Juan Carlos Godínez Morales
Expediente 1102/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos Godínez Morales
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JUAN CARLOS GODÍNEZ MORALES. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de diez de octubre del presente año, en el que se desechó de plano la demanda en el presente juicio de amparo, sin que lo hiciera. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 77, último párrafo, de la ley en consulta, 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la citada ley, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales. En virtud de lo anterior, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que, en la especie, se desechó de plano la demanda presentada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, primer párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase al quejoso en el juicio para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibido que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de diez de octubre del presente año, en el que se desechó de plano la demanda en el presente juicio de amparo, sin que lo hiciera. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 77, último párrafo, de la ley en consulta, 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la citada ley, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales. En virtud de lo anterior, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que, en la especie, se desechó de plano la demanda presentada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, primer párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase al quejoso en el juicio para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibido que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JUAN CARLOS GODÍNEZ MORALES. Cumplimiento de prevención. Visto el escrito del quejoso Juan Carlos Godínez Morales, téngasele cumpliendo con la prevención formulada el tres de octubre del año en curso, ya que precisa que el acto que reclama a la autoridad responsable, a saber la resolución de segunda instancia del veinte de septiembre de dos mil diecinueve emitida por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Sin que sea necesario formar expediente y registrarse, toda vez que en auto del pasado tres de octubre se hizo lo correspondiente. Por tanto, se procede a realizar el análisis sobre la procedencia o no de la demanda de amparo promovida. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . Fijación del acto reclamado. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en esta vía se hace consistir en lo siguiente: La resolución de segunda instancia emitida el veinte de septiembre de dos mil diecinueve por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, que confirmó la interlocutoria emitida por el Juez primario, en la que a su vez, se declararon infundadas las excepciones de improcedencia de la vía, falta de personalidad y personería así como la de litispendencia. Determinación que como puede apreciarse del contenido de los antecedentes expuestos bajo protesta de decir verdad y, en el escrito aclaratorio, ocurrió durante el trámite del juicio; por tanto, el acto reclamado tiene su origen en una actuación practicada dentro del procedimiento que no afecta derechos sustantivos del quejoso, como se expondrá a continuación. Actualización de una causal de improcedencia. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El primero de los preceptos trascritos establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la constitución, los tratados internacionales o de la propia Ley de Amparo. En tanto que el segundo precepto establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, como lo serían, la vida, la libertad personal, salud, propiedad, entre otras. Así, la interpretación en sentido contrario de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, permite cumplir que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra aquellos actos emitidos dentro del juico que no afecte derechos sustantivos. Para mejor comprensión del tema que nos ocupa, respecto a los actos de ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo indirecto, resulta pertinente acudir a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, cabe decirse que dentro de la contradicción de tesis 377/2013, de la cual derivó la jurisprudencia antes citada, el Pleno del Máximo Tribunal determinó: "Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]'. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese sentido, de la interpretación realizada por el Pleno del Alto Tribunal, resulta inconcuso que, conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de imposible reparación contra los cuales es procedente el juicio constitucional en la vía indirecta son aquellos cuyos efectos violan materialmente derechos sustantivos, por tanto, las violaciones de índole procesal deberán, en su caso, ser impugnadas en conjunto con la sentencia que ponga fin al juicio del que deriva el acto reclamado. En tales circunstancias, no pueden ser considerados actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones quedaron excluidos para el legislador federal en la nueva Ley de Amparo. Para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa. En el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia Michoacán, se encuentra en trámite el Juicio Sumarísimo Civil número 420/2019, que promovió Araceli Péres Piña o Araceli Pérez Piña frente al hoy quejoso Juan Carlos Godínez Morales. En dicho juicio, la parte actora reclamó el desahucio respecto del inmueble ubicado en calle Músicos de Tiríndaro número 199, colonia Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán, mismo que ocupa Juan Carlos Godínez Morales (hoy promovente de amparo). La parte demandada (hoy quejosa), acudió al juicio subyacente y promovió un incidente en el que hizo valer las excepciones de improcedencia de la vía, falta de personalidad y personería, así como la litispendencia. Al respecto, el