Juan Carlos García Salto
Expediente 854/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos García Salto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo VI-854/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito el nueve de diciembre de dos mil veinte, y recibido en esa misma fecha en este juzgado, Juan Carlos García Salto demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades que enseguida se precisan: Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula 1-5 Morelia, Agencia de Casos Transversales del Equipo de Investigación y Litigación, en el Estado de Michoacán de Ocampo; y, Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán de Ocampo. A quienes reclamó: La orden de privación de la libertad -citación, presentación, comparecencia, aprehensión o detención-, así como su ejecución, que deriva de la carpeta de investigación FED/MICH/0000107/2020. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. SEGUNDO. Tramite. El diez de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió su informe con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien formuló pedimento; y, finalmente, se señaló hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once); 36 de la Ley de Amparo; 48, 51 fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, con razón en que los actos reclamados inciden en la libertad personal del quejoso y se atribuyen a autoridades penales que radican dentro de la jurisdicción correspondiente a esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y atendiendo a lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este sentido de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias relativas remitidas por las autoridades responsables, se advierte que los actos reclamados por esta vía constitucional consisten en: La orden de privación de la libertad -citación, presentación, comparecencia, aprehensión o detención-, así como su ejecución, que deriva de la carpeta de investigación FED/MICH/0000107/2020. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado a la autoridad ejecutora. Al rendir el informe justificado el Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán de Ocampo, negó categóricamente la existencia de los actos que a se le atribuyen. Sin que la parte quejosa aportara prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa; máxime que del contenido de la orden de citación impugnada se advierte que el apercibimiento realizado al destinatario en caso de incomparecencia fue únicamente el de multa, por lo que es evidente la inexistencia del acto atribuido a la referida ejecutora. Por tanto, ante la inexistencia del acto atribuido a la autoridad en comento, con fundamento en el precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio. En apoyo se invoca la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de la orden de citación atribuida al Agente del Ministerio Público responsable. Es cierto el acto reclamado, consistente en la orden de citación atribuida al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula 1-5 Morelia, Agencia de Casos Transversales del Equipo de Investigación y Litigación, en el Estado de Michoacán de Ocampo, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que además acreditó con las constancias que adjunto en apoyo y en alcance a éste. Resulta aplicable en la especie la tesis de jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI-Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Del contenido del informe de ley se advierte que con motivo del inicio de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001775/2017, el dos de diciembre de dos mil veinte, el agente responsable giró citatorio a nombre del quejoso a fin de recabar su entrevista en calidad de testigo, para las diez horas del jueves diez de diciembre de dos mil veinte. Asimismo, señaló que el quejoso compareció en las instalaciones de dicha fiscalía en la hora y fecha programadas y se le recabó su entrevista por el Policía Federal Ministerial designado para tal fin. Para acreditar lo anterior, adjuntó los documentos siguientes: Citatorio fechado el dos de diciembre de dos mil veinte, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula 1-5 Morelia, Agencia de Casos Transversales del Equipo de Investigación y Litigación, en el Estado de Michoacán de Ocampo; y, Entrevista realizada el diez de diciembre de dos mil veinte al quejoso Juan Carlos García Salto, por el suboficial Marco Antonio Caballero Vázquez, en la cual se aprecia la rúbrica de ambos. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que expresa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Así, de lo anterior se obtiene lo siguiente: La existencia de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001775/2017, en la cual se emitió el citatorio de dos de diciembre de dos mil veinte, a fin de que el quejoso compareciera a las instalaciones que ocupa dicha autoridad investigadora, con el objeto de recabar su entrevista, en calidad de testigo, lo que se robustece con la copia certificada del citatorio que allegó la responsable a su informe y en alcance a éste. Por tanto, se tiene acreditada plenamente la existencia del acto reclamado -consistente en la orden de citación- que se atribuye al fiscal responsable. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Atento lo anterior, en el asunto a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable". El artículo y fracción transcritos prevén la improcedencia del juicio de amparo en contra de aquellos actos que se hayan consumado de un modo irreparable, aunque para comprender mejor el alcance de dicho precepto legal, resulta pertinente apoyarse en el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.3o.A.150 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, tomo XIV, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos veinticinco, que señala lo siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Del criterio antes referido, se advierte que un acto se considerará consumado irreparablemente, cuando al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, debido a que las cosas no podrían regresar al estado que guardaban antes de cometerse la violación a derechos fundamentales, tratándose de actos de carácter positivos; o, si son negativos, obligar a la autoridad a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, lo que en el caso a estudio sucede, por los motivos que a continuación se expondrán. En la especie, la parte quejosa combate de forma específica la orden de citación emitida por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula 1-5 Morelia, Agencia de Casos Transversales del Equipo de Investigación y Litigación, en el Estado de Michoacán de Ocampo, para que acudiera a dicha fiscalía a las diez horas del diez de diciembre de dos mil veinte, a rendir su deposado en la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001775/2017, en su calidad de testigo de los hechos investigados. En ese orden de ideas, se considera actualizada la causal de improcedencia indicada, pues aunque se declarara la ilegalidad del acto reclamado, y se ordenara dejarlo sin efectos, la protección constitucional no podría materializarse, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, pues, como ya se indicó, la