. En la inteligencia de que, para poder ingresar a este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea).
- Principal
Recepción de escrito inicial. Por recibida la demanda de amparo a nombre de *************, en contra de actos de la autoridad que denominó como "Agencia de Investigación Criminal de personas desparecidas. UEIPD Celaya, Guanajuato" y otra, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 714/2022-7. Desechamiento de la demanda. Conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo1, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la ampliación demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Además, acorde con el principio de impartición de justicia pronta y expedita no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. De lo anterior, se advierte que el juez de Distrito debe examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen2. Así, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata, por los motivos siguientes: El numeral citado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" En tanto que, con apego en el artículo 74, fracción I, de la misma legislación, aplicado por analogía, se precisa como acto reclamado en esta instancia: El citatorio de cinco de julio de dos mil veintidós, a través del cual el "Agente de Investigación Criminal, UEIPD Celaya, Guanajuato" cita como testigo al aquí quejoso -sin apercibimiento alguno- a declarar en la misma data ante la Agencia Especializada del Ministerio Publico dentro de la carpeta de investigación ***********/2022, el que se inserta para mejor referencia: Sin que pueda considerarse como diverso acto reclamado lo que denominó como "localización" en el apartado de actos reclamados, pues conforme al documento que ajunta a su demanda y los hechos que narra bajo protesta de decir verdad, se evidencia que ocurre ante esta instancia constitucional a reclamar el citatorio citado. Misma suerte corre la frase que asentó al señalar como responsable a quien denominó como "COMANDANTE DE LA JEFATURA DE CELULA DE MANDAMIENTOS JUDICIALES ESPECIALIZADA", consistente en "CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE ORDENES DE APREHENSION", dado que, como se señaló, de lo que se duele es del citatorio emitido para declarar en su calidad de testigo dentro de una carpeta de investigación, no así algún acto restrictivo de libertad deambulatoria. Sentado ello, se reitera que en el presente caso se surte la causal de improcedencia invocado, pues del contenido de los antecedentes rendidos bajo protesta de decir verdad y de la copia del citatorio que anexa, se desprende que únicamente fue citado para comparecen ante la representación social a rendir una entrevista en calidad de testigo, sin contener ningún apercibimiento ni acto que atente derecho sustantivo alguno del accionante. Si bien, el acto reclamado está encaminados a la investigación de hechos probablemente constitutivos de hechos señalados como delitos, lo cierto es, que dichos actos no ocasionan un perjuicio a la esfera jurídica del quejoso, porque no se ha ocasionado alguna afectación en sus derechos fundamentales, pues simplemente representan un aviso de que debe presentarse ante la autoridad jurisdiccional o ministerial. Ahora, en términos de lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la persecución de los delitos es una función del Ministerio Público y, ante ello, evidentemente está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente averiguación previa; de ahí que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, tal como lo ha sostenido la Primera Sala del Máximo Tribunal, no causan daño o perjuicio a persona alguna, por ser de orden público, por lo que no procede el amparo en su contra, puesto que, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer esas facultades de investigación3. Además, considerar que la orden de citación del peticionario del amparo ante la autoridad ministerial que refiere transgrede su derecho de libertad y certeza jurídica, resulta improcedente, porque lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Por lo antes expuesto, es evidente que la reclamación del peticionario de amparo, es la afectación en su interés por supuestos actos de autoridad, por lo tanto, debe probar de manera indiciaria que se afecta su esfera jurídica de derechos sustantivos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su ámbito jurídico, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues como se expuso el acto que reclama es una citación para comparezca ante la autoridad ministerial investigadora a rendir su declaración como testigo, De lo que es claro que no existe un acto concreto de molestia, como sí lo sería que se ordenara detención, aprehensión o comparecencia por conducto de la fuerza pública, o bien, que se le apercibiera con imponer alguna medida de apremio en caso de no acudir a la cita que se le formuló; por ende, es evidente que no existe la afectación de un derecho sustantivo en su contra. Es aplicable por identidad sustancial, la tesis de jurisprudencia 1a./J.78/2018(10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Sin que sea obstáculo para lo anterior que con la emisión del citatorio en comento pudiera violentarse el derecho de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional (lo que llevaría a establecer la procedencia del amparo sin establecer excepciones -es decir, con independencia de que en dicho citatorio se contenga o no, un apercibimiento en el sentido de librar orden de presentación-), puesto que el análisis de la constitucionalidad de éste, como de cualquier acto, puede realizarse sólo una vez que se han superado los motivos de improcedencia del juicio; es decir, el estudio de la legalidad o constitucionalidad del acto, sólo puede realizarse una vez establecida la procedencia del juicio de amparo, la cual indefectiblemente debe determinarse en un análisis previo en el que se revisen si se actualizan o no, las hipótesis previstas en el artículo 61 de la ley de la materia. Conforme a lo antes expuesto es evidente que no nos encontramos en la hipótesis que contempla la tesis II.3o.P.112 P (10a.), con registro digital 2023849, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, noviembre de 2021, tomo IV, materias común, penal, página 3318, de rubro "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. ES IMPROCEDENTE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN SU CONTRA, SI EL JUEZ DE DISTRITO CARECE DE MAYORES DATOS SOBRE SU CONTENIDO.", pues además de que no es un criterio obligatorio para esta potestad, en el caso sí existen datos suficientes para sustentar la causal de improcedencia invocada. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle ***************. Por cuanto a los autorizados que refiere, se les tiene únicamente en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no proporciona datos que justifiquen que cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula o su número de registro en el Sistema Computarizado respectivo. Habilitación de días y horas para notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 133 de la ley en cita.