Juez primario declaró improcedente la incidencia antes citada mediante resolución interlocutoria. Por su parte, el quejoso impugnó dicha resolución de la cual tuvo conocimiento el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien confirmó la interlocutoria de mérito, siendo esta resolución la que constituye el acto reclamado. De lo anterior se obtiene que la determinación impugnada es un acto que tiene su origen en una actuación llevada a cabo dentro del procedimiento [Juicio Sumarísimo Civil número 420/2019, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia Michoacán sobre desahucio], el cual no es de los que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente produce consecuencias intraprocesales que por sí mismas no afectan un derecho sustantivo, ello toda vez que la determinación de la autoridad responsable que resuelve confirmar la interlocutoria, dictada por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia Michoacán, no viola de manera directa ningún derecho sustantivo del solicitante de amparo como la vida, la libertad, la propiedad, integridad personal, etcétera. En efecto, la resolución que se reclama confirma una diversa resolución interlocutoria en la que se declararon improcedentes las excepciones de improcedencia de la vía, falta de personalidad y personería así como de la litispendencia. Lo anterior tiene como única consecuencia que el juicio sumarísimo civil continúe su trámite hasta el dictado de la sentencia, sobre las premisas siguientes: Que Araceli Péres Piña o Araceli Pérez Piña es la misma persona y, por tanto, cuenta con carácter para intervenir en dicho juicio (aspecto que tiene que ver con la excepción de falta de personalidad y personería); Que la vía instada por su contraparte (sumarísima) es la correcta procesalmente para ejercer la acción de desahucio (aspecto que tiene que ver con la excepción de la improcedencia de la vía); y, Que no existen dos procesos idénticos sobre el mismo litigio (aspecto que tiene que ver con la excepción de litispendencia). Cabe referir que en lo que concierne a las determinaciones intraprocesales que deciden las cuestiones de personalidad o personería, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la Jurisprudencia P./J. 37/2014, a la que se ha hecho alusión en líneas precedentes, que el juicio de amparo indirecto es improcedente, ya que tales determinaciones inciden solamente en los derechos procesales o adjetivos del gobernado y no así sobre derechos sustantivos, lo cual es acorde con la finalidad perseguida en la nueva Ley de Amparo. En el mismo sentido, por lo que ve a las determinaciones procesales que resuelven la improcedencia de la vía, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la Jurisprudencia 1a./J.108/2005, que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto ya que tales resoluciones sólo vulneran derechos procesales del gobernado. "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. Finalmente por lo que ve a la litispendencia, conviene señalar que dicha excepción se basa en el principio de economía procesal que exige se eviten dos procesos sobre el mismo litigio, con la necesidad de evitar sentencias diversas o contradictorias sobre el mismo problema. En ese tenor, la resolución que constituye el acto reclamado, en el aspecto que confirma la improcedencia de la excepción de litispendencia, sólo tiene la consecuencia de que el juicio subyacente continúe su trámite hasta el dictado de la resolución correspondiente, cuestión que no afecta de forma directa e inmediata a un derecho sustantivo del quejoso como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera. Al respecto, y por identidad jurídica, es orientadora la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual si bien alude a la improcedencia del juicio de amparo contra la resolución que desestima la cosa juzgada, también lo es que ésta y la litispendencia son figuras de relación estrecha, cuya única diferencia es el estatus procesal del primigenio juicio de origen invocado como sustento de la excepción. De ahí que la jurisprudencia aludida resulta aplicable al caso concreto. La citada jurisprudencia es: COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo. Por ende, para el caso de que el quejoso estime que existe una violación a sus derechos, la misma podrá hacerla valer en el amparo directo [previo el agotamiento del principio de definitividad] en términos de la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Así como la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Capturas e integración al expediente electrónico Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Juan Carlos Godínez Morales, por propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad, regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número I-1102/2019. Consideraciones previas. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a los promoventes para que llenen los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Asimismo el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Por su parte, el diverso 108 de la ley en la materia en su fracción IV, dispone: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Ahora, conforme al sistema de impugnación que rige en el juicio de amparo indirecto resulta necesario que la parte quejosa señale en el escrito de demanda en forma precisa cuál es el acto u omisión que reclama de las autoridades que señale como responsables. A ese respecto es necesario señalar que por acto reclamado debe entenderse cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo, imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o fácticas dadas, y que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. De tal manera que los actos reclamados en el Juicio de Amparo pueden ser de índole positivo, consistente en una decisión o ejecución; o de índole negativo, que pueden traducirse ya sea en determinaciones negativas que implican una manifestación unilateral de la autoridad en donde