Juan Carlos Rico Paredes

Expediente 1002/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1002/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
30/01/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Rico Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual envía copia del testimonio dictado en el recurso de queja penal 203/2018, que en su punto resolutivo determinó: ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja Acúsese recibo y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno de este Juzgado.

  2. Principal

    Agréguese el oficio electrónico de cuenta, por medio del cual la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de treinta de noviembre pasado, por el que se desechó la demanda, y se registró con el número 203/2018 de su índice.

  3. Principal

    Visto el ocurso electrónico presentado por *************, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, la parte quejosa interpone recurso de queja en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101 de la Ley en cita, ríndase por separado el informe justificado y remítase el escrito de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno. Adjúntese copia certificada de las constancias que sirvieron de base para la emisión del acuerdo que se recurre.

  4. Principal

    Vista la demanda electrónica presentada por **********, por su propio derecho, contra actos del titular de la Agencia Investigadora 7-UTC02 en esta ciudad, por violaciones a los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 21 constitucionales. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1002/2018-III. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. La parte quejosa acude a esta instancia a reclamar la omisión de la autoridad responsable de efectuar las acciones pertinentes para el ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 28311. En ese sentido, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, artículo 61 de la Ley de Amparo. El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. En ese orden de ideas, es necesario destacar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, que preceptúa: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto constitucional, tiene estrecha relación con los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen lo siguiente: "Código Nacional de Procedimientos Penales Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De lo transcrito, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Por ende, se advierte que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que las omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las omisiones en que incurra el Ministerio Público, tratándose del sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse en sede jurisdiccional, que en el caso resulta ser el juez de control, tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de registro 2017640, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página: 943, que es de rubro y contenido literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Asimismo resulta aplicable el criterio jurisprudencial con número de registro 201764, décima época, sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página: 945 de contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Entonces, si en el presente asunto reclama la omisión de la autoridad ministerial de efectuar las acciones pertinentes para el ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 28311, resulta incuestionable que conforme lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, en relación con los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la parte quejosa debe acudir ante el juez de control competente e impugnar las omisiones que a su criterio ha cometido la Fiscal responsable, Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Rico Paredes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones por la parte promovente, el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación con el usuario *** a quien se autoriza para ingresar y consultar el expediente electrónico. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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