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de siete de julio de dos mil veintidós, que establece: "Recepción de escrito inicial. Por recibida la demanda de amparo a nombre de *************, en contra de actos de la autoridad que denominó como "Agencia de Investigación Criminal de personas desparecidas. UEIPD Celaya, Guanajuato" y otra, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 714/2022-7. Desechamiento de la demanda. Conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo1, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la ampliación demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Además, acorde con el principio de impartición de justicia pronta y expedita no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. De lo anterior, se advierte que el juez de Distrito debe examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen2. Así, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata, por los motivos siguientes: El numeral citado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" En tanto que, con apego en el artículo 74, fracción I, de la misma legislación, aplicado por analogía, se precisa como acto reclamado en esta instancia: El citatorio de cinco de julio de dos mil veintidós, a través del cual el "Agente de Investigación Criminal, UEIPD Celaya, Guanajuato" cita como testigo al aquí quejoso -sin apercibimiento alguno- a declarar en la misma data ante la Agencia Especializada del Ministerio Publico dentro de la carpeta de investigación ***********/2022, el que se inserta para mejor referencia: Sin que pueda considerarse como diverso acto reclamado lo que denominó como "localización" en el apartado de actos reclamados, pues conforme al documento que ajunta a su demanda y los hechos que narra bajo protesta de decir verdad, se evidencia que ocurre ante esta instancia constitucional a reclamar el citatorio citado. Misma suerte corre la frase que asentó al señalar como responsable a quien denominó como "COMANDANTE DE LA JEFATURA DE CELULA DE MANDAMIENTOS JUDICIALES ESPECIALIZADA", consistente en "CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE ORDENES DE APREHENSION", dado que, como se señaló, de lo que se duele es del citatorio emitido para declarar en su calidad de testigo dentro de una carpeta de investigación, no así algún acto restrictivo de libertad deambulatoria. Sentado ello, se reitera que en el presente caso se surte la causal de improcedencia invocado, pues del contenido de los antecedentes rendidos bajo protesta de decir verdad y de la copia del citatorio que anexa, se desprende que únicamente fue citado para comparecen ante la representación social a rendir una entrevista en calidad de testigo, sin contener ningún apercibimiento ni acto que atente derecho sustantivo alguno del accionante. Si bien, el acto reclamado está encaminados a la investigación de hechos probablemente constitutivos de hechos señalados como delitos, lo cierto es, que dichos actos no ocasionan un perjuicio a la esfera jurídica del quejoso, porque no se ha ocasionado alguna afectación en sus derechos fundamentales, pues simplemente representan un aviso de que debe presentarse ante la autoridad jurisdiccional o ministerial. Ahora, en términos de lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la persecución de los delitos es una función del Ministerio Público y, ante ello, evidentemente está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente averiguación previa; de ahí que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, tal como lo ha sostenido la Primera Sala del Máximo Tribunal, no causan daño o perjuicio a persona alguna, por ser de orden público, por lo que no procede el amparo en su contra, puesto que, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer esas facultades de investigación3. Además, considerar que la orden de citación del peticionario del amparo ante la autoridad ministerial que refiere transgrede su derecho de libertad y certeza jurídica, resulta improcedente, porque lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Por lo antes expuesto, es evidente que la reclamación del peticionario de amparo, es la afectación en su interés por supuestos actos de autoridad, por lo tanto, debe probar de manera indiciaria que se afecta su esfera jurídica de derechos sustantivos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su ámbito jurídico, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues como se expuso el acto que reclama es una citación para comparezca ante la autoridad ministerial investigadora a rendir su declaración como testigo, De lo que es claro que no existe un acto concreto de molestia, como sí lo sería que se ordenara detención, aprehensión o comparecencia por conducto de la fuerza pública, o bien, que se le apercibiera con imponer alguna medida de apremio en caso de no acudir a la cita que se le formuló; por ende, es evidente que no existe la afectación de un derecho sustantivo en su contra. Es aplicable por identidad sustancial, la tesis de jurisprudencia 1a./J.78/2018(10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Sin que sea obstáculo para lo anterior que con la emisión del citatorio en comento pudiera violentarse el derecho de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional (lo que llevaría a establecer la procedencia del amparo sin establecer excepciones -es decir, con independencia de que en dicho citatorio se contenga o no, un apercibimiento en el sentido de librar orden de presentación-), puesto que el análisis de la constitucionalidad de éste, como de cualquier acto, puede realizarse sólo una vez que se han superado los motivos de improcedencia del juicio; es decir, el estudio de la legalidad o constitucionalidad del acto, sólo puede realizarse una vez establecida la procedencia del juicio de amparo, la cual indefectiblemente debe determinarse en un análisis previo en el que se revisen si se actualizan o no, las hipótesis previstas en el artículo 61 de la ley de la materia. Conforme a lo antes expuesto es evidente que no nos encontramos en la hipótesis que contempla la tesis II.3o.P.112 P (10a.), con registro digital 2023849, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, noviembre de 2021, tomo IV, materias común, penal, página 3318, de rubro "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. ES IMPROCEDENTE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN SU CONTRA, SI EL JUEZ DE DISTRITO CARECE DE MAYORES DATOS SOBRE SU CONTENIDO.", pues además de que no es un criterio obligatorio para esta potestad, en el caso sí existen datos suficientes para sustentar la causal de improcedencia invocada. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle ***************. Por cuanto a los autorizados que refiere, se les tiene únicamente en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no proporciona datos que justifiquen que cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula o su número de registro en el Sistema Computarizado respectivo. Habilitación de días y horas para notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 133 de la ley en cita."
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