Juan Carlos García De la Cruz

Expediente 709/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
709/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos García De la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a las partes.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JUAN CARLOS GARCÍA DE LA CRUZ. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que la parte quejosa se inconformara con el proveído de diez de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hiciera; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que, al haberse concedido la protección constitucional, es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional; y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que en la especie se CONCEDIÓ la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y de los incidentes respectivos. Sin que haya lugar a proveer sobre la devolución de documentos y garantía, dado que los primeros no se exhibieron en el juicio ni la segunda en el incidente de suspensión respectivo. En otro aspecto, toda vez que la autoridad responsable remitió como complemento al informe justificado copia certificada del procedimiento administrativo DGAI/337/2015; en consecuencia, puesto que resulta innecesario que obre en este juzgado, se ordena su devolución. Asimismo, se solicita a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento de este acuerdo, acuse el recibo correspondiente; en la inteligencia que de no hacerlo, se tendrán por recibidas a su entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JUAN CARLOS GARCÍA DE LA CRUZ. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 27 a 37), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Juan Carlos García de la Cruz. Por auto de doce de diciembre del año inmediato anterior (fojas 42 y 43), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, mediante oficio DGAI-A/5526/2018 remitió copia certificada del acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 49 a 56). Bajo ese contexto, por auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho (foja 57), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo al quejoso para el efecto de que el agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán realizara lo siguiente (foja 37 y vuelta): Dejara insubsistente el proveído combatido -de diez de agosto de dos mil dieciocho-; En su lugar, emitiera uno nuevo en el que, con libertad de jurisdicción, se pronunciara de manera motivada sobre: Por qué los artículos -114 de la Constitución Federal y 110 de la Constitución Estatal- que refirió prevén la prescripción de la facultad sancionadora eran aplicables al caso particular; La razón por la que consideró que la no aprobación de los exámenes de confianza constituyen una causa de responsabilidad grave por parte del quejoso; Citara y argumentara sobre los preceptos aplicables en relación a la petición sobre sobreseimiento por caducidad; y, De manera fundada y motivada determinara la actualización o no sobre la caducidad o prescripción solicitadas por el quejoso dentro del procedimiento administrativo de origen. En acatamiento al fallo protector, el trece de diciembre de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán dejó insubsistente el acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciocho, por lo cual se estima satisfecho el efecto precisado en el punto 1. En lugar de la determinación apuntada en el párrafo anterior, con libertad de jurisdicción, la autoridad responsable manifestó que los artículos 114 de la Constitución Federal y 110 de la Constitución Estatal eran aplicables al caso sometido a su análisis en virtud de que aquéllos rigen al servicio público y el procedimiento administrativo es la forma en que puede determinarse si se está en presencia de una conducta -sobre la que existe un interés general- que resulta o no contraria a los deberes y obligaciones del servidor público; tal razonamiento satisface lo requerido en el efecto precisado con el punto 2.1. De igual manera, la autoridad responsable indicó la razón por la que consideró que la no aprobación de confianza constituía una causa de responsabilidad grave por parte del quejoso, pues expresó en la determinación de trece de diciembre pasado que, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la no aprobación del examen de control y confianza contraviene el debido cumplimiento de los principios de legalidad, honradez y eficiencia, por lo cual se estima colmado el efecto relativo al punto 2.2. De igual manera, el agente del ministerio público responsable determinó que en cuanto a decretar el sobreseimiento por caducidad de la instancia y prescripción de la sanción al no ser considerada la conducta como grave, no había lugar en términos de lo establecido por el primer párrafo del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, pues tomando en consideración que a esa data -trece de diciembre de dos mil dieciocho- continuaban recabándose actuaciones para la debida integración del expediente administrativo y, por tanto, no había determinado sanción alguna; además, indicó que los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años cuando los actos u omisiones fuesen graves -en el caso, como lo estableció la autoridad-, aunado a que el precepto 27 de la ley en cita establecía que las facultades para imponer las sanciones que la Ley prevé prescribirán en cinco años tratándose de infracciones graves y en tres años en los demás casos, contados a partir del día siguiente al en que se hubieran cometido las infracciones o irregularidades o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo. Incluso, precisó que la prescripción se interrumpirá por cada trámite que las autoridades realicen y sea notificado al presunto responsable, aclarando que dicho ordenamiento jurídico no establecía la caducidad de la instancia. En otras palabras, la autoridad responsable citó y argumento sobre los preceptos aplicables en relación a la petición de sobreseimiento por caducidad que le fue realizada por el solicitante de amparo, por lo cual se estima completado el efecto indicado en el punto 2.3. De esa manera, con base en los normativos señalados en los párrafos precedentes y los argumentos vertidos en el acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho -fundamentación y motivación-, la autoridad responsable determinó que en el procedimiento administrativo interno 337/2015-DGAI no había operado la prescripción o la caducidad a las que se refería el quejoso en su solicitud, por lo cual, también se estima sufragado el efecto previsto en el punto 2.4. Conviene destacar que la copia certificada del acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho, remitida por la autoridad responsable mediante oficio DGAI-A/5526/2018, goza de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de un documento expedido por un funcionario en ejercicio de sus funciones. En virtud de lo expuesto, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Esto es así, porque la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitió una diversa determinación en la que satisfizo los aspectos que le fueron solicitados -relacionados en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, los cuales completan el efecto especificado en el punto 2-; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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