data combatida ya aconteció el pasado diez de diciembre de dos mil veinte, fecha en la que, incluso el peticionario rindió su deposado en la indagatoria de origen, por lo que resulta materialmente imposible retrotraer en el tiempo cualquier efecto restitutorio que pudiera darse a la ejecutoria de amparo. Se sostiene lo anterior, en virtud de las constancias arrimadas al presente asunto, con las que se acredita: La existencia de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001775/2017, en la cual se emitió el citatorio a fin de que el quejoso compareciera a las instalaciones que ocupa dicha autoridad investigadora, a las diez horas del jueves diez de diciembre de dos mil veinte con el objeto de recabar su entrevista, en calidad de testigo, lo que se robustece con la copia certificada del citatorio que allegó la responsable a su informe y en alcance a éste; y, La comparecencia voluntaria realizada por el quejoso a las diez horas del diez de diciembre de dos mil veinte a las instalaciones de la Fiscalía de la Federación a fin de emitir su deposado en calidad de testigo. De lo anterior se puede advertir que al momento de la presentación de la demanda -nueve de diciembre de dos mil veinte- sí existía un citatorio girado a nombre del promovente con el fin de que compareciera a las diez horas del diez de diciembre de dos mil veinte, para que rindiera su declaración en calidad de testigo, con relación a los hechos investigados en la carpeta FED/MICH/MLM/0001775/2017, ante la Agencia responsable; comparecencia que realizó el quejoso de forma voluntaria en la hora y fecha señalada para ello y rindió su deposado. Por tanto, los efectos de la orden de citación se encuentran consumados por el simple transcurso del tiempo, ya que la data señalada para la comparecencia del quejoso ante la fiscalía responsable ya aconteció (diez de diciembre de dos mil veinte), máxime que el peticionario acudió voluntariamente ante la responsable en esa hora y fecha a rendir su declaración ministerial en calidad de testigo con relación a los hechos investigados en aquella indagatoria. En esa virtud, el acto reclamado consistente en la orden de citación a la parte quejosa se consumó en todos sus efectos de manera irreparable, pues aunque se declarara su ilegalidad, no se podría restituir al quejoso en el goce de sus derechos violentados, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, al no poderse retrotraer el tiempo; máxime que, se reitera, el quejoso acudió voluntariamente en la hora y fecha en que fue citado a rendir su deposado en calidad de testigo dentro de la carpeta de investigación subyacente. Por lo tanto, al quedar acreditada la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el precepto 63, fracción V, en concordancia con el diverso 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto del acto indicado. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Carlos García Salto respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, conforme a los razonamientos en ellos expuestos.
- Principal
Visto el pedimento 30/2021, de la fiscal federal adscrita; agréguese a los autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 124 de la ley en aplicación, ténganse por hechas sus manifestaciones que en vía de alegatos realiza, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
Reanudación de labores. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluyó el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Se reciben oficios. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los comunicados de la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. En atención a sus contenidos, téngasele informando las gestiones que realiza, a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, lo que acredita con las documentales que adjunta a sus oficios de cuenta, de las que se advierte, en lo que aquí interesa, que el seis de enero de dos mil veintiuno, la Auxiliar de esa Junta declaró cerrado el periodo de instrucción, dejando los autos en estado de emitir el proyecto de laudo, el que remitirá oportunamente a este órgano jurisdiccional. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes; en consecuencia, estése en espera de las actuaciones que acrediten el cabal acatamiento a la sentencia protectora y una vez que ello acontezca, acuérdese lo procedente. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Justificación del trámite del presente asunto en el periodo de suspensión de labores determinado en la circular CAP/3/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede, de la que se observa que se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto por la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo que implica que, entre otras cuestiones, se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad, así como a los tramitados bajo la modalidad de "juicio en línea", dando preferencia al trabajo remoto con excepción de aquéllos en los que se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones. Asimismo, toda vez que el numeral 1, fracción I, segundo párrafo, del acuerdo 13/2020, se tiene que tratándose de los asuntos considerados como "urgentes", el órgano de control constitucional deberá dar seguimiento oficioso y continuar atendiendo con normalidad, sin que ello implique una suspensión de plazos y términos procesales, pues ello únicamente aplica a las solicitudes, demandas, recursos, juicios y procedimientos en general distintos a los considerados como urgentes. Asimismo, se toma en consideración que, conforme a la circular SECNO/12/2020, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el suscrito se encuentra en posibilidad de valorar si un asunto reviste las cualidades que ameritan su impostergable tramitación durante el período de contingencia, con independencia de que eventualmente pueda cesar su sentido de inmediatez. Incluso, mientras subsista la urgencia, puede emitirse la sentencia respectiva. Por tanto, debido a que el presente asunto encuadra en el supuesto de urgencia de los artículos 4, fracción IX, y 24, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ello, dado que en el caso en concreto se reclama la privación de la libertad del quejoso -citación, presentación, comparecencia, aprehensión o detención-, así como su ejecución, que deriva de la carpeta de investigación FED/MICH/0000107/2020, por tanto, se continuará con el trámite del presente asunto en el período de la suspensión de labores del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula I-5 Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, para que remitiera las constancias que justifican su informe justificado, sin que hasta la fecha haya remitido dichas documentales. Por tanto, remítase oficio recordatorio a la autoridad en cita, para que, en el plazo de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento de este auto remita las constancias aludidas; en la inteligencia que subsiste el apercibimiento de multa decretado en el auto admisorio de diez de diciembre de dos mil veinte. Diferimiento de audiencia Por tanto, para dar margen a lo anterior y a fin de que no se violen las reglas del procedimiento, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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