expresamente no accede a las pretensiones del gobernado, o en omisiones, mismas que, conforme su naturaleza, son aquellas que implican un no hacer y a través de las cuales la autoridad rehúsa a acceder a las pretensiones de los gobernados o a un deber que la ley le obliga a realizar; esto es, los actos reclamados ya sean positivos o negativos, siempre se tratan de cuestiones fácticas concretas. Cabe referir, que conforme lo ha sostenido el Alto Tribunal de la Nación, el acto reclamado debe precisarse en forma objetiva y no sólo constituir una expresión verbal sin un sentido real, esto es, debe expresarse con un contenido real y objetivo en torno a un acto positivo o negativo de los que puedan dar origen al juicio de amparo. En ese tenor, la parte quejosa señala como autoridad responsable al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad, de quien reclama en forma expresa el acto siguiente: ACTO RECLAMADO. -LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y NOTIFICADA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2019 donde resuelve indebidamente la AUTORIDAD RESPONSABLE LA IMPROCEDENCIA DE LAS EXCEPSIONES DE MERITO DE LOS INCIDENTES DE IMPROCEDENCIA DE LA VIA, FALTA DE PERSONALIDAD Y PERSONERÍA ASÍ COMO LA DE LITISPENDENCIA. De la transcripción literal se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, en apariencia, una determinación de carácter positivo, ya que se duele de la resolución dictada en sentencia interlocutoria por el Magistrado responsable. Luego, del apartado de conceptos de violación, se advierte lo siguiente: CUARTO.- La AUTORIDAD RESPONSABLE aplico indebidamente los artículos 136, 137 y 139 del Código adjetivo Civil pues para el gozan de pleno valor probatorio las aseveraciones de la Fedataria por tratarse de INSTRUMENTALES PUBLICAS DE ACTUACIONES JUDICIALES, sin importar si afectaba inmediatamente algún derecho sustantivo pues aunque generara la posibilidad de que ello ocurra en la medida de que influya para el dictado adverso a los intereses del HOY QUEJOSO conculcando los artículos 159 y 161 de la Ley de Amparo, por ende la FALTA DE LEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO O NOTIFICACIÓN SE erige como la VIOLACION PROCESAL más grave en el proceso y que actualiza una violación evidente de la Ley que deja sin defensa al enjuiciado véase el artículo 79 fracción VI de la Ley de Amparo porque además debe suplirse la QUEJA para advertirse oficiosamente irregularidades en la diligencia pues este debe ser analizado con toda amplitud en el juicio de amparo mediante la suplencia de la QUEJA. En ese tenor, se advierte que el quejoso, además de la resolución de segunda instancia que confirmó la interlocutoria de veinte de septiembre del presente año donde se resolvieron las excepciones de improcedencia de la vía, falta de personalidad y personería, así como la de la litispendencia; probablemente, se duele también, por la falta de emplazamiento o notificación en el juicio sumarísimo civil número 420/2019. Por consiguiente, este Juzgador considera realizar la siguiente: Prevención Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Deberá señalar con precisión el acto reclamado, esto es: Aclarar si el acto reclamado en el presente juicio de amparo es el siguiente: La sentencia emitida por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, que confirmó la interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil diecinueve notificada el veintitrés de septiembre del año en curso, donde la autoridad responsable, resuelve las excepciones de improcedencia de la vía, falta de personalidad y personería así como la de la litispendencia; y, La falta de emplazamiento o notificación en el juicio sumarísimo civil número 420/2019. Apercibimiento Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento en el plazo y condiciones indicadas al único punto preventivo impuesto, se proveerá respecto de la admisión o no de la demanda por lo que ve al acto atribuido al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Además, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Asimismo, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal, y no por medio del autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a éstos últimos se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran las relativas a manifestar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado; sin embargo, sí podrá presentar las copias del escrito aclaratorio por conducto de sus autorizados en atención a que ello no implica el ejercicio de la acción de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 05/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Se hace saber al promovente que el artículo 261 de la Ley de Amparo, establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, o presenten documentos falsos. Domicilio procesal y autorizados Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a Nahum Eugenio García Zamora y Efren Raymuno Huerta Tovar, toda vez que así lo manifestó en su demanda de amparo. Uso de medios electrónicos. Se autoriza a la parte quejosa para la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. De igual forma, dígase al solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo la tesis I.3º.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Copias. Desde este momento, el quejoso solicita autorización para la expedición de copias del presente expediente; consecuentemente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente la ley en la materia, se autoriza al quejoso a su costa la expedición de copias certificadas de las constancias que hasta este momento integran el expediente en que se actúa, quedando facultadas para recibirlas las personas que nombra, previa identificación y recibo que de dicha entrega se deje en autos. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Capturas e integración al expediente electrónico. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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